Sólo un pequeño grupo de trabajadores de la Administración de Justicia en Valladolid ha salido esta mañana a las puertas de su centro de trabajo (los juzgados de la calle Angustias) para participar en la protesta convocada por los cuatro grandes sindicatos del sector contra “el desmantelamiento del servicio público de la Justicia que pretende imponer el ministro Alberto Ruiz Gallardón”.
Protesta de funcionarios en los juzgados de Valladolid. Foto: Carlos Arranz
Los funcionarios, que están llamados a repetir la protesta los próximos días 19 y 26 de junio, salieron hoy a la calle, entre las 11,30 y las 12,30 horas, para mostrar su descontento por la entrada en vigor de unas reformas que “ponen en peligro 12.000 puestos de trabajo y amenazan con suprimir cerca del 26% del empleo público en la Administración de Justicia”.
Sobre tres puntos concretos pivotan sus protestas: el mantenimiento del carácter público de la Justicia, la participación de las plantillas en el diseño del nuevo modelo de oficina judicial o los nuevos tribunales de instancia y poner freno “a la sangría de derechos” a la que se viene sometiendo a las plantillas desde “hace varios años”.
Descendiendo al detalle, los funcionarios quieren “impedir que se entreguen a los procuradores los actos de comunicación y los embargos”, así como “detener la privatización del Registro Civil”. También defienden los juzgados y agrupaciones de paz y se posicionan en contra de la supresión de “decenas de partidos judiciales y muchos órganos judiciales”.
Los concentrados siguiendo el llamamiento de CSIF, STAJ, CCOO y UGT, también exigieron la “devolución de las retribuciones recortadas desde 2010 y la paga extra de diciembre de 2012”, así como “la recuperación de los días de asuntos propios y vacaciones suprimidos en julio de 2012”.