El director gerente de la Gerencia Regional de Salud, Eduardo Enrique García Prieto, y el director de gestión del Río Hortega, Miguel Ángel Sánchez Asenjo, han declarado esta mañana, 20 de mayo, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid como imputados por el pago de unos cursos de formación no realizados en el centro hospitalario en los años 2009 y 2010.
Los dos directivos del Sacyl, acompañados de su abogado, han llegado a las dependencias judiciales a las 10,40 horas de la mañana, para prestar declaración y explicar cuál fue su intervención y actuación en «la falsificación de documento, usurpación de personalidad, apropiación indebida y, en su caso, como posibles autores de un delito de cohecho de los artículos 419 y siguientes del Código Penal».
García Prieto, que ocupaba la dirección del Río Hortega cuando se produjeron los hechos denunciados, y Sánchez Asenjo han manifestado que los cursos del 2009 no se pudieron realizar en la fecha prevista pero que sí se impartieron en 2010 y que los del 2010 se efectuaron en 2011, cuando ya cuatro trabajadores habían presentado la denuncia, según el abogado de éstos.
El letrado de los trabajadores denunciantes sostiene que los cursos que dicen que se realizaron en 2010 no fueron tales y que se trató de dar «unas explicaciones sobre el funcionamiento de las cocinas instaladas en el nuevo hospital».
A preguntas del letrado de la parte denunciante, los dos imputados reconocieron que a pesar del tiempo transcurrido no se han entregado los correspondientes diplomas o certificados de asistencia a los supuestos cursos, pero que «están confeccionados».
También los dos altos cargos del Sacyl han reconocido sus firmas en los documentos de pagos realizados a la empresa Flores y Valles SA, aunque han añadido que había «un compromiso de hacer los cursos con posterioridad».
La parte denunciante solicita, además de la toma de declaración a García Prieto y Sánchez Asenjo, que «por la policía judicial de delitos monetarios se efectúe la averiguación correspondiente en cuanto al movimiento de cuentas que se haya podido producir entre la empresa Flores y Valles SA y las personas indicadas, pues la falta de investigación produce indefensión vulnerando el artículo 24 de la Constitución española».
La denuncia, presentada el 9 de marzo de 2011 fue sobreseida por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 el 5 de marzo de 2013 «sin practicar las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho». El decreto de sobreseimiento fue recurrido y la causa reabierta, con el apoyo del representante del Ministerio Público.
EXPEDIENTES
Se da la circunstancia que a los cuatro trabajadores denunciantes se les ha aplicado cuatro resoluciones dictadas por la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León.
A los cuatro trabajadores se les han impuesto unas sanciones de suspensión de funciones durante siete meses, tres meses y veinte días, tres meses y un mes, respectivamente.
Los cuatro tienen las sanciones recurridas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La primera de las vistas se celebró el pasado día 18 de abril, y todavía no se ha hecho pública la sentencia. El segundo juicio está señalado para el próximo día 28.