Amenazados de desahucio de sus viviendas entregaron en los Juzgados de Primera Instancia de Valladolid, en la mañana de hoy, jueves, 11 de abril, documentación en la que solicitan la paralización de la ejecución hipotecaria hasta que la ley no suprima las cláusulas abusivas recogidas en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 del marzo pasado.
La acción, en respuesta a la providencia recibida de los juzgados en la que se les marcan diez días para comunicar las cláusulas abusivas de sus contratos y designen abogado y procurador, estuvo coordinada por el Grupo STOP Desahucios del 15 M de Valladolid, que además solicita la suspensión del citado plazo en tanto no se resuelva la solicitud de los representantes legales (abogado y procurador).
Los representantes legales de Stop Desahucios facilitaron a las familias, a las puertas de la sede judicial, en la calle Nicolás Salmerón, un escrito individualizado y dirigido al Juzgado que tramita la ejecución hipotecaria en solicitud de la paralización del procedimiento hasta que no se regule otro «que de cumplimiento al fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 14.03.2013».
El citado Tribunal considera que «el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria (LEC) infringe la Directiva Europea 13/93 CEE de 05.04.1993 que dispone que los consumidores deberán de disponer de la posibilidad de recursos eficaces para hacer frente a las cláusulas abusivas en los Contratos de Préstamo».
Según el fallo: La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivos de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esta cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final».
El Grupo STOP Desahucios del 15 M, tras analizar las consecuencias de la sentencia de Luxemburgo, que es de obligado cumplimiento, recordó que aún no ha sido modificada la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que el plazo ofrecido de diez días para alegaciones sobre cláusulas abusivas «no es el ‘recurso efectivo’ que exige la Directiva 13/93 antes citada, y limita de nuevo los derechos de los consumidores dado que hace sumamente difícil cumplimentar ese trámite, y además se desconocer cuál va a ser el tratamiento procesal que se va a dar al mismo (presentación de pruebas, conclusiones, etc.). es decir, se infringe de nuevo la Directiva 13/93».
VACÍO LEGISLATIVO
En opinión de STOP Desahucios hay un vacío legislativo y jurisprudencial que, a su juicio, «no permite concluir, respetando el principio de ‘seguridad jurídica’, que se entiende por cláusula abusivas en un contrato de hipoteca sobre vivienda. Ello puede llevar a una gran disparidad de criterios a la hora de pronunciarse sobre las cláusulas abusivas».
«El Tribunal de Justicia (en el punto 46 de su razonamiento)», añade STOP Desahucios, «ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hechos y de derechos necesarios para ello».
El Grupo STOP Desahucios del 15 M, «a título indicativo», señala hasta 13 principales cláusula y situaciones abusivas, que entiende deben de ser valoradas de oficio con carácter general. En total son trece las cláusula abusivas (ver documento adjunto).
La acción de hoy concentró a las puertas de los Juzgados, a varias decenas de personas que arroparon en todo momento a Mónica, Fellisa, Diego, María Ángeles, Andrés…con gritos de ‘Sí se puede’ y «Ni un desahucio más’. En total, fueron nueve las familias que comparecieron ante los Juzgados de Primera Instancia número 1, 2, 4, 5, 8 y 9, según informó la letrada Doris Benegas.
Cuatro furgones de la Policía Nacional vigilaron, en todo momento, la protesta.