A pregunta de los periodistas durante su visita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en La Línea de la Concepción (Cádiz), Zoido ha señalado que la investigación por este robo sigue abierta.

Tras recordar que «no es competencia del Gobierno los depósitos judiciales», el ministro ha manifestado que la investigación sigue abierta, añadiendo que «si han sido capaz de localizar el camión en pocas horas, también podrán culminar la investigación». «Impunidad de los narcotraficantes, cero», ha apuntado.

La embarcación ha sido robada esta madrugada a punta de pistola por, en principio, tres encapuchados. Se trata de una embarcación neumática, las denominadas ‘narcolanchas’, con tres motores de 350 caballos cada uno. La Guardia Civil ha abierto una investigación.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, se trata de una embarcación neumática de 12 metros de eslora con tres motores de 350 caballos cada uno.

El actual ministro del Interior cogió la cartera de manos de Jorge Fernández Díaz anunciando que acabaría con las prácticas de su antecesor y que haría limpieza dentro de la Policía. Sin embargo, mantiene en la Embajada de España en La Haya al inspector-jefe José Ángel Fuentes Gago, quien mintió en el Congreso y elaboró el informe oficial que daba por compatibles los negocios del comisario Villarejo, hoy preso e investigado por cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha maquillado la cúpula policial con nombramientos de nuevos jefes para que den la cara, pero mantiene en su puesto y con sus prebendas a algunos de los miembros más destacados de Las cloacas de Interior que heredó de su antecesor Jorge Fernández Díaz.

Zoido no ha retirado las medallas que el juez José de la Mata le ordenó revisar –tras el escándalo del pen-drive del caso Pujol– concedidas al inspector-jefe Bonifacio Díaz y al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; y mantiene en sus privilegiados puestos de las embajadas de México y de Países Bajos a Díaz y al exjefe de gabinete del DAO, Fuentes Gago.

Pero el caso de Fuentes Gago es el que más indigna en el Cuerpo, según las fuentes sindicales de la Policía consultadas por Público: con más de 3.000 euros de salario, el ex hombre fuerte de Pino suma casi 11.000 euros mensuales más por estar agregado en la Embajada en La Haya. Allí le mandó Pino cuando se acercaba su jubilación máximo cargo operativo de la Policía y el Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid le tenía imputado por su relación con la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos en el caso del Pequeño Nicolás. Allí también está destinada su mujer, inspectora jefe como él, y que cobra también las dietas por vivir en los Países Bajos.

Además, la Operación Tándem también demuestra que Fuentes Gago mintió en el informe que hizo en 2015 sobre la compatibilidad del emporio empresarial del comisario Villarejo, entonces en activo. Esa pesquisa interna –encargada extrañamente a alguien de rango inferior al que había que examinar– concluyó que las actividades ahora investigadas por cohecho y blanqueo de capitales eran totalmente compatibles con su actividad policial. Eso mismo lo repitió en el Congreso, con la obligación de decir verdad impuesta por el artículo 502.3 del Código Penal, cuyo incumplimiento conlleva pena de prisión.

Gago certificó en falso que Villarejo trabajaba en la DAO

No fueron pocos los diputados que preguntaron al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago sobre el informe de compatibilidad sobre las actividades de Villarejo, que había elaborado por orden de Jorge Fernández Díaz y de Eugenio Pino. La diputada Gloria Elizo (Podemos), Gabriel Rufián (ERC) y hasta Salvador García (Ciudadanos) le insistieron reiteradamente sobre este punto. Su respuesta fue: «Con la información que tenía no vi incompatibilidad clara. Hay que tener cuidado con la aplicación del derecho de carácter administrativo sancionador, podemos perjudicar a una persona. No lo tenía claro; así se lo dije al director adjunto operativo y así se lo expliqué cuando me dijo: Díselo al director general«.

Sin embargo Gago mentía a sabiendas, ya que en el informe sobre la compatibilidad del comisario Villarejo él mismo reconoce por escrito que «no tiene la compatibilidad concedida» por el Ministerio de Administraciones Públicas –como dispone la Ley– ni para los cargos en los consejos de administración ni para las actividades que desempeñaba. Y se lo repitió al diputado Gabriel Rufián en la comisión de investigación al afirmar: «A mí no me manifestaron que hubiera pedido la compatibilidad». 

Las mentiras que Fuentes Gago puso por escrito en el informe de incompatibilidad y que reiteró en el Congreso de los Diputados pasan también por justificar un trabajo dentro de la Policía que el comisario Villarejo se jactaba de no hacer. Como le recordó la diputada Gloria Elizo en su interrogatorio a la mano derecha de Eugenio Pino: «El señor Villarejo en una nota informativa de junio de 2014 señaló que no tenía ni mesa ni horario ni móvil ni funcionalidad concreta en la Dirección Adjunta Operativa. Sin embargo, usted un año después en ese informe dice todo lo contrario, que tenía funcionalidad concreta y que estaba trabajando para la Dirección Adjunta Operativa».

El informe que la Fiscalía de Madrid dejó en un cajón

Esas empresas que ahora están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción eran agencias de detectives, un gran despacho de abogados, y agencias de comunicación y gestión de crisis con las que Villarejo hizo negocios con imputados en causas como la operación Malaya o el empresario Javier López Madrid. También estaba dado de alta como letrado en ejercicio desde el año 2015, mientras compartía con Fuentes Gago funciones de máxima confianza en la Dirección Adjunta Operativa. «Todo es una incompatibilidad administrativa evidente, al margen de que ahora se investigue que esa era la estructura empresarial de una organización criminal», aseguran fuentes de Tándem.

Meses después del informe elaborado en abril de 2015 por Fuentes Gago, a finales de ese año y viendo que las acusaciones contra Villarejo aumentaban, Eugenio Pino solicitó a la Unidad de Asuntos Internos otro informe, que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción –que a su vez lo trasladó a la Fiscalía Superior de Madrid– y en el que se destapaba la red corrupta del comisario de confianza de Pino y se le atribuía el posible blanqueo de 25 millones de euros a través de cuentas en Suiza, Panamá y Delaware.

Sin embargo, Pino tampoco actuó internamente contra él como establece la Ley 4/2010, de régimen disciplinario, de 20 de mayo. Y el informe permaneció oculto durante diez meses en un cajón de la Fiscalía de Madrid, sin que se iniciaran las investigaciones que reclamaban los propios autores de la Unidad de Asuntos Internos, hasta que Público reveló su contenido en exclusiva.

Pino y Gago trataron de confundir a los diputados de la comisión de investigación

Meses después, en el Congreso, tanto Pino como Gago intentaron confundir a los diputados de la comisión de investigación sobre las cloacas de Interior, diciendo que ambos informes habían sido realizados simultáneamente; algo que sabían que era falso. El exDAO, Eugenio Pino, incluso se negó contestar en sede parlamentaria cuando los diputados le preguntaron por este asunto, ya que él sabía que Asuntos Internos había incluido en el informe de incompatibilidades negocios que Villarejo había hecho siendo comisario y estando bajo su cargo, como por ejemplo con Vitaldent. 

Gago lo explicó así en el Congreso: «Mi función en este caso no era realizar una labor de investigación patrimonial, sino simplemente de compatibilidad administrativa; [Pino] le encarga al comisario general de Policía Judicial que investigue el patrimonio de este comisario. La conclusión a la que llega el comisario general de Policía Judicial [sic, en realidad fue Asuntos Internos] se envió a la Fiscalía y la Fiscalía, en febrero de este año —creo recordar—, ha determinado que no ve ninguna irregularidad».

«Imagínese usted que yo hubiera acordado la incoación de un procedimiento disciplinario por incompatibilidad y ahora resulta que la Fiscalía dice lo que ha dicho. Imagínese la situación en la que yo estaría. Creo que actué correctamente, no lo vi claro y esa fue la valoración», declaró Gago bajo obligación de decir verdad.

Pero a finales de 2017, exactamente nueve meses después de la exclusiva de Público sobre la fortuna ilícita de Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción sí lo vio claro, igual que la Audiencia Nacional. Y el juez decretó la prisión incondicional de los comisarios Villarejo y Salamanca, su cómplice en Barajas y Extranjería.

La pregunta es ahora ¿en qué situación quedan Fuentes Gago, Eugenio Pino y los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido? Por ahora, siguen premiados.

• El ministro del Interior denuncia que la actitud de los Mossos fue de ‘absoluta pasividad’.
• Asegura que el 1-0 se realizaron «acciones organizadas, premeditadas y con reparto de roles entre los más radicales».

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvelado en el Senado uno de los datos más reclamados: el gasto que le ha supuesto al Estado el despliegue policial para frenar los intentos rupturistas del anterior gobierno catalán. Así, el ministro cifra en 87 millones de euros el coste de la operación Copérnico, en la que fueron desplazados a Cataluña hasta 6.000 efectivos policiales.

El ministro ha situado la responsabilidad de este desembolso en la «arrogancia e irresponsabilidad» del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su Gobierno. Zoido ha dado una prolija explicación sobre las actuaciones policiales ante la votación ilegal del 1 de octubre. Cuestiona el papel de los Mossos d’Esquadra en aquel momento. Asegura que su actitud fue de «absoluta pasividad» y subraya la «nula colaboración» ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil, y se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas «una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías».

Zoido explica que el 1 de octubre, el ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sacó a la calle 7.850 mossos. El día de las elecciones, el 21 de diciembre, participaron en la seguridad de la jornada 11.565 agentes de la policía autonómica. Recordó la tensión que la jornada del 1-O había en las calles catalanas.

«La recepción de información desde primeras horas de la mañana del día 1 de octubre, que apuntaban a la limitada eficacia de la actuación de los Mossos d’Esquadra en orden a impedir la ocupación y apertura de los locales de votación, hizo necesario, dentro del marco legal, y en los términos del citado auto, activar las primeras actuaciones de unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», explicó el ministro. «Se da la circunstancia significativa de que en la mayoría de los casos en los que Mossos afirman haber evitado la actividad de votación en el centro, existiendo un único punto de votación designado en esa localidad (o dos puntos ambos desactivados), el Gobierno catalán ofreció resultados de la votación en esas localidades», denuncia el ministro.

El ministro ha sido muy crítico con los Mossos: «En la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligadas a intervenir las Fuerzas de Seguridad del Estado había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración ante la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil».

«No me corresponde a mí juzgar si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones. Ya la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, como ustedes bien saben, está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición, pero quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar», ha añadido.

Sobre las actuaciones policiales durante el 1-O, el ministro explica: «Aunque ustedes pudieron verlo en su día en los diferentes medios de comunicación, las Fuerzas de Seguridad encontraron concentraciones organizadas y preparadas, en algunos caso de cientos de personas, en otras de en torno a 1.500 que, o bien mediante una resistencia pasiva, o bien, ejerciendo directamente la fuerza, trataban de impedir el acceso de los agentes policiales a los locales». «Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado tuvieron que apartar uno a uno a cuantos se colocaban como parapeto para impedir su acceso a los locales, intentando con ello obstruir la acción de la Justicia». «Y no digo que todos los que estuvieran allí fueran radicales, pero sí que había radicales organizados infiltrados entre ellos», aclara. «Algunos colectivos independentistas impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales», añade el ministro.

«Tengo que resaltar, porque fue muy relevante, la actuación de los denominados Comités de Defensa del Referéndum (CDR) que, especialmente en la ciudad de Barcelona, operando como elementos de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios de la oposición a las Fuerzas de Seguridad del Estado, habrían protagonizado las acciones de parapeto en los puntos de votación para tratar de impedir las actuaciones policiales», ha explicado.

«Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables de ellos fueron quienes, con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal, generaron un clima de crispación y desobediencia, y no las fuerzas y cuerpos de seguridad», aseguró el ministro, que defendió a capa y espada la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la jornada del 1-O.

El titular de Interior destacó que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales «que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron».

Aseguró que se utilizó a niños para tratar de impedir la actuación policial y que «encapuchados», siguieron «instrucciones internas» difundidas en redes sociales, vigilaron «movimientos policiales» de unidades antidisturbios «para avisar a los colegios de su inminente llegada y organizar los parapetos» e «impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Nacionalistas catalanes: «No es Justicia, es venganza»

El representante del PDeCAT, el senador Josep Lluís Cleríes, volvió a repetir sus argumentos utilizados cada vez que comparece en el Senado un representante del Gobierno. De nuevo denuncio que durante el 1-O se produjeron 1.006 heridos y que fueron fruto de una actuación policial violenta provocada por el Estado. El dirigente nacionalista aseguró que mientras unos iban con papeletas a votar, el Estado mandó violencia policial para frenar un ejercicio democrático. Cleries, de nuevo, volvió a denunciar lo que considera que son presos políticos y exiliados, para referirse a los representantes encarcelados y a los huidos y reclamados por la Justica, con Puigdemont a la cabeza.

El senador de ERCXavier Castellana denunció que, según el relato del ministro, «la unidad de España está por encima de los derechos humanos, de la soberanía popular y justifica la violencia». Denunció que el ministro ha manipulado imágenes sobre el uso de menores en la jornada de huelga general, «eso si que es un fake news«. «Su gobierno y el búnker que le acompaña sigue empeñado en responder con violencia y cercenar los derechos que reclaman millones de personas en Cataluña, que fueron miles los que guardaron en sus casas las urnas, custodiaban la democracia pese a sus amenazas y asumiendo riesgos». «Y como no han podido vengarse, mantienen en prisión a cuatro personas honorables. No es Justicia, es venganza». «Su gobierno ha construido una realidad paralela, con su circo mediático. La violencia la ha visto el mundo entero», sentenció.

El representante del PSOEFrancisco Gonzalez Cabaña criticó con dureza la actuación policial del 1 de octubre y centró sus denuncias en los que «dieron las órdenes». Resumió en tres pilares su intervención: faltó previsión en las actuaciones policiales y de la inteligencia para frenar el ilegal referéndum. Cuestionó que el Estado no fuera capaz de detectar las urnas, lo que provocó que -segundo pilar- se tuviera que improvisar, al encontrarse el Estado colegios abiertos y con urnas dentro. Según su interpretación, si se hubieran incautado las urnas se hubieran evitado las cargas policiales del 1 de octubre. Y a la falta de previsión que llevó a la improvisación, el senador socialista sumó la ingenuidad al creer que el comportamiento del entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, iba a responder a las exigencias judiciales para frenar el 1-O. El representante socialista responsabiliza a los mandos políticos de Interior y la descarga de las fuerzas de seguridad del Estado que entiende que cumplían órdenes.