La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, compuesta por doce organizaciones de la ciudad, pide al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid que rectifique y retire el veto al acto sobre el “Caso Alsasua” que estaba previsto celebrar en la Universidad de Valladolid el viernes día 8 a las 19,30 horas.

El colectivo formula esta exigencia ante la denegación final por parte de este Decano del aula previamente concedida para una actividad sobre el “Caso Alsasua” en el que “se iba a dar voz a los familiares de los jóvenes de Alsasua recientemente juzgados y que se encuentran a la espera de la sentencia, curiosamente los mismos familiares que esta semana pudieron exponer su caso, nada menos, que en el Parlamento Europeo en Estrasburgo”.

Pese a que “el interés del acto reside precisamente en la gravedad de las acusaciones, insostenibles para muchos juristas, el Decano ha basado la denegación final del aula en la falta de contenido jurídico del mismo”, lo que cabe interpretar con toda lógica como “una burda excusa con la que solo consigue dos cosas: dejar en evidencia su credibilidad y contentar a los sectores más ultras de esta ciudad a costa de la libertad de expresión”, razona la Plataforma.

La Plataforma por las Libertades señala que “es consciente de lo mediático y polémico del caso y por eso solo se nos ocurren dos posibles explicaciones. La primera es que él, por motivos ideológicos y a voluntad propia haya censurado el acto. La segunda, que haya cedido a las presiones que sin duda habrá recibido -eso que se califica con el eufemismo de `alarma en un sector de la Universidad´-, con el mismo desenlace que en el primer caso. Aún está a tiempo de rectificar: las equivocaciones se pueden reparar; la persistencia en la mentira, no”, le recuerdan.

“La Universidad de Valladolid, sabido es por cualquiera con un mínimo de conciencia democrática, es una institución que reivindica su pluralidad y su amparo de la libertad de expresión”, recuerda la Plataforma por las Libertades. En este sentido señalan que “las aulas de sus facultades han estado abiertas a todo tipo de actividades que estuvieran amparadas por alguna de las organizaciones o colectivos vinculados a ella, incluyendo, claro, las asociaciones de estudiantes”. En concreto, “la Facultad de Derecho ha albergado actos y debates de actualidad social, política y cultural. Valgan como ejemplos actuaciones teatrales feministas, asambleas del 15M, coloquios sobre la situación en Cataluña, charlas antirrepresivas como «Somos 27 y más», debates electorales o presentaciones de libros de toda condición). También para esto existen las universidades: para polemizar, para compartir, para que no exista unicidad del relato”, recuerdan. “Como dice el emblema de la Universidad de Valladolid, `la Sabiduría se construyó una casa´”, recuerdan.

La Plataforma Libertades espera la rectificación del Decano y desea, en todo caso, “que el veto sufrido para un acto para el que ya se había concedido un aula – recuerdan una vez más- no se convierta en un precedente para censurar los futuros actos de contenido `no jurídico´ que se vienen celebrando tradicionalmente y con cierta frecuencia en la Facultad de Derecho”.

“Seguiremos trabajando por encontrar un lugar -que sin duda existen en nuestra ciudad- donde se puedan celebrar actos en los que la condena (la censura) no preceda al juicio (el ejercicio de la libertad de expresión). Parece que lamentablemente no es el caso de la Facultad de Derecho”, concluyen.

Estaba previsto, según el cartel que estaban difundiendo por las redes sociales –en la Facultad de Derecho no había cartelería–, que acudieran al acto familiares de «las y los encausados [sic]» por la presunta agresión a varios guardias civiles en la localidad de Alsasua. La respuesta del colectivo fue que se trataba de un acto reivindicativo, por lo que Juan María Bilbao procedió a denegar la reserva del espacio de la universidad para este acto, que ahora deberá buscar un nuevo emplazamiento.

El procedimiento establecido por la Universidad de Valladolid para poder utilizar sus espacios incluye algunas normas de obligado cumplimiento, según explicaron ayer fuentes de la institución académica. En primer lugar, se debe comunicar con antelación que se quiere usar un espacio y el motivo para el que se solicita. A continuación, debe contarse con el aval de alguna asociación ligada a la propia Universidad de Valladolid, o bien docentes, permisos del Rectorado, etcétera. Y tampoco se autorizan, explicaron, en el caso de que se trate de un acto, como parece el caso, de reivindicación o propaganda política.

Según la UVA, si se tratara de un debate jurídico sobre el caso, por ejemplo, podría haberse autorizado. En este caso se contaba con la presencia de familiares de los presuntos agresores de Alsasua, que se encuentran en prisión preventiva. Una de las ponentes, Igone Goikoetxea, estuvo presente en el Parlamento Europeo días atrás para reclamar «justicia» para los acusados. «Ya estamos de vuelta en casa.Del Parlamento Europeo volvemos con compromisos concretos y una mochila que rebosa solidaridad. Cansadas pero satisfechas,mañana nos levantaremos dispuestas a continuar luchando por conseguir que se haga justicia con nuestros hijos e hija», explicaba Goikoetxea en Twitter el pasado lunes.

La propia Igone Gpikoetxea, junto con otro de los ponentes previstos, Antxon Ramírez, también padre de uno de los acusados, estuvo presente en un acto de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para dar visibilidad a su caso.

Ocho personas están acusadas de agredir a dos guardias civiles y sus parejas a finales de 2016. La Fiscalía ha solicitado penas de entre 12 y 62 años de cárcel, pero aún no ha salido la sentencia del caso. La Fiscalía consideró la agresión una acción «premeditada» con el fin de infundir «terror», ya que a su juicio se encontraban vinculadas a organizaciones radicales que persiguen la expulsión de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.