El cuartel del Ejército de Tierra de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora), comenzará su construcción a principios de 2026, estará concluido al año siguiente, ocupará unas sesenta hectáreas y costará 130 millones de euros.

Los datos los ha conocido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una exposición que han realizado este miércoles por la tarde mandos del Ejército, que le han detallado los planes del cuartel para más de un millar de militares que se ubicará en el medio rural zamorano.

Robles ha destacado el esfuerzo que ha realizado el Ejército de Tierra para sacar adelante este proyecto militar que es “moderno, innovador, sostenible y muy acorde con las exigencias de la Unión Europea”.

Además, será un acuartelamiento que estará “abierto a la ciudadanía” en parte de sus instalaciones de uso deportivo y recreativo, ha precisado la ministra.

A lo largo de este año, el Ejército trabajará en rehabilitar ocho edificios del antiguo campamento militar y en el doble vallado con foso del área de sesenta hectáreas en la que se ubicará el futuro cuartel.

En otra zona de las más de 1.200 hectáreas de las instalaciones militares de Monte la Reina está previsto que en verano de este año esté ya totalmente habilitado un campo de maniobras que permitirá recuperar el uso militar del antiguo campamento de Monte la Reina, inaugurado en 1944 y que dejó de tener uso en 1997.

El grueso de la inversión prevista se acometerá en los años 2026, cuando está previsto destinar 50 millones a las obras del acuartelamiento, y en 2027, con otros 64 millones de inyección económica que permitirá que a finales de ese año concluya el equipamiento básico de ese cuartel para que entre en funcionamiento.

En las instalaciones tendrán su base un grupo de artillería y un batallón de zapadores, además de la plana mayor, una unidad de servicios y otra de telecomunicaciones.

El cuartel contará con un nuevo acceso desde la Autovía del Duero (A-11), dispondrá de una depuradora propia de aguas residuales y las infraestructuras y dotaciones públicas necesarias.

Robles ha reconocido que en el Ejército están “muy ilusionados” con este proyecto y ha expresado el “compromiso claro e inequívoco” del Ministerio de Defensa con esta actuación.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que la tramitación ambiental y urbanística del cuartel llevaría años si no se declarara el proyecto de interés regional.

Con esa declaración, el proyecto tendrá todos esos trámites completados el próximo mes de septiembre, según los plazos que barajan Defensa y la Junta de Castilla y León.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, ha resaltado el respeto medioambiental del proyecto, la inclusión de energías alternativas y geotermia en el futuro cuartel y la utilización de materiales de la zona.

Los trabajos previos que se han acometido desde 2023 suponen una inversión de 4,5 millones de euros que ejecuta la empresa pública Tragsa y que incluye el acondicionamiento de terrenos, vallado, habilitación de zonas de maniobras y rehabilitación de edificios del antiguo campamento militar.

Convendrán los responsables políticos de la Consejería de Sanidad que si, por ejemplo, en un determinado centro de salud el número de médicos que pasan consulta se reduce, pero permanece invariable o aumenta el número de pacientes, el trabajo se multiplica. No digamos cuando llegan los veraneantes a los pueblos o en puentes festivos. Puede que, con un sobresfuerzo humano del profesional en activo, todos los enfermos acaben pasando por la consulta, pero la atención acaba, por fuerza, resintiéndose porque no se dan las condiciones adecuadas. Tampoco puede entenderse como práctica habitual que médicos de cabecera cubran, por ausencia del pediatra, la especialidad que afecta a la salud de los más pequeños. Al menos, esa no es la noción que se desprende de derecho básico reconocido en la Constitución y en la Ley General de Sanidad.

Las leyes establecen la igualdad sobre el papel. Pero, en la práctica, los desequilibrios territoriales acaban por quebrar dicho principio. Porque, un contribuyente tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones fiscales, los impuestos con los que se financian los servicios, independientemente del lugar de residencia. Sin embargo, la situación de un paciente en un pueblo de Aliste no resiste comparación con quien tiene su vivienda habitual al lado del hospital de la capital zamorana y, mucho menos, con quien tiene al alcance los recursos de los hospitales de mayor envergadura que son centros de referencia y se encuentran fuera de la provincia. En los casos más graves, la distancia, las condiciones de transporte, entrañan riesgos ciertos para la vida de los usuarios.

Son extremos, sí, pero se trata de situaciones que han de considerarse. Tampoco en el día a día se reúnen las condiciones mínimas. Una frase cazada al vuelo por un usuario en un centro de salud de la capital, con una plaza de Pediatría vacante, puede resumir la situación: «Esto pasa por tener pocos niños». Efectivamente, Zamora paga de nuevo muy cara la factura de la despoblación, del envejecimiento y de la dispersión de sus núcleos de población. Pero hay servicios básicos en los que la rentabilidad económica no puede ser el criterio imperante, porque, si es así, desde la Junta no puede hablarse de políticas activas contra el vacío creciente del mundo rural. Garantizar la sanidad es un factor clave para asentar población.

Las condiciones en las que trabajan algunos médicos, como en el área básica de Puebla de Sanabria son inaceptables, porque no garantizan una atención adecuada: de catorce teóricos médicos, en la última semana nueve se ocupaban de más de 6.000 personas distribuidas en 21 municipios que agrupan, a su vez, a 68 localidades; miles de pacientes repartidos en un área de casi 2.500 kilómetros cuadrados. Las guardias en el centro de Puebla, a kilómetros de muchas de esas localidades, se reducen a un solo médico con un refuerzo, ahora, de dos enfermeras; hay facultativos que sobrepasan las horas máximas. Las situaciones de desbordamiento han dado como consecuencia que muchos consultorios de pueblos se han quedado sin ver al médico esta semana. Quienes se quedan en los pueblos cuando se marchan los veraneantes no siempre disponen de un medio de transporte para acudir al centro de salud más próximo. El ejemplo, el alfoz de Toro, donde los alcaldes han llevado a vecinos en sus coches particulares para que pudieran ser atendidos.

En el hipotético caso de que el médico llegue al consultorio del pueblo, lo más frecuente que no se trate del mismo profesional de una forma regular. Como, para colmo, no hay acceso a Internet en muchas comarcas, el seguimiento del historial clínico se reduce a lo que pueda contarle el enfermo, si está en condiciones de hacerlo. Frente a esta realidad, oír hablar de la implantación de Telemedicina a las autoridades de Valladolid resulta chusco e invita a pensar que habitan en otro mundo, muy distinto, al de sus contribuyentes, los mismos que pagan con sus impuestos un servicio que no reciben.

En Sanabria, que se dé una urgencia entre 6.000 teóricos pacientes, la mayoría de ellos de edad avanzada y, por tanto, con patologías propias de los mayores, es algo más que una posibilidad. Pero solo existen tres unidades medicalizadas de emergencias para toda la provincia de Zamora, una de las cuales pretende utilizarse como refuerzo por parte de Sacyl.

La crisis económica desplazó a muchos sanitarios españoles a otros países europeos, donde han sido bien recibidos por su excelente formación. Al ser menos los profesionales, según las estadísticas es uno de los colectivos donde menos se ceba el paro. En algunas especialidades como Pediatría, se llega a alcanzar el pleno empleo. Pero, por sí solas, no son razones suficientes como para justificar el caos que se percibe en los pueblos. En ocasiones, las reordenaciones que se llevan a cabo desde los despachos y que atienden únicamente al número de cartillas sanitarias, chocan de bruces con la realidad de la vida cotidiana. Si a ello le añadimos las jubilaciones y la falta de plazas MIR, encontramos alguna explicación más.

«Si conocen algún pediatra, díganmelo, que lo contratamos», vino a decir un abrumado gerente de Atención Sanitaria la pasada semana ante la oleada de protestas. Esa es solo parte de la cuestión, una primera línea de defensa frente a las actuaciones que podrían llevarse a cabo desde la Junta en lugar de lamentarse de la escasa disponibilidad del colectivo médico. La Consejería anuncia la creación de una comisión, se eleva a Madrid como cuestión de urgencia nacional la escasez de médicos y desde Sacyl se habla de que se están tomando medidas, pero, otra vez este viernes, se repitieron las quejas en el centro de salud de Puebla.

Paradójicamente, el mismo día de la manifestación de Toro y de las nuevas quejas de usuarios en Sanabria, el Parlamento Europeo celebra unas jornadas sobre despoblación en Zamora donde se propone, entre otras cosas, medidas de discriminación positiva. Dentro de estas últimas podrían encuadrarse incentivos de tipo económico a los facultativos, pero el gerente regional de Sacyl se ha apresurado ya a descartarlo en el caso sanabrés. Así, resulta difícil reconducir la indignación que recorre las comarcas zamoranas.

A la vista está que son necesarios incentivos, económicos o de tipo curricular para hacer esas plazas más atractivas. Pónganse en marcha medidas, sí, pero quizá debería escucharse lo que sugieren los propios facultativos, más plazas MIR que puedan ser tutorizadas en las áreas rurales. En definitiva, acción y soluciones en lugar de invitarnos, una vez más, a la resignación.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado la lista de beneficiarios de las subvenciones concedidas para llevar a cabo acciones en terceros países e impulsar, así, la exportación de vino elaborado en la comunidad y ayudar a las bodegas a incrementar sus ventas. En la solicitud de este año se han aprobado un total de 154 programas de promoción.

La Junta de Castilla y León ha concedido más de 6,2 millones de euros para poner en marcha 154 programas de promoción llevados a cabo por bodegas en los que éstas invertirán casi 14,3 millones de euros. Las principales actividades auxiliadas en esta medida han sido, por orden de importancia, las misiones comerciales, las presentaciones de producto, las campañas de publicidad en medios, la asistencia a ferias o la promoción en el punto de venta.

Estas actividades se desarrollan en los países de destino, al contrario de lo que ocurre con las misiones inversas, que son las visitas que importadores o periodistas del mercado de destino realizan en las sedes de las bodegas. Estas últimas han sido implementadas durante el último año por la Denominación de Origen Toro dentro de la nueva estrategia comercial desarrollada durante el 30 aniversario de la formación; la finalidad de las mismas es dar a conocer la tierra y elevar la calidad del marchamo local.

Por países, los principales destinos de los beneficiarios de la ayuda son, por orden decreciente de importancia, los siguientes: Estados Unidos, México, Suiza, China, Japón, Canadá, Puerto Rico, Rusia, Colombia y Perú. El informe Nielsen del año 2016 destacó a la DO Toro como el organismo vitivinícola con mayor vocación exportadora en la comunidad castellanoleonesa. Un 36% de las ventas toresanas salen fuera de las fronteras de España.

Desde el comienzo de esta línea de ayuda en el año 2009 se han apoyado en Castilla y León un total de 1.218 programas que han superado los 55,5 millones de euros. Así, con este apoyo se ha conseguido, a lo largo de los últimos años, incrementar las exportaciones de vino desde Castilla y León hasta superar el pasado año 2016 la cifra de 182 millones de euros. Con este programa se persigue abrir nuevos mercados, especialmente frente al empuje de este sector en países del cono Sur, como Australia, Chile o Argentina y aprovechando las oportunidades de las economías emergentes.

En lo que respecta a la Denominación de Origen Toro, 19 de las 59 bodegas que componen la corporación vinícola han recibido subvenciones para llevar a cabo acciones de promociones en países extranjeros. El montante recibido por estas industrias alcanza los 414.247,56 euros en concepto de ayuda pública. Por su parte, el Consejo Regulador de la DO Toro también recibirá fondos regionales para subvencionar sus acciones; para el año 2018 la Junta de CyL le ha concedido una suma que supera los 40.000 euros.

Las cantidades de dinero que han recibido las industrias bodegueras son muy dispares entre sí. Bodega Cyan (propiedad de Matarromera S. L.) es la empresa que más dinero percibirá en este 2018 con casi 130.000 euros de ayuda pública. Bodega Fariña, con 54.000 euros y Frutos Villar con casi 40.000 completan el pódium de subvenciones recibidas por parte de las sociedades de la DO local. Por el contrario, Vega Saúco, con poco más de 7.000 euros, es la compañía que menos dinero ha recibido de las 19 bodegas subvencionadas por el organismo autonómico. Las otras 13 industrias beneficiarias son Bodega Carmen Rodríguez Méndez, Cuatro Mil Cepas, Dominio del Bendito, Elías Mora, Estancia Piedra, Gil Luna, Liberalia Enológica, Monte La Reina, Pago de Matarredonda, Palacio de Villachica, Quinta de la Quietud, Ramón Ramos y Viñaguareña.