Como con las anteriores ocasiones, el Gobierno no pretende ceder en el campo de la fractura hidráulica para buscar gas subterráneo. El Ejecutivo recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de Castilla-La Mancha que incluía una larga lista de requisitos para admitir estos proyectos mineros y que, a la postre, era un norma anti-fracking.

El TC ha admitido a trámite el recurso y, por tanto, paraliza automáticamente la ley. Es una consecuencia directa del proceso y no implica posicionamiento alguno de los magistrados pero deja la norma en suspenso mientas se piden alegaciones, se da audiencia y se delibera.

Aunque los proyectos de fracking en España están en franca regresión, El Gobierno ha recurrido todas las normas autonómicas que trataron de parar las prospecciones amparándose en que la estrategia de hidrocarburos es una competencia exclusiva del Estado. Así se opuso a las normas cántabra o catalana.

El Gobierno castellanomanchego  ha contestado al conocer la decisión que «confía en que el tribunal desestime como en el caso e Euskadi. La ley de Castilla-La Mancha es prácticamente la misma».