El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado por primera vez en su historia a España por trato inhumano y degradante a presos. Sucedió durante el arresto y detención incomunicada de los dos miembros de ETA que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006. Es decir, Igor Portu y Mattin Sarasola.

El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo concluye que los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola sufrieron un trato «inhumano y degradante» que debe considerarse «malos tratos».

Tres de los siete miembros de la Sala, no obstante, emitieron un voto particular en el que calificaron los hechos como torturas.

Los dos terroristas, que cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén, fueron detenidos en el País Vasco el 6 de enero de 2008 por agentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil. Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones «están suficientemente demostradas», se produjeron cuando «estaban en manos de la Guardia Civil» y su existencia «no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno (español)».

Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14

Los dos miembros de ETA denunciaron que en el traslado hasta el cuartel de Intxaurrondo recibieron «patadas y golpes» y posteriormente «fueron golpeados por agentes de inteligencia». Tras ser examinados al día siguiente por dos médicos forenses, Portu fue hospitalizado y Sarasola conducido a Madrid y puesto en detención incomunicada.

Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14.

Sin investigación

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas «por delitos de torturas graves», que el Tribunal Supremo anuló un año después.Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones «están suficientemente demostradas», se produjeron cuando «estaban en manos de la Guardia Civil» y su existencia «no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno».

De hecho, el TEDH también condena a España, y es la novena vez, por no investigar de manera diligente denuncias de torturas por parte de los detenidos. Asimismo, el tribunal también señala que «la responsabilidad debe ser imputada al Estado».