En este contexto, la Fiscalía recuerda en un comunicado que ya abrió diligencias de investigación en relación con Juan Carlos I el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, y, «tras una exhaustiva investigación, se archivaron el 2 de marzo de 2022».

Los querellantes señalaron que esos cinco delitos fiscales que atribuyen al Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito. Además, solicitaron la declaración de Juan Carlos I y que comparecieran como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.

La justicia a toda máquina: Fiscalía pide que no se investiguen los posibles delitos del campechano – Insurgente. Tu diario de contrainformación

DE LOS LAMECULOS DEL REY A LOS LAMECULOS DEL RÉGIMEN DEL 78.

LA PANDEMIA DE LA COVID-19 ESTÁ PONIENDO A PRUEBA AL CONJUNTO DE LAS ESTRUCTURAS DEL RÉGIMEN DEL 78; Y LOS RESULTADOS NO PUEDEN SER PEORES.

Los barcos se ponen a prueba cuando navegan, especialmente si hay marejada; los tejados cuando llueve intensamente; la solidez de un muro cuando hay fuertes vientos… La solidez de un Régimen y de su modelo económico se ponen a prueba cuando entra en juego una situación en la que existen elementos no habituales en su devenir ordinario. Si además esos elementos son globales, es decir, no solo afectan al ámbito territorial exclusivo de ese Régimen, sino que afectan al mundo de forma global, es inevitable comparar los efectos en unos lugares y otros, las consecuencias de esas circunstancias extraordinarias en los diversos Estados y preguntarse además sobre el porqué de las diferencias.

Los efectos de la pandemia de la Covid-19 y de la crisis socio-económica en la que se enmarca tienen en el Estado español el escenario más nefasto en prácticamente todos los indicadores. Las tasas de morbi/mortalidad por la Covid-19 son las peores de Europa. Los indicadores de afectación de la crisis socio-económica también son los peores de Europa: mayor aumento del paro; mayor precarización laboral; mayor tasa de jóvenes desempleados; mayor aumento de la deuda y déficit público; ausencia real de expectativas de recuperación de la economía a corto o medio plazo…

¿Era esto previsible? Totalmente. Simplemente iban campeando el temporal porque tenemos una clase política en términos generales indecente e incompetente, así como unos «medios de comunicación» que están justo al nivel de los anteriores y aún por encima, a su servicio. La administración de Justicia anda en similares eriales. Y así podríamos continuar haciendo un recorrido por todas las instituciones del Estado.

Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando el barco tiene que abandonar el astillero y ser botado al mar, se ponen de manifiesto todas las taras: en este caso las de un Régimen cuya única finalidad es estar al servicio de la reproducción de la mafia que constituye el bloque dominante español.

¿Alguien se puede creer aún que esto es una democracia moderna? Con un Rey Emérito que huye del país con nocturnidad y alevosía con la complicidad del Gobierno y de todo el entramado estatal. Y que no nos vengan ahora los de la fracción minoritaria del Gobierno con que no se habían enterado de tal cosa y de que están en profundo desacuerdo con ella, salvo que aún por encima sean imbéciles de baba.

Con la aparición día sí día también de ministros, exministros, expresidentes de Gobierno, además de la familia real, implicados en casos de corrupción sistémica y continuada, articulada además precisamente desde el propio entramado institucional, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que el Régimen tiene solución?

Sin inteligencia colectiva, sin soberanía, sin estructura productiva digna de tal nombre, con una corrupción sistémica y generalizada, con un embrutecimiento moral e intelectual que alcanza niveles insoportables ¿alguien puede pensar que esto tiene solución?

Castilla, también otros pueblos de la Península Ibérica, con sus luces y sombras, tenemos un pasado históricamente significativo. En estos años 2020, 2021 y 2022 se celebra el V Centenario de la Revolución comunera, la primera revolución moderna de Europa en palabras de Marx. Pero también se celebra el V Centenario de la primera vez que se consiguió dar la vuelta al globo terráqueo navegando en una empresa impulsada por las Coronas portuguesa y castellana -no española, como algunos ignorantes pretenden-. Por supuesto que el interés de ese proyecto estaba guiado por una finalidad fundamentalmente mercantil e incluso expoliadora, pero esas eran las intenciones de casi todas las empresas marítimas y terrestres de la época.

Solamente la aparición de los procesos revolucionarios socialistas en el siglo XX reorienta la pretensión de las grandes empresas humanas hacia un sentido internacionalista y emancipador, pero eso no quiere decir que las anteriores no hayan tenido interés en el desarrollo de la civilización en diferentes ámbitos.

La derrota del movimiento comunero y la consolidación del proyecto imperial de los Habsburgo supuso un grave quebranto para Castilla, cercenando el proyecto de desarrollo autocentrado y soberano de nuestra tierra. Con ello comienza el lento proceso de colonización interior que llega hasta nuestros días. Pero la dramática consolidación de ese quebranto llega con el advenimiento de los Borbones, a principios del siglo XVIII, que son por cierto los que instauran formalmente la Corona de España y utilizan por vez primera el título de «Reyes de España”.

Los Borbones, todos y cada uno de ellos, han sido una auténtica desgracia para nuestro Pueblo y nuestra tierra. Con profundos trastornos mentales en su mayoría, idiotas en gran parte, pero desde luego todas y todos golfos y degenerados, han supuesto y siguen suponiendo un impedimento absoluto para el futuro de nuestro Pueblo.

Históricamente, cuando se consiguieron fuerzas suficientes para echarlos, estos recurrieron a los sectores más reaccionarios del Ejército español o a ejércitos extranjeros para conseguir su reinstauración; así ocurrió con Fernando VII y los Cien Mil Hijos de San Luis y la Constitución de Cádiz. Así ocurrió también en 1936 con el apoyo de los ejércitos nazi-fascistas europeos para derrotar a la II República.

Tenemos un gravísimo problema con esa familia y el Régimen que la sustenta. El futuro de nuestro Pueblo y el de ese conglomerado mafioso es totalmente incompatible.

Desde el inicio del año 2020 asistimos a una Pandemia, la Covid-19, que ha puesto a prueba todas y cada una de las estructuras de este Régimen: su sistema sanitario; su sistema educativo; su sistema judicial; su sistema mediático; su sistema de gobernanza en general; y por supuesto, la Corona.  En todo ello encontramos un elemento común: la ausencia de una inteligencia colectiva que permita interpretar con un mínimo de rigor y sensatez lo que está pasando. Empezaron por errar en sus apreciaciones iniciales sobre la pandemia, diciendo que aquí no llegaría y despreciando todas las medidas de control que ya se estaban tomando en diversos países.

Una vez la pandemia afloró, el sistema sanitario demostró que ya poco tenía que ver con lo que había sido hasta los años noventa del siglo XX. Los recortes y privatizaciones, pero también el vaciado ideológico y ético de los profesionales del Sistema, sustituyendo los valores de servicio a la población por valores mercantiles más propios de un sistema sanitario privado, tuvieron un efecto demoledor sobre este. El sistema educativo puso aún más de manifiesto sus carencias crónicas, que desgraciadamente se verán de nuevo con el reinicio del curso. Al sistema judicial le resulta imposible no intervenir también en cuestiones de naturaleza epidemiológica, sin tener la menor formación para ello; se creen aquello de que son un auténtico poder del Estado y desgraciadamente -y para mal- lo son. El poder mediático, salvo muy raras excepciones, ha puesto una vez más de manifiesto su ignorancia sobre la mayoría de los problemas y sin el menor afán autocrítico. Por último, el sistema de partidos y de gobernanza del Régimen del 78 ha aprovechado la circunstancia para demostrar de largo todas sus miserias, achacando a cuestiones partidistas lo que es una gestión global absolutamente deficiente, tanto por desconocimiento como por ineficiencia.

GESTIONAR LA SOCIEDAD COMO SI FUERA UN VIDEOJUEGO.

Los responsables de la gobernanza del Régimen del 78 –el Estado español– son con cada cambio generacional más incompetentes e irresponsables que el anterior.

Felipe González, al que tanto ahora critican, fue el que inició el camino de la destrucción de la economía productiva española, liquidando en muy buena medida la industria, la ganadería y la agricultura propia para dar satisfacción a las exigencias de Alemania y Francia a fin de que estos países dieran el visto bueno a la entrada en lo que en aquel entonces era el Mercado Común y que después se convertiría en la Unión Europea. Esas eufemísticamente llamadas «reestructuraciones» tenían como objetivo real la liquidación de la estructura productiva con la pretensión de evitar competencia interna a las dos grandes potencias señaladas de la UE. Felipe González era un auténtico profesional del engaño y la manipulación, con un nivel muy superior a los actuales gobernantes. Cuando desde el incipiente movimiento comunero criticábamos su línea de acción y denunciábamos que llevaría a la ruina a nuestro Pueblo, algunos de los que ahora le critican por defender su espacio común político (también del de una buena parte de estos “protestantes” de última hora) le apoyaban ciegamente y le consideraban “el mejor líder político de la historia española”. De similar forma que hacían con Juan Carlos I, el Emérito, al que no le veían más que virtudes, a pesar de las evidencias de que era un golfo y un criminal cómplice del franquismo.

Las denuncias y las batallas políticas hay que darlas en el momento oportuno, cuando ganarlas o perderlas va a tener una repercusión plena sobre el devenir político y, por tanto, sobre la vida de las personas. En los años setenta y ochenta del pasado siglo, la izquierda abertzale manejaba correctamente ese concepto del «criterio de oportunidad», y de ahí el impacto histórico de acciones como la ejecución del Presidente del Gobierno en 1973, Carrero Blanco, o la lucha contra la central nuclear de Lemoniz que impidió que esta se pusiera en funcionamiento. Cuando las denuncias se hacen 40 o 50 años después de ocurridos los hechos, simplemente llevan a la melancolía, y la melancolía políticamente no tiene utilidad alguna.

A Felipe González había que denunciarlo cuando puso en marcha su política liquidacionista de nuestra estructura económica en los años 80; o cuando puso en marcha la mayor operación de terrorismo de Estado en Europa occidental; o cuando ratificó nuestra presencia en la OTAN. Hacerlo ahora es esencialmente inútil.

Decíamos que cada nueva generación de políticos que asume la gobernanza del Régimen del 78 es más patética e incompetente que la anterior. La que sufrimos actualmente es difícilmente empeorable. Simplemente no tienen un marco conceptual de lo que está pasando. Su línea de acción en todo lo relacionado con la pandemia de la Covid-19, incluyendo el tema de las vacunas, lo pone de manifiesto. Y además no tienen proyecto de futuro que ofrecer más allá de la precarización, el empobrecimiento, la represión y el embrutecimiento generalizado, eso sí, todo en tecnicolor.

Abordan la gobernanza como si fuera un videojuego en el que los afectados y afectadas por los problemas son entes virtuales, y por tanto se puede cambiar de línea cada día o incluso cada hora. La coherencia y la planificación no son instrumentos que esa pandilla de ignorantes e incompetentes utilicen. Lo único que realmente les mueve es su mantenimiento en el poder para así disfrutar de los privilegios que ello conlleva. Se trata de controlar el chiringuito, aunque este sea cada vez más siniestro y esté más descompuesto.

Similar reflexión podemos hacer sobre las diferentes generaciones de la familia Borbón. Si Juan Carlos I es un golfo, un ladrón y cómplice y heredero del franquismo, su hijo Felipe sigue siendo un ladrón y un fascista de nuevo cuño, además con una personalidad con la cual es prácticamente imposible tener empatía alguna. No han podido hacer un ejercicio de sublimación de Felipe de Borbón porque es un personaje tan estirado y antipático que difícilmente se le puede dotar de carisma, aunque todos los medios de comunicación se empeñen en ello. Lo están guardando en una especie de reserva y han puesto en primer plano la defensa del Régimen de la Constitución del 78, que según ellos trajo la «democracia y el bienestar», a pesar de que algunas  de las grandes tragedias y crímenes que conllevó precisamente la construcción de ese Régimen  en contra del movimiento popular en diversas naciones del Estado, especialmente Euskal Herria, pero también Castilla y con mucha intensidad Madrid.

Fueron capaces de prescindir de Juan Carlos, cosa que hace unos años parecía muy difícil, y están dispuestos a que el papel de Felipe sea de menor rango que el de su padre –en buena medida decorativo-. Incluso están dispuestos a coquetear con un teórico movimiento republicano, eso sí, totalmente desdentado. Pero desde luego no están dispuestos a renunciar de verdad a la monarquía como forma de Estado porque esta es el pegamento que cohesiona al bloque dominante español. Por eso, aunque lo pongan -al menos circunstancialmente- en un plano secundario, la monarquía seguirá mientras siga el Régimen; y mientras eso ocurra no habrá futuro para nuestro Pueblo.

Oliver Cromwell en el siglo XVII removió en la Inglaterra de su tiempo a la monarquía y al régimen que conllevaba, lo que condicionó la ejecución del monarca Carlos I. Según la sentencia a la que fue condenado, se separó su cabeza del cuerpo mediante el sistema del hachazo, pues aún no se había inventado la guillotina usada contra los borbones en la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII.

La historia de Cromwell tiene muchos claroscuros, especialmente en el trato dado a Irlanda y a Escocia. Pero derrotó a la odiosa monarquía inglesa de la época e instauró un Régimen republicano. Y aunque la monarquía se restauró a su muerte en la figura de Carlos II, hijo del decapitado, el Parlamento inglés a partir de entonces fue siempre el núcleo de poder político más importante en Inglaterra. Aquella experiencia no representa por tanto un ejemplo global para el movimiento republicano en Castilla, pero sí en lo referente a romper de raíz con aquella institución que impide un proyecto de futuro para nuestro pueblo.

Ha llegado la hora de organizar la confrontación plena. Los sectores populares tenemos que estar a la cabeza de ese movimiento, pero hay que hacer una llamada a los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Guardia Civil… para que, si tienen un mínimo sentido patriótico de verdad, reflexionen sobre lo que está pasando y se pongan del lado del movimiento republicano, único instrumento que traerá la regeneración de nuestra sociedad y posibilitará un auténtico proyecto de futuro para nuestro Pueblo.

Castilla a 10 de septiembre de 2020

Izquierda Castellana

El documental ‘El agua secuestrada’, producido por la asociación cultural alcarreña Cinefilia para la última edición del Festival de Cine Solidario de Guadalajara de 2018, cuestiona abiertamente el argumento defendido por el Estado para perpetuar el trasvase del Tajo al Segura desde hace 40 años, cuando comenzó a funcionar el acueducto: el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Se trata, por tanto, del primer cortometraje crítico con la tesis oficial, defendida por todos los Gobiernos en los últimas cuatro décadas, y que ha servido para sostener el desarrollo agrícola y turístico de la conocida como ‘huerta de Europa’ en el Levante a costa del hundimiento económico y la despoblación en los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

Montse de la Cal, una de las directoras del cortometraje, asegura a eldiarioclm.es que este documental “demuestra con datos que no existe un déficit hídrico en el Segura que justifique el trasvase hoy en día y, que por tanto no es necesario seguir derivando agua al Levante”. Asimismo, aboga por que “la ciudadanía se una y reclame transparencia al Gobierno para que no se oculte el agua real y se encuentren otras soluciones que acaben con la guerra del agua entre las regiones”.

El cortometraje, de 19 minutos de duración, apoya su visión discrepante en las conclusiones de los estudios realizados por hidrogeólogos a cerca del subsuelo de la cuenca del Segura. Estos trabajos avalan la existencia de cientos de pozos subterráneos, inutilizados para el regadío, que la Confederación Hidrográfica del Segura no ha contabilizado como recurso propio del río y ha omitido a la opinión pública con el fin de justificar la permanencia del trasvase. Unos pozos que, tal como defienden los expertos, de explotarse adecuadamente romperían con la dependencia histórica del Levante con respecto al agua del Tajo; acabarían con los daños medioambientales a la cabecera del Tajo y les servirían para atender con suficiencia la demanda de agua que precisan sus cultivos intensivos. “El trasvase mata el ecosistema del Tajo y es una infraestructura que enfrenta, discrimina y crea una disparidad de riqueza entre diferentes territorios”, asevera De la Cal.

El texto del documental alude a esa disparidad de desarrollo económico entre ambas zonas asegurando que “el trasvase del Tajo divide al río en dos y divide a la sociedad”. En 2018, la investigación ‘Estudio de los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo-Segura sobre los municipios ribereños de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía’, conducida por tres especialistas en gestión hidráulica y económica del Grupo de Investigación del Tajo revelaba, en este sentido que los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía habían perdido casi la mitad de su población desde que el trasvase entró en funcionamiento en 1979.

Además, el estudio señalaba que durante la última década, en la comarca de la cabecera del Tajo habían disminuido en un 30%  los negocios que todavía quedaban y que los municipios ribereños disponen de un 28% menos de renta per cápita que el resto de la provincia de Guadalajara y un 18% menos que el resto de la provincia de Cuenca.

Una realidad que difiere significativamente de la que viven las provincias levantinas que reciben el agua del trasvase. En la actualidad, el sistema de derivaciones abastece a más de dos millones de personas, sostiene trescientos mil empleos ligados a la agricultura y el turismo y riega cuarenta y cinco millones de árboles.

“Autosuficiencia hídrica”

El estudio ‘La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después’, que la organización ecologista Greenpeace encargó al hidrogeólogo Francisco Turrión para analizar los recursos hidráulicos reales del Segura, es la principal fuente documental sobre la que se cimienta el documental. Turrión, que trabaja para la Confederación Hidrográfica del Segura desde hace tres décadas, corroboró mediante su investigación la existencia de un gran volumen de aguas subterráneas en la demarcación del Segura que se vierten al mar y que el Plan Hidrológico no cuenta como recurso natural del río para el regadío agrícola. “Los diferentes Gobiernos han escondido a lo largo de estos años a los murcianos el verdadero volumen de agua que tienen para justificar el déficit hídrico del Segura, pero realmente esta cuenca es autosuficiente hídricamente y la idea del déficit hídrico es un artificio contable para justificar la permanencia del trasvase”, afirma el hidrogeólogo a este digital.

Según recoge el especialista en sus investigaciones sobre los pozos situados en la cuenca del Segura, existe un flujo subterráneo de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas que no se utilizan hoy y a los que si se sumara al agua prevista para desalar y se le restara la demanda de los regadíos, se extraería un superávit hídrico de 200 hectómetros cúbicos. “Los datos confirman que la cuenca del Segura, una de las más ricas en aguas subterráneas en su cabecera tiene recursos suficientes y, que por tanto, la autosuficiencia hídrica en esta cuenca es viable y sostenible”, subraya.

Otro de las conclusiones destacadas que arrojan el trabajo del hidrogeólogo es que el potencial de aguas subterráneas que contiene el Segura ya era conocido por los técnicos en los años 60, cuando se redactó el anteproyecto para construir el acueducto. “El trasvase del Tajo es una infraestructura sustituible, que se encuadra dentro del franquismo y que hoy no se hubiera podido realizar por la legislación ambiental”, asevera Turrión. La razón que hubiera impedido la ejecución de la tubería es, a juicio del hidrogeólogo, “se habría de presentar un estudio alternativo al trasvase con menor impacto ambiental”; un requisito ecológico que no se exigía entonces, porque “lo único que les interesó a los políticos era saber cuál era el coste económico de llevar el agua a Murcia”, sostiene el hidrogeólogo.

Con respecto a la actual política hidrológica, éste asegura que “se necesita un Gobierno con visión de Estado que apueste por una transición hacia la suficiencia hídrica, que construya pozos de sequía nuevos, desaladoras y use recursos propios para terminar con la hidrodependencia del tajo”. Y añade, ¿es que acaso la técnica no puede producir los 300 hectómetros cúbicos que cada año circulan por el trasvase?

La Confederación Hidrográfica del Segura sancionó al hidrogeólogo, después de que saliera a la luz el estudio de Greenpeace, a finales de 2017, cuando Isabel García Tejerina (PP) era la titular del Ministerio de Agricultura. El expediente está recurrido en los tribunales y a la espera de sentencia. “Estoy tranquilo porque ejercí mi derecho a la libertad de expresión para dar a conocer la realidad del agua y nadie ha rebatido todavía el estudio”. Asimismo, considera que “es preciso auditar las aguas”, y matiza que “los informes han sido retirados del Plan Hidrológico porque no interesan; solo se quiere justificar el trasvase y seguir apoyando a las grandes constructoras de este país que ‘hormigonan’ el campo”.

Turrión se muestra convencido de que “solo si se tipifica en el Código Penal el delito contra los recursos hídricos, se podrán frenar la construcción de nuevos pozos, ya que las sanciones a los agricultores no han sido eficaces hasta el momento”. Por todo ello, concluye con vehemencia que “hoy más que nunca son necesarios documentales como ‘el agua secuestrada’, porque invitan al diálogo entre todos para explorar soluciones y cambian la mentalidad de la sociedad sobre la gestión que se hace del agua”.

Una política hidrológica cimentada alrededor de unas reglas de explotación del trasvase del Tajo que, de momento, parece que ningún Gobierno muestra voluntad de cambiar. Esta semana, la comisión ministerial del Trasvase del Tajo autorizó una nueva derivación de 38 hectómetros cúbicos al Segura correspondiente al mes de marzo, tal como recoge el Memorándum del Tajo. El saqueo del Tajo continúa.

La Guardia Civil implica a dos expresidentes de la Generalitat Valenciana y a un vicepresidente y exdirector de la Policía con José María Aznar en el reparto de sobornos a gran escala a cambio de influir en las adjudicaciones de la Generalitat

El clan Cotino, condenado por financiar ilegalmente el PP de Camps, consiguió beneficios multimillonarios de la venta de las empresas adjudicatarias de las ITV y el Plan Eólico que posteriormente repartieron entre políticos

Abrimos el grifo y tiene agua. Abrimos la nevera, y tiene comida traída del mercado. Miles de personas, la inmensa mayoría, tiene que ir a buscar el agua a los ríos y el alimento a la propia tierra.

Entre ellas, mujeres que, por el hecho de serlo, la sociedad les encarga buscar los alimentos, mantener a la familia, ir a por agua, limpiar la ropa en los ríos más cercanos… Son ellas, las mujeres de países en vías de desarrollo, las que ven con sus propios ojos cuando una empresa extranjera lleva a su comunidad a hacer negocio y se encuentran que afecta a su día a día y la de los suyos. DesTieRRRadas es una exposición de Alianza por la Solidaridad donde la cámara de fotos de Pedro Armestre retrata el rostro de estas mujeres y comunidades, donde la acción de estas empresas ha afectado de forma directa. No sólo con mayor explotación laboral sino también con un incremento de la violencia sexual.

A través de 25 fotografías nos lleva a una realidad de la que poco se habla y de la que casi nada se ve, en un viaje por países como Mozambique, El Salvador, Guinea Bissau, Guatemala y Nicaragua. Quedamos con Almudena Moreno, responsable de la campaña Tierra por las Inversiones Responsables y coordinadora de la exposición. Ella ha visto cómo la llegada de estas empresas y sus inversiones ha supuesto una vulneración en los derechos ambientales y sociales de las poblaciones. Desde el desplazamiento forzoso al que se exponen, la pérdida de sus derechos al agua y la tierra, hasta incluso acoso y criminalización.

Ser mujer en países en desarrollo

Lo que para las empresas supone una inversión, para las comunidades puede suponer perder lo más básico: la comida y la bebida. Pero, en especial, lo padecen las mujeres. Primero, porque la discriminación de género cuestiona a las mujeres que levantan la voz para defender lo público e intentan dejarlas sin redes de apoyo. En la actualidad, hay más de 1.750 conflictos ambientales en el mundo y sólo en 2017, más de 300 defensores y defensoras fueron asesinados.

“Las mujeres son las más afectadas porque son las encargadas del suministro del agua para el consumo humano, el lavado, o la comida. Y con la tierra porque son las encargadas de garantizar los medios de la familia. Las inversiones de parte de estas empresas hacen que se apropien no solo de tierra sino de agua. Las mujeres se ven desplazadas para andar más kilómetros en busca de esos recursos, además de que las tierras menos fértiles no garantizan los medios de vida”, explica Moreno.

Pero además, hay otra realidad menos mencionada, por violenta. “Son las más perjudicadas y, muchas veces, por el hecho de defender sus derechos sufren acoso que, en algunos casos, llega a violaciones sexuales. Creemos que las empresas tienen un papel importante en el desarrollo pero no a cualquier precio, no todo vale”, sentencia la ONG.

Pero, ¿qué ha ocurrido con estas mujeres en algunos de estos países?

Mozambique: una vía que separa escuelas y cultivos

La compañía española Sacyr fue la encargada de realizar la rehabilitación de una vía férrea en este país, “el octavo más pobre del mundo”, subraya Moreno. Su llegada a aquellas comunidades ha provocado problemas en la seguridad, la salud y los medios de vida de unas 50.000 personas. Muchas mujeres han sufrido desplazamientos, han visto cómo se destruían sus hogares y cómo han perdido la propiedad de la tierra.

Por la vía rehabilitada por SACYR en Mozanbique pasa un tren de carbón con 120 vagones que ocupan un kilómetro y medio de longitud. PEDRO ARMESTRE

“Al final se ha creado una barrera porque ese tren de carbón consta de hasta de 120 vagones, que llegan a medir hasta kilómetro y medio. A veces se queda allí horas, otras veces, días. Como atraviesa a la mitad del pueblo, estas personas tienen que pasar por debajo del tren porque el mercado, sus cultivos, centros de salud o la escuela, quedan al otro lado”, explica la coordinadora. En toda la extensión que ocupa, solo se han construido cuatro pasos a nivel. El resto del tiempo, cuando queda parado el tren, las comunidades están divididas. “Este tren también va sin tipo de protección, y el polvo que suelta el carbón afecta a las personas, además de contaminar los cultivos”, según Moreno.

Cuando Alianza por la Solidaridad detectó el caso, la vía ya se había acabado. Desde entonces, la ONG lanzó una campaña al Gobierno de España para exigir a las empresas más estándares de calidad, tal y como recoge el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En Público hemos contactado con Sacyr. Desde su departamento de comunicación explican que “Somague, filial de Sacyr, firmó en abril de 2013 un contrato con CDN (Corredor de Desarrollo del Norte) para los trabajos de rehabilitación de la vía férrea”. También indican que CDN junto con Vale (que tiene la concesión de las minas) son los promotores del proyecto, y que tenían las responsabilidades de expropiaciones e indemnizaciones o los contactos con las entidades locales y las comunidades. Por eso rechazan estas acusaciones, porque Somague “ha cumplido todas las obligaciones de las que era responsable en el proyecto de Mozambique y no participó en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo susceptibles de afectar directamente a las comunidades aledañas al proyecto”, responsabilidades del promotor. Insisten en que han respetado los derechos humanos, y recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo, según el convenio número 169, no exige a las empresas que consulten a las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos.

Alianza por la Solidaridad conoce que la empresa española justifica que todo recae en la subcontrata pero, según la ONG, “no es así, porque cuando tú aceptas un proyecto puedes hacer sugerencias técnicas y de lo poco que hay de normativa internacional, tampoco se distingue en los estándares de calidad entre contratista o subcontratista”.

El Salvador: cuando la comunidad venció a Coca-Cola

“Fue un caso de éxito porque logramos conseguir que retiraran la ampliación de la planta”. Moreno se refiere a que, en 1999, Industrias la Constancia, una embotelladora de Coca-Cola, se instaló en el municipio de Nejapa, sobreexplotando uno de los acuíferos más importantes del país. En 2012, Coca-Cola propuso ampliar su planta a pesar de que el estudio de impacto ambiental revelaba que, si se continuaba con ese ritmo de extracción, el agua se agotaría en 25 años y dejaría sin este recurso a las 30.000 personas del municipio.

“De hecho Coca-Cola ya había trabajado con otro acuífero que se agotó y vino a este otro. A raíz de esto hicimos una campaña para apoyar a la sociedad civil. Logramos que el Estado no diera más explotación al acuífero y que Coca-Cola redujera el consumo de agua de sus bebidas, porque para un litro de Coca-Cola se necesitan dos litros de agua”, explica Moreno.

Roxana del Carmen fue una de las mujeres de la comunidad asesinada en junio de 2018, por luchar contra la ampliación de la embotelladora de Coca-Cola. No obstante, según la ONG, la sobreexplotación del acuífero dejó secadas fuentes y pozos de superficie y fuerza a algunas mujeres a caminar durante horas para obtener el agua necesaria para vivir.

La sobreexplotación por Coca Cola del acuífero de Nejapa (El Salvador) ha secado fuentes y pozos de superficie y ha forzado a las mujeres a caminar durante horas para obtener el agua necesaria para vivir. PEDRO ARMESTRE

Coca-Cola ha respondido a nuestro mensaje para indicar que están comprometidos con las sostenibilidad de los recursos del país. Insisten en que el permiso fue retirado “porque queremos que se demuestre que la condición del acuífero es sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) planteó un punto técnico de crear una red de estaciones de monitoreo permanente para tener información real del acuífero. La Constancia construyó uno de los varios pozos para esta red, que actualmente monitorea la autoridad mencionada”. Según la compañía, iniciaron un proyecto para suministrar agua potable y saneamiento a 4.288 personas de otras comunidades.

Guinea Bissau: la arrocera elimina tierra a las mujeres

En 2010, la empresa española Agrogeba llegó a Guinea Bissau y acaparó tierras sin realizar la consulta obligatoria a las comunidades originarias y sin ejecutar un estudio de impacto socioambiental, según la ONG. “Esta ocupación dejó, al menos, a 600 personas sin tierra. La mayoría eran mujeres que para subsistir dependían de las tierras monopolizadas por Agrogeba”, explica la coordinadora.

La llegada de esta empresa en Guinea Bissau no sólo significó la expulsión de las mujeres de las tierras que cultivaban; sino que según la ONG fumigó sin control los arrozales de manera que desplazó a los mosquitos hacia las aldeas colindantes. Para Moreno, “esto provocó un aumento de los casos de malaria en comunidades como Fulakunda y también el número de abortos”.

El arroz es la base de la alimentación en Guinea Bissau, uno de los países más pobres del mundo, y donde la empresa española AGROGEBA ha acapadado tierras. PEDRO ARMESTRE

Hemos intentado tener una respuesta por parte de la empresa. Desde Público comprobamos que no existe página web de la empresa y forma de contacto. Sólo localizamos una referencia a través de Petromiralles, empresa petrolera. Nos indicaron que un responsable nos trasladaría una respuesta pero, a fecha de cierre de este reportaje, no se ha producido.

La ONG, para evitar más casos, empezó un proceso de titularidad de las tierras. Consiguieron 320 para mujeres afectadas. “En las últimas visitas, también logramos que la los trabajadores tuvieran contrato, porque muchos no tenían, o que no se secuestre a las vacas que entraban en las plantaciones. Es uno de los países más pobres del mundo, casi un narco estado y no es fácil crear un fortalecimiento del tejido social”, considera Moreno.

Guatemala:  un río sagrado por la electricidad

Más de 29.000 indígenas q’eqchi’ viven junto al cauce del río Cahabón. Allí se construye el complejo hidroeléctrico de Guatemala, RENACE, un proyecto de la empresa guatemalteca Corporación Multi-Inversiones, que ejecuta la compañía española ACS. Según Moreno, “son 30 kilómetros de río acaparados para fabricar energía, pero no energía para estas comunidades indígenas. Es un río que no solo les da agua para beber, también es donde se bañan, lavan la ropa, y es una zona de recreación para la comunidad”.

Las mujeres lideran la lucha contra la hidroeléctrica RENACE, vinculada a ACS, que impacta negativamente en el 95% de la población del municipio de San Pedro Carchá (Guatemala). PEDRO ARMESTRE

La hidroeléctrica captura sus manantiales y los seca, sobre todo cuando no llueve y hay más escasez. Las mujeres han iniciado un proceso de denuncia que termina en casos de acoso y criminalización. “Un caso fue el de Ana Rutilia, que se creó un canal para difamarla constantemente”.

Nadie de la empresa ha respondido a nuestra consulta, que se trasladó por email.

El precio de la luz se dispara en julio un 27% con respecto a hace un año

• En lo que va de 2018, el precio medio del mercado eléctrico español ha sido 14 euros superior al de Alemania, y 10 euros más caro que el de Francia
• Se prevé que el precio medio al terminar el año será un 11% mayor que el de 2017

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en este mes de julio los61,9 euros por megavatio-hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 27,2%con respecto al mismo mes del año pasado y su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este coste es un 5,8% superior al registrado el pasado mes de junio.

El precio marcado en julio por el conocido como pool toca así su máximo desde enero de 2017 (71,4 euros), un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

En lo que va de 2018, el precio medio del mercado eléctrico español supera los 51,6 euros por MWh, situándose así más de 14 euros por encima del de Alemania (37,5 euros) y 10 euros superior al de Francia (41,7 euros).Así, considerando la evolución del mercado diario hasta ahora y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del mercado eléctrico español en 2018 a cierre de año es de 57,9 euros por MWh, un precio un 11% mayor que el de 2017 (52,2 euros por MWh), según datos de AEGE. De esta manera, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año, tan solo por detrás de 2008 (64,4 euros), con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El mercado mayorista funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018, y por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Investigación de la CNMC

A mediados de este mes de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente”, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica había ofrecido su “colaboración”.

Así lo señalaron, respectivamente, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en su participación en Santander en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado La energía del futuro en la era digital.
A este respecto, Domínguez indicó que “efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso”.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió la necesidad de realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese “mundo diferente”, una tarea para la que cree que hay “buena sintonía” del actual Gobierno de España con la CNMC.