Un encuentro en el que el colectivo berciano reclamó también la limitación de forma progresiva del gasto del dinero público en externalizaciones «hasta su completa eliminación» y la creación de un observatorio nacional de las listas de espera en todas las Comunidades Autónomas de Atención Primaria y Especializada, pruebas diagnósticas y de operaciones.

Las plataformas de la Comunidad solicitan, además, la puesta en marcha de un plan nacional para cubrir todas las plazas de profesionales y planificación de las necesidades a medio y largo plazo y la creación de un ‘Libro Blanco’ de las prestaciones mínimas que cada área de salud debe mantener en función de la población a atender, y de su distribución de edades. Asimismo, piden al Gobierno que se garantice el acceso a una sanidad pública «como un derecho universal en la Constitución, no sujeto por tanto al nivel adquisitivo de las personas usuarias» y reclaman la eliminación del ‘repago’ farmacéutico.

El colectivo berciano recuerda que que el cambio de estas políticas sanitarias desde el Gobierno central y autonómico «son posibles si aprovechamos la oportunidad que se nos abre en los próximos meses: las elecciones generales y autonómicas». «Esta plataforma entiende que está en la mano de todos y todas, la posibilidad de que los nuevos responsables de las políticas sanitarias cambien de rumbo y defiendan de verdad la sanidad pública y de calidad», recalcó.

No se personará como acusación particular en la denuncia de Bierzo Aire Limpio

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Púlblica del Bierzo y Laciana ha decidido en su última reunión rechazar la propuesta del colectivo ecologista Bierzo Aire Limpio para sumarse como acusación particular en la denuncia del colectivo contra la cementera Cosmos y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por presuntos delitos contra la salud pública, ocultación de información, prevaricación y omisión del deber al «hacer la vista gorda» ante los escapes de la cementera de Toral de los Vados.

El colectivo asegura que «no dispone de medios y capacidades suficientes para esta personación». Además, entiende que se debe mantener al margen de este tipo de conflictos «porque no están estrictamente relacionados con nuestros objetivos», subrayan.