El colectivo ha indicado que continúa vigente la circular que permite la contratación de médicos sin MIR hasta que no se dicten instrucciones por escrito con una norma de igual o superior rango que la anule

El Sindicato Médico de Castilla y León, Simecal, ha dado el paso y ha convocado una huelga indefinida y a la misma convoca a todos los médicos de Atención Primaria –centros de salud y PAC (puntos de atención continuada)– sea cual sea su vínculo administrativo o contrato laboral con la Consejería de Sanidad.

En paralelo, y sin tener relación alguna con el sindicato ni con su convocatoria, la Agrupación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León, AMEACyL, mantiene sus propias demandas ante Sacyl y, pendiente de reunirse con sus responsables, no descarta movilizarse por sus condiciones laborales. Coinciden en el tiempo pero son organizaciones diferentes.

La convocatoria de Simecal, «que es el principal y prácticamente único representante en las zonas rurales», explica su portavoz, sí es ya una realidad y llama a la protesta a los 2.900 médicos de Familia de la comunidad; aunque los colectivos que considera más perjudicados por la actual situación laboral son el de los 730 médicos funcionarios, la mayoría trabajan en el ámbito rural, en consultorios, y el de los 602 facultativos de área, que son aquellos que están adscritos a una zona de salud pero no con un cupo concreto de pacientes y fundamentalmente ligados a la atención de urgencias en Atención Primaria.

Según explica el presidente de Simecal, Fernando Gutiérrez Casas, aunque «hayamos convocado a todos, son los médicos funcionarios de las zonas rurales, y especialmente de las más deprimidas y apartadas, las más afectadas por la situación. De ahí, la reunión por ejemplo ayer con los alcaldes de la Montaña Palentina, que están muy preocupados, y el consejero de Sanidad, porque se están creando zonas de miseria».

La Consejería de Sanidad, por su parte, explica que estudiará los servicios mínimos para garantizar la asistencia que además coincide en temporada de vacaciones.

Fernando Gutiérrez destaca que la Junta «lleva años vulnerando el derecho de los médicos interinos funcionarios y estatutarios al acceso a la función pública al no aprobar ofertas de empleo público correspondientes a las tasas de reposición». Destaca que «la última fue hace trece años y que, en cuanto a las plazas vacantes de estatutarios destinadas a los médicos de área, tampoco han salido a oferta desde la creación de esta figura en 2006». Junto a ello, la convocatoria recoge el freno a las carreras profesionales «al denegar las certificaciones que acreditan formación o docencia».

Critica también Simecal el «escaso proceso de negociaciones» con los responsables de la Junta. Recoge además en la argumentación presentada a la Consejería de Sanidad legislación y antecedentes judiciales al respecto; así como de directivas europeas para reivindicar una plaza fija. Y, en concreto, apela a la «pionera» sentencia de TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León de 2017 «que reconoce el derecho de los interinos cesados a ser considerados personal indefinido no fijo de Sacyl a efectos de reconocerles la indemnización que proceda» cuando en el proceso de estaturización fueron cesados como funcionarios interinos. A este tipo de personal sanitario al cambiarlos a estatutarios se les impuso la posibilidad de movilizarlos de plaza y aunque la misma no fuera de su titularidad, antes sí tenían estabilidad en el puesto.

Simecal considera que esta situación es «excepcional» y que como tal «nos permite exigir que se contemple, en una ley en lasCortes de Castilla y León, el acceso por concurso de méritos». En definitiva, demandan la estabilización y consolidación del empleo de estos interinos, algunos de los cuales llevan incluso 30 años en su puesto y la mayoría más de 20.

A este respecto, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, insiste en que las reivindicaciones que hacen los interinos son «imposibles de atender desde el punto de vista de la legalidad». El acceder a una plaza sin haber pasado un proceso selectivo, es una reivindicación que podría «suponer un agravio respecto al resto de facultativos que aprobó las pruebas para obtener su plaza».