El proyecto de Presupuestos para 2021, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, llegó este miércoles al Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado los detalles de las cuentas confeccionadas por el Gobierno, que tendrán que pasar próximamente el examen del Congreso y que recogen una subida salarial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus vicepresidentes, ministros y altos cargos del 0,9%, el mismo incremento que verán en sus nóminas los tres millones de trabajadores públicos.

En el caso de la Casa Real, si salen adelante los Presupuestos, recibirá el próximo año cerca de 8,5 millones de euros (8.431.150 euros). Esto es, 544.000 euros más, una subida del 6,9% respecto a las cuentas vigentes desde 2018. Esa es la partida global, que Felipe VI podrá distribuir libremente para los distintos gastos, entre ellos, las retribuciones de la familia real. Según se recoge en las cuentas, la cantidad es la misma que la destinada en 2020, con las partidas adicionales que se hubieran añadido a la consignada en los Presupuestos de 2018 prorrogados. Aunque según el portal de transparencia de la Casa Real la cantidad seguía siendo la misma de 2018, es decir, 7.887.150 euros.

Esta es la primera vez en la que no se recoge ninguna asignación al rey emérito Juan Carlos, después de que Felipe VI decidiera a mitad de marzo retirarle su asignación como respuesta a las informaciones publicadas sobre supuestos negocios opacos en Suiza, así como la renuncia de la herencia.

Esta subida de la partida destinada a la Zarzuela es mayor a las que hubo en los dos últimos Presupuestos aprobados (2017 y 2018), cuando la partida creció un 0,56% y un 0,87% respectivamente. Con el incremento previsto para 2021, la Casa Real se rehace de los recortes que ha tenido durante la Gran Recesión y alcanza la misma cantidad que se consignó en 2011. En las cuentas presentadas hace un año por el Gobierno de Sánchez, que tumbó el Congreso, se contemplaba una subida del 1,4% hasta los 7,99 millones. Durante este año, el Rey Felipe VI ha percibido 248.562,36 euros, la reina Letizia ha ingresado 136.701,36 euros y la reina Sofía, 111.854,88 euros.

Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez cobrará 85.608,72 euros, mientras que los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera recibirán 80.463,96 euros. Los ministros se embolsarán 75.531,84 euros. Estas cuantías, detalla el proyecto de Presupuestos, se distribuirán en 12 mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias y “sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle”. Es decir, se subirán el sueldo en línea con lo pactado con los funcionarios, una actualización que se rechazó hace una semana en el Congreso y Senado para diputados y senadores.

La retribución de los secretarios de Estado será de 73.423,54 (se reparte entre 14.224,56 euros más un complemento de destino de 23.121,24 euros y otro específico de 36.077,74 euros). Y para los subsecretarios el sueldo será de 65.097, repartido de la siguiente forma: 14.294,52 euros más un complemento de destino de 18.702,48 euros y otro específico de 32.100 euros.

Además, el proyecto de las cuentas públicas recoge el salario anual de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, que alcanza los 85.196,88 euros, así como del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, percibirá 142.510,96, y el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, 157.576,58 euros, el mejor remunerado de los altos cargos del Estado según recoge la propuesta de Presupuestos del Gobierno.

Asignación para los expresidentes del Gobierno

El proyecto de Presupuestos también contiene una partida para los expresidentes del Gobierno. En este caso, prevé destinar 298.320 euros en 2021 entre los cuatro expresidentes vivos (Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Felipe González), que se embolsarían una asignación anual de 74.580 euros.

En este caso, la partida ha crecido un 33% desde los 223.740 euros disponibles en los Presupuestos de 2018. La diferencia deriva de que entonces había un expresidente menos, ya que Rajoy seguía al frente del Ejecutivo. Por tanto, con su entrada en el grupo de expresidentes, la cifra aumenta en 74.580 euros y la asignación individual se mantiene igual.

Fuente: El País

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el apoyo del PP, Ciudadanos, el PNV, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Estos partidos, con los 176 escaños, que conforman la mayoría absoluta, se han impuesto al resto de grupos. Ahora los Presupuestos pasarán por el Senado y tras su aprobación volverán al Congreso donde recibirán el visto bueno definitivo la última semana de junio.

La clave de la aprobación la ha decidido unas horas antes de la votación el Euzkadi Buru Batzar (EBB), máximo órgano del PNV, con su respaldo a las cuentas del Gobierno “por responsabilidad”, después de haber condicionado este apoyo a la retirada del artículo 155 de la Constitución. El partido ha llevado el suspense “hasta el último minuto”, pero en el límite ha anunciado que salvaba los Presupuestos a pesar de no haberse cumplido el requisito que exigió para apoyarlos. El Gobierno decidió extender la aplicación del precepto constitucional sobre la autonomía de Cataluña después de que el presidente de la Generalitat nombrara en su gabinete a dos consejeros presos y otros dos fugados. Pese a ello, los nacionalistas vascos, tras horas de conversaciones entre La Moncloa y Bilbao, han decidido inclinar la balanza de la Cámara con sus cinco diputados hacia la aprobación.

En un comunicado, el máximo órgano del PNV ha justificado su apoyo a los Presupuestos en “la responsabilidad” y “poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del Partido Nacionalista Vasco”. También, “desde el convencimiento” de que respaldarlos es la “forma más eficaz” de “contribuir al pronto levantamiento del artículo 155 en Cataluña”, que el partido considera «inminente».

Según la nota emitida por el EBB, la «cuestión de principios» a la que el partido supeditó su respaldo a los Presupuestos ha quedado aparcada al cambiar la situación «en los últimos días». «La Generalitat de Cataluña tiene hoy un president legítimo, elegido por la mayoría absoluta del Parlament, y la desactivación del artículo 155 está muy próxima en el tiempo. En este nuevo contexto, el mismo principio de responsabilidad nos lleva a no bloquear los Presupuestos», señala el comunicado.

El PNV lo ha fundamentado en «cuatro grandes argumentos». El primero es la caducidad del artículo 155, una vez que la Generalitat cuenta con un presidente. El segundo, «evitar el abismo», ya que «el bloqueo de los Presupuestos empujaría, aún más, hacia el abismo a la situación política española y catalana». El tercero, «no perder la capacidad de influir en favor de una solución dialogada para Cataluña». En ese sentido, el partido defiende que «votar en contra de los Presupuestos representaría un gesto testimonial, pero sin efectos reales ni prácticos de cambio» para la comunidad catalana. Y el cuarto: «Hacer valer el compromiso con la Agenda Vasca y con el desarrollo y modernización de Euskadi». El apoyo se traduce en «una inversión récord de 540 millones de euros en Euskadi» que impulsará el tren de alta velocidad y otras infraestructuras estratégicas, además de lograr «una tarifa eléctrica justa para la industria vasca» y fomentar «numerosas iniciativas en los ámbitos de la I+D+i, la cultura y el medio ambiente».

Pese al misterio impuesto por el partido, el PNV ha estado apoyando al PP en todas las votaciones previas de los capítulos presupuestarios, junto a Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Esa complicidad manifiesta se ha notado en las caras de tranquilidad de los diputados del PP, que en estos días se han mostrado convencidos del paso final de los nacionalistas vascos.

El pasado 26 de abril, cuando el PP se impuso a las enmiendas a la totalidad de la oposición a los Presupuestos, apoyado en el hombro del PNV, el portavoz parlamentario jeltzale Aitor Esteban insistió en que la aprobación final de las cuentas del Gobierno estaba en función de la derogación «inmediata» del artículo 155 de la Constitución tras la elección de un nuevo Govern y “de la actitud de todos y cada uno de los actores políticos concernidos” en la búsqueda de una solución. Subrayó esto último, dejando una puerta abierta a cualquier eventualidad, como ha ocurrido.

El hecho de que el Gobierno no haya dado curso a los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat de los consejeros propuestos por el presidente catalán, Quim Torra, estropeó el escenario previsto. El PNV ha tenido que contorsionar su posición para mantener hasta el último minuto el equilibrio entre sus condiciones y la realidad imprevisible que Torra ha imprimido al desenlace.

Tras la difusión del comunicado, Aitor Esteban ha comparecido en el Congreso de los Diputados y ha insistido en que el apoyo de su partido contribuye a levantar el 155, aunque ha admitido que no tiene ninguna garantía de ello, pero «sí convicciones» e «inputs».»Está en el ánimo de los partidos catalanes y eso va a suceder». Además, ha sostenido que si su formación no hubiese apoyado las cuentas del Gobierno la situación abogaría en el mantenimiento y endurecimiento del 155 y la convocatoria de elecciones en un momento «muy delicado» en el que esa «inestabilidad» daría paso a «escenarios muy preocupantes» que beneficiarían a las posiciones más duras frente al problema catalán. En ese sentido, ha aludido al auge de Ciudadanos.

Esteban, que ha remarcado que «el problema catalán es político y no se puede resolver por la vía judicial», ha afirmado que la posición de su partido ante los Presupuestos «no ha sido una decisión fácil». «Ha sido una decisión muy meditada y muy debatida», ha añadido. Frente a quienes pudieran haber anticipado el desenlace, ha manifestado que se había tomado a última hora: «He estado en vilo hasta hace unos minutos».

En el acuerdo alcanzado con el PNV, el Gobierno ha tenido que sacrificar la reforma de pensiones de 2013, que imponía subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema de Seguridad Social tuviera déficit, para incrementarlas en función del IPC. También ha tenido que retrasar hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad, que iba a recortar las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2019. A cambio, salva la legislatura. El PNV, además, logra una partida inversora extra de 70 millones para el País Vasco con un aumento del 32% y un inequívoco prestigio político como abanderado de los jubilados y como formación que con su pragmatismo propicia la estabilidad en España.

El apoyo a los Presupuestos de 2017 resultó muy beneficioso para el PNV. Logró una rebaja del Cupo Vasco por valor de 1.400 millones, la reducción de la tarifa eléctrica de sus grandes empresas y una inyección de 3.380 millones para la alta velocidad.

El Gobierno anunció en los Presupuestos de 2017 un aumento del gasto en Dependencia de 100 millones de euros, un 8,6%. Sin embargo, se han dejado sin desembolsar 44 millones, según los datos de ejecución presupuestaria a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Y ello a pesar de unas listas de espera que ascienden a 300.000 dependientes. Si se compara con lo que realmente se gastó en 2016, que fue más de lo presupuestado, la partida solo ha subido un 2,4% y no un 8,6%. Las comunidades critican al Ejecutivo por no poner los recursos suficientes.

El Gobierno pactó con Ciudadanos el año pasado un incremento de la partida de Dependencia por valor de 100 millones de euros en los Presupuestos de 2017. La formación naranja lo incluyó entre sus exigencias para apoyar las cuentas públicas. Sin embargo, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, una entidad independiente nacida en el seno de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este acuerdo presentaba un serio inconveniente: no se elevaba el gasto por dependiente atendido. ¿Y qué significa esto? La Dependencia se tiene que financiar a partes iguales por comunidades y Gobierno. Pero las autonomías ya ponen una cifra muy superior al Estado, casi al máximo de sus posibilidades. Mientras el Ejecutivo siga aportando muy poco por cada atendido, será muy difícil subir el gasto en Dependencia.

Los coeficientes por dependiente atendido se elevarán un poco en 2018. Pero llevaban congelados desde 2012, cuando se recortaron, en el caso de un dependiente con grado máximo desde los 266 euros al mes hasta los 177. Al contar solo con un ingreso muy exiguo por dependiente, las comunidades no pueden armar la estructura necesaria. Ya ponen el 82% del total gastado, según cifras de 2016. Lo que, por otra parte, significa que el Gobierno incumple el 50% al que le obliga la ley de Dependencia en su memoria económica, denuncian varias comunidades. Además, según explican, Hacienda ha suprimido desde 2012 otros 280 millones adicionales que proporcionaba el Estado central todos los años, y ha limitado en las sucesivas leyes presupuestarias la capacidad de las autonomías para aumentar su personal.

Los coeficientes por dependiente atendido se elevarán un poco en 2018. Pero llevaban congelados desde 2012, cuando se recortaron, en el caso de un dependiente con grado máximo desde los 266 euros al mes hasta los 177. Al contar solo con un ingreso muy exiguo por dependiente, las comunidades no pueden armar la estructura necesaria. Ya ponen el 82% del total gastado, según cifras de 2016. Lo que, por otra parte, significa que el Gobierno incumple el 50% al que le obliga la ley de Dependencia en su memoria económica, denuncian varias comunidades. Además, según explican, Hacienda ha suprimido desde 2012 otros 280 millones adicionales que proporcionaba el Estado central todos los años, y ha limitado en las sucesivas leyes presupuestarias la capacidad de las autonomías para aumentar su personal.

Todos esos impedimentos se traducen en que por más que se anuncien aumentos del gasto en los presupuestos, la cantidad realmente desembolsada no puede subir. Ni las comunidades tienen los medios, ni pueden aportar mucho más dinero del que ya ponen. En ocasiones, esta estructura incluso va en perjuicio de los más necesitados: con tal de reducir las listas y aparecer bien en la foto, algunas autonomías acaban concentrando más recursos en los casos leves a costa de dejar sin atención los más graves y, por tanto, más costosos. “No importa cuánto aumentas el tamaño del depósito si has limitado la cantidad que circula por el grifo”, comenta un experto.

Cuestión de 1.800 millones

En definitiva, la congelación de esos pagos por atendido ha provocado que el gasto no pueda subir todo lo que estaba previsto en Presupuestos: del aumento de 100 millones consignado, se han dejado sin gastar 44 millones, situando la partida en un total de 1.218 millones, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “La crueldad estriba en la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de los cuales 120.000 son grandes dependientes y dependientes severos, muchos en situaciones dramáticas”, sostiene José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y si se compara con lo que realmente se desembolsó en 2016 y no simplemente con lo que se presupuestó, el resultado es aún peor: el gasto solo ha subido en 28 millones, es decir, un 2,4%, por debajo incluso de lo que creció el PIB. “Hemos elevado el número de atendidos, pero las cantidades recibidas apenas aumentan. Bastaría para arreglar el problema con que el Gobierno cumpliese con su mitad del gasto y pusiera unos 1.800 millones más”, señala un alto cargo autonómico.

“Ante estos datos esperamos una reacción de Ciudadanos y que requiera al Gobierno una corrección inmediata. Si no lo hace, será cómplice de la desidia del Gobierno con la Dependencia”, dice Ramírez. Según cálculos del Observatorio, con esos 44 millones se podría haber atendido unos 6.600 dependientes. Tres de cada cuatro son mayores de 65 años.