Era diciembre de 2017. Las movilizaciones de la PAH se reiteraban por toda la geografía nacional y el movimiento de vivienda contaba con una simpatía difusa, pero masiva, entre el conjunto de la población española. Las activistas pretendían negociar para evitar el desahucio de Paola, que, junto a sus dos hijas menores, había recuperado una de las decenas de viviendas vacías que La Caixa tenía en el municipio de Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara.

Patricia y sus compañeras entraron en la entidad bancaria para terminar de atar lo ya negociado. “Para conseguir un compromiso por escrito”, nos cuenta Patricia. Pero todo empezó a torcerse. En el banco se negaron a plasmar por escrito el acuerdo alcanzado, poniendo todo tipo de excusas (“no os lo puedo dar por escrito, yo no puedo tomar esa decisión…”).

Las activistas se niegan a abandonar la sucursal sin el acuerdo y se sientan, pacíficamente, en el suelo. Llega la Guardia Civil. Las desaloja sin el más mínimo amago de violencia. Los propios agentes actuantes afirmarán ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara, posteriormente, “que no se enfrentaron de forma verbal ni violenta, que fue una resistencia pasiva.”

Sin embargo, Patricia y sus compañeras son detenidas, aunque no se les comunica su situación procesal hasta horas después de que son encerradas en los calabozos.

El Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalara se hace cargo del caso. Para Patricia “la instrucción es rara. Se toma declaración primero a los detenidos y sólo después a los agentes de la Guardia Civil y a los supuestos perjudicados”. La defensa de las activistas de la PAH solicita las grabaciones de las cámaras de la entidad bancaria como prueba de que no ha habido violencia alguna. Caixabank responde que “las grabaciones no se encuentran disponibles toda vez que fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”. ¡La entidad supuestamente perjudicada por un delito ha destruido voluntariamente las pruebas que probarían sin duda alguna ante el Juzgado que el delito ha llegado a cometerse! ¡Y ello, antes siquiera de entregar una copia al Juzgado! ¿Qué es, realmente, lo que se vería en esas grabaciones? ¿Cuál es el disvalor real para Caixabank de lo ocurrido, cuando no ha tomado siquiera la prevención de salvaguardar las pruebas en su poder?

Patricia Carlavilla es la portavoz de la plataforma formada en Guadalajara para mostrar la solidaridad vecinal y popular con “las 8 de Caixabank”. Ocho activistas de la PAH para las que la acusación particular de la entidad bancaria pide, con el apoyo de la Fiscalía, penas de hasta tres años y medio de prisión por persona. Para Patricia, “da la impresión de que las dilaciones que ha habido en la instrucción del procedimiento (en octubre de 2020 ya podía haberse abierto el juicio oral) van a permitir realizar un proceso ejemplarizante contra la PAH por algo que no ha sucedido. No se ha cometido ningún delito. La resistencia pasiva sólo puede ser objeto de una sanción administrativa.”

Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre el caso. Lo ha puesto como ejemplo de la deriva punitiva y autoritaria que se vive en nuestro país y de las crecientes limitaciones legislativas y judiciales a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muestra también su preocupación por la modificación anunciada del Código Penal que considerará delito la ocupación de domicilios, empresas y oficinas (entre otros) aunque estén abiertos y no se detecten actos violentos.

El caso de las 8 de Caixabank hay que analizarlo en su contexto: el que lo vincula con la condena desproporcionada a sindicalistas de la CNT de Xixón por realizar la actividad sindical propia de su organización; o el que lo liga al creciente vórtice de represión que anima el “populismo penal” de una legislación cada vez dura con los ilícitos de las clases populares, y cada vez más permisiva con la corrupción y degradación de la minoría poseedora de la riqueza producida socialmente. Entre la “doctrina Botín” y la criminalización de la protesta hay un hilo lógico llamado clase, hecho de impunidad para los ricos y penalizaciones extremas para los más.

Patricia Cardavilla lo tiene claro: “la PAH tiene una base muy clara de clase obrera. No se va a intimidar ni a coaccionar a las personas que están trabajando por el derecho a la vivienda. Es más bien un juicio político que algo que tenga que ver con delitos y víctimas.”

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara ha convocado una concentración en la ciudad en solidaridad con “las ocho de Caixabank”. El 26 de noviembre, a las 12.00 horas, en la calle mayor 24 de Guadalajara, la proverbial dignidad de las gentes de Castilla se dará cita para defender el derecho a la vivienda y la posibilidad de protestar en democracia.

Por José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared

“Aunque se han reducido los desahucios derivados del impago de hipotecas, ahora nos enfrentamos a un aumento de desahucios en viviendas de alquiler. En nuestra ciudad también nos enfrentamos a los problemas derivados de la ocupación de viviendas vacías propiedad de los bancos y que los llamados fondos buitres utilizan para hacer negocios sin que las administraciones estén dando respuesta para garantizar una vivienda a los inquilinos”, afirma Miguel Ángel Pino, uno de los miembros de esta plataforma en Talavera.

Para hacer frente a este tipo de situaciones y poder ayudar a los afectados, la PAH ha constituido a lo largo de estos años un espacio de asesoramiento legal y de apoyo mutuo y ha impulsado propuestas apoyadas por todos los grupos que componen el Ayuntamiento de Talavera pero que “el Gobierno no ha cumplido”.

“Se ha exigido la garantía de los suministros básicos, alternativas habitacionales ante los desahucios y un parque de viviendas públicas municipales”, explica Pino al tiempo en que confían en que el próximo equipo de Gobierno que se forme tras las siguientes elecciones municipales del 26 de mayo “cumpla todas las medidas” que sellaron en un documento y que también fue registrado en el Congreso de los Diputados por la plataforma estatal.

Aunque afirman que les gustaría “no existir”, subrayan que “la situación de la ciudad lo exige” por lo que reiteran su “compromiso para seguir luchando” por que no se produzcan más desahucios en la ciudad o por que la Junta de Comunidades habilite “los dos parques de vivienda públicas cerrados” que hay en Talavera de la Reina.

“Hay viviendas vacías propiedad de los bancos sin darles uso mientras que hay familias que se dirigen a los Servicios Sociales sin ninguna alternativa habitacional”, lamenta la PAH, que aunque comenzó su andadura con más de cien participantes, actualmente cuentan con alrededor de 15 personas que siguen colaborando con las personas afectadas por este problema.

“No tienen ni idea de qué hacer”

La situación habitual con la que acuden los vecinos de Talavera a la PAH es el desconocimiento para actuar ante la amenaza del lanzamiento de su vivienda: “No tienen ni idea de qué hacer. La gente viene perdida”, dice Pino, que recuerda que al constituirse la plataforma también contaban con psicólogos para prestar atención a los afectados.

Esta problemática social, que comenzó a agudizar en España desde la crisis del año 2008, “no presenta mucha mejoría”, advierte la PAH, que reconoce que en la actualidad acuden menos afectados a la PAH por la amenaza de desahucio de viviendas en propiedad de entidades bancarias. “Ahora los bancos te dan una dacción en pago, lo normal es que se pueda negociar rápido”, señala Pino sobre esta actuación en la que el inquilino salda su deuda pendiente entregando a cambio su vivienda.

En cambio, ahora “si se registran más casos por problema de alquiler“, una situación que se da “en todas las barriadas de Talavera de la Reina”, dice el representantes de la PAH, que destaca la labor de esta plataforma para ayudar a los afectados a hacer papeleo, a solicitar un abogado de oficio o a saber qué pasos dar y dónde acudir ante una amenaza de desahucio. “Esperemos que no lleguemos a seis años más y que esta situación se normalice”, reitera Pino sobre la existencia de esta plataforma que continúa trabajando en todo el país.

Durante las primeras horas de la mañana se han producido cargas y momentos de tensión contra el numeroso grupo de personas que han acudido durante toda la noche y la madrugada para solidarizarse con quienes estaban en el edificio y dentro del perímetro que la policía ha desplegado desde las 2.30h de la mañana.

Activistas antidesahucios se habían convocado para la noche de ayer y la madrugada de hoy, viernes 22 de febrero, cuando se anunciaron primero dos desahucios en un edificio que desde hace meses concita la movilización del Sindicato de Inquilinas, la PAH y otros espacios de lucha del barrio de Lavapiés. A lo largo de la tarde de ayer se supo que eran cuatro las viviendas que la Policía pretendía desalojar en la mañana de este viernes, avisando con menos de 48 horas de antelación. Los tres autos, de tres juzgados diferentes, estaban calcados los unos de los otros, según denuncian fuentes de Argumosa 11 a este diario, algo “inédito”.

Las familias desalojadas hoy contaban además con una resolución del Comité Desc de la ONU que sí ha sido escuchada en anteriores ocasiones, que exigía ayer al Estado que paralizase los desalojos y evitase que se quedasen en la calle sin alternativa habitacional después de años viviendo en el inmueble.

“La policía, junto a la comisión judicial, después de tratar de entrevistarnos con ellos no nos han dejado estar presentes en la diligencia del alzamiento pese a que somos abogadas que formamos parte de los procedimientos, aunque sí ha dejado estar a la abogada de la propiedad”, ha explicado Jacinto, que cree que se trata de una “irregularidad más en este proceso”.

Según la abogada, han roto la puerta del portal y han detenido a las personas solidarias que están diciendo, como dice Naciones Unidas, que este tipo de desahucio no se puede llevar a cabo sin alternativa habitacional”.

Rosa y Josefa Santiago, dos inquilinas de Argumosa 11 (Madrid), se enfrentan este viernes a su enésimo intento de desahucio. Esta vez, la quinta para Rosi y la novena para Pepi –como las conocen los vecinos–, la justicia les ha advertido por escrito de que seguir oponiéndose aunque sea pacíficamente a los lanzamientos, solicitados por la nueva propietaria de su bloque, puede tener consecuencias «penales» para ellas y también para los que participen en esa «obstaculización» de la diligencia del juzgado.

«Se apercibe que la negativa al desalojo voluntario o el lanzamiento acordado por el Servicio Común pudiera ser constitutivo de delito de desobediencia», dice un auto remitido a Pepi y fechado en 13 de febrero. El magistrado que lo firma, del juzgado número 33 de Madrid, advierte, además, de que el «incumplimiento grave y reiterado de la resolución judicial» se puede remitir a Fiscalía «a los efectos oportunos».

Los intentos previos de desahucio se han paralizado por la movilización vecinal, que ha ejercido una «presión insostenible» para la comisión judicial encargada de ejecutar los lanzamientos, según los autos remitidos a las inquilinas, a los que ha tenido acceso eldiario.es. Este viernes es la nueva fecha fijada por los juzgados y notificada apenas 24 horas antes a las demandadas. 

«Estas resoluciones son inéditas. Hasta la fecha no habíamos recibido una comunicación del juzgado que contuviera una amenaza de comisión de un posible delito de desobediencia por parar un desahucio», apunta Alejandra Jacinto, abogada de Pepi, en conversación con eldiario.es.

En muchos de los intentos ha mediado el Ayuntamiento de Madrid con peticiones de paralización al juzgado, aunque en esta ocasión el Consistorio no confirma si ha actuado de la misma manera. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU también ha pedido por escrito que los desalojos no se produzcan hasta que no haya una alternativa habitacional para las familias. La última vez ha sido este mismo jueves para el caso de Pepi, según la documentación aportada por su abogada.

Según el juez que instruye el caso de Pepi, la demandada no está «amparada por ningún supuesto ni de atención prioritaria ni de emergencia habitacional». El auto fechado el 13 de febrero relata que la afectada ha rechazado «varias alternativas» para irse a otro lugar, como una plaza en una residencia o ayuda económica para el pago del alquiler en otra vivienda, que han sido «rechazadas». «A lo que se une que cobra una pensión no contributiva a partir de agosto de 2018».

Los jueces piden «medios policiales»

En las dos notificaciones, a través de auto judicial, los jueces se dirigen por escrito a la Delegación del Gobierno para que ponga a su disposición «los medios policiales necesarios y proporcionados» y se «auxilie a la Comisión Judicial en la identificación de las personas que obstaculicen o impidan» el desahucio. Los activistas que traten de frenarlo, como otras veces, también pueden «ser apercibidos de la posible comisión de un delito».

Los magistrados hacen constar en sus autos que «lo ya juzgado» debe ejecutarse «con independencia de las obligaciones que a otras Administraciones Públicas compete sobre el derecho a una vivienda» y aluden, en el caso de Pepi, a «los límites en el respeto a la propiedad privada».

Pepi y Rosi llevan décadas viviendo en los pisos y han denunciado las subidas que el nuevo propietario, Proindivisos SL, ha impuesto a todos los inquilinos del bloque comprado, convertido en el buque insignia de la lucha contra la especulación inmobiliaria en el barrio madrileño de Lavapiés. Según su testimonio, los contratos no se renovaron y se han exigido grandes subidas que, dicen las afectadas, no pueden asumir. «Me dijeron que me subían 100 euros, hasta los 400, y al año siguiente, otros 100. Yo ya dije que eso no lo podía pagar”, explicaba Pepi a este medio hace unos meses. El caso de Rosi, que hace apenas seis días logró parar con apoyo vecinal el último intento de desalojo, es similar.

Cuentan los vecinos que, con la entrada de la empresa, representantes de la propiedad fueron llamando puerta por puerta para ofrecer marcharse a los vecinos cambio de 2.000 euros. Cada vez que una casa se queda vacía, un equipo de albañiles la tapia con ladrillos. La propiedad, Proindivisos S.L, refiere impagos en el caso de Pepi que esta niega.

Cada día se producen alrededor de veinte desahucios en Madrid. Muchas veces las cifras son frías y despersonalizan y no nos damos cuenta de que cada desahucio no es solo un número más de una estadística criminal, sino que es una vecina menos y una puerta tapiada más. Centenares de familias que cada año son expulsadas de su hogar por no poder pagar su alquiler o hipoteca y que se ven obligadas a dormir en la calle, en un albergue municipal (con mucha suerte) o a okupar una nueva vivienda de donde serán expulsadas de nuevo pasado un tiempo. El caso de Sumbal no es más, ni menos, que lo que sufren a diario tantas personas, pero queremos visibilizarlo porque vuelve a demostrar que ante la inacción de las instituciones, solo las asambleas de vivienda garantizan un techo. Os dejamos con un extracto del comunicado emitido por PAH Vallekas.

El 5 de noviembre Sumbal y su hijo, que tras su reciente separación no podía pagar el alquiler, tuvieron un primer intento de desahucio que se paró con ayuda de la PAH Vallekas y la Coordinadora de Vivienda de Madrid. El día 12 de diciembre la familia fue desahuciada, ofreciéndoles quedarse en lista de espera para una futura residencia para personas sin hogar en Rivas. Una solución no inmediata y que alejaba al hijo de su colegio, en el que recibe apoyos educativos y sociosanitarios.

Hasta que se produjera el realojo en el albergue, Cruz Roja “ofreció” a la familia dormir en un polideportivo durante unos meses. La PAH no puede aceptar alternativas como esta, por lo que la Obra Social PAH, que realoja a familias desahuciadas en casas de entidades financieras y grandes tenedores para después negociar un alquiler social se pone en marcha. La familia se alojó en una habitación de una compañera de PAH Vallekas, mientras se buscaba una nueva vivienda.

Más tarde, la PAH entró junto a Sumbal en una de las muchas viviendas vacías en Vallekas, propiedad de CaixaBank y que llevaba vacío casi un año, tras el desahucio de sus inquilinas. Tras realojarse en la vivienda comenzamos el procedimiento para presionar a CaixaBank, y pagar un alquiler social justo y asumible. Sin poder pagar un piso al precio de mercado, y sin ninguna alternativa institucional, una vez más tuvieron que ser las personas de la PAH y la Coordinadora de Vivienda de Madrid las encargadas de que en una familia no pasara otra noche más en la calle.
Pero las administraciones no sólo no dan alternativas, también impiden las pocas con las que contamos. El 12 de enero, la policía entró en la casa que la Obra Social PAH había recuperado y se llevó detenidas a Sumbal y las 5 compañeras que la acompañaban, que pasaron la noche en comisaría y fueron puestas en libertad acusadas de usurpación.

Lamentablemente, el caso de Sumbal no es un caso aislado. No ha habido un error en los protocolos, ni han fallado las derivaciones, ni se trata de una saturación puntual del sistema. Las posibles soluciones que ha encontrado Sumbal tras su desahucio son las mismas -ninguna- que se ofrecen a las 15 familias que son desahuciadas cada día en nuestra ciudad. Nosotras seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, aunque pueda implicar riesgos, para garantizar que toda familia tenga un techo para vivir en condiciones dignas.

Alicia, mujer de 65 años, divorciada y con un hijo con el que según las informaciones en prensa no tenía relación.

Esas mismas informaciones de prensa también señalan que Alicia había acudido en el pasado mes de mayo a los servicios sociales del ayuntamiento de Madrid porque llevaba tres meses sin poder pagar el alquiler de su vivienda -vivienda por cierto propiedad de «Apartamentos Galileo», que tiene otras seis en la misma finca- y que suponía un importe de 500 euros al mes.

Alicia llevaba seis años viviendo allí. Según cuentan sus vecinos era una mujer educada y social, con un perfil de hábitos de vida compatibles con alguien que tiene que limitar estrictamente sus gastos para poder afrontar lo que es esencial, habitualmente, en la vida de una persona: mantener su vivienda, el espacio material en el que poder desarrollar la actividad vital con un mínimo de dignidad y confort. No pudo conseguirlo. Seguramente la decisión de arrojarse al vacío, justo antes de que se hiciera efectivo el desahucio, no fue precipitada, pero seguro que fue muy dramática.

Esta mujer sola, de 65 años, materialmente empobrecida, presuntamente se suicidó antes de ser desahuciada de la que fue su vivienda durante los últimos seis años. Probablemente era su último y único refugio. Es un drama personal, pero es algo mucho más que esto: es un drama social que, como todos, hay que abordar socialmente, porque potencialmente tienen solución pero también responsables.

En el caso de Alicia no conocemos su biografía anterior, pero a efectos de esta reflexión no es imprescindible. Se da un conjunto de circunstancias que afectan a sectores muy amplios de la población: mujer, empobrecida y con recursos que no le alcanzan para pagar un alquiler de 500 euros al mes, viviendo en soledad, en un contexto institucional y social cada día más antihumano, más degradado, más beligerante con las personas, pero muy especialmente con las mujeres.

Los impagos por alquiler han crecido un 6,1% en el segundo trimestre del 2018. Se calcula que hay 120 desahucios al día por este motivo. De los 10.491 lanzamientos en ese mismo trimestre, segundo de 2018, el 61.2% ha sido por impago de alquiler.

En los últimos tiempos el coste del alquiler de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ha subido de forma brutal. Es la nueva burbuja especulativa en cuestión de vivienda, que va asociada a la concentración de esta actividad, en su propiedad o gestión, en manos de unos pocos fondos buitre de ámbito internacional. Esta burbuja se ve muy reforzada en el caso del Estado español por la transferencia de los fondos inmobiliarios de la banca, adquiridos de forma absolutamente ilícita a las familias que no pudieron pagar sus hipotecas, a esos fondos buitre internacionales.
Si las instituciones actuales no pueden impedir estas cosas, ¿para qué sirven al común de la gente? Sí que sirven a los corruptos, a los especuladores y a los mantenedores del actual régimen monárquico, pero no a la mayoría de la sociedad.

Nuestros barrios se degradan día a día: casas de juego por todas las esquinas, narcotráfico rampante, delincuencia antisocial tolerada, cuando no amparada y estimulada… Unos servicios sociales absolutamente insuficientes y con demasiada frecuencia ineficientes, y ello al margen de la voluntad de l@s que allí trabajan.

Solo hay un camino para salir de este drama social en el que están convirtiendo nuestra vida cotidiana: la organización popular. Si Alicia se hubiera encontrado en su camino con alguien de la PAH, probablemente el final de esta tragedia hubiera sido muy diferente.

Izquierda Castellana

27 de noviembre de 2018

“A ver si hacen caso”, deseaba una señora cuando una de las activistas la entregaba el comunicado que iba a ser leído ante el Palacio de Justicia. Al grito de “La banca engaña, la banca estafa, la banca echa a la gente de su casa” y bajo la fina lluvia de este mediodía, han exigido al Tribunal Supremo que confirme la obligación de los prestamistas al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al prestatario esa obligación. A la convocatoria han asistido, además de activistas de Valladolid, representantes de otras capitales castellano-leonesas como Zamora, Salamanca o Segovia.

En el comunicado leído, la PAH y Stop Desahucios denuncian que “no es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso”.

Tal y cómo ha anunciado Soledad Sacristán de PAH Segovia, se movilizarán también contra la “famosa ley hipotecaria” que está pendiente de aprobación en el Parlamento, elaborada por el exministro De Guindos, y “si los partidos de izquierdas no lo impiden va a salir blanqueando las cláusulas abusivas que se vienen aplicando por parte de la banca” y que tan solo pretende “dar una capa de pintura para que Europa diga que ha cumplido”.

Lamentan que esta norma “desvirtúe completamente” la ley de vivienda que incluye las reivindicaciones de la PAH y se está tramitando también en el Congreso, apelando al PSOE para que “ponga lo que tenga que poner” y “tenga en cuenta a los consumidores y no siga facilitando que se sigan aprovechando de ellos los bancos a través de los créditos”

La comitiva judicial pidió a los Mossos d’Esquadra la ejecución forzosa a pesar de la existencia de un informe de los servicios sociales que lo desaconsejaba

Un hombre de 45 años se ha lanzado por la ventana de su domicilio, situado en la décima planta del pasaje de las Camèlies de Cornellà de Llobregat este jueves a las diez y media de la mañana cuando los Mossos d’Esquadra han llamado a la puerta del domicilio. Poco después, los servicios médicos han certificado la muerte.

El inmueble es titularidad de la entidad financiera Popular(adquirido por el Grupo Santander  hace un año). La entidad lo tenía en régimen de alquiler y a pesar de la existencia de un informe de los servicios sociales de Cornellà de Llobregat donde se constataba la situación de vulnerabilidad por la cual pasaba el afectado, ha reclamado que se ejecutara el desalojo en tres ocasiones en un período de cinco meses: las fechas señaladas fueron el 13 de marzo, el 22 de marzo y hoy, 14 de junio.

Montse Pérez, teniente de alcalde de Educación y Política Social de Cornellà, ha explicado que el consistorio estudiará la posibilidad de emprender alguna acción jurídica contra el grupo propietario del inmueble porque “no entendemos el porqué de tanta urgencia” cuando, según ha asegurado, se estaba estudiando con la familia afectaba una solución habitacional de urgencia antes de que pudieran acceder a la bolsa de alquiler social.

El Banco Popular presentó la demanda de juicio verbal por impago de alquiler el pasado mes de noviembre de 2017, después de un impago de siete mensualidades. Le fue notificada a la víctima durante el mes de enero. La entidad financiera, fundada el 1926, fue adquirida hace un año por el Banco Santander y, a pesar de mantener la marca Popular, forma parte del grupo bancario cántabro. Durante el primer trimestre de 2018 ha anunciado unos beneficios netos de 2.054 millones de euros. A principios de este año, el banco presidido por Ana Patricia Botín constituyó una sociedad participada mayoritariamente por el fondo de inversión norteamericano Blackstone (con un 51%, mientras que el 49% restante está en manos del Santander) y que se encarga de la gestión de todos los activos inmobiliarios que se arrastraban del Banco Popular.

Varias entidades de Barcelona han convocado una concentración este mismo jueves a las ocho de la tarde ante la sede del Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluña, en la confluencia de la calle Diputación y el passeig de Sant Joan, con el lema “No son suicidios son asesinatos”.

La PAH ha organizado una protesta para el viernes 15 ante el Ayuntamiento de Cornellà y frente a las sucursales del Banco Popular en todos los municipios.

Hay que recordar que el pasado mes de abril el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso de desahucios. La propuesta fue presentada por el PDeCAT y contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y el PNV.