Israel anunció el martes que, a partir de enero, impedirá a 37 ONG operar en Gaza y Cisjordania, lo que ha provocado varias condenas internacionales.

El régimen de Israel acusó a 37 ONG de no haber cumplido con los nuevos requisitos de registro para obtener permiso y llevar a cabo sus actividades humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026.

Oxfam-Québec y Médicos Sin Fronteras (MSF), que proporciona aproximadamente el 20 % de las camas de hospital y atiende partos de un tercio de los bebés en Gaza, se encuentran entre las 37 ONG que ya no tendrán acceso al enclave palestino.

En este sentido, las autoridades del régimen sostuvieron que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus empleados”, acusando a MSF, sin presentar pruebas, de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a los movimientos palestinos como el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

En este sentido, la directora senior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, declaró en redes sociales que la decisión de prohibir el acceso a Gaza a organizaciones humanitarias “no solo es un escándalo”, sino “una escalada deliberada de su genocidio contra los palestinos”.

“Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos, a pesar del supuesto alto el fuego, es una flagrante violación del Derecho Internacional y un atentado contra la humanidad misma. Se trata de un castigo colectivo de escala catastrófica”, subrayó.

UNRWA denuncia ley israelí que corta suministro de agua y energía | HISPANTV

 

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados instó a Israel a dar marcha atrás en su decisión de cancelar las licencias.

“La ONU y sus socios instan a las autoridades israelíes a que reconsideren el anuncio de hoy sobre las ONG internacionales, que son parte esencial de la operación humanitaria vital en los Territorios Palestinos Ocupados”, enfatizó el organismo.

• ONU desmiente a Rubio y destaca papel humanitario de UNRWA en Gaza

Además, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido exigieron a Israel que garantice que las ONG internacionales puedan operar en Gaza de forma sostenible y predecible.

En una declaración conjunta, los 10 países firmantes alertaron que la cancelación del registro podría conllevar el cierre de las operaciones de ayuda en Gaza y Cisjordania en un plazo de 60 días, lo que tendría graves repercusiones en el acceso a servicios esenciales, incluida la atención médica.

Los ataques israelíes han destruido el 80 % de los edificios en toda la Franja, e Israel continúa bloqueando el acceso a refugios y suministros de ayuda esenciales a pesar del alto el fuego implementado el 10 de octubre.

A pesar de la tregua, los ataques israelíes contra palestinos han continuado en Gaza, dejando al menos 418 muertos y 1141 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

• Fuerte temporal golpea Gaza y deja al menos 16 muertos

Expertos advierten que las autoridades israelíes al impedir la entrada de la ayuda humanitaria al enclave y agravar el sufrimiento de la gente buscan forzar el desplazamiento de los palestinos del enclave para poder ocupar y anexarlo.

• Egipto rechaza incentivos financieros para permitir desalojo de palestinos

• “Muerte lenta” en Gaza: Israel permitió solo entrada de 41% de ayuda

Israel impedirá a 37 ONG operar en Gaza y Cisjordania a partir de enero | HISPANTV

Lo hicieron en un comunicado conjunto en el que atestiguaron que a pesar de que las autoridades de Israel afirman que “no existe ningún límite a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza”, la realidad es que “la mayoría de las principales ONG internacionales no han podido entregar ni un solo camión con suministros vitales desde el 2 de marzo”.

En ese sentido, expusieron que las autoridades israelíes “han rechazado las solicitudes de decenas de ONG para introducir artículos esenciales” (más de 60 sólo en julio) pretextando que estas entidades “no están autoridades para entregar ayuda”.

El presidente y director ejecutivo de Anera (una de las organizaciones firmantes del comunicado), Sean Carroll, explicó que esta entidad “tiene preparados más de siete millones de dólares en suministros vitales para entrar en Gaza -incluidas 744 toneladas de arroz, suficientes para seis millones de comida- bloqueados en Ashdod, a sólo unos kilómetros de distancia”.

Este “bloqueo” de la ayuda humanitaria, continuaron las ONG firmantes del texto, “ha dejado varados millones de dólares en alimentos, medicinas, agua y artículos de refugio en almacenes de Jordania y Egipto, mientras la población pasa hambre”.

Estas entidades subrayaron que “han trabajado en Gaza durante décadas, cuentan con la confianza de las comunidades y tienen experiencia en distribuirla de forma segura”, por lo que “su exclusión ha dejado a hospitales sin suministros básicos y ha provocado que niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores mueran de hambre y enfermedades prevenibles”, a lo que se añade que “las propias personas trabajadoras humanitarias acuden a su labor con hambre”.

Recordaron que ya advirtieron en su momento de que las normas de registro para ONG internacionales que Israel aprobó en marzo tenían como objetivo “controlar a las organizaciones internacionales, silenciar su labor de incidencia y censurar los informes humanitarios”, lo que resulta “incompatible con el derecho internacional vigente”, ya que “refuerza el control y la anexión por parte de Israel del Territorio Palestino Ocupado”.

La directora de país de CARE (otra de las ONG firmantes), Jolien Veldwijk, apuntó que “desde que se impuso el asedio total el 2 de marzo, CARE no ha podido introducir ninguno de nuestros suministros valorados en 1,5 millones de dólares que ya estaban preposicionados para Gaza” y recalcó que “nuestro mandato es salvar vidas, pero debido a las restricciones de registro, la población civil se queda sin la comida, medicinas y protección que necesita con urgencia”.

En la misma línea, la responsable de políticas de Oxfam (también firmante del comunicado), Bushra Khalidi, manifestó que esta entidad “tiene mercancías por valor de más de 2,5 millones de dólares que Israel ha rechazado para entrar en Gaza, especialmente artículos de agua, saneamiento e higiene, así como alimentos” y observó que “este proceso de registro lanza un mensaje a las ONG internacionales de que su capacidad de operar puede depender de sacrificar su independencia y su capacidad para alzar la voz”.

Ante esta situación, las ONG reclamaron a la comunidad internacional “presionar a Israel para que pongan fin a la instrumentalización de la ayuda, incluida la obstrucción burocrática como los procedimientos de registro para ONG internacionales”; “insistir en que no se obligue a las ONG internacionales a compartir información personal sensible” ni a “poner en riesgo la seguridad o independencia del personal como condición para entregar ayuda”; y “exigir la apertura inmediata e incondicional de todos los pasos fronterizos y las condiciones necesarias para la entrada de ayuda humanitaria vital”.

Entre las entidades firmantes del comunicado se encuentran Anora, CARE, Oxfam, Médicos sin Fronteras, Cáritas, Plan Internacional, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, HelpAge International, la Coordinadora de ONG, Médicos del Mundo y Save the Children.

“Esta mañana, hacia las 11.00 horas (hora local), un misil impactó contra un edificio en la franja de Gaza en el que se encontraba una oficina de Médicos del Mundo, perfectamente identificada y registrada ante las autoridades militares israelíes”, dijo la organización en un comunicado.

La oficina de la organización se encontraba vacía por ser festivo y ningún miembro del equipo resultó herido, pero en el bombardeo, según Médicos del Mundo, murieron cuatro niños, un adolescente y tres adultos, que se encontraban en la última planta del edificio, que fue la que recibió el impacto del misil.

La ubicación de la oficina era conocida por el ejército israelí

“Este ataque representa una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, que protege tanto a la población civil como a las organizaciones humanitarias que operan en contextos de conflicto”, denunció la organización.

La ubicación de la oficina, en Deir el Balah, en el centro de Gaza, era conocida por el ejército israelí, que había declarado la zona como “protegido de ataques militares israelíes según los acuerdos de coordinación humanitaria”.

“Sin embargo, como sucedió en ocasiones anteriores con ataques israelíes, el equipo de la organización no recibió ningún aviso previo que permitiera evacuar el edificio o tomar medidas de protección para posibles ocupantes”, criticó Médicos del Mundo.

Esta zona había permanecido “relativamente fuera de los bombardeos y zonas de destrucción en Gaza” por albergar numerosas oficinas de ONG, pero ahora acoge a desplazados del norte de la Franja y de Jan Yunis en el sur.

Tras el ataque de milicianos gazatíes encabezados por Hamas contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Israel emprendió una represalia militar sobre Gaza que se ha cobrado la vida de casi 55.000 personas, según el recuento de Sanidad.

En ese diálogo, los periodistas recordaban al agregado norteamericano que su ayuda permitía a la gran potencia hacer un relevamiento de todos los recursos naturales y humanos que le interesaban a este país, ejerciendo una tutela política y económica sobre aquellos Estados que recibían «ayuda norteamericana». No les faltaba razón, porque ese «agregado de agricultura» no era otro que Dan Mitrione, espía y asesor de las Fuerzas Armadas uruguayas en materia de represión política, laboral y estudiantil, y formador de torturadores en la tristemente célebre Escuela de las Américas.

El caso de la directora de la ONG Road to Relief, Emma Igual, que habría fallecido este mes cuando el vehículo en el que se desplazaba recibió el impacto de un proyectil ruso cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, presenta todas las características de una historia oficial, por un lado, y otra paralela, por otro. En el ataque también falleció el voluntario canadiense Anthony ‘Tonko’ Ihnat.

La información disponible, publicada al unísono y casi mediante un «copia y pega» en toda la prensa generalista desde las primeras horas, recoge la vida de una persona que lo habría dejado todo por el bien de la humanidad, y que con su temprana edad era alguien muy vivido, pues tuvo un intenso periplo académico y laboral en el mundo de la cooperación. Pero la pregunta clave es ¿qué hacía una cooperante española tomando parte activa en un «rescate» de al menos «500 niños y niñas» (según la ONG) para ser evacuados a países europeos (excepto Rusia y Bielorrusia) en la ciudad de Artyomovsk, bajo control ruso desde mayo y sometida a las bombas de racimo ucranianas?

Road to Relief es en apariencia una ONG registrada en Francia y en Ucrania desde 2022, de nueva creación. No hay constancia de dónde sale el dinero que financia los viajes y los sueldos, y su web es una plantilla cutre ofrecida por el portal Wix. Tampoco en los registros públicos franceses aparece ninguna referencia a sus cuentas ni a su presupuesto, pero dice que tiene entre 2 y 20 empleados.

Emma Igual, emma-igual, aparece en su perfil de Linkedin como protagonista de una prolífica carrera e incluso con los honores de haber sido entre sus 18 y 21 años «coordinadora general» de Amnistía Internacional, algo que no ha sido confirmado hasta el momento por el organismo ni hay referencia alguna.

Pero uno de los detalles más inquietantes de su currículum es haber trabajado de manera coincidente a su desempeño en esta ONG, y hasta su muerte, en el Lausanne Business Solutions (LBS), una consultoría política que integra en su staff a altos cargos militares norteamericanos, psiquiatras de universidades de ese país y analistas y desarrolladores de Inteligencia Artificial.

Esta agencia, fundada en 1986 como Instituto de Lausana, tiene entre sus clientes al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Guardia Nacional, a los Marines o a las farmacéuticas Pfizer o Astrazeneca. En el mundo de la inteligencia, es lo que se llama «empresa pantalla», creada por una agencia estatal a la que recurre el gobierno de un país, en este caso Estados Unidos, para hacer las tareas que directamente no puede hacer.

¿Qué labores desempeñaba Emma Igual en esta «consultora estratégica» que tenía esta rimbombante clientela? Si Emma Igual era una cooperante o una espía podremos confirmarlo en función de la relevancia que adquieran las declaraciones públicas de los cargos políticos españoles y extranjeros, pero ya la descripción de sus funciones en esta empresa puede ayudarnos a despejar la incógnita: «consultora de localización«, que significa para el sector empresarial el agente sobre el terreno que hace un diagnóstico y una evaluación de la prosperabilidad de un proyecto.

Pero lo cierto es que la muerte de esta cooperante y la supuesta ONG que dirigía, recuerda en pequeño a los inicios de la historia siria de los Cascos Blancos; algo que el ataque ruso ha frustrado, pues la ONG se ha esfumado del escenario público tras la muerte de su «fundadora».

La llegada de inmigrantes a España por mar casi se ha triplicado en el último año, de las 8.048 personas de 2016 a las 22.419 de 2017. Si se tienen en cuenta también las venidas por tierra, la cifra se duplica con respecto al año anterior y alcanza los 28.587 extranjeros. En este drama migratorio han fallecido o desaparecido en el mar casi 250 personas. Son las estimaciones del Balance Migratorio 2017 Frontera Sur, presentadas este lunes por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

La tendencia alcista es la peor desde 2006 —cuando se registraron 39.180 llegadas— y vaticina un 2018 que “va a ser terrible”, según ha valorado Rafael Lara, coordinador del Área de Solidaridad Internacional de la ONG. Es la conclusión a la que llega la asociación tras analizar el incremento sostenido en la venida de personas de la última década y desbordado por el elevado incremento que se ha producido en 2017. De hecho, de las 475 embarcaciones que arribaron a las costas españolas en 2016, se ha pasado a las 1.199 de este último año.

Por provincias, Cádiz lidera las llegadas por mar con 6.289 inmigrantes frente a los 1.543 personas de 2016, lo que supone un incremento del 300%. Le siguen Almería (5.523 frente a 2.231), Granada (3.960, en contraste con los 1.947) y Málaga (2.307 en 2017, frente a 778). También la provincia gaditana abanderó la llegada de embarcaciones con 405 pateras, en contraposición a las 148 de 2016. Con todos estos datos, Andalucía ha concentrado las venidas por tierra y mar con 18.090 migrantes. De todos los llegados, solo un 7,3% eran mujeres (1.634, 161 de ellas embarazadas). Además, el año ha estado marcado por el incremento del 66% en la venida de menores que, este 2017, ascienden al 13,3% del total.La mayor parte de los llegados este pasado año proceden de Marruecos, 5.498 personas. Le siguen 5.178 argelinos, 4.014 guineanos, 3.801 costamarfileños, 2.750 gambianos y 2.264 sirios. De hecho, si los datos se analizan por áreas geográficas, un 49% de los inmigrantes llegados a España proceden del África subahariana. Precisamente, estos ciudadanos encabezan los fallecimientos y desapariciones que se han producido. De los 99 cadáveres encontrados y los 150 desaparecidos en 2017, 217 eran de origen subsahariano, frente a los 32 de origen magrebí.

Esto se debe a que, “en su gran mayoría, nunca han visto el mar, no saben nadar y cualquier percance acaba en tragedia en esa gran fosa común que se ha convertido el Estrecho”, como ha valorado Lara. Lo cierto es que en las costas andaluzas se encontraron hasta 94 cadáveres, entre ellos, el del pequeño Samuel, localizado en una playa de Cádiz en enero de 2017. Le sigue Marruecos con 64 fallecidos y Ceuta y Melilla con 42. “Son los datos basados en nuestro seguimiento, no los reales de lo que está ocurriendo. La Organización Internacional de las Migraciones estima que, por cada fallecido, hay otros dos más desaparecidos por lo que la cifra podría triplicarse”, ha explicado el activista. La organización ya estimó que, en los últimos 20 años, hasta 6.000 personas han perdido la vida solo en la zona del Estrecho de Gibraltar.

Las cifras al alza en España contrastan con el descenso en la llegada de inmigrantes de Europa. Frente a los 506.248 recién venidos en 2016, este año han sido 197.800. Pese a ello, las entradas por el Mediterráneo Central quintuplican todavía las de la frontera sur española. En 2017, Italia lideró las venidas con 119.369, seguida de Grecia (35.052) y España. La disminución de los flujos europeos es una de las razones que, para la APDHA, explica la triplicación de la ruta sureña. “El descenso en un 60% de las entradas en Europa por el incremento en el control de Frotex, entre otras medidas, ha llevado a que muchas personas lo intenten por el Estrecho”, ha explicado Lara.

“Las medidas de contención de los flujos concertadas con los países de origen, la represión ejercida contra los migrantes y los mecanismos de cierre de fronteras de Europa no son capaces de frenar los movimientos de personas que en ocasiones llevan años sorteando países para alcanzar un lugar mejor donde vivir”, ha apuntado el coordinador de la ONG. De hecho, desde la entidad aportan más motivos para el incremento. Lara cree que el ascenso de 2017 está relacionado con “la situación de crisis económica, social y política que atraviesa Marruecos”, en referencia a las revueltas del Rif. El activista también apunta a que los acuerdos migratorios de España con Marruecos y Senegal ha llevado a mantener “el descenso de la llegada a Canarias [tan solo 434 este año] y que los subsaharianos lo intenten por el Estrecho”.

Por meses, fue noviembre el peor de 2017, con la llegada de 5.221 personas que contrastan con las 900 venidas en abril, el mes más bajo del año. Las altas cifras han dejado imágenes poco comunes, como la llegada de embarcaciones a la costa de El Puerto de Santa María, Conil de la Frontera o Chiclana, zonas gaditanas poco habituales de venidas. Otra de las consecuencias es que, además de las lanchas tipo toy o incluso las tablas de surf, “se han vuelto a ver pateras de madera, algo que hace más de diez años que no ocurría”, ha reconocido Ana Rosado, responsable de Migraciones de APDHA.

El crecimiento de los flujos también ha llevado a que de las 56 embarcaciones detectadas en las costas de Ceuta, 27 sean motos de agua. En total, Ceuta ha recibido 2.438 inmigrantes y 4.831 Melilla, mayoritariamente llegados por vía terrestre. “Sus fronteras [en referencia a estas dos ciudades autónomas] son un campo de experimentación de las políticas represivas europeas. Pagos oscuros a Marruecos, devoluciones en caliente, drones, concertinas o fosas: son espacios de arbitrariedad donde se incumplen los derechos humanos”, ha denunciado Lara.

Frente a ello, la APDHA ha reclamado un cambio en las políticas migratorias españolas ya que las actuales “solo ponen parches y provocan sufrimiento y muertes”, ha añadido el coordinador. En su lugar, la asociación reclama medidas acogedoras que cumplan los derechos humanos con establecimiento de vías seguras, el trato digno a inmigrantes y el fin de acciones como el internamiento de extranjeros en la cárcel de Archidona, vivido a finales de año.

“Este año indica que va a ser terrible si alguien no lo resuelve. Estamos viendo que, conforme se cierra la ruta centroeuropea, va a seguir creciendo la mediterránea”, ha vaticinado Lara en referencia a 2018. Y por si el aviso no resultase suficiente, el activista da una visión aún más a largo plazo: “La historia nos juzgará por la crueldad e inhumanidad que ejercen nuestros gobernantes y de la que son testigo nuestras fronteras”.