El martes 29 por la noche dos policías nacionales se presentaron en el domicilio de un compañero para entregarle una citación en la que le demandaban presentarse a la mañana siguiente en la Comisaría de las Delicias para declarar por un presunto delito de coacciones contra los representantes del fondo buitre que ha adquirido la titularidad de la propiedad de La Molinera, en relación con los hechos acontecidos el lunes 21 de marzo, cuando se produjo un desalojo irregular del espacio. El miércoles, el compañero se personó con la abogada y, acogiéndose a su derecho a no declarar en comisaría, fue sorprendentemente detenido y se le tomaron las huellas y datos. Tras ello, alrededor de una hora y media después de entrar, fue puesto en libertad y será llamado a declarar por los citados hechos ante el juez. Un segundo compañero ha pasado por similares trámites el jueves 31 de marzo, acusado de la comisión del mismo delito. Así son las cosas para los activistas de los movimientos sociales: la policía se persona en tu domicilio, no te citan en el juzgado, te obligan a ir a comisaría en el plazo de unas pocas horas (lo que dificulta presentarte con un abogado de confianza) y allí te detienen al acogerte a tu derecho a no declarar, te fichan y luego ya te pasan a disposición judicial, sin aportarte una copia de la denuncia. Dado lo anómalo del caso, cuanto menos podría imaginarse algún tipo de connivencia entre los especuladores y un sector del aparato policial, además de los archiconocidos ficheros de activistas que la Brigada de Información maneja.

¿Quiénes han denunciado sentirse coaccionados? Son los presuntos representantes de la empresa, que se identificaron allí mismo el 21 de marzo, ante los numerosos medios de comunicación, como “brokers”, y que abandonaron el inmueble voluntariamente por su propio pie al señalarles de manera cortés que estaban en un domicilio particular en contra la voluntad expresa de su residente, y que habían formado parte de un desalojo irregular, no comunicado a los ocupantes del edificio y ejecutado por la Secretaría Judicial y la Policía Municipal.

Nos parece oportuno explicar algo más sobre la empresa que sobrevuela La Molinera, Kelona Invest S. L., a la que calificamos de “fondo buitre”. Kelona fue constituida hace 5 años. El “objeto social” de Kelona (esto es, la actividad que desarrolla) es la adquisición, tenencia y explotación de bienes inmuebles, siendo su función principal la promoción y compraventa inmobiliaria.

Las últimas cuentas accesibles de esta empresa son las del año 2019; para entonces, contaba con unos activos corrientes superiores a 54 millones de euros (se trata de la cantidad que la entidad puede convertir en dinero líquido en 12 meses).

¿Quién está detrás de esta empresa? Aunque sometida a un constante baile de cargos, por lo que es complicado hacer una foto fija de sus representantes, no es necesario hacer una gran investigación para entender que forma parte de un entramado empresarial, al estilo “muñecas rusas”, con sociedades que tienen un propósito limitado y unas funciones muy acotadas. Las mismas personas aparecen en cientos de empresas, ejerciendo cargos distintos, durante unos meses o unos pocos años. Como si de un tumor maligno se tratase, estas empresas se dividen, aumentan, mutan, se diseminan y van extendiéndose sin control, poniendo en riesgo a la sociedad. Veamos algunos nombres que aparecen como administradores:

* Antonio Rodríguez de Santos, quien según el Boletín Oficial del Registro Mercantil ha participado o participa en 600 empresas distintas; https://www.empresia.es/persona/rodriguez-de-santos-antonio/

* Fabio Marcello Barbagallo Cibrian, con unas 400 empresas asociadas: https://www.empresia.es/persona/barbagallo-cibrian-fabio-marcello/

* Belén Garrigues Calderón, con más de 1.000 empresas asociadas: https://www.empresia.es/persona/garrigues-calderon-belen/

Puede hacerse similar ejercicio a través de este enlace con el resto de sus socios: https://www.empresia.es/empresa/kelona-invest/

Pese a ser “empresarios de éxito”, a juzgar por sus “muchos negocios”, apenas hay disponible información en internet sobre estos personajes, más allá de su relación con estas sociedades dedicadas a la especulación inmobiliaria.

Su sede está, según la fuente consultada, en la Calle Albacete de Madrid o bien en la Calle Príncipe de Vergara en el lujoso distrito de Salamanca, compartiendo domicilio con decenas de empresas de similar naturaleza, entre las cuales destaca la que es matriz de todas ellas: HipoGes Iberia, que factura ya más de 30.000 millones de euros, lo que supone, por ejemplo, seis veces más que el total del presupuesto destinado a Sanidad en Castilla y León en 2022. HipoGes Iberia, como el ave rapaz, sabe bien dónde encontrar sustento: nació en 2008, al calor de la crisis, y opera en los estados del arco mediterráneo, los más afectados por esta: España, Portugal, Italia y Grecia; desde entonces no ha dejado de extender sus tentáculos para rentabilizar activos tóxicos. ¿Y quién la constituyó? Pues ni más ni menos que antiguos ejecutivos de Lehman Brothers, listos para sacar rédito de la gestión de la misma ruina que ellos habían provocado. De HipoGes ya es mucho más fácil obtener noticias: a parte de la propaganda financiera, su nombre y el de sus filiales aparece casi siempre asociado con desahucios. Sus principales clientes: el Banco Santander, el SAREB, J. P. Morgan, etc. Por su parte, la propia HipoGes Iberia está relacionada con otros fondos internacionales de inversión mucho mayores.

Así que los campeones de la coacción, quienes trabajan como carroñeros para acumular propiedades, activos y masa monetaria, quienes tienen infinidad de recursos económicos y legales a su disposición, quienes pueden moverse como pez en el agua por todo un entramado institucional y jurídico que favorece sus actividades ilícitas, nos vienen acusando de coacción. Pero el emperador está desnudo. Todo el mundo sabe que la economía criminal campa a sus anchas y liquida progresivamente nuestros derechos, acceso a la vivienda, los servicios públicos y nuestra calidad de vida. Hay quienes no se atreven a plantar cara, quienes se resignan, quienes dicen no saber cómo o qué hacer frente a estas dinámicas que nos van arrinconando. Nosotras y nosotros estamos dispuestos a poner toda nuestra inteligencia, tiempo, recursos y cuerpos para dar esta batalla hasta el final. Ya no se trata solamente de evitar que un patrimonio comunal -como lo es La Molinera para la ciudad de Valladolid, para sus jóvenes y sus movimientos sociales- pase a convertirse nuevamente en objeto de especulación. Es una batalla por la simple y pura dignidad, por principios, por la defensa de la soberanía de nuestra ciudad frente a quienes le venden el país al Gran Capital, nacional o extranjero.

Así que esto es lo que hay. Por un lado, un entramado empresarial con cientos de sociedades dedicadas a la rapiña especulativa; por el otro, vecinos y vecinas de Valladolid comprometidos y comprometidas con los barrios de su ciudad que pretenden de una vez por todas que la ley esté supeditada a la justicia social y no al poder económico. Y en medio, un Bien de Interés Cultural abandonado por las instituciones.