La Fiscalía ha pedido este miércoles en el Tribunal Supremo que se amplíe la condena a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres al considerarlos “el motor” de los delitos cometidos en el caso Nóos y “los instigadores de la corrupción” que la Audiencia de Palma dio por probada. La fiscal María Ángeles Garrido ha sido la primera en tomar la palabra en la vista pública celebrada hoy en el Supremo para revisar los recursos contra la resolución del tribunal balear, que condenó a seis años y tres meses de cárcel al marido de la infanta Cristina por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y varios delitos fiscales por la organización de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006. Su socio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, fue condenado a ocho años y medio de prisión por delitos similares, mientras que el expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, fue condenado a tres años de prisión.

La Fiscalía ha defendido su recurso con una exposición muy técnica en la que ha solicitado que se amplíe a Urdangarin la pena a diez años de prisión y a Torres, a 12 años y cuatro meses. La representante del ministerio público considera que debe aplicarse a ambos el subtipo agravado de malversación y que esta se cometió de forma continuada. Garrido ha argumentado asimismo la existencia del delito de prevaricación y ha reclamado que se haga un nuevo cálculo del daño patrimonial causado a las arcas públicas aplicando para ellos la jurisprudencia del Supremo fijada con la sentencia dictada en 1992 en el caso del aceite de colza. «En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad», ha afirmado la fiscal.

El ministerio público ha pedido también que se condene a los cuatro acusados de la trama valenciana de Nóos que resultaron absueltos. La acusación pública ve delitos en la adjudicación de tres ediciones de los foros Valencia Summit por 3,6 millones de euros entre 2004 y 2006. “Son hechos paralelos (a los cometidos en Baleares) y su estrategia también.  Los acusados se dirigieron a las autoridades de la Comunidad y operaron igual”, ha afirmado la fiscal.

El abogado de Urdangarin ha pedido la absolución de los siete delitos de los que se le acusó al considerar que solo actuó como mediador. El abogado Mario Pascual Vives se ha quejado de la “falta de concreción” de la cuota tributaria que se debe imputar a Urdangarin porque, asegura, a lo largo de la instrucción ha habido un baile de cifras entre 177.00 y 129.000 euros, cantidad que finalmente fijó la sentencia y que está solo 9.000 euros por encima del límite que se considera delito. “A día de hoy Iñaki Urdangarin no sabe qué cantidad debería abonar para que la Agencia Tributaria y cualquier tribunal no le quiera condenar a una pena por delito fiscal”, ha afirmado el abogado, que también ha rechazado que existiera tráfico de influencias.

La defensa del exduque de Palma ha rechazado también que cometiera tráfico de influencias, un delito del que solo le acusa el pseudosidicato Manos Limpias. En cualquier caso, ha afirmado el abogado, si hubo alguna influencia de la Causa Real con el Gobierno balear sería impune “por atípica”, ha afirmado el abogado. Respecto al delito de malversación, el letrado de Urdangarin ha negado su existencia y se ha preguntado por qué lo que no se consideró delito en Valencia sí se considera en Baleares.

La defensa del marido de la infanta rechaza también que cometiera falsedad en documento porque, asegura, los acuerdos que hay en la causa fueron reales y los trabajos los que se refieren se ejecutaron. “Pido con todo respecto a este tribunal, fíjense qué temeridad, un nueva sentencia que absuelva a Iñaki Urdangarin porque a día de hoy ya viene condenado por determinadas parte de la sociedad y determinados medios de comunicación”, ha concluido el abogado su exposición.

La sala ha revisado también los recursos presentados por la defensa de Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, condenada como partícipe a título lucrativo, el mismo delito del que se absolvió a la infanta. El abogado de ambos ha pedido la nulidad de la sentencia porque, afirma, hay “múltiples” resoluciones del Supremo que crean jurisprudencia que avala la inocencia de Torres y Tejeiro. La defensa del expresidente balear Jaume Matas también ha pedido la absolución.

Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, que han formado la sala que ha revisado los recursos, tomará una decisión en las próximas semanas y dictará a sentencia firme sobre el caso Nóos, de la que dependerá que Urdangarin ingrese o no en prisión.

• El Supremo revisará el 21 de marzo la condena de Urdangarin por el caso Nóos
• Cronología del Caso Nóos

Iñaki Urdangarin ha presentado su último alegato ante el Tribunal Supremo antes de que éste dicte la sentencia definitiva sobre el caso Nóos. El marido de la Infanta Cristina pide de nuevo su absolución y sostiene ante el Alto Tribunal que jamás «presionó» a los funcionarios públicos para que le adjudicaran contratos millonarios. Conforme a lo sostenido en su escrito, él se limitó a «invitarles» o a «sugerirles» la contratación del Instituto sin ánimo de lucro que presidía.

El ex duque de Palma responde de esta forma al último dictamen presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, desvelado por EL MUNDO, en el que solicita su ingreso en prisión por haber utilizado su «privilegiada condición familiar» para torcer la voluntad del ex presidente balear Jaume Matas y de sus cargos públicos.

Según el Ministerio Público, Urdangarin utilizó su «superioridad por vínculos matrimoniales» para «ejercer presión sobre quienes podían decidir la contratación del Instituto Nóos«. Recurriendo de esta forma al «camino más corto», a una «vía indirecta y espuria» que constituía un «acceso torticero» a la contratación pública. Por todo ello, solicita que el ex duque de Palma sea condenado a 10 años de cárcel frente a los seis años y tres meses que le impuso la Audiencia Provincial de Palma.

En este sentido, el marido de la Infanta Cristina sostiene que el Ministerio Público le está atribuyendo ahora un nuevo delito de forma irregular. «A pesar de que el Ministerio Fiscal nunca ha sostenido ni dirigido acusación por el supuesto delito de tráfico de influencias ahora pretende mantener, ex novo, tal acusación», precisa la defensa del ex duque de Palma, que subraya que la Fiscalía carece de «legitimación» para acusar a Urdangarin del referido tipo penal en este momento procesal.

«El vocablo influencia como parte integrante del tipo penal debe diferenciarse de aquellas conductas que puedan revestir una cierta sugerencia o invitación y que no suponen ni entrañan una verdadera y real presión psicológica hacia el funcionario», recalca su letrado Mario Pascual Vives. El abogado ya sostuvo hace meses que su cliente había desempeñado el rol de «amigable componedor sin conocimientos en materia administrativa».

De manera paralela, el ex duque de Palma considera acreditado que los dos foros que organizó en Mallorca a razón de más de un millón de euros de dinero público por edición «se hicieron a plena satisfacción» y que la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Balears que también le fue contratada «fue necesaria, conveniente, útil y su importe, correcto».

Estos y otros servicios para los que se recurrió a Nóos por parte de la Administración balear no entrañaban, siempre a juicio de Urdangarin, «comisión, mordida o regalía alguna, sino el correcto pago de unos servicios prestados y a prestar». Añade que no tuvo lugar «ningún perjuicio económico a la comunidad balear» ni tampoco a la valenciana, que contrató con Nóos los mismos foros.

En cuanto a los delitos fiscales por los que fue condenado, el ex duque de Palma insiste en que en ningún ejercicio se habría superado la cuota defraudada de 120.000 que marcan la comisión del delito. «No existe cuota tributaria superior al límite ni en el ejercicio fiscal 2007 ni en el de 2008». Por lo tanto, Urdangarin «debería ser absuelto de todos y cada uno de los delitos por los que ha sido inicialmente condenado: prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y sendos delitos fiscales».

Por el contrario, la Fiscalía considera que Urdangarin obtuvo un «beneficio ilegítimo» gracias a la «carta en blanco» que consiguió del Gobierno balear después de poner en marcha un «engranaje delictivo». Y añade que Urdangarin burló la ley siendo «consciente de la arbitrariedad» que le estaba beneficiando.

El Tribunal Supremo ha fijado una vista para próximo 21 de marzo para que todas las partes expongan sus argumentos. A partir de entonces, está previsto que el Alto Tribunal haga público en un plazo breve de tiempo la sentencia definitiva.