Estados Unidos está perdiendo una guerra que ya ha dejado seis veces más estadounidenses muertos de los que dejó la Guerra de Vietnam. 351.000 muertos por sobredosis de opiáceos desde 1999. A una velocidad de 115 muertos al día en 2016. Lo que es más grave, casi 80 de ellos por sobredosis de medicamentos legales con opiáceos para aliviar el dolor.

La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, famosa por sus espectaculares operaciones en todo el mundo contra los narcos, no ha sido capaz de frenar esta ola de muerte que sale directamente de sus farmacias, y no de avionetas ni barcos clandestinos cargados de droga.

Tenía los instrumentos para hacerlo, pero no lo hizo. Ahora, el Congreso, en una muestra de cooperación entre republicanos y democrátas poco habitual en el ambiente de  polarización política que vive EEUU, ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. Los congresistas denuncian además que la DEA está obstruyendo la investigación.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes abrió en mayo de 2017 la investigación y solicitó a la DEA información sobre el evidente abuso de la prescripción de analgésicos con opiáceos. Pero la DEA no contestó. Aun así, los congresistas analizaron la información pública de la base de datos de la agencia antidroga y las conclusiones eran claras. Por ejemplo, la cantidad de analgésicos con opiáceos recetados en una zona de Virginia Occidental –el Estado más golpeado por la epidemia– aumentó un 600% entre 2000 y 2008. ¿Qué estaba haciendo la DEA mientras tanto?, se preguntan los congresistas.

Ante la falta de respuestas de la DEA y con esta información “indignante” en la mano, el Comité del Congreso  decidió enviar una carta a la agencia el 13 de octubre –cinco meses después de las preguntas iniciales– con ocho nuevas cuestiones. “La información obtenida por el personal del Comité plantea preocupaciones que requieren la asistencia inmediata de la DEA”. La agencia antidroga no respondió a las preguntas de abril hasta un día antes de tener una audiencia en el comité ante los congresistas ese mismo mes de octubre.

“Voy a ser claro, mi paciencia se está agotando. La DEA está respondiendo con retraso, excusas y respuestas inadecuadas a nuestra solicitud de información. La gente está muriendo”, afirmó el presidente del Comité, el republicano Greg Walden, ante Neil Doherty, del departamento de control de usos fraudulentos de la DEA.

“¿Se va a comprometer usted hoy en nombre de la DEA a entregar pronto los documentos y la información que le hemos solicitado? ¿O tengo que emitir una citación? Porque estamos cansados de esperar”, añadió.

20,8 millones de pastillas para 3.000 personas

A la DEA no pareció asustarle la amenaza. En enero de 2018, la investigación siguió creciendo –sin la colaboración de la agencia–. Los congresistas descubrieron, por ejemplo, que en un periodo de 10 años, las farmacéuticas enviaron 20,8 millones de analgésicos a dos farmacias separadas por cuatro manzanas de distancia en un pueblo de Virginia Occidental de unos 3.000 habitantes.

Un mes después, los líderes del Comité (republicanos y demócratas) denunciaron en una rueda de prensa la “obstrucción continua” de la DEA y del Departamento de Justicia.

El Comité no desistió y siguió pidiendo información y documentos a la agencia antidroga, pero estos no llegaron hasta, de nuevo, justo un día antes de que  el director de la DEA, Robert Patterson, acudiese a una audiencia ante los congresistas este martes 20 de marzo.

Fue un evento tenso tras casi un año de desencuentros entre ambas instituciones. Patterson declaraba bajo juramento y tenía derecho a un abogado, pero acudió solo y lleno de respuestas vacías, de “no sé los detalles”, de “tendría que consultarlo”, de “entiendo” y de “estoy de acuerdo”.

Los congresistas le plantearon casos concretos. Casos en los que salían ingentes cantidades de opiáceos de pequeñas farmacias cuyos distribuidores habían incluso advertido a la DEA de pedidos sospechosos, pero “en estos casos específicos, voy a tener que consultarlo”, respondía Patterson.

Tras afirmar que una información del periódico  The Washington Post sobre la pasividad de la agencia era una “exageración”, el congresista republicano Joe Barton, del Tea Party, declaró: “Permítame expresarlo así, usted y sus ayudantes han obstaculizado a este Comité durante los últimos seis o siete meses. El presidente ha tenido que amenazar con una citación para conseguir determinados documentos y no los hemos conseguido hasta ayer. Y esto no es The Washington Post, señor, es su gente relacionándose con el Congreso”.

El papel de la DEA en el abuso de medicamentos

Al menos hasta abril de 2016, la DEA ha tenido un gran poder para controlar y regular la distribución de medicamentos con opiáceos. De acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas, la agencia emite licencias para los productores y distribuidores de medicamentos. También tiene el poder de revocar esas licencias si decide que no se está cumpliendo la ley. Es más, los receptores de la licencia deben asegurarse de que no se está haciendo un uso fraudulento de sus medicamentos. Además, la DEA tiene la autoridad de establecer cuotas anuales de producción de sustancias controladas.

Los congresistas se preguntan, entre otras cosas, por qué el número de opiáceos vendidos a farmacias, clínicas y hospitales  se multiplicó por cuatro entre 1999 y 2010 a pesar de que no hubo ningún aumento en el número de pacientes tratados por dolor durante este periodo de tiempo.

En contra de todas las cifras de muertes y sobredosis, tan fuertes que han reducido la esperanza de vida en Estados Unidos por segundo año consecutivo, el número de Órdenes de Suspensión Inmediata de licencias emitidas por la DEA no ha dejado de bajar:  de 65 en 2011 a solo seis en 2017. Algo por lo que la DEA no ha dado explicaciones hasta la fecha, señala el comité de investigación del Congreso.

El Congreso y sus contradicciones

A pesar de sus duras críticas a la DEA, el Congreso tiene parte de la culpa. En abril de 2016 aprobó una ley por unanimidad que  dificulta la capacidad de la agencia para denegar licencias a los distribuidores de medicamentos. De acuerdo con una investigación de The Washington Post, los promotores de esta ley recibieron dinero de los poderosos lobbies de las farmacéuticas. Además, las farmacéuticas están fichando a cada vez más miembros de la DEA que deciden pasarse al sector privado. Al menos 56 miembros de la DEA y del Departamento de Justicia han pasado a trabajar para la industria farmacéutica en los últimos años.

“La industria farmacéutica, los productores, mayoristas, distribuidores y las cadenas de farmacias tienen una influencia sobre el Congreso nunca vista”, denunció al periódico estadounidense Joseph T. Rannazzisi, exdirector de la división de la DEA responsable de regular la industria farmacéutica y expulsado en 2015 de la misma. “Conseguir que el Congreso aprobase esta ley para proteger sus intereses en el punto álgido de una epidemia de opiáceos me demuestra la influencia que tienen”, añadió.

De acuerdo con el actual director de la agencia, que asumió el cargo en octubre de 2017: “Las sobredosis de drogas son la causa principal entre las muertes no relacionadas con una enfermedad, superando a las muertes por accidentes de tráfico y por armas de fuego”.

Actualmente en EEUU, la adicción a opiáceos recetados es más común que cualquier otro uso de drogas ilegales, excepto la marihuana. De hecho, hay más adictos a medicamentos psicoterapéuticos que adictos a la cocaína, heroína y alucinógenos combinados.

No es de extrañar sabiendo lo que ha ocurrido en sitios como Kermit, un pequeño pueblo de 406 habitantes donde una de sus farmacias recibió 4,3 millones de dosis en un solo año. A una prescripción por minuto, según confesó posteriormente el dueño del establecimiento.