El Orgullo nació para defender la legitimidad del deseo homosexual. Hoy, una parte del discurso queer ha colonizado esa lucha: ha relegado el sexo, ha ocultado la opresión a las mujeres, ha diluido la orientación sexual y ha desdibujado la experiencia de lesbianas, gays y bisexuales.

Durante décadas, las personas homosexuales y bisexuales, mujeres y hombres, defendieron algo muy simple: que la homosexualidad es la atracción por personas del mismo sexo y que esa realidad no debía ser castigada, ocultada ni patologizada. La política LGB nació para proteger esa experiencia, para afirmar su legitimidad y para exigir que nadie tuviera que pedir permiso y perdón por desear a personas de su mismo sexo.

Sin embargo, una parte del discurso dominante en el Orgullo ha ido desplazando esa base. Hoy el foco ya no está tanto en la defensa de la orientación sexual como en un lenguaje de identidades, autodefiniciones y categorías cada vez más inestables. El sexo, que durante décadas fue central para comprender la opresión de las mujeres y la realidad de la homosexualidad, pasa a tratarse como una categoría incómoda, secundaria o directamente sospechosa. Desde una perspectiva LGB, ese giro no es liberador: es un retroceso político.

La orientación sexual no es una identidad de género. No es una performance, ni una preferencia estética, ni una etiqueta abierta a redefiniciones sucesivas. Es una orientación corporal y sexuada. Las lesbianas no se sienten atraídas por “identidades”; los gays no organizan su deseo en función de autodefiniciones subjetivas. La homosexualidad tiene que ver con el sexo, precisamente porque nombra la atracción por personas del mismo sexo. Si el sexo deja de importar, la homosexualidad pierde su anclaje político, jurídico y también su capacidad de ser nombrada con claridad.

Eso tiene consecuencias. En nombre de la inclusión, cada vez se presiona más para que gays y lesbianas justifiquen los límites de su deseo, como si la orientación sexual debiera someterse a una corrección moral permanente. Se acusa de transfobia a lesbianas que no quieren mantener relaciones con cuerpos masculinos o a homosexuales que se niegan a aceptar que el sexo es irrelevante para el deseo. Pero la orientación sexual no puede ser reeducada para adaptarse a una teoría. Durante demasiado tiempo a las personas homosexuales se nos dijo que nuestro deseo era inmaduro, egoísta, incompleto o corregible. Resulta inquietante ver reaparecer esa lógica, ahora revestida de lenguaje progresista.

Tampoco ayuda que bajo el paraguas «LGBTIQ+» se mezclen realidades muy distintas: orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. No se trata de negar derechos civiles a nadie, ni de promover hostilidad contra ningún colectivo. Se trata de señalar que no todo responde a la misma lógica política, ni plantea los mismos conflictos jurídicos, ni exige las mismas herramientas de análisis. La agenda de las personas homosexuales y bisexuales no puede disolverse sin más en una suma de causas heterogéneas cuyo único vínculo es un acrónimo cada vez más largo y más confuso.

El problema de fondo es también feminista. El género no es una esencia interior, sino un sistema de expectativas, jerarquías y estereotipos que históricamente ha servido para disciplinar a mujeres y a homosexuales. El feminismo no nació para celebrar la feminidad o la masculinidad como identidades, sino para cuestionar el poder que esas categorías ejercen sobre nuestras vidas. Por eso resulta difícil asumir como emancipadora una política que convierte el género en verdad íntima y lo blinda frente a cualquier crítica. Las lesbianas, precisamente porque han desobedecido el mandato de la centralidad masculina, saben bien que la liberación no pasa por reforzar los estereotipos con nuevos nombres, sino por desmontarlos.

También por eso conviene mirar con prudencia ciertos discursos sobre menores que no encajan en los roles de género. No toda incomodidad con la feminidad o la masculinidad es una identidad «trans»; a veces es, sencillamente, el modo en que una niña lesbiana o un chico gay atraviesan una adolescencia difícil en una sociedad que sigue castigando la disidencia sexual. Convertir automáticamente ese malestar en una cuestión de identidad de género puede empujar a algunos jóvenes homosexuales a interpretar su diferencia como un problema del cuerpo, y no como una confrontación con los estereotipos que pesan sobre él.

Nada de esto debería ser polémico dentro del Orgullo. Y, sin embargo, lo es. Decir que la homosexualidad se basa en el sexo, que las lesbianas existen como categoría política propia, o que el género es una jerarquía que debe ser abolida y no celebrada, se ha convertido en una provocación dentro de espacios que supuestamente nacieron para defender la libertad sexual. El resultado es paradójico: cuanto más se amplía el discurso del Orgullo, menos espacio parece quedar para nombrar con claridad la experiencia homosexual.

No se trata de volver al armario ni de enfrentar a unos colectivos con otros. Se trata de recuperar una agenda LGB nítida, capaz de defender la orientación sexual sin pedir permiso a la teoría queer, y capaz también de volver a situar en el centro la crítica feminista a los estereotipos, a la explotación sexual y a la mercantilización de los cuerpos. La homosexualidad no necesita deconstrucción. Necesita respeto político, claridad conceptual y libertad para existir sin ser redefinida desde fuera.

El artículo que ha censurado elDiario.es – El nuevo armario: permiso para ser homosexual en tiempos queer – El Común

RESPONSABILIDAD SANITARIA FRENTE A LAS LEYES YPROTOCOLOS DE ACTUACIÓN “TRANS”

Como personas del mundo sanitario y de la ciencia estamos preocupadas por los contenidos y posibles consecuencias de protocolos de actuación, leyes autonómicas y el proyecto de una Ley estatal “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI)”, pendiente de debate en las cortes generales del gobierno de la nación.

Queremos dejar constancia, ante las personas a las que estas leyes van dirigidas, autoridades sanitarias y políticas y opinión pública en general, de las siguientes consideraciones:

1.- Como profesionales con formación científica no podemos aceptar la pretensión de que el sexo en la especie humana es un “espectro”, en lugar de un hecho material constatable, no elegible, que se mantiene a lo largo de la vida. Tampoco podemos dar por válida la idea de cerebros sexuados.

2.- El género (femenino o masculino, expresión de los estereotipos asignados socioculturalmente a los sexos), no es sexo (mujer, hombre). Se pretende introducir la idea de una nueva naturaleza identitaria (identidad de género) predefinida, de carácter inmanente (como algo interno al ser y no el resultado de una acción exterior), haciendo prescindible el sexo biológico. Confundir, o incluso sustituir, el sexo por el género es una opción ideológica no científica, que deriva en errores diagnósticos y de tratamiento importantes, así como invalida datos en las estadísticas de salud y estudios científicos.

3.- Es preocupante el falseamiento de hechos biológicos y hallazgos científicos bajo la premisa de consideraciones ideológicas, e incluso el impedimento de la realización de debates académicos serios y estudios por profesionales acreditados. También la introducción de neologismos en el lenguaje médico como sustitución principalmente de la palabra mujer y de situaciones relacionadas con ellas (p.e. persona gestante, persona menstruante, persona con útero, persona sin próstata, orificio delantero en lugar de vagina, leche humana en lugar de leche materna, etc.).

4.- No se ha consultado la opinión de profesionales con experiencia en la atención sanitaria a personas con disforia o incongruencia de género para la elaboración de textos legislativos autonómicos y estatales y protocolos de actuación sanitarios.

5.- Se tergiversa el concepto “despatologizar”, pretendiendo liberar, por un lado, a quienes acuden a los servicios sanitarios del estigma de “la enfermedad”, al mismo tiempo que del “poder médico”; prohibiendo así la atención individualizada y meticulosa de la salud física y mental de las personas; evaluación que queda sustituida por la experiencia individual subjetiva y el autodiagnóstico.

6.- Esta experiencia subjetiva, al parecer con capacidad de autodeterminación, es convertida en un derecho absoluto que no necesita ser contrastado con la realidad, ni con otras experiencias. En este nuevo contexto es el deseo la única fuente de legitimidad de esta autodeterminación.

7.- En el proyecto de ley los profesionales están “bajo sospecha”, pues se prevé la presión a estos y la limitación en sus actuaciones diagnósticas y terapéuticas bajo la amenaza de multas y sanciones desmedidas, e incluso inhabilitación profesional, si cuestionan los deseos de los pacientes. Deseos que conllevan la utilización de tecnología biomédica a la carta, según las exigencias del sujeto, sin valorar si lo que desea es lo que necesita y aunque esto implique acciones médicas incluso perjudiciales, o que contravienen el principio de precaución de la medicina.

8.- De especial preocupación es la actitud clínica con menores de edad, permitiendo que, sin ningún tipo de evaluación a priori que descarte comorbilidades (espectro autista, trastornos alimentarios, depresión, etc.), historia de malos tratos o abusos sexuales, influencia de las redes sociales, homosexualidad no aceptada, etc., puedan iniciar la “transición de sexo”, sin tener en cuenta la falta de madurez suficiente para entender la magnitud que conlleva. Esta es presentada como una “solución milagrosa” a la inseguridad propia de la adolescencia, sin priorizar la consolidación de la identidad antes que la intervención de forma precipitada. Se está desestimando, además, sin ahondar en el estudio de las causas, la prevalencia altamente significativa y en crecimiento exponencial del sexo femenino en esta población.

9.- Es necesario advertir sobre el uso de los llamados bloqueadores hormonales en menores en pleno proceso de desarrollo; tratamiento totalmente experimental para esta situación clínica, con efectos secundarios graves e irreversibles y que marca el inicio de un camino de dependencia de por vida de hormonas y cirugías. Es de gran importancia tener en cuenta la experiencia de países como Suecia, Finlandia, Australia o Reino Unido, en donde, ante el daño constatado, se está rectificando y prohibiendo o limitando su uso indiscriminado y priorizando la atención psicológica y acompañamiento sanitario con enfoque socio afectivo.

10.- La obligación de un solo enfoque de atención: el “modelo transafirmativo de género” (basado en la autodeterminación), frente al modelo biopsicosocial, convierte a las personas que acuden a las consultas por cuestiones de identidad de género en unos ciudadanos singulares, pues sus problemas no serían asunto de los médicos, al menos desde el punto de vista de la relación médico-paciente, basada en la bioética y con control de calidad de la atención. Desaparecen la historia clínica, la exploración, el diagnóstico diferencial y el tratamiento consensuado y personalizado, recayendo eso sí, únicamente la responsabilidad del pronóstico en el profesional sanitario, pues sería éste el que asumiría cualquier reclamación posterior del paciente.

11.- Se está poniendo en riesgo la salud, no solo de muchos menores, sino también de las personas adultas transexuales, que van a ver disminuidas las garantías y calidad de su atención médica, al no tener en cuenta la falta de recursos especializados, listas de espera, etc.

12.- Queremos dejar constancia de la manipulación e instrumentalización que se está haciendo de las personas intersexuales, que no son personas transexuales, sino que presentan problemas biológicos asociados a mutaciones genéticas, algunas aún desconocidas; que pueden tener problemas de diferenciación cromosómica, gonadal, genital, hormonal, etc.; cuyas vivencias y necesidades asistenciales tienen tal complejidad que no han sido consideradas de forma disciplinar en estas leyes. Meterlas en el mismo saco del paraguas “trans” no resuelve sus necesidades de atención por equipos superespecializados.

13.- A pesar de la clara intención de negar su existencia por quienes promueven estas leyes, existe un aumento creciente de personas que destransicionan, consecuencia de la aplicación precipitada del modelo transafirmativo radical, especialmente ante caso con disforia de inicio súbito (cuyo número en mujeres muy jóvenes se ha multiplicado por 25 en menos de 10 años). El sistema sanitario en el momento actual no siempre protege a estas personas, a pesar de que en ocasiones pueden solicitar la destransición después de haber sufrido secuelas importantes físicas (p.e. extirpación de órganos sanos) y psicológicas.

14.- Queremos hacer una llamada de atención a aquellos medios de comunicación que, de manera poco responsable o en todo caso acríticamente, asumen y difunden noticias e informaciones procedentes del “lobby” ideológico. Este lobby sostiene el radicalismo trans-queer como algo progresista e incluso deseable, pero desconoce u obvia la realidad del sufrimiento al que está llevando a muchas personas con incongruencia de género, cuando no banalizando los efectos irreversibles de la medicación y de las cirugías que el proceso transexualizador requiere.

Los abajo firmantes, muchos de ellos, profesionales de la salud y con amplia experiencia en la atención a personas con conflictos de identidad de género, no podemos ser cómplices, ni profesional ni éticamente, de la falta de garantías de calidad actual y reclamamos que el Ministerio de Sanidad y nuestros colegios profesionales asuman su función de velar por la salud de la población y por la seguridad clínica y jurídica de sus profesionales ante la responsabilidad que estas Leyes LGTBI nos imponen.

Este comunicado podrá ser firmado por profesionales de la salud y la ciencia y por cualquier particular y organización que quiera apoyarlo.

“Como todos los años, el domingo 14 de abril, en el Memorial del Cementerio de Salamanca, realizaremos un homenaje a uno de los colectivos más olvidados de la represión franquista, a aquellas personas que por su condición sexual fueron duramente castigadas. Y como máximo representante de este colectivo recordaremos a Federico García Lorca”, avanzan los organizadores. ​

“Según el historiador Ian Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con éstos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Como homenaje hacia él, leeremos sus poemas”, añaden.

Además, en este acto, se hablará del Campo de Concentración de Tefía, en la isla de Fuerteventura, conocido también como Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía. «Allí fueron trasladados presos comunes, algunos políticos y, sobre todo, muchos homosexuales.
Por los testimonios de algunas de las personas que pasaron por ese calvario, y conociendo el paraje desértico en el que se ubicaba, nos podemos hacer una idea de la dura vida que les dieron. Hambre, palizas, calor insufrible y mucho frío en las noches. Los condenados realizaban trabajos forzados hasta caer rendidos, picando piedra para la construcción, cavando zanjas, sacando agua del pozo… vigilados por los duros palos de los guardianes que hacían de funcionarios y que eran en su mayoría excombatientes o retirados de las fuerzas armadas, auténticos carceleros provistos de látigos, fustas, palos,…
El Campo estaba dirigido por un ex-sacerdote castrense, quien decidía si los presos que le llegaban cumplirían la pena mínima de 1 año o la máxima de 3. La suerte de muchos (desgraciada suerte) fue que su condena no podía superar los 3 años de internamiento, pero al obtener la libertad de tan cruel reclusión se inicia la pena de destierro —mínima de 1 año y prorrogable a 5—, con una libertad sometida a vigilancia de delegados que les obligaban a vivir en otra isla o, al menos, en otra ciudad».

Finalmenet, se recordará la figura de Pedro Zerolo,  presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 1998 hasta 2003, a donde llegó desde la presidencia del colectivo LGTB de Madrid, Cogam. En ese tiempo fue el impulsor —nunca solo— de la ley de matrimonio  y la de adopción entre personas del mismo sexo que se aprobó en 2005

https://salamancartvaldia.es/not/206155/cementerio-acogera-homenaje-homosexuales-represaliados-nbsp/

Por decreto, redujo el salario mínimo, excluyó a la población LGBTIQ de las políticas de derechos humanos, y colocó las tierras indígenas al servicio de actividades comerciales.

Mucho hay que bucear en los archivos judiciales para encontrar una condena terrenal por ofender sentimientos religiosos, ese polémico delito heredado de la blasfemia perseguida por la dictadura franquista y que ahora resucita con fuerza en los tribunales. El último castigo le ha caído a un jornalero de Jaén en forma de multa de 480 euros, por difundir un montaje de su rostro con la corona de espinas de Jesucristo. Hace dos años fueron dos madrileños los sentenciados a seis meses de prisión por hacer sonar el Cara al Sol y el himno del PP durante una misa en Quijorna (Madrid). En ambos casos ni siquiera se celebró juicio y las defensas optaron por pactar con la fiscalía para no arriesgarse a una pena mayor. La penitencia que pedía el ministerio público para el trabajador andaluz, que está en paro, rebasaba los 2.000 euros.

“Es un tipo penal que está anclado en el pasado, que supone un retroceso de las libertades y que es perfectamente prescindible porque las conductas más graves están cubiertas por los delitos de odio”, sostiene Emilio Fernández, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sobre los artículos 523, 524 y 525 del Código Penal, que recogen multas y penas de hasta seis años de cárcel. Patricia Laurenzo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Málaga y experta en delitos de odio, coincide con la agrupación de fiscales: “En un Estado aconfesional no se justifica la existencia de un delito que proteja específicamente la religión, ya que hay delitos generales como el de coacciones o contra el honor que ya protegen la libertad religiosa”.

Por pasear el 1 de mayo de 2014 una gigantesca vulva engalanada con un majestuoso manto por las calles de Sevilla, tres feministas se sentarán próximamente en el banquillo afrontando cada una de ellas una multa de 3.000 euros. Su reivindicación de los derechos de las mujeres en el Día Internacional del Trabajo con una procesión satírica de la Hermandad del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación y la Precariedad es para la juez que las ha procesado un “escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María».

Las denuncias por supuestas ofensas a los sentimientos religiosos se han multiplicado en España desde 2012, cuando el cantante Javier Krahe y el humorista Leo Bassi fueron exculpados por sendos espectáculos en los que el primero cocinaba un cristo con mantequilla y hierbas aromáticas y el segundo consagraba preservativos. Se presentan solo en nombre de la fe católica, pese a que el delito castiga el escarnio público contra cualquier confesión o contra «quienes no profesan religión o creencia alguna». Y la inmensa mayoría las blanden dos únicas entidades ultracatólicas: el Centro Jurídico Tomás Moro y la Asociación de Abogados Cristianos.

“Se ha puesto de moda meterse con los católicos”, resume Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos, las razones por las que cree que han aumentado estas causas judiciales. Alega que los católicos “no se sienten protegidos en España” ni siquiera con la existencia en el Código Penal del delito de ofensas a los sentimientos religiosos, introducido en la legislación española en la primera mitad del siglo XIX para salvaguardar la fe católica como religión oficial del Estado.

Abogados Cristianos sostiene que hoy en día las resoluciones de los tribunales españoles “discriminan” a los católicos. La organización, que critica la legislación española porque «facilita las rupturas familiares», es «permisiva con el negocio del aborto» e «impone la ideología de género como doctrina oficial del Estado», alude a un estudio comparativo de sentencias que está elaborando para sostener que los jueces solo ven delitos de odio cuando afectan a otras religiones. “La Iglesia católica no es un grupo vulnerable y es difícil enmarcar estas denuncias en unos delitos de odio que están dirigidos a proteger a minorías en situaciones de vulnerabilidad”, explica la catedrática Patricia Laurenzo sobre las quejas de Abogados Cristianos.

La gran mayoría de los casos sonados de supuestas ofensas de sentimientos religiosos, ya sea por escarnio o por profanar lugares de culto, han acabado en archivo o absolución. Pero lo han hecho muchas veces después de un baile de archivos, reaperturas y revocaciones que ilustra el terreno movedizo en el que se asienta esta figura. Europa Laica ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado para que oriente a los representantes del ministerio público sobre “el alcance y contradicciones de la aplicación práctica de este tipo penal que está limitando gravemente la libertad de expresión” en España.

Esta asociación en defensa del laicismo también aboga por eliminar el delito. Arguye que su mera existencia da pie a denuncias de “asociaciones y sectores fundamentalistas y ultramontanos del catolicismo” que “son obtusamente interpretadas” y que acaban en “absurdas aunque costosas sentencias condenatorias” como la que acaba de recibir el jornalero en paro de Jaén.

Después de las imputaciones contra Javier Krahe y Leo Bassi, llegó en 2013 el caso del Bendito Condón, un vídeo contra el sida que mostraba a un cura con un preservativo en el momento de la consagración y por el que fue juzgado pero absuelto el secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía. En 2016 se exculpó, aunque en segunda instancia, a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por una protesta en la capilla de la Universidad Complutense y se archivaron las diligencias abiertas contra la poetisa Dolors Miquel por recitar un padrenuestro feminista.

Solo el año pasado se puso fin con un sonoro archivo a cuatro causas de impacto en distintos puntos de España. En A Coruña se sobreseyó la investigación al concejal de Culturas por un cartel ilustrado del Carnaval que representaba a un hombre con síntomas de embriaguez disfrazado de Papa. También se abrieron diligencias que luego se archivaron contra el artista Abel Azcona por componer en Navarra la palabra pederastia con 242 hostias; contra El Gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste en televisión sobre la cruz del Valle de los Caídos de Madrid; y contra la drag queen Sethlas por vestirse de Virgen y Cristo Crucificado en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a ritmo de Madonna y Lady Gaga.

La catedrática Patricia Laurenzo incide en que el Derecho Penal “no debe proteger sentimientos sino derechos”. “¿Quién decide si un sentimiento es afectado o no?”, se pregunta la profesora de la Universidad malagueña sobre la subjetividad de la materia y la posible influencia de las creencias religiosas de los jueces. “En algunos sectores hay falta de tolerancia”, concluye el fiscal Emilio Fernández desde la UPF. “Las manifestaciones críticas no deben ser criminalizadas aunque alguien pueda considerarlas de mal gusto o irrespetuosas”.

Con el desenfreno carnavalero recién sofocado, Abogados Cristianos ya ha decidido hacia donde dirigirá su próxima denuncia. “El pregón del Carnaval de Santiago de Compostela”, apunta Polonia Castellanos. El discurso satírico pronunciado hace unos días por el dramaturgo Carlos Santiago disfrazado de Apóstol Santiago es “blasfemo y sacrílego” a juicio de la Conferencia Episcopal. El Arzobispado compostelano ha convocado incluso una vigilia de oración en la Catedral para aliviar su disgusto.