El mismo comunicado señalaba que el número de prisioneros palestinos alcanzó «más de 9.600 prisioneros, incluidas 84 mujeres y unos 350 niños, que están detenidos en las prisiones de Megiddo y Ofer.»   El número de detenidos administrativos (sin cargos) alcanzó unas 3.532 personas, que es el porcentaje más alto en comparación con las categorías de presos condenados y detenidos, además de aquellos clasificados como «combatientes ilegales».

En este contexto, el número de detenidos clasificados bajo este nombre ha alcanzado los 1251, señalando que esta cifra no incluye a todos los detenidos en la Franja de Gaza retenidos en campos de las FDI.  Los datos indican que esta clasificación también incluye a detenidos árabes de Líbano y Siria (sin especificar su número), en medio de advertencias sobre derechos humanos sobre las repercusiones de su uso ampliado. El comunicado no mencionaba la clasificación del resto de los detenidos, que suelen ser hombres que no se clasifican como «detención administrativa».

Desde octubre de 2023, en conjunto con el genocidio en Gaza, Israel ha intensificado sus violaciones contra los presos palestinos que sufren tortura, hambruna y negligencia médica, lo que ha provocado el martirio de decenas de ellos, según organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos.

Diario Al-Quds Libération صحيفة القدس ليبراسيون 

Lo que revelan estos datos no es únicamente una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario israelí, sino la consolidación de una arquitectura represiva cada vez más extrema y desprovista de garantías jurídicas.

La masificación del encarcelamiento palestino —con miles de personas detenidas, incluidos menores, mujeres y más de tres mil en régimen de detención administrativa sin cargos ni juicio— no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como una respuesta puntual a un contexto de seguridad. Se trata, más bien, de un dispositivo estructural de control sobre una población definida como enemiga.

En este escenario, el avance de iniciativas en la Knéset para aplicar la pena de muerte a presos palestinos acusados de “terrorismo” adquiere un significado especialmente grave. No estamos ante un debate jurídico convencional, sino ante la posibilidad de que un sistema que ya opera con amplios márgenes de arbitrariedad —detenciones sin juicio, categorías legales ambiguas como “combatiente ilegal”, denuncias sistemáticas de tortura y negligencia médica— incorpore la eliminación física como herramienta legal.

La cuestión de fondo es inquietante: cuando un Estado puede encarcelar sin pruebas públicas, prolongar indefinidamente la detención, degradar las condiciones de vida hasta poner en riesgo la supervivencia, y al mismo tiempo se dota de mecanismos para ejecutar legalmente a determinados prisioneros, lo que emerge no es un sistema de justicia, sino un régimen de excepción permanente.

Diversas organizaciones de derechos humanos llevan tiempo advirtiéndolo: la prisión se ha convertido en un espacio donde la ley deja de funcionar como límite al poder y pasa a ser un instrumento de su expansión. En ese contexto, la pena de muerte no aparece como una medida extraordinaria, sino como la culminación lógica de un proceso de deshumanización progresiva.

Desde octubre de 2023, en paralelo a la devastación en Gaza, este endurecimiento ha sido especialmente visible. El aumento de muertes bajo custodia, las denuncias de hambre, tortura y abandono médico no son hechos aislados, sino síntomas de un modelo que castiga colectivamente a la población palestina más allá de cualquier principio de responsabilidad individual.

Lo que está en juego, por tanto, no es solo la situación de los presos, sino el tipo de orden político y moral que se está consolidando: uno en el que determinadas vidas pueden ser suspendidas, degradadas y, eventualmente, eliminadas bajo cobertura legal.

Presos y presas palestinas: Cárceles sin ley, condenas sin juicio y el giro hacia la pena de muerte en Israel

Así lo aseguraba a los cuatro vientos el gobierno con la aprobación de la ley, sin que nada haya cambiado en este tiempo. Doce meses después, el ejecutivo escogía el aniversario para aprobar el decreto que, según se vuelve a anunciar, ahora sí acabará con los problemas que supuestamente se iban a resolver hace un año.

Las especiales características de esta enfermedad neurodegenerativa para la que no hay por el momento curación, convierten el tiempo en un factor clave. La supervivencia media de los pacientes con ELA oscila entre dos y cuatro años, por lo que no es difícil deducir que el decreto aprobado ayer llega tarde. Especialmente para las cerca de 1.100 personas que han fallecido en este tiempo por la enfermedad, sin encontrar la cobertura real que supuestamente las garantizaba la aprobación de la ley.

Una ley que se hizo esperar y con la que se prometían recursos para garantizar los cuidados que necesitan los enfermos. Un año después, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguraba que a través de este decreto se garantiza que los enfermos más graves recibirán hasta 10.000 euros al mes para recibir los cuidados que necesitan 24 horas al día.

El texto aprobado contempla esta prestación mensual por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, que serán financiados a partes iguales por Gobierno y comunidades autónomas, para garantizar una atención especializada permanente a estas personas. Esa parte, la de la cofinanciación, está todavía por abordar con las administraciones autonómicas, con quienes se tratará este jueves en un consejo territorial, un día después de su publicación en el BOE.

El decreto, que todavía deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días, presenta dos grandes novedades. La primera es la dotación de 500 millones de euros adicionales al Sistema de Atención a la Dependencia, para poder abordar las necesidades pendientes de la Ley ELA.

La segunda novedad será la más decisiva y se trata de la creación del Grado III+ de dependencia extrema para el acceso a servicios especializados, que reconoce el derecho a cuidados intensivos, que integren tanto los aspectos sanitarios como sociales, atendiendo a la naturaleza, las expectativas de vida y el avance de la enfermedad.

Articular la atención a esa dependencia extrema será un reto para el sistema en el desigual mapa de la aplicación de la ley. El triunfalismo del Gobierno, dándolo ya por conseguido no es sino otra manifestación de su eficacia propagandística, tan alejada de la realidad.

Ley ELA: en la casilla de salida, un año después de su aprobación | Noticias La Tribuna de Ciudad Real

Sin embargo, la iniciativa, que contaba en ese entonces con el respaldo de grupos feministas y de la entonces ministra principal del país, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés (SNP), fue archivada por el Gobierno escocés a falta de apoyo general, informa este lunes The Times.

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De acuerdo con el diario británico, lo que habría llevado al SNP a abandonar la legislación habría sido la reorganización en sus filas, luego de que Sturgeon dimitiera de su cargo y como líder del partido en marzo pasado y Don fuera nombrada como ministra de la Infancia del entrante ministro principal, Humza Yousaf. Un portavoz del Gobierno escocés explicó a The Times que la decisión de Don de unirse a la nueva Administración dejó sin patrocinador al proyecto de ley. Por norma parlamentaria, los ministros escoceses no pueden promover proyectos de ley de los diputados. Además, «los ministros no tienen planes de legislar en esta área», indicó.

Pese a esta situación, Claire Mitchell, una reconocida defensora penal que dirige la campaña Brujas de Escocia, aseguró haber recibido el apoyo de todos los partidos políticos para revivir la legislación e informó que están comprometidos en encontrar un reemplazo a Don como impulsora.

Se estima que entre mediados del siglo XVI y el siglo VXIII, unas 4.000 escocesas acusadas de brujería fueron torturadas para obtener confesiones y ejecutadas en virtud de una ley que definía la brujería como un delito punible con la muerte, sin identificar específicamente qué constituía el delito. La caza de brujas en Escocia comenzó a tomar gran impulso a partir de 1590, hasta que en 1736, el Parlamento británico derogó tanto su ley de brujería como la escocesa.

Escocia archiva el proyecto de ley que proponía indultar a las mujeres ejecutadas por brujería – RT (esrt.press)

Cuando se acaban de cumplir once años de su aprobación, todos los expertos consultados coinciden en que la Ley de Igualdad está guardada en un cajón, oxidándose o acumulando polvo, y que no existen ni la voluntad política ni los fondos necesarios para aplicarla. Además, resulta difícil evaluar en qué ámbitos se ha avanzado debido a la ausencia total de análisis, valoraciones o incluso mera recogida de datos que permitan valorar la efectividad y el alcance de la ley. Ni siquiera hace un año, cuando la norma cumplió una década, el Gobierno aportó ninguna información o balance sobre su grado de cumplimiento.

Una ley positiva y necesaria

Los expertos consultados por Público coinciden en señalar que la Ley de Igualdad era una norma necesaria y que ha tenido efectos positivos en los ámbitos público y privado de la sociedad española. Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, “la ley aportaba muchos elementos novedosos, partía de un buen diagnóstico e introducía obligaciones a los poderes del Estado e incluso al sector privado”. En su opinión, “tantos los cambios producidos en los últimos años tanto en la cultura social o empresarial como los avances de la mujer en el espacio laboral, político e institucional tienen mucho que ver con esta ley”.

Su opinión es compartida por los expertos del ámbito académico, político y de la sociedad civil consultados por Público. Todos ellos coinciden, sin embargo, en afirmar que la Ley de Igualdad está lejos de aplicarse plenamente. ¿Por qué sucede esto?. Las razones son diversas, y van desde la falta de voluntad política a la inexistencia de un marco sancionador para los incumplimientos, la falta de financiación o la propia crisis económica.

Falta voluntad política

Aunque la Ley de Igualdad acaba de cumplir once años, la portavoz de Igualdad del grupo socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, considera que en realidad solo tiene un lustro. “A esos 11 años hay que restarle los seis de gobierno del PP, que han supuesto un estrangulamiento de todas las políticas públicas a favor de la igualdad. Y en cinco años no se cambian las prácticas y costumbres discriminatorias de siglos”.

«Para trabajar por la igualdad hace falta tomarse en serio la desigualad entre hombres y mujeres, cosa que al Gobierno actual no le importa en absoluto»

Álvarez resume así una falta de voluntad política que denuncian todos los expertos consultados. “Ha habido una dejación absoluta de la ley”, afirma con rotundidad Juana Gallego, directora del Observatorio para la Igualdad y codirectora del Máster de Género y Comunicación de la UAB. “Se ha dado por supuesto que la igualdad ya existe y por tanto parece que no hace falta seguir implementando, actualizando, vigilando la aplicación de la misma en todos los ámbitos: en la empresa, en la educación, en la política, en la economía…” El problema de fondo, según Gallego, es que “para trabajar por la igualdad hace falta tomarse en serio la desigualad entre hombres y mujeres, cosa que al Gobierno actual no le importa en absoluto. Es como si no existiera la ley. Nadie sabe ni recuerda ya lo que pone. Hace falta recuperarla, hacer un balance de lo hecho y tener voluntad política para implementarla”.

Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, coincide en el diagnóstico: “Hacienda funciona porque el sistema está informatizado, se cruzan los datos y enseguida saltan las alarmas. Si quisiésemos, también podría hacerse para la igualdad. Pero no hay voluntad política para esto”. Reyes pone como ejemplo las unidades de igualdad que deberían tener todos los ministerios. “Hemos hecho un montón de preguntas sobre esto. Están en la ley, pero no existen. No están en marcha. No están haciendo nada”.

«Es una ley que nace sin dinero”

La falta voluntad política en aplicar esta ley se  pone de manifiesto, entre otras cosas, con la ausencia de asignación presupuestaria. “Es una ley que nace sin dinero”, afirma taxativa la profesora de Ciencia Política Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. “La ley propone un cambio de todo el funcionamiento de las administraciones públicas para incorporar la perspectiva de género de manera transversal, y no tienes un duro ni siquiera para formación”. “Cualquier otra ley tiene fondos para ser aplicada: la de tráfico, la que prohíbe fumar en espacios públicos, las de Hacienda… ¿Por qué esta ley no los tiene?”, añade Nuño.

Saltarse la ley sale gratis

“Incumplir la leyes de igualdad sale gratis”, señala la profesora Laura Nuño. “Pareciera que el fin de las políticas públicas de igualdad fuera aprobar leyes, hacerse la foto y no implementarlas”.

Lo mismo opina Rosa San Segundo, directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III: “No es una ley que imponga, sino que su articulado dice que se hará, se podrá… en forma condicional. Todo lo que no manda, no se ha cumplido. Y lo que manda, tampoco se ha cumplido”. Para San Segundo, “lo que falla no es la ley, que podría haber sido más taxativa. Lo que falla es el sistema judicial. Habría que exigir que [el incumplimiento de esta ley] tuviera consecuencias en el sistema judicial”.

Begoña San José, del Fórum de Política Feminista, nos recuerda que el Consejo de Estado ya alertó sobre el carácter de ‘derecho blando’ que tenía esta norma al “recomendar, más que imponer, conductas”. Además cita el estudio publicado en 2011 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraba cómo los juzgados y tribunales no están aplicando la ley por sí misma, sino solo las 31 disposiciones adicionales que modifican leyes troncales como la de la Seguridad Social, la Ley Electoral o el Estatuto de los Trabajadores. Por último, la ley “no tiene un sistema eficaz de reclamaciones, ni por la vía judicial ni por la administrativa”, añade San José.

En definitiva, no se aplica…

“No es un real decreto o un reglamento. Es una ley orgánica. ¿Necesitamos una especie de policía en cada rincón para garantizar que realmente se cumpla?” Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, es uno de los expertos más críticos con la falta de aplicación de la Ley de Igualdad. “El principal problema de la ley, es que no se aplica”.

“En lo relativo a la universidad, se incumple todo. Ni los órganos son paritarios, ni los nombramientos son paritarios, ni hay un lenguaje inclusivo, ni los datos son desagregados…»

“La ley se incumple sistemáticamente y no pasa nada”, denuncia Rosa San Segundo. “En lo relativo a la universidad, se incumple todo. Ni los órganos son paritarios, ni los nombramientos son paritarios, ni hay un lenguaje inclusivo, ni los datos son desagregados… Hablo de la universidad, pero podríamos decir lo mismo de toda la administración”. “Y hablamos de una ley que es imprescindible, añade San Segundo, porque nos ha puesto en el horizonte la igualdad”.

¿Y si lo que la ley necesitase fuesen algunas mejoras para ser realmente efectiva? Laura Nuño, de la Universidad Rey Juan Carlos, responde a esta pregunta de manera gráfica: “Es como si me comprase un electrodoméstico y lo tuviera que cambiar antes de haberlo puesto en marcha. Lo primero que habría que hacer con la Ley de Igualdad es aplicarla, implementarla, y cuando esté en funcionamiento, ya veremos qué partes hay que mejorar”.

El Senado ha decidido trasladar a la Fiscalía una carta plagada de insultos remitida por el alcalde del PP en el municipio de Pajares de la Laguna y director de un colegio público en Salamanca, Juan Antonio Benito de Dios al presidente de la cámara alta, Pío García Escudero, al que acusa de ser “mamporrero de Compromís” en un intento de negarse a aplicar la Ley de Memoria Histórica en su municipio.

Según denuncia el PSOE, la impresentable carta, que tiene registro de salida en el Ayuntamiento de Pajares de la Laguna el pasado 28 de diciembre, podría ser considerada una macabra inocentada de no ser por que va firmada y sellada por el ahora denunciado, que reparte en su misiva insultos a diestro y siniestro con tal de no cambiar de nombre una calle franquista.

“Se reclama lo que se reclama en base a una Ley aberrante, abyecta ley que va contra el sentido común, cuyo fin claro es manipular la historia, enfrentar a la sociedad española, malgastar recursos públicos, la infame ley de memoria histórica (esa gran mascarada que más bien debería llamarse ley de Metira Histórica, o Ley de Memoria Histérica, o ley de Resentimiento Histórico, etc.) depuesta por un tal José Luis Rodríguez el Rojo, individuo indigente mental que padecimos como presidente del gobierno salido del humo de unas bombas de origen desconocido y que, tras más de siete años de mal gobierno, nos dejó una herencia de ruina absoluta y hambre generalizada (Él sí que disfruta de una buena pitanza)”, se despacha textualmente el alcalde salmantino.

Benito de Dios va más allá al dirigirse a su compañero de partido: “Como presidente del Senado se hace usted portavoz, más bien vocero, iría más lejos, mamporrero de un individuo que se dice representar a algo, que más bien pertenece a una pandilla de, salvo excepciones, vagos, maleantes, violentos y antisistema, delincuentes y matones, proterroristas y antidemócratas”, se despacha antes de cargar contra la ideología comunista.

Tras conocer la carta, el Secretario General del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos ha remitido una carta al Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, “en la que le informa del desprecio a la legalidad vigente y al Estado de Derecho cometido por el director del Colegio público San Mateo de Salamanca, y a la vez alcalde del municipio de Pajares de la Laguna, Juan Antonio Benito de Dios».

“Como la actitud pública de D. Juan Antonio Benito de Dios está absolutamente alejada de su obligación de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, te solicito formalmente que adoptes las decisiones que normativamente están establecidas para proceder al cese de esta persona, en el menor periodo de tiempo posible, como director del C.P. «San Mateo» de Salamanca”, reclama el socialista.

El líder de los socialistas salmantinos ha exigido también al Partido Popular que de manera inmediata aparte de la alcaldía en el municipio de Pajares de la Laguna al señor Juan Antonio Benito de Dios, mostrando su disconformidad y total rechazo al escrito firmado por el mencionado alcalde “porque en caso contrario podría dar la sensación de hacerse cómplice y corroborar las lamentables palabras del primer edil antes mencionado”.

“Si el PP quiere ser creíble”, ha añadido Pablos, “en relación a lo que ha manifestado y a sus últimas actuaciones en relación a la Ley de Memoria Histórica no puede consentir que esta alcalde, que ejerce su cargo en representación del Partido Popular, siga un minuto más como primer edil, y representante de los ciudadanos, en la localidad de Pajares de la Laguna”.

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