El activista Luis Ocampo ha presentado en el juzgado un recurso para solicitar la ejecución forzosa de la resolución judicial, que no se ha producido por un «error administrativo», apunta Jacinto Canales
Jenifer Santarén

El activista vallisoletano Luis Ocampo ha acusado a la Subdelegación del Gobierno de incumplir una sentencia dictada el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valladolid, que obligaba a esta administración restituirle el pago de una multa de 700 euros por desobediencia en aplicación de la Ley Mordaza. Los hechos que iniciaron la propuesta de sanción tuvieron lugar en mayo de 2022, durante una concentración por la situación de la Sanidad Pública en El Bierzo frente a la Consejería del ramo en Valladolid, cuando, según constaba en la denuncia, este desoyó las órdenes de un policía que lo emplazó a desalojar una acera.

La Subdelegación confirmó la infracción, tras declinar las alegaciones hechas por Ocampo, que aseguró que no fue identificado y que el agente no expresó tales órdenes. Por lo que elevó la reclamación al orden jurisdiccional, fallando finalmente el tribunal a su favor, pero seis meses después la multa no ha sido aún reembolsada.

Ante esta situación, el demandante ha cargado mediante un comunicado contra la Subdelegación del Gobierno, a la que ha acusado de entorpecer la ejecución de la resolución judicial. «Quiero denunciar públicamente su actitud, que supone, además de un maltrato a la ciudadanía, una falta de respeto a las resoluciones judiciales, incumpliendo o entorpeciendo la ejecución de estas cuando no son de su agrado», ha asegurado, tras hacer público que el pasado seis de noviembre solicitó al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia.

Según consta en este escrito, el fallo, contra el que no cabía recurso, adquirió firmeza en julio y en ese mismo mes la Subdelegación acordó la devolución del importe tras remitir Ocampo, un mes antes, un escrito con los datos económicos necesarios para la devolución del dinero. «Casi cinco meses después, tal devolución no ha sido efectuada, a pesar de las reiteradas demandas realizadas a ese organismo que representa al Gobierno central en la provincia de Valladolid», reitera el demandante, que ha calificado la situación de «choteo», después de que, «hace dos o tres meses», en respuesta a una «nota amistosa» reclamando la devolución del dinero, le contestaran que «estaban en ello».

«Los juzgados le han dado la razón y vamos a cumplir, como no puede ser de otra manera, con la resolución judicial y a proceder a la devolución del dinero», ha aclarado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha achacado el retraso en la devolución de la multa a «algún error administrativo» relativo a «un documento que no se había cumplimentado». Estas mismas explicaciones ya han sido trasladadas al juzgado, que el día siete de noviembre emitía un auto requiriendo a la Subdelegación que informara sobre el cumplimiento de la citada sentencia.

«Estamos en vías de cumplir la resolución y lamento que haya pasado todo este tiempo»
Jacinto Canales

«Estamos en vías de cumplir la resolución y lamento que haya pasado todo este tiempo. Los trámites no siempre van tan rápido como nos gustaría», ha afirmado Canales, que ha precisado que la petición de la devolución está realizada y está en manos de la Intervención General de la Administración del Estado, que tiene que autorizarla», ha detallado Canales, que ha querido pedir disculpas públicas al afectado, reconociendo que «ya tendrían que haber devuelto» ese dinero. Un reintegro que «no va a tardar mucho más en producirse».

Remontándose a los hechos que iniciaron este pleito con la Subdelegación, hace ya tres años y medio, Ocampo ha apuntado a que durante el transcurso de aquella movilización «por orden» de esta administración, las autoridades tuvieron «una actitud especialmente beligerante» hacia las personas que allí se manifestaban, llegando a ocupar con dos furgones policiales «un espacio previsto para la concentración». Señaló también que, a diferencia de otras ocasiones, tuvo que abonar la multa antes de que se resolviera el recurso contencioso-administrativo.

Sobre estas cuestiones el subdelegado ha negado tajantemente que los antidisturbios actuaran siguiendo directrices políticas. «No comparto en absoluto que la Subdelegación diera órdenes. Conozco el talante del anterior subdelegado y para nada va con su forma de ser, más bien todo lo contrario. Ni controlamos a los policías ni acostumbramos a darles órdenes sobre la actitud que tienen que tener con los manifestantes», ha defendido. En cuanto al pago anticipado de la sanción, ha aseverado que esta siempre se abona una vez se agota la vía administrativa, con independencia de que el afectado posteriormente decida elevar la queja a instancias judiciales si cree que se han vulnerado sus derechos, como ha sido este caso. «Para recurrir hay que haber sufragado la sanción administrativa, no hay ninguna excepción», concluía.

Denuncian el incumplimiento de una sentencia que obligó a la Subdelegación a devolver una multa de 700 euros | El Norte de Castilla

La norma, vigente desde su aprobación en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, acumula ya una década de aplicación sin que haya sido derogada ni modificada pese a las promesas electorales del PSOE y Sumar.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, registró en 2024 un fuerte repunte tanto en el número de sanciones como en la cantidad recaudada a través de esta norma represiva. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2024 se impusieron 327.761 multas, un 15 % más que en 2023, y la recaudación superó los 203,7 millones de euros, 29 millones más que el año anterior.

La norma, vigente desde su aprobación en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, acumula ya una década de aplicación sin que haya sido derogada o modificada. A lo largo de estos años se han tramitado en total 2,48 millones de sanciones, por un importe global cercano a los 1.493 millones de euros.

A lo largo de 2024, los cuerpos de seguridad aplicaron en promedio 898 multas por día, frente a las 780 diarias del año anterior.

El principal motivo de sanción sigue siendo el consumo o posesión de drogas en espacios públicos, no vinculadas al tráfico —representando el 73,2 % de los casos—. En 2024 estas infracciones supusieron 239.890 multas, por un valor de 155,7 millones de euros.

En cuanto a las sanciones directamente relacionadas con seguridad ciudadana (manifestaciones, desórdenes, incumplimiento de órdenes policiales, faltas de respeto), se tramitaron 54.456 expedientes, con un aumento del 10 % en su cuantía respecto al año anterior.  Entre los artículos más usados figuran el 37.04, por faltas de respeto leve a agentes (21.512 sanciones) y el artículo 36.06, por desobediencia o resistencia a la autoridad (18.693 multas)

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera con 107.797 sanciones, seguida de Madrid con 54.616. En esta última, la cuantía consolidada de sanciones se elevó hasta 33,9 millones de euros, superando ampliamente los registros del año previo.

Como dato significativo hay que indicar que, desde su entrada en vigor, El PSOE, en sus diferentes etapas de gobierno, ha sido responsable del 69 % de las sanciones acumuladas durante la década, según datos oficiales.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Valladolid ha dictado sentencia en el recurso contencioso administrativo 49/2025 en el que actuaba como recurrente Luis N. Ocampo Pereira y como demandada la Delegación del Gobierno en Valladolid.

En su sentencia, dictada a 5 de junio de 2025, don Óscar Luis Rojas de la Viuda, titular del citado juzgado, admite el recurso de Luis Ocampo y, por tanto, deja sin efecto la sanción económica impuesta de 700 euros a Luis Ocampo por la Delegación del Gobierno en Valladolid, y confirmada posteriormente en los diferentes recursos de alzada por la Subdirección General de Recursos Humanos y por la Dirección General de Política Interior; todas ellas, autoridades políticas.

Considero que este es uno de los principales problemas de este país: que las autoridades políticas actúan cada vez más no en función del bien común y de la mejora social, sino en función de la defensa de sus intereses corporativos, y para ello no dudan en utilizar cualquier herramienta posible, incluyendo a algunos sectores de las fuerzas policiales.

Esta sentencia, como otras, demuestra que dentro de las estructuras del Estado hay gente en disposición de actuar a favor de la verdad y la justicia. Ello es una gran esperanza para el necesario proceso profundo de mejora del entramado institucional.

Luis Ocampo, médico y militante comunero

Noticia recogida en Europa Press:

Anulada la sanción de 700 euros a Ocampo por una concentración por la sanidad pública en 2022 (europapress.es)

El juicio fue rápido. Declararon las testigos propuestas por el demandante contra la sanción económica a Luis Ocampo. A preguntas de la abogacía del Estado y del propio juez declararon que la Policía no había dado de forma verbal ninguna orden de no subir a la acera y/o acercarse a los muros de la Consejería, cuestión esta -la existencia de esa supuesta orden- en la que se basa la Subdelegación del Gobierno para imponer y sostener la sanción contra Luis Ocampo.

A pesar de diversos intentos por confundir a las testigos, estas fueron coherentes en el sentido anteriormente indicado.

El policía que impulsó la sanción no estuvo presente durante el juicio -parece ser que la nueva ley no lo exige- y al demandante Luis Ocampo no se le hizo pregunta alguna.

Desde nuestro punto de vista, creemos que con las declaraciones de las testigos y las conclusiones del abogado de Luis Ocampo, Erlantz Ibarrondo, quedó suficientemente claro el desarrollo de los hechos. La impresión de los asistentes al juicio fue positiva, pero habrá que esperar a ver qué dice la sentencia.

Agradecemos a todas las personas que han apoyado la concentración en solidaridad con el compañero, así como a las organizaciones que han enviado mensajes de apoyo durante los pasados días.

El próximo 15 de mayo a las 09:30 en los Juzgados de la C/ San José n.º 8 se celebrará un juicio contra mi persona en aplicación de la Ley Mordaza en una movilización en defensa de la Sanidad Pública. En los últimos 40 años he tenido que pasar en múltiples ocasiones por los Juzgados, siempre por denuncias de funcionarios policiales.

Desde los partidos y organizaciones políticas que se sitúan en la izquierda del Régimen del 78 se está manifestando una especial beligerancia contra aquellas personas que tienen la intención de abstenerse, beligerancia que raya con frecuencia con la criminalización política de esa posición. Muy nervios@s tienen que estar para ello. La abstención consciente y activa es una posición tan legítima como otras ante una convocatoria electoral; si cabe, en esta ocasión, es la más legítima.

Los sectores sociales que de alguna manera se pueden identificar con la trayectoria de la Coordinadora 25-S están vinculados claramente a la izquierda social, no hay ningún género de dudas sobre ello. La Coordinadora 25-S impulsó movilizaciones muy importantes como los Rodea el Congreso o contra la monarquía, exigiendo la puesta en marcha de un proceso constituyente, pero también salió a la calle en contra de la política de recortes del Partido Popular, empezando por la propia investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno en octubre de 2016, convocatoria a la que acudieron más de 50.000 personas en Madrid. Igualmente, la Coordinadora 25-S encabezó diversas luchas concretas, como la denuncia de la Ley Mordaza cuando empezó a debatirse en el Parlamento español en 2013; a pesar de que aquella manifestación no fue autorizada por la autoridad gubernativa, la llevamos adelante y en ella participaron unas 2.000 personas, aún a pesar de la presión policial que se dio durante su transcurso. Estos son solo algunos ejemplos.

Nadie en su sano juicio y con un mínimo de equilibrio en la interpretación de la realidad puede achacar a la Coordinadora 25-S falta de coherencia en la lucha por un auténtico sistema democrático. La cuestión es si en estas elecciones del 23J se juega algo sustancial, y sobre todo si alguna de las candidaturas que se presentan en Madrid son garantía de que se va a frenar esa derechización, que evidentemente se va a producir. La respuesta a este interrogante es clara: consideramos que ninguna de las fuerzas que se presentan a las elecciones del 23J en Madrid tiene una clara voluntad ni capacidad de frenar el proceso de involución social y democrático que se avecina.

El actual Gobierno, llamado de “Progreso”, ha implicado al Estado español en la guerra que la OTAN está desarrollando en Ucrania contra Rusia, y más allá de algunos pronunciamientos simbólicos no ha habido una mínima actitud coherente de oposición a esa guerra; por el contrario, se ha producido una progresiva y cada vez mayor implicación en ella, tal como se ha podido observar en la última cumbre de la OTAN en Vilna, donde se han tomado decisiones absolutamente alarmantes para la desestabilización de Europa y para el avance hacia la guerra en el continente. No podemos apoyar a organizaciones políticas que trabajan para el militarismo y la guerra.

En cuanto a lo que nos jugamos en estas elecciones, que no nos hagan trampa: gobierne quien gobierne a partir del 23J aplicará un programa absolutamente involucionista, que solamente podremos frenar con la lucha en la calle. La UE y la OTAN son quienes marcan las políticas de la mayor parte de los Estados europeos, incluyendo de una manera muy evidente al español. Hemos conocido el proyecto de presupuestos generales de Alemania y en él se recortan todos los capítulos (la Sanidad de una forma muy especial) excepto las partidas dedicadas a Defensa, de cara al apoyo a la guerra en Ucrania.

Por supuesto que Vox es un partido fascista, y por tanto extremadamente reaccionario. Pero no nos engañemos, no es el mayor peligro para los pueblos del Estado español, ni en particular para Madrid. Vox perdió apoyo electoral de forma muy significativa en las autonómicas madrileñas, y los sondeos de opinión apuntan a que esto sucederá también el 23J. El problema fundamental no es Vox, aunque Vox también sea un problema. El problema fundamental es la derechización creciente del Régimen del 78 y su subordinación a la política reaccionaria de la UE y la OTAN.

Desde la Coordinadora 25-S defendemos que la abstención es una forma totalmente legítima de expresarse ante las próximas elecciones generales del 23J. Las organizaciones políticas que se consideran progresistas o de izquierdas tienen que saber que quienes les han votado lo hicieron para que cumplieran con sus compromisos; sin embargo, ni se ha derogado la Ley Mordaza, ni se ha derogado la Ley 15/97, mediante la que se podrían haber frenado en seco los procesos privatizadores de la Sanidad Pública, ni ha habido una reforma seria de la Ley Laboral del PP (salarios de tramitación, indemnizaciones que existían antes, etc.). Cómo será la cosa que el propio Feijoó ha dicho que no la derogará, ya que es esencialmente la misma que la que puso en marcha Mariano Rajoy. La gente progresista, la gente de izquierdas, tiene todo su derecho a abstenerse como una forma de protesta ante el incumplimiento de los compromisos de los partidos políticos que han compuesto el actual Gobierno. Sería bueno que aprendieran que el “contrato social”, por llamarlo de alguna manera, no se acaba al día siguiente de las elecciones, sino que los compromisos están para cumplirlos durante la legislatura. Su desesperación les lleva a cometer cada vez más errores, incluyendo el de insultar a quienes se posicionan a favor de una abstención consciente y activa, agresión a la sociedad que no podemos consentir.

Lo que sí es de absoluta responsabilidad política es ir preparando ya la respuesta en la calle a esa derechización social, económica, cultural y política que se va a producir a partir del otoño.

Compartimos íntegramente los argumentos que se utilizan en esta declaración.

La lucha contra la derechización política y civil y contra los recortes sociales, así como contra el avance hacia la III Guerra Mundial de la mano de la OTAN, comienza ya el 24 de julio de 2023. Aquellas personas, organizaciones o colectivos que de verdad quieran participar en esa lucha están invitados a ello. Iremos concretando fechas para dar un impulso a ese proceso, que es el único que realmente puede derrotar a la derecha española y a imperialismo internacional.

-Izquierda Castellana –

21/07/2023

Todos los sondeos electorales, excepto los de Tezanos, actual responsable del CIS, dan una abultada ventaja al PP sobre el PSOE de Pedro Sánchez, tanto en votos como en escaños. El actual Presidente del Gobierno, con su soberbia habitual, dice que sus informaciones le dan como ganador a él, eso sí, sin mayoría absoluta (cuánta modestia).

Los resultados electorales son en lo esencial la consecuencia de cómo la sociedad valora la gestión que han hecho los partidos políticos en el periodo anterior a estas. Es, de alguna manera, un examen de cuya nota depende la configuración de las futuras políticas institucionales para la siguiente etapa. No parece extraño que el PP y en general el bloque de la derecha del Régimen gane las próximas elecciones, lo extraño sería que las ganaran las fuerzas políticas que se sitúan en el ala izquierda del Régimen. Y esto, simplemente, porque lo han hecho francamente mal.

En primer lugar, no han cumplido ninguno de sus compromisos electorales, comenzando por la derogación de la “Ley mordaza”, herramienta principal para el control y represión del movimiento popular, tan utilizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero aún más por el llamado “gobierno de progreso PSOE-UP”, especialmente durante la pandemia.

En segundo lugar, han aprobado leyes que en lo fundamental no sólo no han servido para resolver problemas, sino que los han empeorado, como la llamada Ley del «solo sí es sí» o a la Ley trans. En otras cuestiones, como la Reforma Laboral, han realizado pequeños cambios cosméticos que no afectan a ninguna de las cuestiones de fondo. Mención aparte se merece la traición relativa al cambio de posición con respecto al Sáhara, al que pretenden entregar de nuevo, aunque no lo conseguirán, al Reino de Marruecos.

Pero lo peor de todo es que el Gobierno de coalición PSOE-UP ha basado toda su gestión en la manipulación y la mentira sistemática al conjunto de la población, todo ello con el objetivo de alienar a la sociedad, intentando despojarla de los recursos útiles que pudieran generar un clima de crítica social basado en la racionalidad; como ejemplo, está todo lo relacionado con la pandemia, sobre la que fueron cambiando de criterio en giros copernicanos sin dar explicación alguna. En las primeras semanas de enero de 2020, cuando los portavoces del Gobierno decían que aquí no llegaría la pandemia y que de hacerlo no sería más que a través de unos cuantos casos aislados, cuando era evidente desde cualquier planteamiento medianamente científico que aquello era una aberración absoluta.

Paralelamente pusieron en marcha herramientas para impulsar todo tipo de sectarismos en el seno del pueblo trabajador, con el afán de fraccionarlo e intentar impedir la construcción de un proyecto cohesionado de resistencia. Aunque no lo consiguieron, hay que reconocer que hicieron daño, pero este es reversible y ya se esta revirtiendo, con cierta rapidez.

La continuidad de un Gobierno de Coalición como el actual, además con el incremento del protagonismo de un personaje tan nefasto como Yolanda Díaz, es lo peor que le podría pasar al pueblo trabajador castellano. Por eso, echar del Gobierno a la escoria política, intelectual y moral que actualmente lo ocupa será una muy buena noticia. Sabemos muy bien que el Gobierno que vendrá a sustituir al actual, compuesto por los partidos de la derecha del Régimen, no llevará adelante un programa mejor que el actual, sino todo lo contrario. Sin embargo, esa no es la cuestión en estas elecciones. Lo que está en cuestión es dar una lección a todos los partidos del Régimen monárquico actual; y la mejor manera de hacerlo es logrando la mayor abstención posible como expresión de ello. Como dato, recordemos que en las últimas elecciones generales griegas hubo un 48% de abstención. Ello demostrará la cada vez mayor desafección hacia el Régimen del 78 y los principales partidos que lo ocupan para su exclusivo beneficio. Esta es nuestra posición para nuestra tierra, Castilla, incluyendo por supuesto Madrid.

Parece ser que en Cataluña la ANC está valorando allí una posición similar, como elemento de rechazo a la política de incoherencias seguida por las fuerzas independentistas. Nos alegramos de esa posibilidad.

El portavoz de la OTAN en el Gobierno español, actual presidente de esa estructura, ha anunciado a bombo y platillo (se imaginará que le va a beneficiar electoralmente) que su primera actividad como presidente de turno de la UE va a ser la de hacer un viaje de pleitesía a Zelenski, en el que además está prevista una intervención en el Parlamento ucraniano, o lo que queda de él después de la ilegalización de la mayoría de las fuerzas políticas de la oposición. Expresará en ésta el compromiso renovado de su gobierno con la continuidad de esa guerra cada vez más peligrosa. Sánchez espera a través de esa actitud que el imperialismo y sus medios se vuelquen en apoyar su reelección. El imperialismo es criminal, pero no es tonto del todo, al menos de momento, y por ahora no necesitan a un nuevo Zelenski en la Península ibérica.

La industria occidental de armas, especialmente la americana, está obteniendo beneficios históricos. Lockheed Martin ha tenido una subida de más del 21% en sus acciones en lo que va de año, y el Nasdaq 100 ha tenido el mejor trimestre de su historia. Para esto, junto con otras muchas desgracias, es para lo que está sirviendo la guerra de la OTAN en Ucrania.

Echar al Gobierno de Pedro Sánchez y poner fin a la guerra son dos objetivos claros para el pueblo trabajador castellano. No más sangre y muertes para engrosar las ganancias de las multinacionales del armamento.

Izquierda Castellana

30/06/2023

Estamos sufriendo, sin lugar a dudas, a un Gobierno de trileros, cuya acción gubernamental tiene como principal finalidad dañar al conjunto de los intereses de las clases populares para mantenerse en el actual estatus, a través del que acceden a una auténtica vida de privilegios. Es el pago que reciben por servir al imperialismo y al capitalismo español. No solo en cuanto al disfrute de viviendas a cargo del erario público, tal como es el caso de la Ministra de Trabajo con derecho a uso de un piso en el centro de Madrid de más de 400 metros cuadrados a gastos pagados, cosa de la que también gozan otros ministros, sino en lo referente a viajes sin justificación alguna (ni previa ni posterior), a gastos de representación, así como al acomodo de toda una cohorte de personas a su servicio y de su entorno que igualmente se paga con fondos públicos.

Pero esto, siendo grave, no es lo peor de la cuestión. Lo peor es que a través de todo un entramado normativo y legislativo, hecho de forma exprés y hurtando a las cámaras parlamentarias y a la opinión pública la posibilidad de debatir sobre las leyes que se están aprobando últimamente, nos conducen hacia una reestructuración nefasta de la organización social. Ejemplos de ello son la Ley del Solo Sí es Sí, que ya ha beneficiado a 122 agresores sexuales, o la aprobación prácticamente a escondidas de la Ley Trans, durante cuyo proceso se impidió explícita y conscientemente la intervención de cualquier colectivo de expertos/as en el tema cuyas posiciones no estuvieran en sintonía con la línea gubernamental. Seguramente son muy conscientes que la argumentación para sacar adelante la ley es puramente metafísica, exenta de cualquier planteamiento racional. El impulso de la irracionalidad en la filosofía y en el método de pensamiento que se hace específicamente a través de la ley aludida, y al que hemos hecho referencia en diversos editoriales, constituye el primer paso para la imposición del fascismo en la práctica política; y ahí andan.

La Ley referida, que se vende con argumentos de buenismo, introduce también la irracionalidad en los comportamientos sociales. En ella se incluye todo un conjunto de medidas coercitivas previstas para aplicar contra quienes no compartan los conceptos y líneas de acción que se plantean en ella. Por primera vez desde los momentos iniciales del Régimen franquista, es el acusado/a quien tiene que demostrar que no ha incurrido en ningún ilícito, al contrario de lo que marcan los Códigos Penales habitualmente, donde es el acusador quien tiene que demostrar la culpabilidad del acusado. Esta cuestión es una aberración jurídica que recuerda a las prácticas de la Santa Inquisición. No creemos que la llamada Ley Trans -que perjudica en primer lugar a las propias personas trans- tenga demasiado recorrido, excepto en el plano represivo. El calentamiento social que desde ciertas terminales y redes se dirige a criminalizar a las organizaciones y colectivos que rechazamos la ley actual, por ser la expresión jurídica de la filosofía queer (y no de los derechos de la población trans), ya está en marcha y es un indicador significativo de lo que vendrá después.

Otra cuestión en la que se expresa “el espíritu de progreso” del Gobierno es en la vergonzosa reforma del Código Penal. En ella se excluye a los corruptos de procesos sancionadores y a los “líderes de oro” del Procés, rebajando de forma muy sustancial el delito de malversación y anulando el delito de sedición. Se incorpora, sin embargo, el delito de desórdenes públicos agravados, que obviamente va dirigido al “común de la infantería” del activismo social. Con la reforma del Código Penal, que se ha aprobado definitivamente el 22 de diciembre en el Senado, nos ha tocado la lotería a tod@s l@s activistas, pero al revés. El pequeño retoque que han hecho a última hora en el artículo dedicado al delito de desórdenes públicos agravados no cambia absolutamente nada, ya que son los agentes de la UIP o similares los que aprecian tales circunstancias, al menos inicialmente. Y sabemos muy bien por experiencia propia cuáles son sus criterios.

Dar una respuesta lo más amplia posible a este conjunto de medidas nítidamente reaccionarias del Gobierno del Estado (a la que se añade el incumplimiento de la promesa, como en tantas otras cosas, de derogar de la Ley Mordaza) es imprescindible para el desarrollo del movimiento popular.

Son tiempos complicados. El Gobierno y los medios de manipulación a su servicio se encargan de sembrar la desinformación y la confusión. Han conseguido crear cierto desconcierto entre sectores significativos de las clases populares, pero cada vez hay una mayor clarificación sobre el momento en que vivimos. Apoyar al Gobierno y sus medidas significa apoyar al imperialismo, la OTAN y su guerra. Una buena parte del conjunto de medidas que están tomando tiene como objetivo estratégico precisamente la preparación social para la incorporación a esa guerra global que ya han puesto en marcha. Por nuestra parte, haremos todo lo que esté en nuestras manos -y más- para impedir ese proceso.

Izquierda Castellana, 23 de diciembre de 2022