La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 recuerda en el auto que se encuentran pendientes de resolución en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal los recursos presentados por Trapero, Laplana, Soler y Puig contra el auto de procesamiento, del pasado 5 de abril.

En aquella resolución del mes pasado, Lamela procesó a Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre. La magistrada también procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, a Pere Soler y a César Puig. La instructora procesó, además, a Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Los Mossos, según relataba Lamela en el auto de procesamiento del pasado 5 de abril, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por el exconsejero de Interior Joaquim Forn, actualmente en prisión, y por los procesados Pere Soler y César Puig.

En el caso del referéndum del 1 de octubre, la cúpula de los Mossos, sostiene Lamela, puso en marcha un plan para evitar actuar. La actuación del cuerpo “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”, afirma la magistrada, que abrió la causa en septiembre de 2017 tras los altercados de los días 20 y 21 de ese mes.

Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña”, Carles Puigdemont, encarcelado en Alemania desde el 25 de marzo a la espera de su posible entrega a la justicia española. Esta “estructura estable”, según la magistrada, tiene los caracteres de la organización criminal: jerarquía, permanencia en el tiempo y reparto de tareas.

La juez Lamela observa que los procesados pudieron ser autores o cooperadores necesarios de los delitos de sedición por “omisión”. Sobre los altercados del 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud movilizada por las entidades soberanistas ANC y Òmnium impidió la salida de los guardias civiles y la comisión judicial que registraban la sede de la Consejería de Economía, la juez afirma: “Lejos de actuar se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.

En el caso de la jornada del referéndum, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, según la juez, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

Manuel Lamela, consejero de Sanidad del primer Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha firmado un contrato con Ambulancias Alerta S.A, empresa a la que adjudicó millones de euros para su servicio durante 2004 y 2005, según informa Cadena Ser.

La empresa de ambulancias formaba entonces una UTE -Unión Temporal de Empresas- junto al servicio homólogo Gegúndez, aunque despareció pocos años después. Fue uno de los primeros contratos de la era ‘Manuel Lamela’.

Recién tomado posesión del Servicio Madrileño de Salud, Lamela adjudicó un contrato por valor de 11 millones de euros para la prestación del transporte no urgente en el área atendida por los hospitales madrileños Gregorio Marañón y la Princesa.

Poco más tarde, la Consejería de Lamela decidió prolongarlo un año más, hasta diciembre de 2006. Y asímismo, elevar el precio que venía recibiendo la UTE al alza hasta 5,5 millones de euros anuales. En total, el contrato ascendió a 16,8 millones de euros.

Ahora Lamela se ha pasado al otro lado. Ha vuelto a firmar un contrato con Ambulancias Alerta S.A. Esta vez, el bufete Acountax Madrid, del que el exconsejero es socio director y fundador además de administrador solidario, asesora a la compañía de transporte sanitario.

La empresa de ambulancias necesita de la ayuda de los abogados del bufete porque en los últimos meses ha emprendido una ofensiva judicial contra la cúpula sanitaria del gobierno de Cifuentes, según avanzaba El Confidencial. Una abogada del bufete de Lamela, Alicia Campos Ortiz, fue la que actuó de representante de la empresa de servicio de ambulancias.

Presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el pasado 1 de diciembre. Aunque desde la dirección de Ambulancias Alerta lo niegan, el recurso está firmado por la empleada del despacho Acountax Madrid, de Manuel Lamela.