Tal y como informó eldiario.es, el pasado sábado, Casado reconoció que había tenido que retirar 20.000 mascarillas KN95  Subulun, fabricado por Anhui Subulun Garment, tras las quejas de los profesionales que las estaban utilizando y el análisis del Centro Nacional de Medidas de Protección, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Según la consejera sólo se repartieron 20.000 y se inmovilizaron «cautelarmente» 1.080.000 unidades de otros modelos de mascarillas de la misma marca a la espera de un análisis sobre su efectividad. La Junta de Castilla y León realizó compras por valor de 10,2 millones de euros a la empresa, que se ha comprometido a enviar nuevas mascarillas. Entre ese material había dos millones de mascarillas.  400.000 eran modelo KN95, el que el Ministerio consideró defectuosas.

Aunque el pasado sábado la consejera aseguró que sólo se habían repartido 20.000 mascarillas, retira ahora más de 400.000 que fueron distribuidas entre el 1 y el 20 de abril en los centros de la Gerencia Regional de Salud. Casado ha recordado a los profesionales sanitarios que hayan usado las mascarillas (de las que no ha precisado el modelo) que deben contactar con su servicio de prevención de riesgos laborales para hacer un seguimiento.

Casado también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la falta de guantes de nitrilo, de la que también informó este diario y ha subrayado que el próximo lunes llegarán a la Comunidad dos millones. La consejera ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de sancionar al subdirector de enfermería del Hospital Clínico de Valladolid. El pasado viernes,  informó mediante un correo a las supervisoras de enfermería de que no había guantes de nitrilo, los más seguros, y que a partir de ese momento había que usar de latex y vinilo y ahorrar. Así, las remitió a un protocolo de 2019, antes de que el COVID-19 existiese, que no consideraba necesario el uso de guantes para el traslado de pacientes, para el cambio de sábanas o para su examen.

Fuente: El Diario.es, Laura Cornejo.

El equipo de Gobierno del PP en la institución provincial, ante las críticas manifestadas por casi todos los grupos de oposición, tuvo hoy que admitir, un año después, que esa comisión nunca verá la luz. ¿El motivo? «Porque en la Junta no hay receptividad para crearla», admitió, resignado, el portavoz, Francisco Castañón.

La primera censura manifestada en el Pleno de hoy surgió de las filas socialistas. Su portavoz, José Pellitero, criticó que aquella Comisión Mixta prometida en vísperas del verano de 2017 «ni se ha reunido ni siquiera se ha creado». Y eso que con el paso del tiempo «hay más problemas ahora, incluso». Algo que desde UPL, Matías Llorente calificó de «absolutamente injustificable» mientras continúa el constante goteo del cierre de consultorios. «¿Desde el mismo aparato, siendo el mismo partido, no podrían conseguirlo» de manera que «no tengamos que ser los alcaldes» los que vayan negociando o comunicando cada incidencia que se repite cada día en algún pueblo leonés?», se preguntaba.

Castañón admitió que no será posible realizar un diagnóstico general desde la institución porque los responsables de Sanidad de la Junta no formarían parte de comisión alguna. Aunque quiso salvar su posición recurriendo a «contactos permanentes, con el gerente de Atención primaria, con el delegado (territorial de la Junta), intentando en todo momento mejorar en todo lo posible la situación». Y admitiendo, como lo hace la Junta, que entre otras cosas hay un grave problema de personal, como a su juicio demuestra el hecho de que «ni siquiera quedan enfermeros en la bolsa de trabajo».

El PP en la Diputación, a cambio de una comisión aprobada y que nunca será, se ofreció a «pedir reuniones con los alcaldes», algo que no satisfizo a los grupos de la oposición.

El PP no quiere que se conozca cómo, cuánto y a quién reparte el pastel de la publicidad institucional de la Junta de Castilla y León que solo entre 2010 y 2017 ha supuesto un desembolso a las arcas públicas de casi 246 millones de euros.

El grupo parlamentario Podemos ha debatido hoy en la comisión de Presidencia una iniciativa que pide la publicación de información periódica y detallada sobre los gastos realizados en campañas de publicidad institucional en el portal de gobierno abierto. El PP ha sido el único grupo que ha votado en contra.

La iniciativa, defendida por la portavoz adjunta Natalia del Barrio, va en la dirección de aumentar la transparencia, en una cuestión tan sensible como es la publicidad institucional.  Y “una cuestión en la que la Junta de Castilla y León, no es nada transparente”, ha indicado la procuradora, cuestionando los repartos que se establecen en la consejería de Presidencia que dirige José Antonio de Santiago-Juárez.

Según explica Del Barrio, “en la página de gobierno abierto de Castilla y León se puede encontrar la pestaña de publicidad institucional donde aparece la planificación de la comunicación institucional pero no así el presupuesto final ejecutado, ni en qué medios se ha insertado esa publicidad institucional”.

“Proporcionar una información clara y transparente de dónde van destinados los fondos es fundamental, además de contribuir a un aumento de la calidad de la democracia. Estamos hablando de que la Junta de Castilla y León ha gastado casi 246 millones de euros entre 2010 y 2017, incluyendo las subvenciones directas a la televisión privada, vamos el presupuesto de una Consejería solo en publicidad institucional”, indica la procuradora de Podemos.

Según ha explicado Del Barrio, en la actualidad el Acuerdo 72/2014, de 9 de octubre, de la Junta de Castilla y León es donde se contemplan las directrices vinculantes para los órganos de contratación, que indica dónde pueden realizarse las campañas de comunicación y de las campañas comerciales que formen parte de la publicidad institucional.

En el artículo 10.2 se indica que reglamentariamente se podrán establecer los criterios que han de incluirse en los pliegos para la adjudicación de contratos. “Pues bien este Reglamento no existe, y por ejemplo, vemos como se le dan grandes cantidades de dinero, a medios que incumplen, por poner un ejemplo, la Ley de Igualdad, y que realizan publicaciones discriminatorias”, ha denunciado Del Barrio.

“A la Junta de Castilla y León no se le cae la cara de vergüenza al afirmar sin ningún rubor que todo está en el portal del gobierno abierto, ya dijimos que es mentira, y lo volvemos a reiterar, es mentira, porque en este portal tan solo están las contrataciones a partir de 2015. Y por ejemplo no sabemos dónde se invirtió, ni en qué medios se invirtió entre 2012 y 2015 que fueron casi 34 millones de euros más los correspondientes a la televisión, en plena crisis. ¡Fijese la de políticas públicas que se pueden hacer con 34 millones de euros!”, ha puesto de manifiesto la procuradora de Podemos.

Del Barrio que ha afeado a la Consejería de Presidencia que haga caso omiso de las peticiones de información expresa que sobre este particular le requiere el Comisionado de la Transparencia, ha asegurado que no se está pidiendo a la Junta “nada que no se haga ya en otras comunidades, nada sobre lo que no tenga competencias la Junta y nada que no se pueda realizar”.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado la lista de beneficiarios de las subvenciones concedidas para llevar a cabo acciones en terceros países e impulsar, así, la exportación de vino elaborado en la comunidad y ayudar a las bodegas a incrementar sus ventas. En la solicitud de este año se han aprobado un total de 154 programas de promoción.

La Junta de Castilla y León ha concedido más de 6,2 millones de euros para poner en marcha 154 programas de promoción llevados a cabo por bodegas en los que éstas invertirán casi 14,3 millones de euros. Las principales actividades auxiliadas en esta medida han sido, por orden de importancia, las misiones comerciales, las presentaciones de producto, las campañas de publicidad en medios, la asistencia a ferias o la promoción en el punto de venta.

Estas actividades se desarrollan en los países de destino, al contrario de lo que ocurre con las misiones inversas, que son las visitas que importadores o periodistas del mercado de destino realizan en las sedes de las bodegas. Estas últimas han sido implementadas durante el último año por la Denominación de Origen Toro dentro de la nueva estrategia comercial desarrollada durante el 30 aniversario de la formación; la finalidad de las mismas es dar a conocer la tierra y elevar la calidad del marchamo local.

Por países, los principales destinos de los beneficiarios de la ayuda son, por orden decreciente de importancia, los siguientes: Estados Unidos, México, Suiza, China, Japón, Canadá, Puerto Rico, Rusia, Colombia y Perú. El informe Nielsen del año 2016 destacó a la DO Toro como el organismo vitivinícola con mayor vocación exportadora en la comunidad castellanoleonesa. Un 36% de las ventas toresanas salen fuera de las fronteras de España.

Desde el comienzo de esta línea de ayuda en el año 2009 se han apoyado en Castilla y León un total de 1.218 programas que han superado los 55,5 millones de euros. Así, con este apoyo se ha conseguido, a lo largo de los últimos años, incrementar las exportaciones de vino desde Castilla y León hasta superar el pasado año 2016 la cifra de 182 millones de euros. Con este programa se persigue abrir nuevos mercados, especialmente frente al empuje de este sector en países del cono Sur, como Australia, Chile o Argentina y aprovechando las oportunidades de las economías emergentes.

En lo que respecta a la Denominación de Origen Toro, 19 de las 59 bodegas que componen la corporación vinícola han recibido subvenciones para llevar a cabo acciones de promociones en países extranjeros. El montante recibido por estas industrias alcanza los 414.247,56 euros en concepto de ayuda pública. Por su parte, el Consejo Regulador de la DO Toro también recibirá fondos regionales para subvencionar sus acciones; para el año 2018 la Junta de CyL le ha concedido una suma que supera los 40.000 euros.

Las cantidades de dinero que han recibido las industrias bodegueras son muy dispares entre sí. Bodega Cyan (propiedad de Matarromera S. L.) es la empresa que más dinero percibirá en este 2018 con casi 130.000 euros de ayuda pública. Bodega Fariña, con 54.000 euros y Frutos Villar con casi 40.000 completan el pódium de subvenciones recibidas por parte de las sociedades de la DO local. Por el contrario, Vega Saúco, con poco más de 7.000 euros, es la compañía que menos dinero ha recibido de las 19 bodegas subvencionadas por el organismo autonómico. Las otras 13 industrias beneficiarias son Bodega Carmen Rodríguez Méndez, Cuatro Mil Cepas, Dominio del Bendito, Elías Mora, Estancia Piedra, Gil Luna, Liberalia Enológica, Monte La Reina, Pago de Matarredonda, Palacio de Villachica, Quinta de la Quietud, Ramón Ramos y Viñaguareña.