La tasa de desempleo en marzo del 2020 se sitúa en 15,36% (3.548.312 desempleados), 1,66% más que en diciembre, un 2,97 % menos que en el 2009, pero con una gran crisis social que arrastramos desde el 2009.

Según anuncia el FMI la economía española se desplomará un 8% este año, (el Banco de España eleva esta cifra hasta el 13%) y el paro se disparará hasta el 20,8%. De cumplirse estas estimaciones será la mayor caída anual desde la Guerra Civil.

Con todos estos datos nos aventuramos a decir que el futuro no pinta bien, pero en este panorama apareció el coronavirus, circunstancia que se va a aprovechar para dar una vuelta de tuerca a nuestros derechos laborales y a nuestras ya maltrechas condiciones de vida, además de intentar apuntalar el cochambroso Régimen del 78 con el monarca-virus a la cabeza.

Las medidas adoptadas ante esta nueva situación llegan tarde y ponen en evidencia las políticas neoliberales privatizadoras llevadas a cabo en el Estado español en los últimos años, dejando a la vista la falta de recursos humanos y medios en la sanidad pública.

Se aplican 500.000 ERTES, afectando a más de 3 millones de trabajadores/as, de manera exprés en base al RD-Ley 8/2020.

La partida está servida, comienzan a vender humo para intentar transmitir calma y evitar una respuesta organizada. Nos han vendido la prohibición del despido (RD-Ley 9-2020), pero no es así, ya que como la propia Ministra de Trabajo reconoce, en caso de impugnación ante la Justicia serán los tribunales quienes decidirán sobre la procedencia o improcedencia del despido. Es decir, los despidos que se produzcan al amparo de la actual crisis podrán ser declarados improcedentes, o lo que es lo mismo, te quedas en la calle con un poco más de indemnización. Una verdadera prohibición pasaría por declarar los despidos nulos.

Otra cuestión de la que se está hablando en las últimas semanas es la de un «Pacto de Reconstrucción», o lo que es lo mismo, una segunda versión de los Pactos de la Moncloa. En 1977 se firmaron por primera vez bajo una coyuntura de crisis económica, la del petróleo del 73, un movimiento obrero en la calle y muy organizado, y con los últimos detalles para el gran estreno de la Transición del franquismo a la monarquía franquista. Se establecieron los pilares del Régimen del 78, y nos lanzaron el mensaje de que las crisis las pagamos los/as trabajadores/as. Perdimos poder adquisitivo, se recortaron convenios firmados, se otorgaron beneficios empresariales en las cuotas a la Seguridad Social, se deterioraron las prestaciones sociales, se autorizó el despido del 5% de la plantilla de cada empresa… y todo con el apoyo de CCOO y UGT, lo que conllevó también una cierta desilusión en el seno del movimiento obrero y un paulatino debilitamiento de este.

Hoy la receta sigue siendo la misma: recortes, flexibilidad, disminución salarial y lavado de cara del Régimen el 78. Y los firmantes serán los mismos, y ojo, que se sumarán nuevos figurantes que ahora van de revolucionarios.

Motivos más que suficientes para que los/as trabajadores/as, las clases populares, comencemos desde ya a incorporar en nuestro ideario de lucha el cambio de Régimen, la lucha por la República, por ser la única garantía hoy por hoy de sobrevivir como clase y como pueblo. Todo ello sin olvidarnos de defender lo Público como garantía de vida, la paz contra las políticas belicistas que se pondrán en marcha como solución a la crisis de las grandes potencias capitalistas, la apuesta por un cambio productivo basado en el respeto al medio ambiente y a las necesidades reales de cada pueblo, los derechos, libertades e igualdad de las mujeres, la denuncia de La Europa de los banqueros y comerciantes frente a la Europa de los pueblos…

¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la República Comunera y feminista!

España ha recaudado hasta mayo, último dato disponible, 46.554 millones de euros por cotizaciones sociales, según la ejecución del Presupuesto de la Seguridad Social. Hace una década, en los cinco primeros meses se recaudaban 44.450 millones. Hoy se está un 4,7% por encima.

El año pasado ya se cerró con una recaudación histórica de 108.009 millones de euros, por lo que 2018 va en senda positiva, con el objetivo de cerrar algo por encima de 110.000 millones.

El alza, en todo caso, queda significativamente por debajo de la subida de casi el 12% de la inflación a lo largo de estos diez años, según estadísticas del INE. Además, sigue sin ser suficiente para cubrir los costes del sistema, con la necesidad de tirar de la hucha de las pensiones o de préstamos del Estado para cubrir las prestaciones.

Si se compara lo que aporta cada cotizante, también se ha ganado terreno. En 2008, un cotizante del régimen general aportaba 2.218 euros de media y un autónomo 1.276 euros. Ahora son 2.355 y 1.466 euros respectivamente.

En ello ha tenido impacto la retirada en los últimos años de una serie de deducciones y el aumento de cotizaciones por elementos como los cheques comida. En todo caso, detrás de la mejora está un mercado más precarizado.

Antes de la crisis la construcción llegó a suponer hasta dos cifras del PIB español. Si bien ahora la actividad se va recuperando en el sector, queda muy lejos de la cota de la burbuja. Al contrario del escenario ideal, se ha sustituido un sector sin gran valor añadido por otro.

Comparando los datos de cotizantes de ahora con los de hace una década, cuando también se contaba con 19 millones de cotizantes, el grupo servicios ha ganado más de un millón de cotizantes (pasa de 13,085 millones a 14,368 millones). Ha salido perdiendo el grupo construcción, que pasa de 1,570 millones de cotizantes a 834.100, quedando por debajo de las seis cifras y cediendo casi la mitad del empleo.

Hostelería ,marcada por el trío de estacionalidad, precariedad y temporalidad, ha pasado de contar con 1,031 millones de cotizantes a 1,392 millones. La calidad del empleo sigue siendo “la asignatura pendiente”, apuntaban desde CC.OO. tras conocerse los datos del empleo.

Un alza de 360.000 cotizantes que plasman el viraje que ha fomentado el auge del turismo y la mayor dependencia del consumo interno para crecer de los últimos tiempos.

Además, hay unos 100.000 autónomos nuevos, en muchos casos se han visto obligados en los últimos años para acceder al mercado. En ese sentido, la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apuntaba este lunes que la Inspección del Trabajo potenciará las acciones contra la figura del falso autónomo, que ha repuntado con la recuperación.

La cifra de mujeres cotizantes está en máximos históricos. Suman 8.779.129 afiliadas, mientras que hace una década eran 8.155.381. Son 600.000 más.

Sirven para contrarrestar la pérdida de peso de los hombres, que pasan de 10,864 millones de cotizantes en 2008 a 10,227 una década después. Así, han pasado de representar el 57,1% de los afiliados al 53,8%.

Son cuatro puntos menos que muestran la mayor incorporación de la mujer al empleo. La razón es doble: por un lado la propia inercia de su incorporación al mercado con el paso de los años; y la pobre situación económica de las familias, que obligó a todos los miembros del hogar a lanzarse a trabajar en tiempos de crisis.

Pese a ello, su mayor peso no se traduce en una mejora de las cifras de desempleo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), soportan un paro tres puntos mayor al de los hombres y la brecha salarialva del 14%, según Eurostat, hasta el 30%, según Comisiones Obreras.

Las cifras de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2016 del Instituto Nacional de Estadística «son engañosas» para Comisiones Obreras de Cantabria. La secretaria de Empleo del sindicato en la región, Laura Lombilla, considera que «es un error sacar conclusiones positivas de unos datos que, en realidad, muestran la situación de retroceso en los salarios y de precariedad del mercado laboral cántabro».

La Encuesta muestra un aumento del sueldo medio de 2015 a 2016 del 0,9%, cuando el IPC aumentó un 1,5%. «Las trabajadoras y trabajadores cántabros siguen perdiendo poder adquisitivo año a año», explica Lombilla que también destaca que el crecimiento de los sueldos se produjo en los tramos más bajos y en los más altos, mientras que los tramos medios se redujeron.

El sueldo del percentil 10, el del 10% de los trabajadores que menos cobran, subió de 8.085 euros al año a 8.480, y el del percentil 90, el de los que más ganan, pasó de 38.476 a 39.657. «Sin embargo, el sueldo de la mediana se redujo (de 18.861 a 18.590) y el del cuartil inferior lo hizo en mayor proporción (de 13.443 a 12.939)», expone la secretaria de Empleo de este sindicato. «La conclusión es que la mayoría de las personas trabajadoras han visto como ganan menos y es el aumento de los salarios más altos lo que deforma los datos», sostiene.

Brecha de género

Tampoco cree CCOO de Cantabria que haya que felicitarse por la supuesta reducción de la brecha de género. El salario medio de las mujeres en Cantabria creció en 2016 un 1,5% y el de los hombres se redujo en un 0,4%. «Esta no es nuestra idea de reducción de la brecha porque ésta no puede depender de la pérdida de salario de los hombres y la realidad es que las mujeres, en Cantabria, siguen cobrando casi 7.000 euros menos que sus iguales y su salario medio aún está lejos de los 20.000 euros anuales», denuncia.

En el caso de los contratos de duración determinada, las mujeres han perdido, y mucho: Mientras en 2015 el salario medio de estas mujeres era de 13.296 euros al año, en 2016 cobraron de media 9.792 euros. Los hombres con contratos temporales también vieron caer sus salarios de 19.567 euros a 17.925. En general, la brecha entre los salarios de contratos indefinidos y los de duración determinada no deja de crecer. En 2016, los indefinidos registraron salarios medios anuales de 23.280 euros y los temporales se quedaron en 14.996 euros. Una brecha de 8.284 euros anuales que supone un 39% más que en 2015.

«Esta estructura salarial resume la codicia de los empresarios que no están dispuestos a compartir la prosperidad de las empresas y apuestan por el conflicto», denuncia Lombilla, quien recuerda que el Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria creció entre 2015 y 2016 un 2,4%, y el año anterior ya había sumado un crecimiento del 2,5%. «El hecho de que los salarios, como media, sólo crecieran un 0,9% demuestra que esa generación de riqueza no está repercutiendo en la misma proporción en los salarios de trabajadoras y trabajadores», señala Lombilla.

La actitud  de los empresarios, explica CCOO de Cantabria, se suma al modelo de crecimiento impulsado por el Gobierno y su reforma laboral, que crea «cada vez más empleo de bajos salarios, y a la parálisis del Gobierno de Cantabria a la hora de cambiar el modelo productivo de la región», concluyen desde este sindicato.

Sube el paro y baja el empleo. Se ha cumplido la tónica de los últimos años en el mercado laboral al comienzo de un ejercicio. La tasa de desempleo se ha situado en el 16,74%, dos décimas más que el trimestre anterior. Y la ocupación ha bajado en 124.100 empleos, hasta los 18,87 millones, según la encuestra de población activa divulgada por el INE.

Pero este año esa tónica ha sido peor que en los últimos ejercicios. Es la mayor caída de empleo en un comienzo de año desde 2014. Lo mismo se observa del lado del paro, que ha subido en 29.400 personas, el mayor incremento desde 2013.

En la caída del empleo en este comienzo de 2018, ha jugado un papel determinante el sector privado, donde se han destruido 155.200 puestros de trabajo. Ese retroceso se ha compensado en parte por las Administraciones, cuyas plantillas han crecido en 31.000 personas.

Por lo que respecta al colectivo más numeroso del merdado laboral, los asalariados, su número se reduce en 130.300. Este descenso se concentra entre los que tienen contrato temporal (128.900 menos). Algo propio de este primer trimestre. No obstante, esta caída no frena el protagonismo creciente de la temporalidad en el mercado laboral español. Entre enero y marzo un 26,1% tenían contratos temporales, tres décimas más que en el mismo trimestre del año anterior.

El mal arranque del año ha frenado algo la velocidad de la recuperación laboral que se observaba en los últimos trimestres. Cuando se toman como referencia las cifras de los últimos 12 meses, se ve que el empleo ha crecido un 2,3%, tres décimas menos que lo venía haciendo hasta finales de 2017. Esa tasa es la más baja en el último año y de las más bajas desde el verano de 2014, en los albores de la recuperación.

Ese cierto enfríamiento no esconde que la tendencia de fondo muestra que el mercado laboral sigue siendo positiva. En números desestacionalizados, es decir, cuando se eliminan los efectos de temporadas turísticas o campañas agrícolas, la reducción del paro se mantiene

El primer trimestre del mercado laboral ha mostrado debilidad en el mercado laboral en los últimos años. Y así se ha visto en los últimos 10 años, en los que entre enero y marzo, se ha destruido empleo. Esa debilidad también se ve en la tasa de paro, que suele marcar en el comienzo de cada ejercicio el pico anual. Y, de hecho, el punto máximo de la pasada crisis (y de la serie histórica) se alcanzó en el primer trimestre de 2013.

La caída drástica de la natalidad en el conjunto del país no ha pasado desapercibida para la provincia de Zamora, donde en apenas una década han dejado de nacer mil niños. La falta de oportunidades en el medio rural y el consiguiente éxodo de los pueblos han dejado vacíos los parques infantiles de más de medio centenar de localidades a lo largo de todo el territorio en mitad de una sangría que afecta a absolutamente todas las comarcas.

La provincia de Zamora, desde hace veinte años, no ha visto más que decrecer el número de alumbramientos. En 1998 se registraban 6.300 niños en el conjunto del territorio menores de cinco años. Hoy, esa cifra apenas llega a los 4.800. La situación se agrava, apuntan desde el Instituto Nacional de Estadística, a partir del año 2011. En ese curso la provincia alcanzó un pico de niños y niñas, con 5.804 menores de cinco años y solo en los últimos siete años la cifra ha caído en mil personas.

La crisis demográfica acecha a Zamora y ni siquiera los pocos incentivos existentes para la natalidad animan a quienes aún subsisten en las pequeñas localidades para formar una familia. Pero el problema no es exclusivo de Zamora. Solo en Castilla y León existen más de 600 pueblos en los que los niños han desaparecido completamente del mapa, la mayoría de ellos en la provincia de Soria aunque con especial incidencia también en Burgos, Ávila y Salamanca. Los expertos engloban a estos municipios bajo el paraguas de «lugares en peligro de extinción» por la escasa esperanza de que puedan dar la vuelta a la situación. La población se diezma y empieza por los más pequeños.