La última edición de la EPA cifra en 2,96 millones las horas extraordinarias que cada semana los trabajadores efectúan sin cobrar por ellas ni recibir a cambio una compensación en forma de descanso. Y ese volumen equivale a 74.050 empleos de jornada competa, de 40 horas semanales.

El volumen de horas extraordinarias no pagadas que la EPA detecta en España es superior al que se daba en los primeros años de la crisis, entre 2008 y 2012, antes de que ese registro se disparara tras la desregulación del mercado laboral y el avance de la precariedad a partir de la reforma laboral de ese año hasta alcanzar su récord a mediados de 2015 con un total de 3,9 millones de horas semanales trabajadas gratis, lo que equivale a 97.600 empleos.

Sin embargo, al descenso del año y medio posterior, y pese a la mejora de los beneficios empresariales, le han seguido dos ejercicios consecutivos de incremento en los que su volumen ha crecido en casi 400.000 horas y más de 9.000 empleos equivalentes: un 14,62% que pulveriza tanto el 5,8% que en ese mismo periodo han aumentado las horas que ocupan al conjunto de los trabajadores (de 594 a 628 millones semanales) como el 6,8% de los asalariados.

«Un abuso patronal que incide en el empleo»

«Es un dato tremendo», señala Antonio González, coordinador de la Secretaría de Empleo de UGT, para quien «la desregulación de las horas extraordinarias con la reforma, cuando pasaron a poder compensarse por un tiempo de descanso que en realidad no se disfruta y que genera una jornada irregular, ha derivado en una forma de sustitución de empleo que se suma al fraude de la prolongación de jornada en la contratación a tiempo parcial, que afecta a tres de cada cuatro trabajadores».

El control de las jornadas reales y de las horas extraordinarias ha sido uno de los temas de debate en la Mesa de Diálogo Social. «Claro que cada empresa sabe a qué hora entran y a cuál salen sus trabajadores, lo que ocurre es que no quieren poner esa información a su disposición», explica González, que apunta que «la combinación de la desregulación con la falta de control hace que las empresas puedan alargar la jornada irregularmente».

Coincide con Héctor Illueca, profesor de Derecho Social en la Universidad de Valencia e inspector de Trabajo, que considera la situación de esos trabajadores «sangrante, porque conlleva un abuso patronal que, además, tiene una incidencia directa en el empleo». «Si a esas 74.000 empleos equivalentes a tiempo completo les añadimos los más de 85.000 de las horas extra pagadas resultan 160.000», anota.

Menos, en cualquier caso, que los «alrededor de 125.000 trabajadores» cuyo pase al desempleo pronosticó el Banco de España como consecuencia de la subida a 900 euros brutos mensuales del SMI (Salario Mínimo Interporfesional).

Un fraude laboral, tributario y social

La existencia de horas no pagadas a los trabajadores, que suelen suponer en torno a la mitad del total de las extraordinarias, siempre ha sido una de las principales bolsas de fraude laboral e, implícitamente, también tributario y social, ya que ese tiempo, que supone un imput productivo y que actúa como tal, no se traduce en salarios, impuestos y cotizaciones. Tiene semejanzas con las consecuencias de la infracotización de los contratados a tiempo parcial, que cubren jornadas completas con acuerdos de unas pocas horas.

Esa situación de trabajo parcialmente gratuito afecta, según la EPA, a algo más de 375.000 empleados, 338.100 que solo hacen horas extraordinarias que no cobran y 37.500 que perciben remuneración por una parte de ellas.

Los sectores en los que más habitual es este fraude

Los sectores en los que más habitual es este fraude son el comercio, con 46.100 asalariados que hacen horas gratis, y la industria manufacturera (41.000), a no mucha distancia de la enseñanza (36.000) y de las actividades profesionales, científicas y técnicas (35.100), donde esta situación es más frecuente que en otros como la hostelería (29.400), la banca y los seguros (28.600) y, también, la comunicación (26.000).

Esa clasificación no varía mucho cuando lo que se mide es el volumen de horas fraudulentas por cada sector: 450.700 semanales en el comercio (11.267 empleos equivalentes), 347.100 en la industria (8.677), 323.300 en la hostelería (8.082), 281.000 en los gabinetes y consultorías (7.025), 256.800 en la enseñanza (6.420) y 255.500 en el transporte (6.387).

La sustitución estructural del empleo

«Es algo generalizado en todos los sectores, no solo en los de bajo valor añadido como el comercio o la hostelería. De hecho, es algo que ahora mismo está extraordinariamente establecido en consultorías y despachos profesionales», indica González, que califica de «enormes las cifras de sustitución estructural de empleo que se están dando. Por cada tres trabajadores que prolongan su jornada debería haber un nuevo empleo, pero estas condiciones de desregulación son un aliciente para el fraude».

Illueca, por su parte, apunta a un problema previo: «¿Por qué se permite hacer horas extras en un país con más de tres millones de parados cuando el Estatuto de los Trabajadores prevé, precisamente, la posibilidad de eliminarlas para crear empleo en su artículo 35?».

Sin embargo, ante el escaso interés que los gobiernos han mostrado por esa posibilidad desde el inicio de la crisis, reclama que se establezcan registros diarios de las horas trabajadas en las empresas. «Si no, el control efectivo por parte de la Inspección es imposible», explica, mientras recuerda las facilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para ese objetivo.

«El tiempo de trabajo se ha flexibilizado de una manera extrema tras la reforma laboral», señala Illueca, mientras González recuerda que el límite de 80 horas anuales, antes de establecer la compensación con descanso, «estaba regulado así precisamente para evitar que se sustituyera empleo. Las horas extraordinarias son para situaciones extraordinarias».

Es el único equipo de atención primaria de la provincia que no disfruta del descanso post-guardia, a pesar de que pueden acumular 31 horas de trabajo seguidas (7 horas de jornada ordinaria, más 8 de guardia de presencia física, más 8 de guardia localizada, más 7 de jornada ordinaria). Cumplen diariamente su jornada ordinaria de 8:00 a 15:00 horas y a continuación, a quien le corresponda, inicia la jornada complementaria de guardia hasta las 23:00 horas (guardia de presencia física en el centro durante 8 horas). A partir de las 23:00 horas, las guardias son localizadas hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente, cuando comienzan nuevamente la jornada ordinaria, que se extiende hasta las 15:00 horas.

Estos profesionales y Satse denuncian que no se les está aplicando lo dispuesto en la normativa vigente, los artículos 51 y siguientes de la Ley 51/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Así, el artículo 51, de Jornada y descanso diarios, cita que «el personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y comienzo de la siguiente».

Además de regular las circunstancias en que se reduce ese descanso, circunstancias que no se están dando en este caso, el artículo 54 de la citada Ley establece que «cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos de descanso diario establecidos en esta Ley, se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos cuya duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada».

Estos enfermeros argumentan que aunque 9 horas están en sus domicilios, de esas 31, ese tiempo no puede considerarse un descanso porque están pendientes de un posible aviso, algo que les impide relajarse, y mucho menos, conciliar el sueño, todo ello considerando que no se produzca efectivamente una urgencia en la noche (que puede ocasionar un traslado a unos 30 kilómetros), pues en ese caso el «descanso» sería inexistente.

Estos enfermeros ya solicitaron esas guardias de 24 horas y sus descansos post-guardia a la Gerencia de Atención Primaria de León, quién dio traslado a la Gerencia Regional de Salud de Valladolid sin que esta accediera a conceder esa petición, por lo que han remitido un nuevo escrito a la Dirección de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud exponiendo su problema y recordándole que se está poniendo en riesgo tanto la salud y seguridad de los trabajadores, como la de los propios usuarios, a los que posiblemente no se les dé una adecuada prestación del servicio por ese profesional que lleva sin descansar 31 horas».