sueldos de los banqueros están entre los más altos de la Bolsa, pero si por una cosa destacan sobre los ejecutivos de otros sectores es por las millonarias aportaciones a sus planes de pensiones. Aunque ahora son muchas las empresas cotizadas que incluyen en sus sistemas retributivos los ingresos destinados a la jubilación, fue la banca la pionera en esta práctica, que justificaban en su momento por la ausencia de blindajes de los banqueros en caso de despido, a diferencia de otras empresas que sí pagaban jugosas indemnizaciones.

A 31 de diciembre de 2020, los cinco grandes bancos del Ibex 35 (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter) tenían compromisos de pensiones con sus consejeros actuales y antiguos por valor de 260 millones de euros, según los datos recogidos en los informes de gobierno corporativo remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Santander es la entidad que más ingresos a las jubilaciones de sus administradores ha realizado (los consejeros actuales tienen ya 67,5 millones y los antiguos acumulan derechos por otros 51,72 millones). En segundo lugar se sitúa el BBVA: los consejeros actuales suman 23,07 millones y los que ya no forman parte de la entidad disponen de 73,57 millones. Sabadell es el tercer banco donde sus consejeros disfrutan de mayores cantidades para su retiro, con 37,8 millones, mientras que Caixabank comunica derechos para los consejeros actuales por valor de 6,12 millones y Bankinter de solo 2,23 millones.

Si el análisis se hace desde el plano individual, la consejera ejecutiva que más pensión acumulaba en España al cierre del pasado ejercicio es Ana Botín. La presidenta del Banco Santander, después de que la entidad le aportase durante el ejercicio 2020 más de un millón de euros a su plan de jubilación, ya tiene derechos sobre 49,44 millones.

El segundo puesto en el escalafón de la hucha de las pensiones del mercado continuo no es para un banquero. Ese lugar lo ocupa Florentino Pérez. ACS aportó 1,36 millones al sistema de retiro de su presidente, que ya suma derechos valorados en 45,20 millones. El tercer lugar en este club de retiros dorados es para Jaime Guardiola. El ex consejero delegado del Banco Sabadell tenía al cierre del pasado curso una pensión acumulada de 25,51 millones después de que la entidad aportarse 1,22 millones a su cuenta. A Guardiola le sigue otro banquero, Carlos Torres. El presidente del BBVA suma un patrimonio de 23,05 millones de euros. Por su parte, el hasta ahora escudero de Florentino Pérez en ACS, y que fue durante muchos años su potencial delfín, Marcelino Fernández Verdes, ocupa el quinto lugar en el ranking con 22,71 millones.

También son destacables los derechos de pensión de consejeros ejecutivos como José Manuel Entrecanales (Acciona), con 19,68 millones; José Antonio Álvarez (Banco Santander), con 18,08 millones; Antonio Huertas (Mapfre), con 13,31 millones, y José Damián Bogas (Endesa), con 13,41 millones de euros.

https://elpais.com/economia/2021-05-09/los-banqueros-del-ibex-acumulan-260-millones-de-euros-en-pensiones.html?outputType=amp&__twitter_impression=true

El banco ya habría comunicado a los representantes de los trabajadores su intención de realizar el ajuste de plantilla dentro de un plan de ahorro de costes que tiene como objetivo paliar el efecto de la pandemia sobre su cuenta de resultados, según publica ‘Expansión’.

No obstante, los sindicatos niegan la mayor y señalan que han tenido conocimiento de la noticia a través del periódico económico. Fuentes de CCOO advierten de que, de confirmarse la noticia, «dinamitaría las bases del diálogo social». «CCOO manifiesta su más enérgica repulsa a una forma de actuar que dinamita todos los puentes con el sindicato mayoritario del banco», lamenta.

Por su parte, UGT también niega tener conocimiento del nuevo recorte. «Ni acuerdo, ni información. Llevamos desde las siete de la mañana pidiendo explicaciones», señalan desde esta formación.

Un portavoz del mayor banco español descarta hacer comentarios y no niega que el grupo esté estudiando llevar a cabo el ERE. Sería el segundo en menos de un año, después de que el pasado mes de noviembre se cerrara la salida de 3.069 empleados dirigida a reducir las duplicidades que se habían producido tras la absorción del Banco Popular.

La presidenta del grupo, Ana Botín, no ha hecho referencia al nuevo ajuste de plantilla durante su discurso ante la Junta General de Accionistas del grupo celebrada este martes. «En el momento en que haya una propuesta los representantes de los trabajadores serán los primeros que lo van a conocer», ha respondido a la pregunta de uno de los accionistas del grupo.

La banquera sí ha constatado la necesidad de acelerar la transformación digital de la entidad debido al Covid y ha desarrollado las tres nuevas iniciativas en las que trabaja el grupo para rediseñar su funcionamiento: la construcción de un modelo operativo común a nivel global, la creación de un banco global en financiación al consumo y la potenciación de su plataforma de pagos.

Santander confía en lograr un ahorro de costes de 1.000 millones de euros en dos años unificando sus servicios y procesos. Esta cantidad se concentrará en Europa y conllevará ajustes de plantilla y cierre de sucursales en Reino Unido, Polonia, España o Portugal para adaptarse a las nuevas realidades del negocio, ha detallado el consejero delegado, José Antonio Álvarez.

Santander registró unas pérdidas de 9.048 millones de euros entre enero y septiembre de 2020, por las mayores provisiones dotadas para paliar el impacto de la covid-19 y por los ajustes realizados en el segundo trimestre del año, ha comunicado hoy la entidad a la CNMV.

Este resultado, que contrasta con los 3.700 millones que ganó un año antes, se debe a la actualización del fondo de comercio de sus inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs) realizada en el trimestre pasado, lo que generó un cargo extraordinario de 12.600 millones de euros.

Fuente: El Mundo

https://www.publico.es/economia/despidos-numero-trabajadores-afectados-ere-sube-25-9-enero.html

Durante este mediodía se ha realizado la segunda concentración convocada por la Federación de Servicios de CCOO Castilla y León frente a la tienda del Grupo DIA en Valladolid de la calle Tudela. Mañana, 20 de marzo, volverán a hacerlo, en el mismo sitio y a la misma hora, exigiendo la retirada del Expediente de Regulación de Empleo coincidiendo con la celebración de la Junta de Accionistas en Madrid.

Durante la concentración de hoy se han repetido las mismas consignas que la celebrada el pasado 13 de marzo por la retirada del ERE en Dia, asegurando que es la cadena de distribución alimentaria más grande de Castilla y León, que pretende reducir más de 1.400 empleos en todo el país. Desde CCOO recuerdan que la multinacional Día adquirió las tiendas del grupo El Arbol y las de Eroski en la Comunidad.

Para este sindicato el ERE es “completamente improcedente cuando el problema se da en la propiedad de la empresa”, apuntando a la trascendencia de las concentraciones planteadas para el miércoles 20 de marzo, coincidiendo con una “reunión de vital importancia para el futuro de todo el Grupo”. Simultáneamente, esperan que la mayor concentración tenga lugar en la Plaza de Cibeles de Madrid, frente a la Casa de América, donde se celebra la Junta de Accionistas de la entidad.

El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Castilla y León, Marcos Gutiérrez, ha declarado que “el Grupo Dia es rentable, de ahí que no sobre ni un solo puesto de trabajo”. En su opinión “no se puede activar este ERE cuando en la Dirección se están produciendo muchos movimientos para hacerse con el control de la empresa. De ahí que no entendemos su puesta en marcha cuando se desconoce que va a ocurrir con la sociedad”.

Además de la concentración del miércoles 20, de nuevo frente al supermercado de la calle Tudela a las 12 del mediodía, convocada por CCOO, el grupo de trabajadoras organizadas de forma independiente al margen de los sindicatos volverán a manifestarse el próximo domingo 24 al mediodía desde la Plaza de Colón, al igual que han hecho los dos fines de semana anteriores y anuncian continuarán hasta que se retire el ERE en Dia

Ronda de concentraciones para exigir la retirada del ERE en Dia coincidiendo con su Junta de Accionistas

Es el resultado de una denuncia interpuesta hace más de año y medio por CCOO y sobre la que la Inspección de Trabajo resolvió al semana pasada.

De esta forma, la multinacional danesa se ve obligada a ampliar el ERE a 86 de los 180 trabajadores de ETT cuyo contrató expiró el pasado mes de julio, como primera medida para cerrar la planta leonesa.

Y así lo dejaron constante en la primera reunión del ERE en el que además se puso encima de la mesa la oferta de recolocaciones indefinidas de los trabajadores de Vestas en León en diferentes plantas de Espasa –Ciudad Real y Lugo- y el extranjero.

Despidos «temporales»

Un encuentro en el que los responsables desmintieron que Vestas esté preparando su salida de España tras el anuncio de despido de 400 trabajadores temporales en la planta manchega de Daimiel.

Y así lo ha desmentido la multinacional danesa a través de un comunicado en el tablón de anuncios de al factoría de Ciudad Real, en la que advierte que la «no renovación de algunos» contratos se debe al retraso del segundo molde del modelo V150 pero que, en cualquier caso, tendrá un efecto «temporal».

Es más, la compañía asegura que la mayoría de estos 400 trabajadores volverían, según las primeras estimaciones, en 2019 coincidiendo con el arranca de la nueva pala. Es más, Vestas recordó que para minimizar los efectos se ha trasladado a Daimiel más producción del modelo V126.

Una factoría que, precisamente, es uno de los destinos que propone la multinacional danesa para trasladar a parte de la plantilla actual de Vestas que, tras la resolución de Trabajo, ahora se elevan hasta los 453 trabajadores.

Hace más de 4 años, un despido masivo en varias fábricas españolas de Coca-Cola desató un pulso jurídico y sindical que enfrenta a un grupo de trabajadores con una de las mayores empresas del mundo.

El 22 de enero de 2014, Coca-Cola Iberian Partners, la embotelladora de Coca-Cola para España, Andorra y Portugal, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a 1.250 trabajadores. Por medio de este movimiento, la empresa planeaba despedir y prejubilar a 750 empleados y cerrar cuatro importantes centros de producción en España: las plantas de Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y Palma de Mallorca. Además, pretendía recolocar a 500 empleados en otros centros.

Pocos meses antes, Coca-Cola había obtenido el permiso de la Comisión Nacional de la Competencia para fusionar sus siete plantas de embotellado en el país y el ERE era parte de la re-estructuración consiguiente.

Por aquel entonces, el gigante norteamericano tal vez no imaginaba la magnitud ni la capacidad de resistencia de la oposición que iba a encontrar. En cualquier caso, no tardaría en darse cuenta: apenas una semana más tarde, los trabajadores de las cuatro fábricas afectadas por los cierres iniciaron una huelga indefinida que fue secundada por la totalidad de las plantillas.

En todas las demás fábricas también se dejó sentir la indignación en forma de solidaridad obrera: se convocaron grandes movilizaciones y paros parciales exigiendo la retirada de los cierres y los despidos.

Y en paralelo, por supuesto, daba comienzo una ardua y compleja batalla legal que, junto a la reivindicación social y su prolongado eco mediático, se ha convertido en una suerte de encarnación contemporánea del mito de David y Goliat en clave de lucha obrera colectiva.

Una primera victoria para los trabajadores

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) impugnó el ERE ante la Audiencia Nacional el día 26 de marzo, tras un periodo de negociaciones fallidas con la empresa, al considerar que la fusión de las embotelladoras no se realizó correctamente y, por lo tanto, la empresa carecía de potestad real para llevar a cabo los despidos.

No obstante, 5 días mas tarde y sin esperar ninguna resolución judicial, Coca-Cola ejecuta el ERE y cierra las cuatro plantas señaladas en su anuncio inicial. Se tramitan 236 despidos forzosos y el resto de empleados afectados se suscriben al plan de bajas incentivadas, prejubilaciones o traslados que ofrece Coca-Cola.

Sin embargo, la primera batalla en el terreno jurídico se salda con una importante y esperanzadora victoria para los trabajadores despedidos: la Audiencia Nacional española anula el ERE de Coca-Cola Iberian Partners y ordena su suspensión cautelar, obligando a la empresa a readmitir a los 236 despedidos y también a los que aceptaron la baja incentivada que deseen recuperar su empleo. Además obliga a la compañía a pagar los salarios que los trabajadores no han percibido durante los meses transcurridos desde el anuncio del ERE. A partir de ese momento, las reivindicaciones y acciones legales de los trabajadores se centran en conseguir la reapertura de la planta de Fuenlabrada.

En abril de 2015 el Tribunal Supremo ratificó e hizo firme la sentencia de la Audiencia Nacional, y acordó que los trabajadores de la planta de Fuenlabrada debían ser readmitidos e incorporados a sus mismos puestos de trabajo, exactamente en las mismas condiciones laborales y salariales.

Sin embargo, el cumplimiento de esta sentencia iba a quedar muy pronto en entredicho, generando un nuevo capítulo de controversia y pleiteo judicial entre empresa y trabajadores.

La guerra psicológica y «la gran mentira»

Tras encajar el golpe de la sentencia firme del Supremo, Coca-Cola responde ante la Audiencia Nacional presentando una propuesta de «solución» al conflicto: el COIL (Centro de Operaciones Industriales y Logísticas), un plan para convertir la planta de Fuenlabrada en un «gran almacén y centro de distribución», descrito ante el tribunal como un ambicioso proyecto de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

En conversación con este medio, el responsable de la sección sindical de CCOO en la fábrica madrileña, Juan Carlos Asenjo, describe las verdaderas condiciones en que fueron readmitidos y lo que resultó ser, en la práctica, ese innovador centro logístico. «El proyecto no se ha puesto en marcha porque a la empresa no le ha interesado», explica Asenjo, denunciando también que «ha habido gran permisividad de la Justicia al respecto».

«La realidad es que a día de hoy, 3 años más tarde, no tenemos ni innovación, ni excelencia, ni rastro del proyecto que estaba definido. Lo único que tenemos es una actividad manual y precaria en el centro de trabajo. Las botellas nos llegan de los bares, mezcladas en las cajas, y aquí las separamos –porque son productos de distintos tipos– manualmente. Y ese es el proyecto de I+d+i de Coca-Cola», explica el líder sindical.

En este video publicado en Youtube, que es un fragmento del documental ‘Coca-Cola en Lucha’, Asenjo y otros miembros de la plantilla explican también las condiciones de trabajo reales en la planta de Fuenlabrada, y en qué consiste «la gran mentira de Coca-Cola en Madrid»:

Asenjo comenta que los trabajadores de Fuenlabrada no tienen «ninguna integración real en la organización» ni están prestando los servicios para los que han sido readmitidos según el proyecto logístico presentado ante los tribunales: «Estamos en un abandono cuya consecuencia es un ‘mobbing’ [acoso laboral] y un maltrato desde el punto de vista psicológico que está siendo muy dañino para los trabajadores y trabajadoras de la plantilla, y para sus familias».

Este aspecto está en el centro de las quejas de la plantilla readmitida: consideran que se trata de una guerra psicológica de desgaste. El 11 de enero de 2017, los representantes sindicales denunciaron que «Coca-Cola no acepta la derrota legal y sigue burlándose de las sentencias judiciales«, y se refirieron a los trabajadores de Fuenlabrada como «víctimas de un ‘mobbing’ colectivo», según informó en su momento el portal nuevatribuna.es.

Advierten asimismo que «con el incumplimiento de las sentencias, la empresa pretende el desmantelamiento del centro de producción de Fuenlabrada y derivar la producción a otros centros, acabando así con una fábrica que, gracias a la organización de los trabajadores y trabajadoras, disfrutaba de unas buenas condiciones de trabajo».

En consecuencia, los trabajadores acudieron de nuevo a la Audiencia Nacional y denunciaron que la manera en que se llevaron a cabo las readmisiones no se ajustaba al contenido de la sentencia. Sin embargo, la Audiencia validó la forma de proceder de la empresa, decretando que las readmisiones eran válidas. El sindicato CC.OO. acudió entonces al Tribunal Supremo, que también dio por buenas las condiciones de la readmisión. Pese a estos duros varapalos judiciales, los trabajadores continúan luchando para conseguir que su trabajo y la planta en la que se desarrollaba vuelvan a ser lo que eran.

Una resistencia ‘espartana’ en el ‘Campamento Dignidad’

Uno de los aspectos más llamativos de esta contienda sindical y judicial es su honda faceta humana, y la manera concreta en la que se ha desarrollado en este caso. En paralelo a las disputas jurídicas y a la ardua labor de lucha obrera llegó a construirse entorno a la fábrica de Fuenlabrada un enclave físico de solidaridad que constituye un fenómeno interesante en si mismo: el llamado ‘Campamento Dignidad’.

Los trabajadores afectados por el ERE de Coca-Cola en la fábrica madrileña no tardaron en autodenominarse ‘espartanos’, en una de esas chispas de buen humor que de vez en cuando saltan en medio de la desolación. Después de todo, había algunos aspectos coincidentes con la famosa película ‘300’, la narración cinematográfica de la Batalla de las Termópilas, en la que una alianza de ciudades griegas lideradas por Esparta y Atenas consiguió detener la invasión del imperio persa. Al fin y al cabo, los empleados despedidos de la fábrica estaban dispuestos a dar la batalla hasta el final, iban a resistir como los antiguos espartanos… y eran casi 300.

Un dibujo hecho a mano que se asemejaba al cartel de la película y contenía consignas que llamaban a la lucha obrera presidía el interior del espacio que los ‘espartanos’ denominaron ‘Campamento Dignidad’. Era de una estructura algo precaria pero decente: un chamizo construido con palés, vigas de madera y retazos plásticos, situado junto a la entrada de la fábrica. Disponían de una cocina de gas butano, un fregadero (sin grifo), un televisor y pocas comodidades más. Había también una estufa, pero lo que verdaderamente mantuvo siempre caliente aquel lugar fue la compañía humana, la comprensión mutua, la solidaridad y el trabajo en equipo; los desvelos por los problemas propios y ajenos, las lágrimas de frustración compartidas, y las modestas celebraciones de las victorias cuando ocurrían.

Como consecuencia de lo que el líder sindical Juan Carlos Asenjo considera una flagrante «connivencia entre los poderes del capital y la justicia» y de la «permisividad» con que la judicatura toleró que Coca-Cola «dilatara el proceso, intentando agotar la lucha de los trabajadores», se produjo una situación verdaderamente delicada para las familias afectadas.

El propio Asenjo nos lo explica: «A raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, que obligaba a Coca-Cola a readmitirnos y pagar los salarios pendientes, nos retiraron las prestaciones por desempleo, porque dejábamos de estar desempleados. Pero al mismo tiempo, al negarse Coca-Cola a desembolsar el dinero a pesar de que habían sido obligados, nos quedamos en una desprotección total, no sólo desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista del sistema: evidentemente lo que ocurría era que no había ningún tipo de sustento, ni prestaciones ni salarios, y obviamente para las economías familiares fue muy duro soportar esa situación».

El ‘Campamento Dignidad’ nació así de las apremiantes necesidades básicas de las familias afectadas y cumplió muchas funciones a la vez: a su manera, acabó siendo una delegación sindical, un despacho de asesoría jurídica, un comedor social y hasta un gabinete de psicoterapia colectiva. Con el paso de las horas y al calor de las charlas y las comidas compartidas, la lucha obrera se disolvía a veces en una relajada fraternidad entre colegas que acababa resultando balsámica frente al durísimo trance que pasaban los trabajadores a la espera de una solución.

El campamento estuvo operativo hasta el 30 de septiembre de 2015, día en que se abrieron las puertas de la planta de Fuenlabrada para la polémica readmisión de los trabajadores. Hasta diciembre de ese año permaneció en pie la estructura vacía junto a la entrada de la fábrica, el esqueleto de aquel núcleo de solidaridad y resistencia, hasta que finalmente fue desmantelado. Sin embargo, el espíritu que se desarrolló en el interior de aquel chamizo habita aún en el corazón colectivo del movimiento Coca-Cola en Lucha, que no ha cesado en la reivindicación de una solución digna.

La lucha en femenino: el poder de las espartanas.

Uno de los fenómenos sociales más potentes y conmovedores originados entorno a la problemática laboral del ERE de Coca-Cola fue el conjunto de mujeres –en su mayoría compañeras, hijas o familiares de los trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada–, que se unieron a la causa de sus parejas. Empezaron a conocerse entre ellas cuando acompañaron a sus maridos a las acciones de protesta en la fábrica, y no tardaron en crear un combativo grupo de apoyo a la lucha obrera de los trabajadores en litigio.

Su presencia añadía a la lucha de los trabajadores de Coca-Cola una nueva dimensión que amplificaba la proyección social, generaba una valiosa empatía con la causa y aportaba una creatividad y un coraje que impulsaron el movimiento con una energía impagable.

Uno de sus mayores «éxitos» en el impacto social de su campaña tuvo lugar en las Navidades de 2016, cuando las propias ‘espartanas’ elaboraron un anuncio de Navidad que parodiaba un famoso ‘spot’ publicitario de Coca-Cola, encajando en un guión similar sus propias reivindicaciones y denuncias. Esta obra maestra de la ironía publicitaria comunicaba muy bien el estado de ánimo del grupo en lucha y denunciaba hábilmente lo que sus autoras consideraban injusto o abusivo en la contienda jurídica con Coca-Cola.

«En estas fechas, la publicidad nos va a recordar que Coca-Cola es la felicidad –dice a cámara una de las protagonistas del anuncio–. Pero en Fuenlabrada Coca-Cola no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni respetan nuestros derechos ni las sentencias». La misma mujer recuerda que «las espartanas llevamos tres años luchando, porque si Madrid no fabrica, Madrid no consume«.

Esta última frase se convirtió en uno de los lemas principales de la campaña de los trabajadores en lucha de Coca-Cola, coreada a voz en grito en múltiples manifestaciones y difundida al máximo en las redes sociales.

Otro lema que las ‘espartanas’ crearon es el que llevan escritos en su camiseta: otra sencilla declaración de intenciones cargada de actitud; casi una advertencia: «Ni nos doblan, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. La lucha sigue».

Unos meses antes del famoso ‘anti-spot’ navideño protagonizaron también otro original salto a la fama: seis de las ‘espartanas’ aparecieron desnudas en una de las revistas más populares de España, Interviú, conocida, entre otras cosas, por llevar siempre una mujer semidesnuda en la portada, que aparece desnuda en el interior en un reportaje fotográfico más amplio. «¿Qué es enseñar un pecho cuando nos están robando nuestros derechos?», dijo Gema Gil, una de las espartanas, a la revista, explicando a continuación que estaban muy orgullosas de «haber creado un ejemplo en una clase trabajadora dormida».

El propio Juan Carlos Asenjo reconoció a la revista Pikara Magazine en diciembre de 2017 que las espartanas eran (y son) «la cimentación para que esto siga adelante: sin las espartanas, sin las mujeres, la lucha está coja. Gracias a ellas estamos en pie. Son las mujeres las que están poniendo en jaque al capital».

Un acuerdo digno o habrá que recurrir a Estrasburgo

Juan Carlos Asenjo admite que existe «un canal de comunicación con la empresa» desde 2014, desde los albores del conflicto. La mera cronología de los hechos deja claro que no ha sido un canal muy fructífero, y que más que un diálogo la relación entre las partes ha consistido en un pulso difícil, una guerra en varios frentes, desigual pero prolongada en el tiempo hasta nuestros días.

«Nos hemos sentado a dialogar con la empresa», explica Asenjo sobre la batalla actual. «Una de dos: la empresa tiene que cumplir con el proyecto que planteó ante la Audiencia Nacional o tenemos que sentarnos a buscar una ejecución de esa sentencia que aceptemos de mutuo acuerdo».

El sindicalista advierte que «si no tenemos una solución antes del plazo jurídico establecido en el que es posible solicitar el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues evidentemente recurriremos a Estrasburgo«. Igualmente reconoce que «si a través del diálogo somos capaces de buscar una solución, pues no tendremos que recurrir». Con todo, insiste en recordar que «a día de hoy, no tenemos ninguna solución real que evite la situación de tener que presentar el caso a Estrasburgo».

«Nuestro objetivo no es torcerle el brazo a Coca-Cola –aclara Asenjo–, sino hacer que se cumpla lo que la justicia dictaminó en su día para dar a los trabajadores y a sus familias una salida y una solución de futuro».

Lindorff, que aplica a la mayoría de sus empleados el II Convenio Colectivo para las empresas de Contact Center (antes Telemárketing) ,pretende llevar a cabo sus despidos en Granada (31), Jerez de la Frontera (14), Zaragoza (6), Valladolid (147), Barcelona (49), Santa Cruz de Tenerife (3), Madrid (148), Murcia (25), Alicante (15), Valencia (7) y Palma de Mallorca (4).

«CGT lamenta que en una empresa con beneficios se presente un Despido Colectivo de esta envergadura para mejorar los niveles competitividad. Desde CGT hemos pedido documentación adicional que entendemos es relevante para analizar los motivos que alega la empresa para despedir pero lo hasta ahora analizado parece una carnicería absolutamente injustificada», señala el sindicato.

CGT recuerda que Lindorff (multinacional noruega dedicada a la gestion de cobros) adquirió Aktua, la empresa de servicios inmobiliarios del antiguo Banesto, hace ahora dos años procedente del fondo buitre Centerbridge Partners por cerca de 300 millones de euros.

«Hoy esa compra», añade CGT, «se convierte en centenares de despidos de una empresa que reconoce que tiene beneficios. La reciente fusión de Lindorff e Intrum Justitia, aprobada el 12 de Junio de 2018 por la Comisión Europea y cerrada el 27 de Junio del año pasado trae estas primeras consecuencias que CGT rechaza y reprueba».

CGT anuncia su compromiso de que» informará puntualmente» de este despido colectivo a través de sucesivos comunicados. La próxima reunión se ha fijado para el próximo martes 27 de marzo en Madrid.

El centro de trabajo de Lindorff en Valladolid se encuentra situado en el Paseo de los Álamos 18 del Polígono de La Mora, en La Cistérniga, y cuenta con una plantilla de 685 trabajadores.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) afectaron en 2017 a 54.098 trabajadores, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo.

Unos perdieron sus puestos de trabajo (20.159), otros sufrieron reducciones de jornada (5.791) y la mayoría vieron cómo quedaban en suspenso sus contratos (28.148).

El número de trabajadores inmersos en algún ERE el año pasado está en línea con lo que era habitual antes del estallido de la crisis. En 2006, todavía en pleno boom económico, hubo 57.140 afectados por expedientes de ese tipo y en 2007 fueron 76.042.

A partir de entonces comenzó una rápida escalada, que tuvo su punto álgido en 2009, todavía bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de medio millón de trabajadores (en concreto, 583.049) sufrieron regulaciones de empleo, aunque las víctimas de despidos se limitaron a 63.476.

En 2012, siendo ya presidente Mariano Rajoy, se produjo un nuevo pico, coincidiendo con la promulgación de la controvertida reforma laboral de febrero de ese año. Los ERE se llevaron por delante de una tacada a 483.313 trabajadores, en otro ejercicio catastrófico desde el punto de vista del empleo.

Luego, poco a poco, la cifra comenzó a bajar, una vez que las empresas iban consumando el aligeramiento de plantillas propiciado por las facilidades en materia de despido y por la desactivación de buena parte del poder sindical que la nueva normativa introdujo.

Aun así, cuando en 2014 surgieron los primeros signos de recuperación, el número de afectados por ERE continuó muy por encima de los cien mil (159.566). Y desde ahí fue cayendo hasta los 54.098 correspondientes a 2017.

En total, desde que la economía española volvió a crecer, ha habido 400.762 trabajadores sometidos a regulación de empleo.

Sólo en 2017, se tramitaron 3.422 procedimientos, de los que un 90% se zanjaron con acuerdo entre las empresas y los representantes sindicales.

De los 54.098 trabajadores afectados, 25.140 pertenecían a los servicios; 24.515, a la industria; 3.453 a la construcción, y 990, al sector agrario.

La Junta bloquea con su estrategia la posibilidad de que la Fiscalía pueda reclamar la devolución de los 741 millones de euros expoliados

¿Se recuperará todo el botín del ‘caso ERE’?

La Junta admite el riesgo de impunidad en el caso ERE

La maniobra procesal de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, de apartarse de la pieza principal de los ERE, reservarse el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles y no acusar a ninguno de los 22 ex altos cargos enjuiciados, entre los que figuran los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha bloqueado definitivamente que la Fiscalía pueda pedirles las fianzas millonarias que inicialmente les había exigido.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que está enjuiciando la pieza principal de los ERE respondió la pasada semana al PP que «la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil» y fianzas a los acusados, ya que éstas «sólo pueden ser reclamadas por el ofendido o perjudicado -en este caso la Junta- y por el Ministerio Fiscal».

El PP entendió entonces que se abría la puerta a que la Fiscalía solicitase las fianzas millonarias a los ex altos cargos, pero no es así. Fuentes del Ministerio Público puntualizaron a EL MUNDO que, pese a esta «respuesta» de la Audiencia al PP, la Fiscalía no puede solicitar las fianzas que inicialmente habían reclamado por importe de 741.596.545 euros a los ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de malversación en la pieza principal de los ERE.

El motivo que impide a la Fiscalía exigirlas es que la Junta, que es la parte perjudicada en este proceso, no acusa a nadie y anunció, al apartarse de la causa, que «se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar».

Con esa «reserva», la Junta bloquea que la Fiscalía o las acusaciones populares exijan las fianzas millonarias a los acusados y libera también a los ex altos cargos de las responsabilidades económicas que tuvieron que afrontar en la fase de instrucción, como «garantía cautelar». Griñán, por ejemplo, tuvo que hacer frente a una fianza civil de 4.214.702 euros de la quedó eximido el pasado febrero, cuando la Administración andaluza dejó de formar parte del proceso, al no ver delito alguno en la conducta de sus 22 ex altos cargos.

Escritos de calificación

Cuando dio comienzo el juicio de los ERE y durante las cuestiones previas, tanto la Fiscalía como la acusación que ejerce el PP renunciaron a las fianzas millonarias que habían solicitado en sus escritos de calificación, ante la estrategia de la Administración autonómica. Ambos entendieron en ese momento que estaban atados de pies y manos para hacer esta petición.

Sin embargo, con posterioridad, el PP rectificó y pidió al tribunal que está enjuiciando los ERE que no tuviera en cuenta su renuncia porque la maniobra del Gobierno andaluz es «contraria a los intereses generales» y por ello pretende «ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en general».

Los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster justificaron su petición en que la Junta no había motivado de forma «clara e inequívoca» su renuncia a ejercer sus derechos y a recuperar el dinero presuntamente saqueado.

De hecho, no hay ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, ordenando al gabinete jurídico la «reserva de acciones civiles» ni tampoco consta ningún decreto de Presidencia del Gobierno andaluz ni de ningún consejero, alegó el PP.

Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia rechazó la petición del PP de pedir responsabilidad civil a ex altos cargos en una resolución fechada el 9 de febrero. «No ha lugar a lo solicitado, dado que la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», recoge la providencia contra la que no cabe recurso alguno.

El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma: «La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». Y no les podrá exigir, por tanto, responsabilidad civil y fianzas millonarias.