EL PAÍS reconstruye los hechos y la desaparición de las pruebas contra los acusados, uno de ellos, cuñado de un agente, tras la constatación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las graves irregularidades de la investigación de un caso de presunta sumisión química

Cuando Marina L. despertó aquel mediodía de diciembre de 2016, estaba desnuda en una habitación a oscuras. Consiguió abrir la puerta a tientas y llegar a un salón en el que se encontró con su amiga. “Estaba en el sofá, con dos chicos, parecía medio ida”, recuerda. Ella no los conocía y le llamó la atención la “ausencia de efectos personales” del piso. Preguntó de quién era la casa. Su amiga tampoco lo sabía. Se vistieron y apenas hablaron con ellos. Uno de ellos llamó a un taxi y ellas bajaron a la calle a esperarlo. “Nos sentamos en una acera y fue cuando [ella] me dijo: tienes el cuello marcado”, recuerda Marina L. Dos semanas después, en una comisaría de Pamplona, su amiga declaró que de aquella madrugada solo recordaba los gritos de Marina y que ella misma tenía “flashes” en los que se veía manteniendo relaciones sexuales, sin saber por qué.

A falta de recuerdos, con el paso de los días afloraron otras huellas: dolores vaginales en el caso de su amiga; en el de Marina, dolor en la mandíbula y moratones en un costado y en el cuello. “Yo me puse un pañuelo para que mi marido no me viera las marcas”, recuerda. Marina y su amiga habían conocido a los dos jóvenes del piso, David y Raúl, en un bar del Casco Viejo de la capital navarra sobre las dos de la mañana, según se supo más tarde con las imágenes de las cámaras del local donde habían estado aquella noche. Era jueves, 7 de diciembre de 2016. Ninguna recordaba nada más allá de eso.

Nacidos en Pamplona, David tenía 29 años, Raúl, 31. Comentando sus rutinas de entrenamiento, David le envió días después de los hechos un audio a Raúl, alias Rulo, hablando de una de las chicas, según un informe policial. “Ah, Rulo, que… Te quieres poner en forma para pegarle a la tía esa si vuelves a verla, no… La última vez te quedaste con las ganas […] y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos, no”. Raúl respondió al minuto. “Si te sirve, hoy he hecho tríceps y bíceps, así que a puñetazos”. Raúl, según la versión que ellos mismos dieron ante el juez de guardia, fue quien estuvo con Marina. La jueza de instrucción sostuvo para descartar el procesamiento, sin llamar a declarar a los detenidos y sin citar en su auto la respuesta de Raúl, que no había “ningún indicio” que apuntara a su responsabilidad.

Nueve años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar realmente aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química —Marina tenía 30 años; su amiga, 19— y por una sucesión de graves irregularidades cometidas en ese procedimiento: “La pérdida y manipulación sistemáticas de pruebas potencialmente cruciales mientras se encontraban bajo custodia policial, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y la respuesta manifiestamente inadecuada a estas deficiencias”. Uno de los acusados era cuñado de uno de los policías encargados de la investigación.

No se investigó lo necesario, no se custodiaron las pruebas y esa “estrecha relación familiar” del policía y uno de los acusados violó “el estándar de independencia mínima exigida” por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo dictaminó por unanimidad que las autoridades policiales y judiciales españolas violaron el derecho de Marina y su amiga a no sufrir un trato degradante y a que se respetara su vida privada (artículos 3 y 8 del Convenio).

Más allá del marco legal e institucional español, que el tribunal consideró “en principio” adecuado para abordar denuncias como las de Marina y su amiga, ni la policía —más allá de la inspectora jefa, María Mallén, y parte de su equipo al inicio del caso—, ni la fiscalía, ni la justicia actuaron para corroborarlas. El Estado debe indemnizar con 20.000 euros a cada una, y 5.000 por los gastos conjuntos del proceso.

Las violaciones de La Manada en un portal de la capital navarra habían ocurrido solo cinco meses antes, en los sanfermines de 2016. “Está claro que nuestro caso quedó a la sombra de La Manada”, lamenta Marina en el despacho de su abogado, José Luis Beaumont, en Pamplona. En su procedimiento, la jueza ni siquiera citó a declarar a los encausados y la fiscal no acudió a la declaración de las víctimas. Durante nueve años, denuncia el abogado Beaumont, “nadie del Gobierno regional ni del ayuntamiento” los apoyó en nada.

EL PAÍS reconstruye la historia desde el inicio, desde aquel mediodía en el que las dos mujeres se despertaron en un piso desconocido sin saber qué había pasado, a través de entrevistas con sus protagonistas y la documentación judicial y policial del caso. A través de una portavoz, la Policía Nacional ha rechazado responder preguntas.

Dos víctimas sin recuerdos

El 8 de diciembre de 2016 era viernes. Tras despertar sin entender nada en el piso de David, Marina y su amiga se fueron a casa. El sábado por la noche, volvieron a salir juntas. Quedaron a la misma hora, fueron a los tres mismos bares, tomaron las mismas dos copas de vino y repitieron los dos chupitos que habían tomado la noche del jueves, para ver si el alcohol explicaba por sí solo el socavón en la memoria de ambas. Pero no lo hizo. “Nos dieron las cinco de la mañana hablando”, recuerda Marina L.

El lunes, Marina volvió al trabajo y su amiga, a los estudios, que cursaba en otra comunidad autónoma. Tras varios días con dolores, la amiga acudió a urgencias y la médica que la atendió hizo un parte por “sospechas de agresión sexual” que remitió a la policía en esa otra comunidad autónoma. El 19 de diciembre, el parte llegó a la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Pamplona, cuya inspectora jefa se hizo cargo del caso. María Mallén habló con las víctimas y agentes a su cargo recuperaron las imágenes del último bar en el que habían estado las chicas y el móvil desde el que se llamó al taxi.

De lo ocurrido en ese bar, el Otano, lo poco que se sabe es gracias a una diligencia de visionado —un resumen de secuencias— de las imágenes de sus cámaras, que un policía hizo sobre la marcha los primeros días de la investigación. En el fotograma 16 “se ve cómo el individuo de barba [un amigo de los encausados] saca algo de su bolsillo y se lo da a David, no llegando a poder apreciar […] lo que le entrega”, según la diligencia. El amigo de barba es un policía foral.

Eran las 2.16 de la madrugada. Las dos mujeres no recordaban “nada a partir de aproximadamente esa hora”, según el atestado de la policía. Tras hablar con un abogado amigo del padre de una de ellas y con la inspectora Mallén, Marina y su amiga decidieron denunciar y declararon en comisaría el día de Nochebuena de 2016. Tres días después, la policía detuvo a Raúl y a David, cada uno en su casa. A los agentes les pareció que los “estaban esperando”, según el atestado.

El detenido reconoce ser cuñado de un policía

Pasado el mediodía, David abrió la puerta en pijama y bostezando, sin saber que desde un coche de vigilancia discreta de la policía lo habían visto llegar a su domicilio 15 minutos antes. Animó a los agentes que lo conducían a que fueran revisándole el móvil si querían, cosa que hizo la inspectora Mallén. Ella encontró una foto de la hija de un agente de su mismo grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). “Es mi sobrina”, aclaró David. “Asombrado de que [la inspectora] conozca a la niña, el detenido reconoce ser cuñado de este policía”, recoge el atestado. El policía era Borja Vázquez Fernández y había ocultado su relación con el investigado desde hacía días a pesar de que había estado trabajando.

Las fechas son clave. La amiga de Marina había acudido al hospital el 11 de diciembre, pero en otra comunidad autónoma, donde por entonces estudiaba. Hasta el día 19, ocho días después, no se recibió el parte médico en la comisaría de Pamplona. Sin embargo, el 13 de diciembre, el agente Borja Vázquez ya había buscado en la base de datos si había alguna denuncia contra su cuñado, según el registro de sus rastreos. ¿Por qué sospechaba el policía que su cuñado podía estar denunciado, cuando ni siquiera las víctimas habían pensado aún en denunciar? La jueza no llamó a declarar a ninguno de los detenidos, así que no consta ninguna explicación de David. El policía y David han declinado responder a este diario.

Lejos de abstenerse por la relación familiar, el agente había estado trabajando varios días a ambos lados de la calle: por un lado, conociendo la información que su jefa y compañeros iban compartiendo sobre su cuñado y por el otro, rastreando posibles denuncias contra su cuñado en la base de datos. A partir de ahí y a lo largo de dos años, las principales pruebas reunidas por Mallén —las imágenes del bar, un informe forense sobre “lo borrado y lo no borrado” del móvil del cuñado del policía y los archivos del disco duro de la Policía Judicial— fueron desapareciendo una a una.

Todas las pruebas desaparecen

La primera alarma saltó “a finales de febrero o principios del mes de marzo de 2018”, cuando la inspectora Mallén avisó al juzgado de que el informe forense sobre el móvil del cuñado del policía, analizado en Madrid y remitido a Pamplona, había desaparecido del sistema informático de la comisaría. “La carpeta vacía se correspondía con la del teléfono de David”, informó la propia Mallén tiempo después. La Policía Nacional no ha autorizado a Mallén a atender a este diario.

Mallén informó primero a su entonces jefa, la comisaria Nuria Mazo, y acto seguido a la jueza de instrucción. Advertida de la desaparición de una prueba esencial, la jueza Inés Hualde lo ocultó a las partes del proceso durante meses, algo que Estrasburgo condena expresamente: “La desaparición del material fue revelada tardíamente y las demandantes recibieron explicaciones inveraces durante varios meses”. Contactada por este diario, la jueza no ha querido responder a “ninguna pregunta”.

Mallén dejó poco después la UFAM, en mayo de 2018, y pidió otro destino profesional en Pamplona. Ya sin ella al frente, la policía entregó un informe presuntamente detallado sobre las grabaciones del bar y el abogado de las mujeres advirtió que en el informe faltaba el fragmento clave, las secuencias de las 2.16 de la madrugada que él ya había visto en el atestado inicial. Después de advertirlo en un escrito, desparecieron el resto de las grabaciones.

La desaparición de las pruebas no se limitó a la “pérdida” de las grabaciones del bar y el borrado del informe sobre el móvil de su cuñado David. El disco duro de la Brigada de Policía Judicial donde se había volcado y copiado lo más relevante de la investigación fue borrado también más tarde.

Según una nota interna de la propia policía, el borrado del disco duro lo supervisó la comisaria y actual jefa de la policía judicial de Pamplona, Nuria Mazo, quien, a través de la jefa de prensa de la Policía Nacional de Pamplona ha declinado atender a este diario. Según dicha nota, el 6 de febrero de 2019 se cortaron “los archivos que en él se encontraban a fin de dejarlo vacío”.

Mazo, ya como jefa de la policía judicial, firmó la nota interna del borrado del disco duro en febrero de 2019. Estrasburgo considera especialmente grave este borrado porque existía un requerimiento judicial para que se certificara su “contenido” y su “invariabilidad” desde enero. La jueza se reunió con Mazo un día antes del borrado y archivó la pieza en la que debía investigarse sin llamarla a declarar.

Inacción de la jueza y la fiscal

A lo largo de estos nueve años, el abogado de las dos mujeres ha remado “contra viento y marea”, desde el juzgado de guardia de Pamplona hasta el Tribunal Constitucional, que no admitió su recurso de amparo, para mantener a flote los derechos de las denunciantes, según destaca por teléfono el padre de la amiga de Marina. Estrasburgo reconoce que fueron las denunciantes y su abogado quienes lucharon para impulsar una investigación que se iba cayendo a pedazos y que dejó impune, sin procesamiento alguno, tanto las presuntas agresiones como las manipulaciones de las pruebas.

La jueza Inés Hualde no llamó a declarar a los acusados, quienes únicamente declararon ante el juez de guardia: dos declaraciones calcadas de un párrafo sin presencia de la Fiscalía en las que alegaron que las relaciones habían sido consentidas. La fiscal del caso, Pilar Larráyoz, respondiendo por escrito a este diario, dice que “no es infrecuente” que la Fiscalía falte a ese tipo de diligencias por problemas de agenda. ¿Quién, entonces, solicita medidas de prisión o fianza en casos graves como éste? A lo largo de seis años, la fiscal jamás pidió ninguna diligencia y se opuso a la inmensa mayoría de las que solicitaron las denunciantes en los dos procedimientos.

Solo el presunto chivatazo del cuñado policía de uno de los acusados llegó a juicio. Absuelto en primera y segunda instancia el agente Vázquez, que dijo que en realidad estaba indagando sobre otra cuñada (algo que ni el juez que lo absolvió consideró creíble), el Supremo admitió que esa consulta previa era un indicio muy significativo, pero insuficiente para condenarlo por el presunto chivatazo a su cuñado. La sentencia de instancia no había analizado ningún otro indicio —el abogado alegó más de una decena en el juicio— y el Supremo no pudo entrar a valorarlos. “El agente debería haberse abstenido él mismo en lugar de esperar a que una compañera expusiera su relación de parentesco con el sospechoso”, afirma la sentencia de Estrasburgo.

La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata la manipulación de pruebas y las irregularidades, incluido el trabajo en la sombra del policía cuñado de uno de los acusados, pero la realidad deja poco margen para reabrir el caso. “Destruyeron todas las evidencias”, dice el abogado Beaumont. “Nos han dado la razón, pero a qué”, se pregunta ahora Marina en el despacho de su abogado. La duda señala una particularidad que la sentencia también destaca: tratándose de un caso de sumisión química, subraya el tribunal, las imágenes del bar y los mensajes de los acusados eran clave.

Marina L. prefiere que no salgan sus apellidos ni su cara, pero no por vergüenza, sino por seguridad. “Ellos tienen un punto violento que no sé dónde podría llevarlos”, contaba ella en Pamplona. Al principio, le costó decidirse a denunciar y si no hubiera sido por la inspectora Mallén, por el tacto con el que se acercó a ella, y por el abogado Beaumont, que tanto a ella como a su amiga les pidió que pensaran en las mujeres que podían sufrir lo mismo, Marina no habría denunciado.

“Para mí no es un tema tabú”, dice nueve años después. El pañuelo en el cuello se lo puso porque pensó que su marido no iba a creerla. Luego, para protegerlo, porque pensó que tampoco iban a creerlo a él. A pesar del dolor y los moratones, decidió no acudir a ningún ambulatorio ni hospital, sino que consultó con una amiga médico para que nada saliera a la luz. Temía que si iba a la comisaría o al hospital enseñando los moratones, pero diciendo que no recordaba los golpes, pensaran que hubiera sido su marido.

Su amiga tampoco quiso denunciar al inicio, y tardó días en contárselo a su familia. “Llegaron las navidades, estábamos comiendo con los abuelos en casa y en un momento determinado, se emocionó y me fui a su cuarto con ella”, recuerda su padre, Francisco. “Me contó que creía que había sufrido una agresión sexual”, cuenta. Ella, que se fue de Pamplona hace años, ha preferido no participar en este reportaje.

Una condena a España revela la manipulación sistemática por parte de la policía de las pruebas de dos violaciones | España | EL PAÍS

El Fiscal General asumió que la nota enviada a la prensa sobre el asunto era de su autoría, y la persona que la transcribió a ordenador reconoció en el juicio que se la había dictado en persona el hasta ahora Fiscal General del Estado. No se entiende a qué viene tanto aspaviento en relación con este fallo, que tiene el suficiente rigor como para ser dictado, aunque diversos personajes vinculados con la judicatura, pero sobre todo con la política, la cuestionen.

El Gobierno y sus apoyos políticos y mediáticos no se esperaban esta sentencia. Estaban convencidos de que la cosa iba a terminar sin mayores complicaciones para el Fiscal y para el Gobierno que lo nombró. Pedro Sánchez se cansó de insistir en la inocencia del Fiscal General del Estado y de forma inevitable, con tal actitud, se ve ahora tremendamente repercutido por esa sentencia condenatoria.

Ha pasado mucho desde que su Ministro de Transportes, el “más que elegante y educado” Óscar Puente dijera de él que era “el puto amo”. Parece que ya no es el puto amo, al menos entre determinados sectores y ambientes, en los cuales ya no le rinden pleitesía. Para ello hay una razón de fondo: hasta ahora Pedro Sánchez era la mayor garantía para el bloque dominante español y europeo para mantener la paz social en el Estado. Si surgía algún movimiento que la pusiera en cuestión, él mismo o cualquiera de los miembros de su Gobierno o adláteres hacían de bomberos para apagar cualquier potencial fuego. Esto también se ha acabado. Pedro Sánchez y su Gobierno ya son incapaces de satisfacer con garantías tales objetivos. Probablemente ningún Gobierno tenga esa capacidad en estos momentos, pero desde luego éste no.

La sentencia parece que ha pillado al traspiés a la mayoría de los portavoces de los grupos que conforman el Gobierno o lo apoyan desde fuera. Incluso hay quien ha hablado de Golpe de Estado institucional. ¿Golpe contra quién y a favor de qué? Se nos escapa el fondo de esa afirmación. Como decíamos en nuestro último editorial, el Régimen en que vivimos, el de la II Restauración Borbónica, no es un Régimen democrático ni con estricta división de poderes, pero esto es así desde el momento de su instauración. La sentencia sobre el Fiscal General del Estado no cambia un ápice esta realidad, y en todo caso le da cierta credibilidad al Tribunal Supremo por atreverse a condenar a un “santón” del Gobierno y del Régimen actual.

Otra cuestión que ha enervado al público adherido al Gobierno es el trato dado a la prensa, que no ha ofrecido credibilidad al Tribunal. Consideran que con ello perjudican a la “libertad de información” en el país. Desgraciadamente los medios de comunicación nada tienen que ver ni con el rigor informativo ni con la profesionalidad; son títeres en manos de cada una de las fracciones que integran el poder.

Sería bueno que el personal falsamente ofendido por esta sentencia empezara a reflexionar sobre su incapacidad para aprehender la realidad. En algunos casos será algo patológico, que requerirá tratamiento médico, pero en la mayoría de ellos es simplemente una actitud aprendida durante muchos años de chulería sin coste alguno. Ese tiempo se ha acabado, más les valdría intentar situarse en la realidad y abandonar la política de falsas trincheras.

Los ministros de Asuntos Exteriores de 21 países, entre ellos España, Reino Unido y Francia, han emitido este jueves un comunicado conjunto en el que repudian la decisión del régimen de Israel de aprobar el plan de construcción de asentamientos en el área E1 de la Cisjordania ocupada, colindante con Al-Quds (Jerusalén).

“Condenamos esta decisión y pedimos su revocación inmediata en los términos más enérgicos”, subrayan los jefes de la diplomacia firmantes en el texto difundido por el Gobierno británico.

Afirman que la construcción de asentamientos en la zona E1 es “inaceptable y una violación del derecho internacional”, además de que “socava la seguridad, fomenta la violencia y la inestabilidad” en la región.

Israel aprueba construir 3400 viviendas ilegales en Cisjordania ocupada | HISPANTV

El régimen israelí aprobó un proyecto de construcción 3400 viviendas en Cisjordania, medida que, según críticos, dividiría el territorio palestino en dos.

 

Asimismo, critican la posición del ministro israelí de finanzas, Bezalel Smotrich, después de que este afirmase que el plan imposibilitará la solución de dos Estados, al dividir cualquier posible Estado palestino y restringir el acceso palestino a Al-Quds. “Esto no beneficia en absoluto al pueblo israelí (…) nos aleja aún más de la paz”, advierten e instan a régimen de Israel a que lo retire “urgentemente”.

• Ministro de finanzas israelí pide total ocupación de Gaza

El comunicado conjunto cuenta con las firmas de los ministros de Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, además de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Según los representantes de Exteriores, la acción “unilateral” del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, perjudica su “deseo colectivo” de prosperidad para la región de Asia Occidental, por tanto, Israel “debe detener la construcción de asentamientos, en conformidad con la Resolución 2334 del Consejo de Naciones Unidas y eliminar las restricciones a las finanzas de la Autoridad Palestina”, dice el texto.

Previamente, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina condenó el controvertido e ilegal plan anunciado por Smotrich, de construir nuevas viviendas en la zona E1 de la Cisjordania ocupada, declarando que el plan supone una “extensión de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión”

La comunidad internacional considera de manera abrumadora que la construcción de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada es ilegal y constituye un obstáculo para la paz y la creación de un Estado palestino soberano.

De hecho, La ocupación israelí de territorios palestinos es ilegal según el derecho internacional. El año pasado, la Corte Penal Internacional  (CPI) declaró en una sentencia histórica que Israel debía poner fin a las actividades de asentamiento en Cisjordania y Al-Quds,  y poner fin a su ocupación de esas zonas, así como de la Franja de Gaza, lo antes posible.

• ONU a Israel: Todos los asentamientos en Cisjordania son ilegales

¿Qué incluye este plan expansionista de Israel?

El plan aprobado proyecta la construcción de 3410 viviendas en la zona conocida como E1, un terreno de 1200 hectáreas al este de Al-Quds, habitado por varias comunidades beduinas palestinas, como parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, con 40 000 habitantes y considerado ilegal por el derecho internacional.

Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva carretera que separaría el tráfico palestino del israelí, y desplazaría el control militar para entrar a Al-Quds (la parte palestina de la ciudad, anexionada unilateralmente por Israel en 1980 y reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado) hasta 14 kilómetros al este.

21 países condenan plan israelí para dividir Cisjordania | HISPANTV

Javier Gil – eldiario.es

El tribunal con sede en Estrasburgo encuentra violaciones del Convenio de Derechos Humanos en el caso de la intervención policial tras la manifestación de septiembre de 2012

El Tribunal de Derechos Humanos ha condenado este martes a España por la actuación policial en el rodea al Congreso. Así lo establece una sentencia en el caso de una mujer que participó en la manifestación de Rodea el Congreso del 29 de septiembre de 2012 y que denunciaba que fue sido desalojada por la fuerza y de manera humillante por la Policía junto a otros manifestantes que se refugiaron en un bar cercano a la sede parlamentaria en el marco de los disturbios. Así, el TEDH condena por no investigar denuncias de sobre las actuaciones policiales.

La mujer denunció el caso ante un juzgado de instrucción de Madrid que lo acabó cerrando por falta de pruebas y, tras la negativa del Tribunal Constitucional a revisarlo, por considerar que no había violación de derechos fundamentales, acudió al TEDH, donde acusa a las autoridades españoles de no haber investigado lo suficiente los hechos denunciados, apuntando con ello a una posible violación del artículo 3 de la Convención, sobre la prohibición de la tortura.

De acuerdo con la sentencia, decidida por unanimidad, el Tribunal con sede en Estrasburgo «declara admisible la solicitud; sostiene que se ha producido una violación de la rama procesal del artículo 3 de la Convención; y establece que el Estado demandado pagará al demandante, en el plazo de tres meses, la cantidad de 1.000 euros en concepto daño moral; y que desde el vencimiento de dicho período y hasta el pago, este monto se incrementará por interés simple a un tipo igual al de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante este período, incrementado en tres puntos porcentuales».

«A la luz de la información de que dispone, la Corte considera que en las circunstancias particulares del presente caso la investigación llevada a cabo por los tribunales internos no fue lo suficientemente completa y eficaz para cumplir con los requisitos antes señalados de la vertiente procesal del artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos», dice el Tribunal: «En consecuencia, se ha producido una violación de la Convención. Si la Corte declara que ha habido violación de la Convención o de sus Protocolos, y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite borrar imperfectamente las consecuencias de esta violación, la Corte concede a la parte lesionada, en su caso, solo satisfacción».

https://twitter.com/miguelmunozort/status/1369231302235467780?s=20

La madre talaverana Susana Guerrero ha sido absuelta de un delito de sustracción de menores tras ser denunciada por incumplir el régimen de visitas de su hija menor -de 12 años de edad- con el progenitor de la misma. Así se dicta en la sentencia en la que la magistrada del Juzgado Penal número 3 de Talavera ha tenido en cuenta «la creencia -de Susana- de proteger a su hija» de su padre biológico -condenado en 2008 seis meses por violencia de género- para no considerarla culpable de un delito por el que la acusación solicitaba dos años de prisión.

En cambio, Guerrero sí ha sido condenada por un delito de desobediencia grave, la otra pena por la que el progenitor y la propia Fiscalía solicitaban un año de presión, así como la inhabilitación de la patria potestad para Susana y una indemnización de 3.000 euros al padre biológico que no ha sido concedida. No obstante, la madre talaverana sí ha sido condenada en este caso por la mínima pena que le obliga a pagar tres euros al día durante los próximos seis meses y a asumir la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

«Aunque ello no ha justificado la concurrencia de un error de prohibición, si ha de valorarse en la proporcionalidad de la pena a imponer», concreta el fallo sobre este último delito, sobre el que añade que el padre, en su declaración, «no solo no relató padecimiento alguno o sensación de inquietud, zozobra y desasosiego, sino que incluso manifestó que nunca supo el domicilio concreto de la madre y la menor y que ‘ni le interesa'», una situación que al parecer de la magistrada «hace determinar que no se ha acreditado de forma efectiva la producción de daños morales» en el perjudicado.

En este sentido, cabe destacar que la sentencia refleja también que a pesar de que en el escrito de acusación se denuncia la situación del padre por “haber sido privado de la compañía de su hija», lo cual «le había generado una situación de ansiedad y pérdida de empleo”, en el plenario, el progenitor no fue si quiere preguntado a este respecto.

«Sienta precedente»

En todo caso, se trata de una sentencia que Guerrero no va a recurrir y con la que afirma que se siente más que satisfecha: «Sienta precedente -la sentencia-«, resalta a este medio también en referencia a casos similares como el de Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel y a seis de pérdida de la patria potestad por no entregar a sus hijos al padre de los mismos, condenado por un delito de lesiones.

Así, la madre talaverana concluye que esta mínima pena por desobediencia grave es el reflejo de que «hay cambiar las leyes» para poder luchar contra otros casos de abusos en el ámbito familiar que, a su juicio, las leyes «no siempre protegen».

La talaverana aseguraba que el padre incluso ha abusado sexualmente de su hija varias veces: «No se puede seguir castigando a las madres que deciden proteger a sus hijas», manifestaba al tiempo que definía al progenitor como «un depredador sexual».

El calvario judicial de esta talaverana no concluye con este juicio ya que el próximo 23 de octubre tendrá que volver a sede judicial por el impago, por parte del progenitor, de la pensión de manutención que no recibe la hija de ambos.

Ocho ex miembros del Ejército chileno han sido condenados este martes por el asesinato del famoso cantautor y director de teatro chileno Víctor Jara —militante comunista— en septiembre de 1973, cuando comenzaba la dictadura encabezada por el entonces comandante en jefe Augusto Pinochet. La decisión fue adoptada el martes por el ministro Miguel Vázquez Plaza, miembro de la Corte de Apelaciones designado para causas de violaciones a los Derechos Humanos. Además, al grupo de militares en retiro se les condenó por el homicidio de Littré Quiroga Carvajal, director de prisiones en esa época.

Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso fueron condenados a penas de 15 años y un día como autores de los homicidios y a tres años de presidio como autores del delito de secuestro simple de ambas víctimas. Adicionalmente, el antiguo oficial Rolando Melo fue condenado a cinco años y un día de presidio como encubridor de los asesinatos y a 61 como encubridor de los secuestros. El Estado chileno, además, deberá pagar más 2,1 millones de dólares como indemnizaciones a las familias de las víctimas.

El fallo se conoce a casi 45 años del 11 de septiembre de 1973, día en que ocurrió el golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas contra el gobierno socialista de Salvador Allende con un bombardeo al Palacio de La Moneda. Entre ese día y el siguiente, los militares intervinieron en la Universidad Técnica del Estado y entre los retenidos estaba el cantautor, director y docente del plantel Víctor Jara. Según consigna el documento judicial, cuando fue ingresado al centro de detención Estado Chile, Jara fue reconocido por los militares “siendo agredido verbal y físicamente desde su llegada (…) sin formulásele cargo alguno”. Días después, un grupo de detenidos fueron trasladados al Estadio Nacional, pero Littré Quiroga y el propio Jara se mantuvieron en el Estadio Chile, donde fueron ejecutados. El informe señala que Jara recibió al menos 23 impactos de bala. Ambos cadáveres fueron lanzados a la vía pública con otras personas de identidad desconocida y terminaron siendo enterrados de manera clandestina por sus familiares.

Por largo tiempo la autoría de la muerte de Víctor Jara fue uno de los grandes misterios de la dictadura de Pinochet. En junio de 2009 el cuerpo de la figura emblemática de la cultura popular chilena fue exhumado para confirmar que fue acribillado durante septiembre de 1973 gracias a los estudios realizados por el instituto genérico de Innsbruck (Austria). A fines de ese mismo año, la viuda Joan Turner encabezó junto a la fundación que lleva el nombre del artista un funeral público que congregó a más de 12.000 personas.

La histórica condena ha generado la reacción positiva de quienes admiran el legado de Jara. El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se felicitó por el fallo en su cuenta de Twitter: “Saludamos fallo que condena a militares que torturaron, asesinaron y tiraron los cuerpos de Víctor Jara y Littré Quiroga en terreno baldío de Lo Espejo. Un abrazo a sus familias y a tod@s quienes seguimos bregando por ¡verdad, justicia y reparación!”.

El Tribunal de Apelación de Casablanca ha sentenciado a Zefzafi, Mustafá Ahamyik, Wasim al Bustati y Samir Ighir a dos décadas de presión años por atentar contra la seguridad interna del Estado, además de otros delitos como rebelión y participación en protestas ilegales.

Ninguno de los procesados resultó absuelto, y las condenas, además de los cuatro casos más graves, oscilaron entre los 15 años (cuatro personas), diez años (siete personas, entre ellos el cabecilla Mohamed Yalul), cinco años (diez), tres años (ocho), dos años (19), un año (uno) y un último condenado a una multa de 5.000 dirhams (unos 450 euros).

El proceso, que ha estado perturbado por numerosas protestas de los acusados (incluidas huelgas de hambre) y de sus abogados defensores, que se quejaban de ver lesionados sus derechos, comenzó el pasado 12 de septiembre y ha sido uno de los más largos de los últimos años en Marruecos.

La lectura de la sentencia fue pronunciada en ausencia de los propios acusados (53 en total), que rechazaron usar su último turno de palabra y fueron devueltos al sótano del tribunal, quedando la comunicación del veredicto en manos de un ujier que se desplazó hasta ese sótano, sin que se sepa aún su reacción.

Lágrimas de los familiares

Nada más conocerse los primeros veredictos, los asistentes -familiares y simpatizantes rifeños- comenzaron a gritar en la sala del tribunal: unos lloraban, algunos se desmayaron (una ambulancia tuvo que llevarse a una mujer) y otros comenzaron a corear consignas políticas como «Viva el Rif«, así como lemas contra el Estado y cánticos religiosos.

De los abogados defensores presentes en la sala, solo uno de ellos, Mohamed Aghanach, aceptó hablar para anunciar que piensan apelar la sentencia, mientras que su colega Mohamed Karrut, en su caso representante del Estado, consideró que las penas habían sido «muy leves».

El largo proceso a los líderes rifeños, que se ha desarrollado a más de seis horas de viaje de sus lugares de residencia -la ciudad de Alhucemas y sus alrededores- comenzó en septiembre con dos sesiones semanales, pero la cantidad de acusados y el elevado número de abogados que les defendían hicieron que las vistas fueran aumentando hasta tres, cuatro y hasta cinco días semanales.

Las intervenciones de los acusados rifeños -y en particular las de Zefzafi- han tenido un marcado carácter político de denuncia contra el Estado marroquí y de cuestionamiento de la motivación de su proceso.

Zefzafi, detenido en mayo de 2017, se convirtió en líder inesperado de una revuelta civil sin estructuras claras organizada en torno a un movimiento conocido como Hirak, que capitalizó el descontento de la región por el atraso económico, la falta de oportunidades de la juventud y la carencia de servicios públicos.

Aunque estos problemas eran históricos y estructurales, las protestas estallaron cuando un comerciante de pescado de Alhucemas llamado Mohsen Fikri resultó aplastado por el mecanismo interno de un camión de basura donde las autoridades habían confiscado su mercancía so pretexto de haberla pescado ilegalmente.

Las protestas sacaron a las calles a decenas de miles de personas de todas las edades, que desbordaron a la clase política local y nacional, y nunca tuvieron veleidades separatistas, logrando de hecho un gran apoyo en un primer momento en el resto de Marruecos.

Sin embargo, la irrupción de Zefzafi en una mezquita, donde interrumpió un sermón del imán, desató una espiral de represión policial que llevó a la cárcel a cientos de personas -entre ellos numerosos menores de edad– y se ha saldado con duras condenas de cárcel.