Mucho hablar de recortes en Educación en la provincia leonesa a lo largo de los años de la crisis por parte del Partido Popular en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, sobre la que recaen las competencias exclusivas. Pero hasta ahora no se tenía una evidencia estadística real y oficial de hasta qué punto la educación pública en León ha padecido un auténtico mazazo.

Ha tenido que ser por la ‘cazurrez’ de un único sindicato, CGT, y a través de una demanda judicial, que pueden ahora conocer con detalle la sangría cometida por la Junta. Una sangría que Juan Miguel Alonso Vega resume en un «mordisco del 20% del profesorado», o lo que es lo mismo, de la pérdida en la década que va desde 2006 hasta 2016 de algo más de 1.000 profesores.

Y lo peor de todo, con la estrategia de camuflar ese mordisco en sonrojantes situaciones de precariedad que pasan, incluso, por profesorado interino con contratos de cuatro horas, algunos procedentes de otras provincias como Valladolid o Palencia, que aceptan «perder dinero a cambio de no perder puntos» de cara a las futuras oposiciones. «Surrealista» es uno muchos calificativos empleados hoy por los delegados sindicales de CGT en la rueda de prensa protagonizada por Alonso, Jesús María Llamazares, Miguel Ángel Fernández y Alfonso Roldán.

La primera razón de la indignación de este sindicato es haber tenido que acudir a los datos públicos de una administración pública sobre la educación pública en todos los centros públicos de la provincia a través de una demanda en el Juzgado Contencioso nº 2 de León, que obligó por sentencia a la Junta a entregar lo que serían las ‘RPTs’ de todos los centros educativos. Algo que CGT considera un «nuevo ejercicio de prepotencia y oscurantismo y de deprecio a las resoluciones judiciales», porque incluso entregando parte de los datos demandados, ha mantenido ‘bajo llave’ muchos otros, como la ubicación concreta de cada empleo en escuelas de idiomas o de arte, inspección, orientación, etc.

Con los datos conseguidos, tras meses de espera, las estadísticas reales que desentraña este sindicato son demoledoras. Partiendo de esos 4.200 profesores que habría en León actualmente computando jornadas completas, frente a los 5.223 censados en 2006 para las elecciones sindicales y por lo tanto oficiales.

La estrategia de recorte ha sido, principalmente, vía precarización, denuncia también CGT. Porque en Primaria aparecen 383 profesores interinos de los 2.328 totales (un 16,5%); en Secundaria 612 interinos de 1.920 totales (un 32%); en FP 114 interinos de una plantilla total de 293 (un 39% de interinos); y en el Régimen Especial 95 interinos de un total de 234 en plantilla (un 40,6%).

En total, de media, «una tasa impresentable de interinidad de casi el 30%, que sextuplica lo que la propia Consejería consideraba aceptable en 2006 cuando firmó con las organizaciones sindicales un acuerdo que estimaba el 5% como objetivo adecuado para el profesorado interino», explicó Alonso.

Para ejemplificar la sangría, Alonso destacó la situación de la Inspección de Educación, donde «hay 18 inspectores accidentales o interinos sobre un total de 23». Algo que se explica porque su contratación es «discrecional» y «poco ajustada a los principios de igualdad, capacidad y mérito».

Por último, para terminar de plantear el panorama actual, recordaron los delegados sindicales que «no hay profesorado para apoyos, para alumnos con necesidades educativas especiales o para desdobles; y el que hay está más sobrecargado, más precarizado y tiene que llevar a cabo su trabajo con grupos más numerosos, con la evidente pérdida de calidad educativa».

Ante esta tesitura, CGT considera «irrisorio» que la Junta se escude ahora en unas oposiciones a Secundaria que este año tila de «históricas» porque salen unas 1.200 plazas públicas. «1.200 en toda Castilla y León y estamos calculando que sólo en León hay un millar de docentes menos, está claro que esto no soluciona el problema», calculó Llamazares.

El sindicato culminó su comparecencia exigiendo «tanto al consejero de Educación, Rey nuestro señor, como al director general de Recursos Humanos, Jesús Hurtado, otro leonés ilustre, como al director provincial de Educación que cumplan con las sentencias judiciales, que les obligan igual que al resto de la ciudadanía». Y como no lo han hecho, anunciado dos nuevas denuncias inminentes: una para que completen la información oficial y pública hurtada en esta última respuesta y otra para conseguir la entrega de la plantilla del curso 2017/2018 «que pedimos el 10 de enero y que seguimos sin recibir».

Y por otra vía, CGT anunció que solicitarán igualmente a la Consejería de Educación los datos de plantilla real, y su evolución en los últimos diez años, de los colegios privados concertados con dinero público, para «saber si ha sido igual en estos centros el mordisco que en la educación pública» en León.

Hoy hemos sabido que, finalmente, el juzgado de Cerdanyola del Vallès que lleva el proceso del llamado caso «27 y más» ha emitido una orden de busca y captura contra nuestro compañero Ermengol Gassiot, profesor del Departamento de Prehistoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Secretario General de la CGT de Catalunya.

Así, pues, Ermen puede ser detenido en cualquier momento para ser puesto a disposición judicial, al haberse negado a personarse en el juzgado a recoger la notificación relacionada con este montaje político-judicial. Esta decisión surge de su voluntad de no colaborar con este proceso, que no es más que un nuevo y grave capítulo de persecución política a aquellos y aquellas que se han significado en la lucha por la defensa de los servicios públicos, en este caso de la universidad pública, en defensa -por lo tanto- de los derechos sociales de las clases populares. La situación en la cual se encuentra ahora mismo Ermengol es idéntica a la que han vivido estos días atrás algunas otras de las 27 encausadas (Carles, Oriol, Cèlia), que fueron detenidas en sus localidades para ser puestas a disposición judicial.

Desde la CGT de Catalunya apoyamos la decisión de no colaborar con la causa que han tomado Ermen y las otras encausadas que han optado por la misma vía como forma de denuncia ante este proceso, y manifestamos que la persecución que se está llevando a cabo contra nuestro Secretario General es, para nosotros, una persecución a nuestra organización y al sindicalismo combativo que representamos. Recordamos que los hechos por los cuales están encausados Ermengol y el resto de los 27 se dieron en 2013 en el marco de la lucha estudiantil contra el aumento de las tasas, entre otras reivindicaciones que contaban con el consenso mayoritario de la comunidad universitaria, en el transcurso de la cual se realizó una encierro en el edificio del rectorado de la UAB, un tipo de acción habitual y que forma parte del repertorio del movimiento estudiantil en las universidades catalanas desde hace décadas. Ermen, como miembro de nuestra Sección Sindical en la UAB, apoyó públicamente aquella lucha, como también hicieron otros representantes sindicales de los trabajadores y las trabajadoras de la UAB.

A raíz de aquellos hechos, el entonces equipo rectoral inició una cacería de brujas por la vía penal, con el único objetivo de perseguir políticamente al movimiento estudiantil y sindical de la UAB. Tanto el rector de la época, Ferran Sancho, como la vicerrectora, Sílvia Carrasco, tienen responsabilidad directa en la invención de un conspiranoico «entramado criminal» organizado para destruir la universidad, y del cual se supone que Ermengol y el resto de los 27 formaban parte. Debido a ello, la Fiscalía, órgano político del Estado español, pide para estas personas, según los casos, penas de entre 11 y 14 años de prisión. Todo un auténtico despropósito que constituye el peor caso de represión política en una universidad en nuestro país desde las postrimerías del franquismo.

Desde la CGT de Catalunya reiteramos nuestra solidaridad con Ermengol y con los 27, y nuestra disposición a dar respuesta de forma colectiva, como organización, a este golpe represivo. A la vez, hacemos un llamamiento a toda nuestra militancia, y también al conjunto del sindicalismo combativo y de los movimientos populares a estar junto a los 27, a desmontar este proceso político, y a articular entre todos, desde el apoyo mutuo, la respuesta que esta situación se merece.

¡Queremos a las 27 libres!

¡Si nos tocan a una nos tocan a todas!

Contacto:

Òscar Murciano, Secretario de Acción Social de CGT Catalunya

Gerardo Sandoval, Responsable de Comunicación de CGT Catalunya