Las exenciones y deducciones fiscales reducen drásticamente la recaudación del Impuesto a Sociedades, el único de los grandes tributos que no ha recuperado el volumen de ingresos anterior a la crisis de 2008, según un informe de Gestha.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dijo el miércoles que las empresas pagaron un 47% menos en impuestos en 2019, o 21.000 millones de euros millones menos que en 2007, pese a una recuperación del 23,3% de los beneficios empresariales, e instó al Gobierno a derogar el actual régimen de exenciones.

Por medio de una nota de prensa, los técnicos de Hacienda apuntan que la recaudación del Impuesto sobre Sociedades es el único impuesto que no ha recuperado la recaudación de 2007, un año antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que desató una brutal crisis económica en España, señalando que la ley que regula este tributo ha permitido que las grandes empresas eludan el pago de 24.375 millones de euros en los últimos cuatro años.

Gestha considera que 5.397 grandes grupos serían los principales responsables por la caída recaudatoria al tener una carga real del impuesto por debajo de la mitad que la soportan las pequeñas y media empresas, «debido fundamentalmente a acaparar el 75% de los 466.990 millones de los dividendos y plusvalías que no tributan en Sociedades, cuyo volumen total está aumentando significativamente en los últimos años».

«A partir de 2015 el importe exento de dividendos y plusvalías se ha triplicado respecto del promedio de la década precedente, y en la declaración de 2018, última presentada, se ha disparado a más de 152.638 millones exentos, casi sextuplicando el promedio de la década», señalaron.

Los técnicos también apuntan que buena parte de los grupos multinacionales españoles obtienen sus dividendos y plusvalías a través de holdings y subholdings situados en países con escasa tributación. Dichos grupos declararon unos beneficios netos mundiales de 91.849 millones, pagando a nivel mundial 14.260 millones devengados.

De esta forma, los técnicos instan al Gobierno «que derogue el régimen de exención y lo sustituya por la deducción, descontando el impuesto realmente pagado por las filiales en el exterior» y urgen al Gobierno un proyecto de ley contra el fraude fiscal tras considerar que a medio plazo se podrían recaudar 34.500 millones más cada año.

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La CEOE propone que se elimine la edad como requisito para acceder al contrato para la formación y aprendizaje, de forma que puedan realizarse a parados mayores de 45 años y que hayan agotado su prestación por desempleo.

En el informe que han publicado los empresarios titulado El aprendizaje: clave de la mejora de la empleabilidad y la competitividad, y que han remitido a las Secretarías de Estado de Empleo y de Educación, la patronal considera que la evolución de este contrato «ha sido desfavorable» debido a las dificultades asociadas a su utilización.

En dicho informe también se pide pide que no se obligue legalmente a las empresas a pagar a los becarios, ya que, según la CEOE, esto podría limitar la capacidad de las empresas para acogerlos.

En cuanto al contrato de formación, los empresarios piden modificaciones para que sea una alternativa real, como eliminar el criterio de edad, que es «excluyente», para primar la carencia de capacidades formativas para el desempeño del puesto de trabajo.

Asimismo, la patronal quiere que se eliminen las restricciones en el caso de trabajos a turnos o con nocturnidad y horas extra, un inconveniente por el que se desestima esta vía de contratación, porque «determinados procesos productivos conllevan necesariamente contemplar una o ambas circunstancias».

El contrato para la formación y el aprendizaje permite actualmente la inserción laboral de los jóvenes en un régimen de alternancia de la actividad laboral retribuida en la empresa con una actividad formativa dirigida a la obtención de un título de formación profesional.

En los dos últimos años, el número de contratos para la formación se ha reducido desde los 174.923 de 2015 a los 48.317 de 2017.

La flexibilización del contrato para la formación es una de las medidas que están encima de la mesa de diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos, junto a la recuperación del contrato relevo o la regulación de las prácticas no laborales.

Sobre las becas y las prácticas, la patronal plantea en su documento «no regular normativamente las percepciones económicas» para los becarios porque «pueden limitar la capacidad de la empresa a acoger a estudiantes en prácticas».

Asimismo, piden que a los becarios se les permita trabajar los fines de semana o los festivos en aquellos centros de trabajo en los que por su actividad principal fuera necesario y, a cambio, el empleador «podría compensar con días de descanso equivalentes o articular otros mecanismos de compensación».