La tasa de emancipación bajó 1,13 puntos porcentuales respecto a 2024, lo que implica que 48.513 personas jóvenes menos viven fuera del hogar familiar. Esta caída resulta especialmente llamativa para el Observatorio, que destaca que “se produjo en un contexto de mejora del mercado laboral: la tasa de desempleo juvenil se redujo hasta el 17,2% y el salario mediano de la juventud asalariada creció en torno a un 1,7%”. Miden el acceso a la vivienda de manera semestral desde 2006 y el pasado año comenzaron a registrarlo anualmente.

Al desagregar los datos, la emancipación entre los 16 y 24 años es del 4,5% y entre los 25 y 29 años, del 33%. Sin embargo, la edad media a la que se independizan los españoles es de 30,2 años, cuando dejan de ser jóvenes. La media de la Unión Europea son 26,3 años. Además, el informe distingue que en España los hombres abandonan el hogar familiar más tarde que las mujeres, con 30,8 y 29,6 años, respectivamente.

El Observatorio define a esta generación como “marcadamente inquilina”. Tener empleo no garantiza autonomía residencial, según el estudio, porque el coste de la vivienda “absorbe una parte desproporcionada de los ingresos y deteriora directamente las condiciones de vida”. En 2025, más de siete de cada diez jóvenes empleados seguían viviendo en el hogar familiar.

El salario neto mediano de los jóvenes son 14.292 euros anuales (1.191 mensuales), según ha calculado el Consejo a partir de la ECV y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). También ha definido que el precio medio de alquiler de un piso completo son 1.176 euros, según la plataforma Idealista. Mientras que vivir solo puede costar casi todo el salario, alquilar una habitación corresponde al 33,6% del sueldo. La OCDE considera la vivienda “asequible” si los hogares no gastan más del 30% de sus ingresos brutos en costes de vivienda.

El informe constata “una transformación progresiva del mercado hacia el alquiler por habitaciones”. El alquiler de un cuarto, según el Observatorio, son 400 euros de media y el número de habitaciones ofertadas ha aumentado un 20% respecto a 2024 y un 85,4% desde 2022.

Un problema que “empobrece a toda una generación”

“Ya ni siquiera estamos hablando de que dificulte la emancipación, sino de que el problema está siendo grave hasta el punto de estar empobreciendo a toda una generación”, afirma Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. La entidad reclama al Gobierno ampliar el parque público de vivienda, regular efectivamente el mercado del alquiler y garantizar que las políticas públicas de vivienda respondan a las necesidades de esta edad. El Consejo ha calculado que incluso el riesgo de pobreza o exclusión social entre jóvenes se dispara del 25,9% al 43% tras pagar el alquiler.

Almudena Moreno Mínguez, catedrática de Sociología en la Universidad de Valladolid, comenta que “España siempre ha dedicado menor gasto social en jóvenes que otros países europeos y se caracteriza por dedicar gran parte de su gasto social a pensiones”. La investigadora aclara que el indicador de gasto social de los Estados en juventud es difícil de comparar, porque reúne muchas variables como becas, políticas laborales y educativas o ayudas a los alquileres.

La socióloga especializada en juventud, familia y género destaca que “la clase social es un factor determinante en cuanto a las estrategias vitales y las expectativas que [los jóvenes] tienen de la independencia”. Recomienda que se diferencie el análisis entre diferentes realidades e incluso géneros, porque hay una “reproducción de la desigualdad”. Además, destaca el “familismo cultural” del país: “En los países del norte de Europa, la ayuda familiar es económica para que se vayan de casa; en España tradicionalmente, la ayuda familiar es ayuda residencial: ‘Quédate en casa que nosotros te procuramos lo que necesites”.

La compra no es una “alternativa real para la mayoría”, describe el informe. El precio medio de una vivienda libre se sitúa en 223.000 euros, según han calculado con información del Ministerio de Transportes, por lo que un joven debería dedicar íntegramente su salario durante 15,6 años para poder comprar un piso. La entrada necesaria para acceder a una hipoteca alcanza los 66.900 euros, lo que requeriría los ingresos de 4,7 años para solicitarla.

Emanciparse, una misión cada vez más imposible para los jóvenes: necesitan el 99% de su sueldo para irse a vivir solos | Sociedad | EL PAÍS

El Parlamento de Cantabria debatirá a lo largo del próximo periodo de sesiones una iniciativa legislativa autonómica por primera vez en sus más de tres décadas de autogobierno, y lo hará con el objetivo de trasladar al Congreso de los Diputados en el plazo más corto posible de tiempo la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa la diputada nacional de Podemos por Cantabria, Rosana Alonso, y el parlamentario autonómico de la formación morada José Ramón Blanco, que han explicado que  esta fórmula está contemplada en el artículo 87.2 de la Constitución española y servirá para agilizar los trámites legislativos de salir adelante.

Para ello, para que la proposición de ley sea aprobada en Cantabria y se traslade al Congreso de los Diputados, necesitará obtener una mayoría absoluta en la Cámara regional, por lo que Podemos buscará el apoyo de otros grupos parlamentarios, principalmente de los dos que sostienen al Gobierno autonómico, PRC y PSOE, dado que sus dos secretarios generales  firmaron recientemente un compromiso con la PAH y reconocieron las reivindicaciones del colectivo antidesahucios.

«Cantabria tiene que dar un paso al frente. Este Parlamento y esta comunidad autónoma no pueden mirar para otro lado. No podemos ser neutrales, estamos obligados a elegir bando: o estamos con los ciudadanos a los que representamos o estaremos con los que desahucian sin ningún tipo de escrúpulo, con los que han estafado a miles de familias, con los que amenazan y aterrorizan a nuestro pueblo», ha subrayado Blanco durante la presentación de la iniciativa.

En este sentido, el diputado de la formación morada, -que fue uno de los fundadores de la PAH en Santander antes de liderar la candidatura de Podemos al Parlamento de Cantabria-, ha apelado a la «responsabilidad» de los diputados y ha recalcado que esta normativa «beneficia a toda la ciudadanía cántabra».

A su juicio, la situación en Cantabria es «tan dramática y tan terrorífica como a nivel nacional», y ha recordado que solo en el año 2017, a falta de que se hagan públicos los datos del último trimestre por parte del Consejo General del Poder Judicial, «ha habido 516 desahucios entre lanzamientos de hipotecas y lanzamientos de alquileres», cifras cercanas a los 654 desahucios de 2016 o los 773 de 2015.

Motivos «legales y sociales»

Por su parte, Alonso ha defendido motivos «legales y sociales» para apoyar esta iniciativa, apelando a la necesidad de conseguir una sociedad «digna, igualitaria y donde los intereses económicos de unos pocos no estén por encima de los derechos fundamentales de la mayoría social», al tiempo que ha señalado las multas impuestas a España desde Europa por no adaptar la ley hipotecaria a los derechos del consumidor.

La diputada nacional ha relatado que desde 2008 se han producido en nuestro país 721.000 ejecuciones hipotecarias y 515.000 desahucios, y ha insistido en que el alquiler cada vez supone un problema «más grave». En este sentido, ha indicado que el 54% de los 67.359 desahucios que se produjeron en 2016 estaban relacionados con este aspecto.

Trámites y plazos

La Proposición de Ley de Emergencia Habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, conocida como la Ley de Vivienda de la PAH -y que la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca registró el 10 de enero en el Congreso- recoge las medidas incluidas en el manifiesto de ‘Las 5 de la PAH’, que se resumen en la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.

Dado que la implantación de estas medidas requiere de la modificación de leyes estatales, la aprobación de la iniciativa tiene que producirse en el Congreso, pero se ha elegido presentarla primero en Cantabria porque la tramitación es «más ágil».

A juicio de Blanco, si existe voluntad política, la normativa podría tramitarse en el plazo aproximado de tres meses, durante el presente periodo de sesiones, para que posteriormente tres diputados del Parlamento de Cantabria la defiendan en el Congreso de los Diputados como una reivindicación de la propia comunidad autónoma, con un carácter más institucional que político.

Tras el anuncio realizado por Podemos, los portavoces parlamentarios de PRC y PSOE han confirmado que apoyarán la iniciativa. Los tres grupos han comenzado a trabajar conjuntamente para redactar las enmiendas parciales que se presenten, en colaboración con la propia PAH, lo que deja aún más cerca la posibilidad de que esta proposición de ley supere todos los escollos en la Cámara autónomica y se remita a continuación al Congreso de los Diputados.