A su vez rechaza que, en caso de quedar libre, se vaya a fugar. Subraya que «es una persona conocida y reconocible por todo el país, lo que provoca que a cada paso que da es identificado permanentemente». «Esta circunstancia es extraordinaria y casi única en el panorama procesal español y, evidentemente, minimiza el riesgo de fuga, haciéndolo prácticamente imposible». Además destaca a través de sus letrados Joaquín Ruiz de Infanta y Marta Giménez-Cassina que no sólo él es muy conocido sino también su hijo Guillermo, «un artista reconocido en el panorama musical tanto español como internacional».

El ex máximo responsable de las finanzas ‘populares’, que cumple ya la condena en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real, ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Arguye Bárcenas que su ingreso en prisión antes de que el Alto Tribunal se pronuncie de forma definitiva violenta su derecho a la tutela judicial efectiva así como el derecho a la igualdad que contempla la Constitución Española. Según él, su encarcelamiento se ha decretado mediante resoluciones judiciales «carentes de motivación, arbitrarias, discriminatorias y carentes de razonabilidad».

Recuerda Bárcenas que la Audiencia Nacional confirmó el pasado 13 de junio la resolución del 28 de mayo mediante la que se acordaba su prisión comunicada sin fianza «fundamentando su decisión en la cuantía de la pena impuesta». Lo cual, a su juicio, constituye «un adelantamiento del resultado punitivo de una sentencia que no es firme».

En este sentido el ex tesorero ‘popular’ considera que la Audiencia Nacional ha buscado en su caso «el adelantamiento de la pena, porque no hay otro sentido a una aplicación tan urgente, tan imperiosa, en el contexto, no ya social sino puramente político en el que nos movemos en estos días». Asimismo denuncia quese le está aplicando una diferente vara de medir con respecto a «otros ciudadanos a los que parece que efectivamente les es aplicado el ordenamiento jurídico de forma diametralmente distinta pese a encontrarse en situación jurídicamente equivalente». En esta línea pone como ejemplo la situación del ex duque de Palma,que sólo ha ingresado en prisión tras confirmar el Supremo su condena en primera instancia con leves retoques. Pero también alude a lo ocurrido con los condenados en el caso de las ‘tarjetas black’, en el ‘caso cooperación’ o en el ‘caso Afinsa’.

«La pena no existe hasta que la condena sea firme, exigiéndose en este momento procesal que concurran los requisitos legales establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exigen una valoración ponderada de las circunstancias personales relativas al acusado para que pueda decretarse prisión provisional sin fianza», apostillan sus letrados.

Allí encontró la carpeta de un concurso adjudicado por el Consistorio en 2013, en la etapa de la anterior alcaldesa, a una empresa de la trama. Pidió al teniente de alcalde y a un policía que se personaran en su despacho, no fuera a salir de allí un problema judicial para él, y procedió a abrir la carpeta.

Aparecieron las condiciones de contratación, y tres sobres. El único que estaba abierto era el de la firma de la trama, que se llevaba el concurso. Los otros dos sobres, los de las otras dos ofertas, se mantenían perfectamente cerrados, ni siquiera habían sido abiertos por la mesa de contratación. Para qué. Total, el contrato estaba amañado y ninguna de las otras dos empresas se lo iban a llevar. Púnica, en fin, ni siquiera abría los sobres que no formaban parte de la trama. El alcalde llamó a la Guardia Civil.

Evidencias del engaño

El detalle, otra de las perlas de la instrucción de Púnica, emerge ahora del oceánico sumario de la causa, tan voluminoso que hace tiempo provoca reparos en no pocos abogados personados y bostezos en la audiencia mediática.

De remate, la peripecia alumbra otro esperpento. Hurgando en los backups de los correos electrónicos de los funcionarios que intervinieron en la adjudicación, aparece un correo enviado al Ayuntamiento por una de las otras dos empresas que concurrieron al concurso. Un responsable de la firma le dice directamente al funcionario: «Esto es de un tema […] que tenemos que presentar en Chinchón para hacer le paripé». Es decir, presuntamente, la propia firma participaba en la puja sabiendo que su papel era el de mera comparsa, y que otra firma, la elegida, era la que se lo iba a llevar. Ese era el «paripé»: empresas que oficiaban de figurantes para que el engaño pareciera legal.

La alcaldesa de Chinchón durante aquellos años, hasta 2014, era Luisa María Fernández (PP), y la empresa adjudicataria del contrato de 2013 fue Waiter Music, la firma de José Luis Huerta, el organizador de mítines de Esperanza Aguirre y el propio Francisco Granados que ya ha admitido ante el juez, entre otras cosas, que cobró en b del PP madrileño y que conseguir cobrarle actos y festejos a la trama era un verdadero calvario.

La firma que envió un correo al Ayuntamiento evidenciando el «paripé», siempre según el atestado levantado por la Guardia Civil a petición del actual alcalde, Francisco Javier Martínez, era Friends Group S.L. Según la investigación, Chinchón le habría adjudicado a firmas de la trama Púnica contratos por valor de un millón de euros entre 2007 y 2014, durante los cuales la alcaldesa de la localidad fue Luisa María Fernández.

El actual alcalde de Chinchón sostiene además en el atestado que prácticamente todas esas adjudicaciones lo fueron sin publicidad pese a superar los 60.000 euros, y que varias de ellas se realizaron sin el preceptivo informe de la Intervención.

Como adalid de la justicia universal, De Prada fue uno de los magistrados que intervino en el caso Pinochet, declaró competente a España para perseguir delitos de lesa humanidad como genocidio o tortura en Chile y fue el ponente de la sentencia del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad durante la dictadura. Ha formado parte de la sala de apelaciones de crímenes de guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo (2005-2008) y en estos momentos se encuentra en La Haya. Forma parte del tribunal que decidirá sobre la apelación contra la sentencia que condenó a Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Pregunta. ¿Usted se imaginaba que esta sentencia del caso Gürteloriginaría un vuelco político como el producido?

Respuesta. Por supuesto que no. El tribunal era plenamente consciente de la gravedad de las conclusiones a las que se llegaba en la sentencia, que afectaban de lleno al partido político que estaba en el Gobierno, pero estas son el resultado de un trabajo muy serio y riguroso, de muchos años de investigación policial, de una instrucción judicial realizada por jueces y fiscales muy competentes y de casi un año y medio de juicio con centenares de pruebas realizadas y seis meses de deliberaciones y arduo trabajo. Es verdad que el resultado social y político producido es tremendo, pero va mucho más allá de la sentencia. Corresponde al juego duro de la política por el poder, y ni el tribunal que ha dictado la sentencia ni la sentencia misma tienen nada que ver.

P. Me imagino que no fue fácil llegar a dictar esa resolución.

R. No lo fue en absoluto y no solo por las dificultades técnicas. En el asunto Gürtel ha habido siempre muchos obstáculos.

P. ¿A qué se refiere?

R. Aunque la justicia como institución pueda aparentar ser relativamente fuerte, los tribunales, y sobre todo los jueces, somos frágiles y vulnerables. Es muy fácil afectar a su buen funcionamiento. El caso Gürtel no ha quedado fuera de los intentos de injerencias por parte de la política.

P. ¿Puede ser más explícito?

R. Trataré de serlo. El juez que inició las investigaciones [Baltasar Garzón] fue inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo. Por otro lado, están los distintos cambios de jueces de instrucción, en algunos casos no muy comprensibles. Y lo mismo ha sucedido con la composición de los tribunales de enjuiciamiento. Sin duda, es un asunto políticamente muy sensible en el que los partidos políticos se han empleado a fondo, y alguno incluso ha tratado de colocar a sus jueces más próximos. Y no me refiero a una simple afinidad ideológica, sino a claras vinculaciones, lo que los hacía a estas personas inidóneas para juzgar. También ha habido formas sutiles y menos sutiles de presión.

P. ¿A usted le han presionado?

R. Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional [Juezas y Jueces para la Democracia] ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], que en mi opinión debería haberlo hecho. Los jueces somos muy vulnerables y no podemos defendernos por nosotros mismos. El consejo debería asumir esa función, pero lamentablemente está muy lejos de los jueces y actúa siguiendo los vaivenes de la política.

P. Se ha criticado desde posiciones políticas que la sentencia del caso Gürtelcontiene innecesarias referencias al PP o que se pronuncia sobre temas, como la caja b de dicho partido, que son objeto de otros procedimientos.

R. No es cierto. La sentencia hace un esfuerzo por ser muy cuidadosa en las conclusiones que expone como hechos probados y apenas hace algunas someras referencias a las relaciones del Grupo Correa con el Partido Popular. Las imprescindibles para que el relato sea expresivo e inteligible. Se limita a dibujar un contexto en el que actuaba el Grupo Correa que, como usted comprenderá, no flotaba en el aire, como tampoco muchas de las personas que han resultado condenadas. No se trataba de meros casos de corrupción institucional aislada y era imprescindible ponerlo de manifiesto. Respecto de la existencia de la caja b en el PP, es una conclusión unánime del tribunal. Resultaba un antecedente imprescindible para justificar la condena de algunos de los acusados.

P. ¿Era necesario cuestionar en la sentencia la credibilidad como testigo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento?

R. El tribunal valoró cuidadosamente ese tema y consideró que hacerlo respondía al normal funcionamiento de la justicia en una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El tribunal necesariamente ha de valorar la credibilidad de todos los testigos que intervienen, y no existía razón para excluir al testigo Mariano Rajoy si lo hacía con otros.

P. Cuando fue llamado como testigo era previsible cuál iba a ser su comportamiento procesal. ¿Cree que tenía otra opción?

R. El tribunal durante el juicio trató de dar la máxima normalidad posible a la declaración de este testigo que ostentaba la presidencia del Gobierno —es decir, que era el máximo representante de otro poder del Estado—, pero al que no se le llamaba por eso, sino por su posible conocimiento sobre los hechos. Fue llamado a juicio como cualquier otro ciudadano y únicamente se le permitió declarar en estrados por deferencia a su posición institucional, pero sin que ello significara ningún privilegio. Tenía la obligación, como cualquier otro ciudadano, de decir la verdad.

P. La sentencia declara la responsabilidad del PP únicamente como partícipe a título lucrativo.

R. El Partido Popular fue condenado únicamente por lo que había sido objeto de acusación. Por haberse beneficiado civilmente de una situación delictiva. Nadie lo acusaba penalmente. Antes de la reforma del Código Penal de 2010 solo podían delinquir personas físicas, por lo que ninguna persona jurídica ni partido político podía ser responsable penalmente por lo que hubiera hecho antes de esa fecha. Nadie puede decir, por tanto, que el PP hubiera cometido algún delito antes de esa fecha. Otro tema distinto son los juicios políticos o morales que se quieran o se puedan efectuar por su comportamiento o relación acreditada con hechos o personas que sí cometieron delitos y por haberse beneficiado con ello, pero este es un tema que trasciende a la justicia.

P. Hay otras piezas de la causa Gürtel pendientes, algunas muy relevantes como la de los papeles de Bárcenas o de la caja b del Partido Popular, en las que usted forma parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Continuará en ellas?

R. Me encuentro en este momento temporalmente en situación de servicios especiales en la carrera judicial por formar parte como del tribunal internacional que está resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia de Radovan Karadzic. Cuando se termine esta sentencia, lo que está previsto para el mes de diciembre próximo, me reincorporaré a la Audiencia Nacional. Espero, por tanto, seguir formando parte del tribunal que las juzgue.

P. En el pasado usted ha realizado polémicas declaraciones sobre la existencia de malos tratos y tortura policial, afirmando que no están suficientemente combatidos por la justicia española.

R. He realizado afirmaciones en ese sentido en mis resoluciones cuando he constatado situaciones de ese tipo, y el Tribunal Supremo ha secundado mis apreciaciones e incluso ha anulado una sentencia por dicho motivo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha afeado esa forma de actuar a los jueces y tribunales españoles en nada menos que ocho ocasiones. Es verdad que, públicamente, fuera de mi condición de juez, me he referido a esta situación de forma general en alguna conferencia, pero nada más. Eso me ha valido abusivos y desproporcionados ataques que creo que descalifican por sí mismos a sus autores.

P. ¿Le preocupan especialmente los derechos humanos?

R. Sí. Una de las cosas que pienso que debería abordar con prioridad el nuevo Gobierno es la recuperación del terreno perdido en materia de derechos humanos, y especialmente alguna forma de jurisdicción universal que permita devolver a España la posición perdida en esta materia para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Sería una magnífica noticia que el nuevo Gobierno socialista se impregnara de la ética de los derechos humanos. Vivimos en un contexto internacional en el que cada día es más importante lo que hagan los Estados en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. No vale como pretexto el que para eso están los tribunales internacionales. Yo, que estoy dentro de ellos, soy consciente de sus carencias y debilidades.

Costa ha ratificado en el juzgado lo que adelantó hace unos días ante la Fiscalía Anticorrupción, en lo que constituyó una declaración demoledora para su antiguo jefe, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que implicó en la caja b del partido, que se guardaba bajo llave en un cajón lleno de sobres con dinero en efectivo. El expresidente volvió a negar las irregularidades

Condenado el lunes a cuatro años de cárcel por financiación ilegal, un delito que reconoció en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Costa ha comparecido este jueves como testigo ante la magistrada Carmen García Mingo, del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga la construcción del trazado urbano de Fórmula 1. Las obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas de la que formó parte Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Costa ha relatado que José Mayor Oreja se presentó en su despacho a finales de 2007 o principios de 2008 —las primeras carreras tuvieron lugar en agosto de ese año— y le indicó que estaba en Valencia «por la Fórmula 1». Según Costa, el empresario se metió la mano en la chaqueta, sacó un fajo de billetes de 500 que sumaban 150.000 euros y se los entregó diciendo que eran para ayudar al PP en las elecciones generales de 2008. Parte de ese dinero negro, sostiene Costa, se utilizó para montar actos en los que participó Rajoy.

El ex número dos del PP valenciano afirma que Mayor Oreja le dijo que estaba allí por indicación de Vicente Rambla, entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, al que Costa describe como «recaudador» de la formación. Rambla fue absuelto este lunes en sentencia de la financiación.

La colaboración de Costa con Anticorrupción está sirviendo para que los fiscales completen varias de las investigaciones abiertas en torno al PP valenciano, al que los sumarios retratan como un partido corrupto hasta la médula. Parte de su reciente declaración ante la Fiscalía ha sido incorporada a la investigación sobre la construcción del circuito de Fórmula 1, que es sobre la que ha declarado este jueves y uno de los tres procedimientos en los que está imputado Camps. Otra, en cambio, se inserta en el caso Taula, la macrocausa que ha destapado las presuntas redes de financiación ilegal que operaron en el PP de la ciudad de Valencia que encabezaba Rita Barberá y el PP de la provincia que dirigía el presidente en la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

Competencia entre las tramas

Por chocante que resulte, los investigadores han llegado a la conclusión de que las diversas tramas populares que funcionaron entre finales de los años noventa y la gran derrota electoral de 2015 en Valencia, Alicante y Castellón estaban relacionadas, pero actuaban con mucha autonomía, pasando por episodios de competencia por la captura de las comisiones. Uno de esos escenarios de fricción fue Ciegsa, la empresa pública dedicada a construir colegios, que Costa ha confirmado en su reciente declaración ante la Fiscalía como fuente de mordidas.

Costa afirma que el primer gran «recaudador» del PP regional que conoció fue Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat, muy cercano al entonces líder del PP de Castellón Carlos Fabra. Y que Campos le dijo que mientras estuvieran al frente del Gobierno autonómico, a él no le faltaría dinero para el partido.

Según la versión de Costa, preocupado por su estado de salud, Campos lo citó un día en su despacho del Palacio de Castellfort y le dijo que por si a él le pasaba algo iba a enseñarle el lugar donde guardaba el dinero para «los gastos del partido». A continuación, sacó una llave, abrió un cajón y le mostró una colección de sobres que, dijo, eran aportaciones de empresarios beneficiados por adjudicaciones públicas. Campos también le contó que el cometido de recaudador le había sido encomendado por Camps y por el dirigente del PP valenciano y ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino. Cuando Campos se retiró de la política, su función pasó a ejercerla su sustituto en la vicepresidencia, el también castellonense Vicente Rambla, que este jueves lo ha negado ante la juez.

Costa ha revelado a la Fiscalía una conversación directa sobre la financiación irregular que supuestamente mantuvo con Camps. Según su declaración, estando reunido con los cabecillas de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, que querían cobrar actos electorales pasados, él telefoneó a Camps para decirle que no quería participar en la elaboración de facturas falsas para encubrir los pagos de empresarios, a lo que el expresidente le contestó «que a él le habían dicho que esa era la única manera de hacerlo».

En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El fallo detalla las penas y los delitos a los que son condenados los acusados (ver cuadro de condenas).

La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero de origen berciano Ramón Blanco Balín.

Entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La exgerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.

La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los nueve empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.

El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.

Condena a Balín

El abogado bembibrense Ramón Blanco Balín, considerado ‘cerebro’ financiero de las empresas de Francisco Correa, ha sido condenado a un total de 3 años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, con un año de prisión cada uno, y a pagar multas que suponen 1,2 millones de euros por fraude en el impuesto de sociedades e IVA en los años 2006 y 2007. La Fiscalía pedía para Blanco Balín hasta 17 años de prisión al considerarle corresponsable de siete delitos de carácter fiscal cometidos por las empresas de la trama.

La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PP valenciano y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en ‘B’.

El leonés Blanco Balín ha sido considerado desde el inicio de la investigación como uno de los nombres claves de la trama, señalado por su gran cercanía al expresidente del Gobierno José María Aznar. Merced a su esa posición llegó a ser vicepresidente del gigante petrolero Repsol bajo los primeros gobiernos populares aunque luego volvió a su profesión de abogado, pasando a ocuparse de los asuntos de Francisco Correa en el año 2005, tal y como él contó en sede judicial.

El empresario de orígenes bercianos se enfrenta a una pena de 8 años y 6 meses de prisión en la pieza separada de las irregularidades de la trama en Boadilla del Monte; también está imputado en la pieza separada de la visita del Papa a Valencia en 2006 por la que se le piden 18 años de cárcel por la Fiscalía y que se juzgará próximamente.

Blanco Balín está inmerso, además de este juicio, imputado en otras piezas separadas del caso Gürtel, como la visita del Papa a Valencia en la que le piden 8 años y 7 mess de prisión, o las irregularidades en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en la que la Fiscalía solicita 18 años de cárcel, ambas pendientes de juicio.

Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La mitad de ese dinero le corresponde aportarlo al ex tesorero del PP y su mujer. La Audiencia Nacional reclama a Luis Bárcenas y a Rosalía Iglesias un total de 57,5 millones de euros. La mayor parte (50,6 millones) responde a las multas impuestas al matrimonio por los 21 delitos que la sentencia les atribuye.

Es al ex tesorero popular a quien se le impone la sanción más elevada por un único delito: 30 millones de euros por la operación de blanqueo de capitales que, según la sentencia, puso en marcha cuando estalló el caso Gürtel para intentar salvar su fortuna. A la multa le acompañan seis años de cárcel, la pena más dura posible por el delito de blanqueo.

Las siguientes multas más altas recaen en el también ex tesorero Ángel Sanchís y su hijo. En este caso, seis millones de euros cada uno por ayudar a Bárcenas en ese blanqueo. El considerado testaferro de Bárcenas en la operativa, Iván Yáñez, deberá pagar otro millón de multa, la misma cantidad que la mujer del ex tesorero. En total, esa operación de blanqueo -que sólo consiguió poner a salvo una pequeña parte del dinero- costará a los cinco implicados una multa total de 44 millones.

En el apogeo bursátil, Bárcenas llegó a rozar los 50 millones de euros en sus cuentas suizas, si bien esta cifra era ya mucho menor -en torno a 20 millones- cuando la Justicia bloqueó los fondos. La investigación y juicio del caso Gürtel ha durado tanto tiempo que a esos fondos bloqueados en Suiza les ha dado tiempo a pasar por varios ciclos económicos. Los últimos datos ofrecidos por las autoridades helvéticas, correspondientes a 2017, reflejaban que el dinero bloqueado a los investigados se ha incrementado en más de ocho millones gracias a los intereses bancarios y las oscilaciones de la Bolsa y el mercado de divisas.

Los últimos datos disponibles indican que los condenados (principalmente Bárcenas y Francisco Correa) tienen en sus cuentas en ese país en torno a 46 millones de euros. Si el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia, los fondos ahora bloqueados serán transferidos a la Justicia española.

Junto al blanqueo, el grueso de los 123 millones reclamados corresponde a los delitos fiscales cometidos por los condenados, que conllevan el pago a Hacienda con intereses de lo no ingresado en su día, más unas cuantiosas multas. En el caso de los Bárcenas, por ejemplo, por el IRPF de 2003 el matrimonio deberá ingresar en la Agencia Tributaria los 1,2 millones que no abonaron, así como una multa total de otros seis millones.

Además, cada impuesto de cada ejercicio fiscal es susceptible de convertirse en un delito distinto. Ese mismo año 2003 el matrimonio cometió también fraude en el Impuesto de Patrimonio, lo que les acarrea devolver los 280.000 euros no pagados y una multa de otros 900.000.

Las consecuencias penales de los fraudes fiscales han sido especialmente duras. Los del IRPF y Patrimonio de 2003 le han supuesto a Luis Bárcenas dos condenas a cuatro años de cárcel. Es inusual ver unas penas de prisión tan altas por defraudar a Hacienda. En esta ocasión, el tribunal ha atendido a la Abogacía del Estado, que en nombre de Hacienda terminó el juicio reclamando fuertes condenas. «Les pido que dicten una sentencia ejemplar. No puede ser que vuelvan a pasar las cosas que durante este año y pico hemos escuchado en esta sala y que se han admitido con una naturalidad que da miedo. Tiene que servir para que el empresario español que se vea en la tentación de sobornar diga: ‘Jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas», aseguró el abogado del Estado jefe de Penal, Edmundo Bal, en el informe final.

La cifra de 123 millones de euros que se reclama es imponente, pero no refleja todo lo que la Justicia exige a los condenados por la trama corrupta. A la sentencia dictada el pasado 24 de mayo hay que sumar las sanciones económicas fijadas en una sentencia previa ya firme (contratos de la trama para Fitur-Valencia), más lo que se imponga en otra aún pendiente de notificar (financiación del PP de Valencia) y en las seis sentencias más que la Audiencia Nacional tiene previsto dictar en los próximos años como consecuencia del caso Gürtel (piezas separadas de Gürtel Etapa II, papeles de Bárcenas, visita del Papa a Valencia, contratos con el Ayuntamiento de Jerez, contratos con Aena y delitos fiscales de Orange Market).

Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenada a 15 años por Gürtel, ha abonado en menos de 24 horas la fianza de 200.000 euros que le impuso ayer la Audiencia Nacional para eludir la prisión, por lo que el tribunal ha acordado su puesta en libertad tras ingresar ayer en Soto del Real (Madrid). La cantidad ha sido depositada esta mañana en conjunto por 18 personas a través de una transferencia, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete e hijo del matrimonio, fue quien logró reunir la fianza que, una vez consignada en su totalidad en el juzgado de la Audiencia, la sección segunda de lo Penal, que emitió la sentencia de Gürtel, ha enviado el auto de puesta en libertad al juzgado más próximo al centro penitenciario.

De esta forma, Rosalía Iglesias podrá salir en las próximas horas de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde también se encuentra desde el pasado lunes su marido, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel. Ahora deberá cumplir las medidas cautelares que le impuso ayer el tribunal y que también pesan sobre una decena condenados por este caso de corrupción: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial, comparecencias quincenales y designación de domicilio y de teléfono donde pueda ser localizada.

En su auto de libertad, la Sala advierte a Iglesias de que, en el caso de no cumplir las citadas medidas, «podrán agravarse las medidas cautelares pudiendo llegar a decretarse la prisión». Precisamente el tribunal mencionó ayer en su auto de prisión que el hecho de que Bárcenas se encontrase ya en la cárcel «puede paliar» el riesgo de fuga de su mujer.

Sin embargo, acordó una fianza para ella al tener en cuenta «la importante cantidad de recursos económicos que el matrimonio llegó a acopiar con la ilícita actividad desplegada por ambos cónyuges» y que parte de ellos aún no se ha conseguido localizar.

Según la sentencia de Gürtel, Rosalía «tenía capacidad de decisión sobre la disponibilidad de los fondos» que acumulaba en sus cuentas y así lo «evidencian» tres «significativas transferencias» de un total de 178.072 euros que hizo a la cuenta Obispado, propiedad del padre del testaferro de Bárcenas, con destino final a otra de las islas Bermudas.

También ingresó ayer en la cárcel de Soto del Real el exmarido de la que fuese ministra Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y 8 meses de prisión. El tribunal también acordó para él prisión, en su caso bajo una fianza de 100.000 euros que, por el momento, no ha abonado.

Cospedal: «No hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez»

Falso. No lo dice solo un juez, lo dice una sentencia judicial, emitida por tres jueces después de una instrucción de casi diez años. Lo dice incluso el juez del voto particular al que se agarra el PP, que no pone la caja B en cuestión –solo la condena a título lucrativo del PP–. También lo dice la Fiscalía Anticorrupción. Y varios otros jueces que han participado en la instrucción de esta causa y también de la causa separada sobre esa misma caja B que aún investiga la Audiencia Nacional.

Lo dice también la UDEF. Y el inspector jefe que investigó ese caso, Manuel Morocho, que así lo declaró ante la comisión de investigación del Congreso añadiendo que “indiciariamente” ese misterioso M. Rajoy que se llevó 373.000 euros en negro es –oh, sorpresa– el propio Mariano Rajoy.

Por decirlo, lo dicen hasta varias de las personas que aparecen en esa contabilidad y que han admitido que cobraron ese dinero del PP. Entre otros, el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, que en el propio Parlamento ya había reconocido que cobró esos dineritos del PP y que hoy mismo ha asegurado, en surrealista explicación, que «está en los Papeles de Bárcenas pero no en otros papeles manchados de sangre». Contabilidad en B. Y a mucha honra, al parecer.

Cospedal: (la Caja B) “será una contabilidad de Bárcenas, no es la contabilidad del Partido Popular”

Falso. El dinero llegaba de donativos de constructores al Partido Popular. Se empleaba en gastos del Partido Popular –como la reforma de la sede de Génova– y de ella cobraban dirigentes del Partido Popular, como ha sentenciado el tribunal en los hechos probados. En la sentencia, Bárcenas y su mujer han sido condenados por apropiación indebida, precisamente por robar dinero al PP de esta misma caja B.

María Dolores de Cospedal: “El Partido Popular no tenía conocimiento de que se estaba realizando una acción constitutiva de delito. Eso lo dice la propia sentencia, no lo digo yo”.

Falso. La sentencia dice exactamente lo contrario. “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no solo contra la evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica», asegura la sentencia (página 1.515). El tribunal no puede ser más claro.

Cospedal: (El PP no tenía conocimiento de los hechos) “porque si no, habría sido condenado penalmente y no ha sido condenado penalmente”

Falso. La razón por la que el PP no ha sido condenado penalmente es porque la ley no se aplica con efectos retroactivos y en el año 2003 las personas jurídicas –como empresas, asociaciones, sindicatos o partidos– no podían cometer delitos. Hasta el año 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, nunca penal.

La propia sentencia (página 1.552) lo explica bien. “Los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal de 22 de junio de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que no se está dilucidando en este procedimiento una posible responsabilidad penal del Partido Popular”.

Con los mismos delitos, si se cometieran hoy, el PP sí tendría una condena penal. Se ha librado por las fechas y la legislación de esos años, no por las excusas que ha desplegado Cospedal.

Cospedal: “Lo que dice el Código Penal es que para ser partícipe a título lucrativo hay que tener conocimiento del hecho, pero no de que fuera delito. Eso dice el Código Penal y eso es lo que dice la sentencia. Nosotros no es que no conociéramos el Código Penal, es que no conocíamos los hechos”

Falso, y por triplicado. Es falso que el Código Penal diga algo ni lejanamente parecido: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento ni de sus castigos. Es falso también que lo diga la sentencia, que deja claro que la única razón por la que no hay delito es porque en aquellos años los partidos no tenían responsabilidad penal. Y también es falso que el PP desconociera los hechos, como deja muy claro el tribunal.

Cospedal: “Estamos hablando de algo que pasó en 2003”

Y la justicia ha tardado tanto en gran medida por la estrategia que desde el primer momento siguió el PP: retrasando la investigación, presionando a los jueces y haciendo lo posible para que esta sentencia no llegara jamás. Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. Y por eso el caso Gürtel ha pasado por siete jueces de instrucción, entre los que llevaron el caso y los que el partido logró apartar.

Cospedal: “Ni siquiera somos partícipes a título lucrativo porque como no teníamos planificados esos actos para nuestra campaña electoral, no hay ningún beneficio económico que haya repercutido en el Partido Popular derivado de esos delitos”.

Falso. Los actos de campaña del PP que pagó Francisco Correa son gastos que se ahorró el partido. Que esos mítines no figuren en la planificación electoral oficial –en los gastos de campaña que se entregaron al Tribunal de Cuentas– no significa que no existiesen, o que no supusieran un ahorro. Solo que no se registraron oficialmente: igual que hicieron con la caja B.

Cospedal: “(Los argumentos de los jueces sobre la caja B) son irrelevantes sobre el caso que tenían que fallar y que dictar una sentencia, porque no vienen en ese caso”.

Falso. Porque algunos de los delitos que aparecen juzgados y sentenciados en esta causa –como la apropiación indebida de Luis Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias– pasan por la caja B por una razón muy sencilla: el dinero salió de allí.

Es verdad que hay pendiente otro caso más sobre la caja B que tendrá más adelante otra sentencia. Pero la caja B y la Gürtel están mezclados entre sí: de hecho, es una pieza separada de la investigación principal. Por eso en la sentencia de la Gürtel se habla de la caja B o también –por poner otro ejemplo– del caso Fitur, otra pieza separada de la Gürtel que ya tiene sentencia también.

Cospedal: “La sentencia dice que se creó una trama con personas influyentes del Partido Popular. Dice que la creó el señor Correa, no el Partido Popular. Eso es lo que dice ese párrafo de la sentencia”.

Falso. La sentencia (página 155) lo que dice es que “entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable para la prestación de viajes, organización de eventos, congresos” (…) y “se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”. Entre los dos: entre Correa y el PP.

Más allá del análisis sintáctico –que no dice lo que asegura Cospedal– ¿alguien cree que Correa habría podido montar un sistema de corrupción institucional él solito, sin la ayuda de esos altos cargos del PP? ¿Cómo podría haberlo hecho, si nunca tuvo capacidad alguna de decidir directamente una adjudicación pública?

Cospedal: “El delito de financiación ilegal se incluyó en el Código Penal con el voto en contra del PSOE”

Es una media verdad. Esta reforma se aprobó en 2015 con la mayoría absoluta del PP y el PSOE votó en contra. Pero porque el PSOE, al igual que UPyD, presentaron propuestas alternativas, con penas más duras que las que aprobó el PP para el delito de financiación ilegal.

Hace unos meses, en enero, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos votaron a favor de endurecer las penas por financiación ilegal, un delito que en España solo se castiga con multas y no cárcel. El PP votó en contra en esta ocasión.

Cospedal: “El único partido que yo conozco que está condenado por financiación ilegal es el PSOE”.

Falso. El PSOE no fue condenado en Filesa por financiación ilegal porque en esos años el delito no existía y porque los partidos tampoco tenían entonces responsabilidad penal. Sí quedó acreditado en esa sentencia que el PSOE se financió de forma ilegal. Exactamente igual que ha ocurrido con el PP y la sentencia de la Gürtel.

Cospedal: “Ha habido tres tribunales que dicen que se terminó la relación laboral con Bárcenas y que no había relación laboral con Bárcenas”

Las sentencias lo que han hecho ha sido negar una indemnización por despido improcedente a Luis Bárcenas, que pedía 900.000 euros al PP. Bárcenas no pudo probar que existiera una relación laboral porque, efectivamente, no iba a la oficina. Pero cobraba todos los meses desde que dimitió, en marzo de 2010, hasta que empezó a filtrar los papeles de la caja B, en febrero de 2013. Fue entonces, y solo entonces, cuando el PP le dejó de pagar exactamente el mismo sueldo que cobraba antes de su dimisión. Fue entonces, y solo entonces, cuando la “indemnización en diferido” terminó.

El PP se libró así de una condena por despido improcedente, pero la sentencia también dejó claro que el PP mantuvo irregularmente a su extesorero dado de alta en la Seguridad Social.

Cospedal: “Los ministros y secretarios de Estado, cuando dejan de ser ministros o secretarios de Estado, tienen derecho a una indemnización que se les paga con posterioridad al desempeño de su función. Es una práctica perfectamente habitual”.

Pero ninguno de ellos está dado de alta en la Seguridad Social, ni mantiene a su secretaria, ni mantiene el coche y el chófer, como pasaba con Bárcenas.

Cospedal: “Hay muchas personas expulsadas del Partido Popular antes de que hubiera sentencias condenatorias”

Y todos ellos fueron expulsados en diferido, en régimen de simulación. Hay otro precedente muy similar al de Luis Bárcenas: el de Jesús Sepúlveda, hoy condenado a 14 años en la Gürtel. El exalcalde de Pozuelo, exmarido de Ana Mato, teóricamente dimitió en 2009, cuando fue imputado por corrupción. Pero el PP lo mantuvo cobrando su sueldo íntegro hasta febrero de 2013, cuando eldiario.es publicó que pagaba su salario sin que Sepúlveda fuera siquiera a trabajar. En teoría le pagaban el sueldo íntegro a cambio de realizar “informes” desde casa.

En un primer momento, el PP argumentó que no lo podían despedir a Sepúlveda porque era un “funcionario” del PP –como si este partido fuera la única organización española donde no aplicara la reforma laboral–. Tras unas cuentas ruedas de prensa de ridículo, el PP lo acabó despidiendo.

Cospedal: (Los ordenadores de Bárcenas) “estuvieron en el PP cuatro años, y nadie se acordó de ellos”

Tampoco el Partido Popular. La destrucción de los discos duros de los viejos ordenadores de Luis Bárcenas se produjo el 3 de julio de 2013, al poco de que el extesorero entrara en prisión por primera vez. Y cuando ya habían pasado varios años desde su “despido en diferido”.

Cospedal: “Eso de los martillazos (en los discos duros de Bárcenas) lo dijo en una ocasión un político y ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso”

No hubo martillazos, fueron más metódicos. La destrucción total de los discos duros de Bárcenas consistió en 35 formateos consecutivos y después “el rallado hasta su destrucción física”, según los autos de la jueza que lleva este caso. Probablemente el informático del PP que destrozó los discos duros utilizó un destornillador, un cúter o cualquier otra herramienta para este “rallado físico”. El resultado fue el mismo: destruir toda evidencia por si los pedía el juez. Que al poco tiempo los pidió.

El informático en cuestión está procesado por los delitos de encubrimiento y daños informáticos –igual que la actual tesorera del PP y el propio Partido Popular–. El juicio llegará en unos meses, otro ejemplo de caso aislado del PP.

Cospedal: “El propio Bárcenas aseguró que había cambiado los discos duros poco antes, por lo que no había nada en ellos”

Para no haber nada, hay que ver cuánta molestia se tomaron en destruir esos discos.

Cospedal: “Al igual que ocurre en todas las empresas, el informático del partido hizo el procedimiento que se hace siempre para que ese ordenador fuera utilizado por otras personas, como en todas las empresas”.

Falso. En ninguna empresa normal –tal vez ocurre en la CIA o el KGB– realizan un “rallado físico” de los discos duros de los exempleados. Entre otras cosas, porque con la destrucción del disco duro el ordenador deja de funcionar y nadie más lo puede volver a utilizar.

Cospedal: “El Partido Popular ha hecho mucho en la lucha contra la corrupción”

Falso. El PP ha hecho mucho más por tapar la corrupción de los suyos, incluso cuando ya era más que evidente que lo habían hecho mal. Entre otros ejemplos del “hacemos lo que podemos” –que le prometió Rajoy a Bárcenas cuando descubrieron su botín en Suiza–, destaca el intento de los abogados del PP, en línea con Correa y Crespo, por pedir la nulidad de todo el caso Gürtel por un supuesto defecto de forma en las pruebas.

Fue el mismo truco que les funcionó con Rosendo Naseiro y que, en esta ocasión, no coló. De haber funcionado otra vez, Correa, Bárcenas y todos los demás condenados hoy estarían en libertad.

Cospedal: “López del Hierro no es mi marido”

El López del Hierro que aparece en los papeles de Bárcenas no es su marido, y a saber quién será ese tal M. Rajoy.

El tribunal, a pesar de las discrepancias de uno de los tres magistrados, ha constatado que el PP se ha financiado ilegalmente durante décadas; que empresarios han pagado al partido para recibir adjudicaciones; que su tesorero nacional era quien mediaba para cobrar esas donaciones a cambio de adjudicaciones; que altos dirigentes de la formación recibieron sobresueldos con ese dinero no declarado; y que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no dijo la veracidad sobre la caja b por temor al reproche social que podría recibir si reconociera la veracidad de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

En definitiva, en esta sentencia de 1687 folios, se determina punto por punto el ‘modus operandi’ del PP para financiarse irregularmente a cambio de actuaciones corruptas. Unos dardos al partido que le puede traer graves consecuencias políticas y judiciales.

1. Corrupción institucional

”Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

2. Inflaron los precios de los contratos

La trama de Correa recibieron numerosos contratos con el apoyo de caros públicos ahora condenados. “Inflaban los precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos”.

3.Bárcenas, el epicentro

La Sala sitúa a Bárcenas en el epicentro de la trama. Mediaba con Correa para poner en contacto a empresarios con los cargos públicos que, a cambio de una comisión, amañarían las adjudicaciones. Por esa operativa recibían su porcentaje tanto Correa, como Bárcenas, el dirigente en cuestión y otra parte iba para el partido, creando así un “auténtico sistema de defraudación del erario público”.

”Luis Bárcenas era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

4. Una ‘caja b’ estable desde 1989

”La ‘caja’ b del partido consistía en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.

5. Rajoy no es creíble

Para la Sala, la existencia de una ‘caja b’ está totalmente certificada, a pesar de que algunos testigos, sobre todo dirigentes del PP, la han negado. La sentencia explica que negaron tales extremos porque de haberlo reconocido habría sido asumir los apuntes, que llevaría a un “reproche social”. “En caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una ‘caja b’ en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido; por lo que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos”.

6. El PP no recupera su dinero b

La sentencia también refleja la picaresca de Bárcenas, quien se habría llevado dinero de la ‘caja b’. Sin embargo, el PP no ha podido reclamar esas cantidades porque si no estaría asumiendo la existencia de ese dinero. “Sería indiferente, en principio, por

lo que al delito de apropiación indebida se refiere, la procedencia de las cantidades con que se nutra dicha caja, ya que, sean de procedencia lícita o ilícita, ello no desvirtúa su ajenidad, porque ese dinero siempre ha de pertenecer a alguien mientras no conste que es dinero abandonado y sin dueño”, explica el tribunal.

Los magistrados advierten que no se creen que los empresarios pagaran para esa caja b de manera “altruista”. “Las aportaciones a la caja B no se trata de simples donaciones hechas de modo altruista por algunos empresarios, sino que tienen un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos y, por lo tanto, no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares, en la que los contactos políticos que despliegan los acusados es fundamental”, subraya el texto.

7 Colaboración estable

De la sentencia se desprende que la trama de Correa y el PP se necesitaban para su propio enriquecimiento. De ahí que entienda que entre ambos se “tejió una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo.

Por esa colaboración existente, el grupo de Correa conseguía que éste “gozara de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente

se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aspira a formar un Gobierno transitorio que convoque elecciones «cuanto antes» si prospera la moción de censura que el partido ha registrado este viernes contra Mariano Rajoy. El líder socialista ha anunciado su intención de ser investido presidente con la moción para constituir un Ejecutivo en solitario del PSOE que aborde tres tareas: «recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la vida democrática, y poner en marcha una agenda social que atienda a las urgencias sociales». Sánchez no ha aclarado en qué plazo de tiempo convocaría los comicios, y no renuncia a ser investido con el apoyo de los partidos independentistas, aunque les ha avisado de que su Gobierno «hará cumplir la Constitución».

«Hay que recordarle al señor Rivera que las mociones son constructivas, son para darle un Gobierno al país. Convocaremos elecciones, cuanto antes, pero antes de eso habrá que recuperar la normalidad política e institucional, atender las urgencias sociales y abordar una tarea de regeneración democrática», ha manifestado Pedro Sánchez en comparecencia de prensa en Ferraz, después de que Ciudadanos anunciara que solo apoyaría una moción para la convocatoria inmediata de elecciones. El líder socialista plantea un programa básico, por tanto, que no prefigura un plazo de tiempo muy breve para convocar elecciones.

Sánchez no renuncia a que la moción de censura prospere con el apoyo de los partidos independentistas, pero a estos les ha advertido de que su Gobierno «va a garantizar que cumplirá y hará cumplir la Constitución española», así como la «soberanía nacional y la integridad territorial». El líder socialista ha explicado que pide el apoyo para ser investido presidente «a los 350 diputados» y ha argumentado que España es una democracia parlamentaria, que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fue elegida «también con los votos de los independentistas» (en referencia al PDeCAT) y que los Presupuestos generales acaban de ser aprobados con votos de nacionalistas (el PNV).

La moción de censura se justifica, ha razonado el secretario general del PSOE, para «recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna en las principales instituciones».

Tras un intenso debate en la cúpula del PSOE a lo largo del jueves, la dirección socialista ha registrado en la mañana de este viernes en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Mariano Rajoy. El partido de Pedro Sánchez hace uso del más grave instrumento parlamentario contra Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel en la que el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo. La moción está firmada por los 84 diputados del grupo parlamentario y Sánchez es el candidato a la presidencia del Gobierno.

“Es el momento de que cada uno asuma su responsabilidad”, trasladaban el jueves fuentes de la dirección, que señalaban además que «no hay mucho más margen» que presentar una moción de censura, dada la gravedad de la sentencia conocida contra el PP. La moción de censura del PSOE cuenta con el apoyo anunciado de Unidos Podemos, pero los votos de ambos partidos no son suficientes para que prospere, toda vez que se requiere de mayoría absoluta (176 escaños). Una vez en trámite una moción de censura, la Constitución impide en su artículo 115 que el presidente del Gobierno convoque elecciones. Ciudadanos ha condicionado su apoyo a la moción a la convocatoria de elecciones.

El PSOE ha tomado la decisión de presentar una moción de censura toda vez que la sentencia de la primera parte del caso Gürtel “implica políticamente al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy”. El partido juzga además de “inaceptable la respuesta del PP y el Gobierno ante la sentencia del caso Gürtel”. Dos mensajes que apuntaban a la toma de medidas: porque la decisión de la Audiencia afecta directamente a Rajoy y porque la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente.

El secretario general, Pedro Sánchez, no ha esperado a que se celebre la reunión de la ejecutiva federal plenaria para el registro de la moción de censura, que se ha producido antes del cónclave. El líder socialista conversó ayer con gran parte de miembros de la dirección y directamente con algunos presidentes autonómicos, aunque no con todos, y tomó la decisión de presentarla con el apoyo del núcleo duro de su dirección.

El portavoz de la ejecutiva, Óscar Puente, ha avanzado a la entrada de la reunión que la opinión del órgano está «muy alineada» en torno a la pertinencia de presentar una moción. Varios presidentes autonómicos socialistas y dirigentes territoriales han mostrado ya su apoyo a la iniciativa. Los presidentes de Comunidad Valenciana, Ximo Puig y Baleares, Francina Armengol, se han manifestado a favor. La moción cuenta con el respaldo también del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, según fuentes de su entorno. Los mandatarios de Aragón, Javier Lambán; Castilla La- Mancha, Emiliano García Page; Andalucía, Susana Díaz; y Asturias, Javier Fernández, aún no se han posicionado.

El partido ha convocado reunión del comité federal, máximo órgano entre congresos, para el próximo lunes.