Las adjudicaciones públicas de la era Eduardo Zaplana en las ITV y el Plan Eólico y lo importante, su posterior comercialización, supusieron para el Grupo Sedesa de la familia Cotino unos ingresos de 86 millones de euros. 39,3 millones por la venta a Endesa de su 25 % en Proyectos Eólicos Valencianos y casi 50 millones por su parte en la sociedad constituida para gestionar las inspecciones técnicas desde 1999.

Estos 86 millones de euros que ingresó la sociedad del empresario Vicente Cotino sirvieron para posteriormente, según la Guardia Civil, abonar comisiones millonarias a los líderes políticos que presuntamente ayudaron a ganar esas adjudicaciones. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado presente en el caso Erial y que ha venido desgranado eldiario.es, 10,5 millones fueron para la trama internacional liderada por Eduardo Zaplana; 11,3 para el que fuera director de la policía con Aznar Juan Cotino y 580.000 euros para el expresidente de Bancaja y de la Generalitat, José Luis Olivas. Pero los pagos se realizaron de manera distinta.

La operación de corrupción a gran escala es de sencilla ejecución aunque de complicada operación de blanqueo. El Grupo Sedesa creaba empresas de nuevo cuño con sociedades expertas en la materia -ITV o energía eólica- para ganar los concursos amañados y, una vez funcionaban y con ingresos, el Grupo Sedesa vendía sus participaciones a precio de oro. Según la UCO, el modo de la pagar las mordidas variaba geográficamente, pero en el caso de Zaplana y Cotino coincide con la falsa compraventa de sociedades.

El clan Zaplana cobró las mordidas a través de sociedades en Luxemburgo y que acabaron en Suiza, después de en algún momento pasaran por Uruguay; mientras que Juan Cotino –que siguió el amaño de contratos siendo director general de la policía– cobró de sus sobrinos después de vender en 2007 -siendo conseller de Camps- la participación que le quedaba en el Grupo Sedesa. La Guardia Civil concluye que el expresidente de las Corts «habría obtenido una ventaja económica de la venta de las mercantiles beneficiarias de las adjudicaciones que se investigan».

Por su parte, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat, José Luis Olivas, habría cobrado 580.000 euros de un «soborno» a través de su empresa Imarol SL por asesoramientos que nuca se hicieron. En este caso y según aseguró en sede judicial el propio Olivas, por asesorar en la venta del 25 % de la sociedad de las eólicas del Grupo Sedesa a Endesa.

Mientras las sociedades de Vicente Cotino hacían estos pagos en mordidas a políticos del PP valenciano -2003 a 2011-, este empresario financiaba al PP de Francisco Camps -sucesor de Zaplana y Olivas- para que ganara las elecciones autonómicas y municipales de 2007, según sentencia de la Audiencia Nacional, y de actos para la campaña de Mariano Rajoy en la Comunitat Valenciana en 2008. En este caso y según el fallo del caso Gürtel, no se pudo comprobar que las aportaciones ilegales de los empresarios fueran a cambio de adjudicaciones.