En estos municipios, una o varias de sus redes de abastecimiento tuvieron niveles de nitrato que superaron el límite legal de 50 mg/litro. Es un nivel perjudicial para la salud sobre el que la normativa obliga a avisar a la población, para alertar de que el agua no se puede consumir, así como a tomar medidas para reducir su impacto.

En 2024 hay un 29% más de municipios afectados respecto al año anterior y un 94% más si miramos a hace dos años. Este repunte no se debe solo a que los puntos de captación de agua estén peor, sino a que hay más municipios que no estaban reportando datos a Sanidad y al hacerlo han aflorado sus problemas. Según los datos del análisis, 54 municipios que no habían reportado mediciones en los últimos años han aparecido directamente con incumplimientos. Pero también hay 12 municipios que incumplieron el límite legal en 2023 y no han comunicado sus análisis de nitratos en el agua en 2024.

La ciencia está señalando el nivel legal de 50 mg/l como obsoleto. Los efectos en la salud empiezan en niveles más bajos si sucede de forma continuada. Por eso desde 2023 la normativa sobre agua de consumo obliga en España a tomar medidas ya en los llamados puntos críticos, que en el caso de la contaminación por nitratos son aquellos que superan los 30 mg/litro de forma sostenida.

Según el análisis de DATADISTA de los últimos tres años, más de un millón de personas viven en zonas consideradas «puntos críticos» de contaminación por nitratos. En estos municipios, el agua es potable, pero mantiene niveles de nitratos superiores a 30 mg/l de forma sostenida.

En estas circunstancias, los operadores están obligados a desarrollar Planes Sanitarios del Agua (PSA) para vigilar y frenar la contaminación.

El problema práctico es que muchos ayuntamientos y pequeños operadores carecen de capacidad técnica para redactar estos complejos planes de gestión. Para facilitar esta transición, el Ministerio de Sanidad ha desplegado en los últimos años un programa de seminarios formativos para explicar la legislación a los operadores. Por su parte, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) dispone de una guía rápida diseñada para ayudar a los municipios a aplicar la normativa.

El límite legal de 50 mg/l que marca la Directiva Europea, lo estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1962 para evitar una intoxicación aguda en lactantes (el llamado ‘síndrome del bebé azul’), sin tener en cuenta los efectos de una exposición crónica durante años en adultos.

Un estudio realizado en 2018 en Dinamarca observó un aumento del riesgo de cáncer colorrectal a partir de concentraciones de solo 3,87 mg/l, una cifra drásticamente inferior al tope legal actual. En España, el proyecto MCC-Spain también encontró vínculos entre la ingesta acumulada de nitratos y tumores de próstata agresivos y cáncer colorrectal, incluso por debajo de los niveles permitidos por la ley, apuntando a la formación de compuestos cancerígenos en el organismo. Ante esta evidencia, el grupo internacional de expertos convocado por Dinamarca recomendó a finales de 2025 rebajar el límite a 6 mg/l para garantizar la protección de la población a largo plazo.

El origen del problema reside en el uso masivo de fertilizantes químicos en la agricultura y de los purines de la ganadería industrial. Cuando la tierra no puede absorber tanta cantidad, el exceso se filtra al subsuelo y acaba contaminando los acuíferos, que son la única reserva de agua potable para muchos de estos pueblos.

Este mapa muestra la correlación entre la concentración de municipios que incumplieron o son puntos críticos en 2024 y la situación en mal estado debido a la contaminación por nutrientes de sus acuíferos, según los datos del tercer ciclo de Planificación Hidrográfica (2022-2027).

Entre las comunidades autónomas con mayor número de municipios con contaminación por nitratos en el agua del grifo se encuentran aquellas donde la agricultura y ganadería intensiva tiene un mayor impacto sobre las zonas vulnerables.

Castilla y León concentra el 60% de todos los municipios que tuvieron niveles de nitratos en el agua del grifo por encima del límite legal, muchos de ellos son pequeños pueblos de provincias como Burgos o Soria.

La Comunidad Valenciana es la región con mayor población abastecida afectada por la contaminación de nitratos. El municipio de Godelleta (Valencia) registró el valor más alto del año 2024 con 193 mg/l, casi cuatro veces el límite permitido.

En Baleares, la segunda comunidad con más vecinos afectados, destaca el caso de Manacor, donde 28.798 personas tuvieron restricciones de consumo al superar los 100 mg/l en algunas de sus redes de abastecimiento. El agua de la red solo se consideró apta de forma intermitente en 2024, generalmente tras algunas medidas de emergencia como diluir el agua de pozos contaminados con aportes de mejor calidad.

Mientras los operadores gestionan el agua en la red, la normativa intenta frenar la contaminación en el origen. La Directiva de Nitratos establece que en aquellas áreas designadas como Zonas Vulnerables a Nitratos (ZVN), donde la concentración de nitratos en aguas subterráneas y superficiales ya supera los límites o está en riesgo de hacerlo, es obligatorio limitar el uso de fertilizantes para intentar frenar la contaminación.

Bajo los puntos que señalan los municipios con problemas de agua potable, el mapa muestra también estas Zonas Vulnerables a Nitratos. La Directiva Europea obliga a los Estados a identificar las aguas afectadas y designar estas zonas allí donde la agricultura y la ganadería contribuyen significativamente a la contaminación. Sin embargo, Bruselas permite elegir el modelo de aplicación: designar zonas específicas (el modelo que sigue España, donde las Comunidades Autónomas las declaran solo donde se detecta el problema) o aplicar programas de acción en todo el país. Países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos o Irlanda han optado por declarar todo su territorio como zona vulnerable a nitratos para asegurar una protección integral de sus recursos hídricos.

Para los gestores del agua urbana, estas líneas en el mapa no son suficientes. El gerente de AEOPAS, Luis Babiano, explica que la realidad operativa es que los ayuntamientos y empresas públicas están asumiendo costes millonarios para limpiar un agua que llega contaminada por la agricultura o la ganadería. Advierte de la «indefensión» del sector urbano, que se ve obligado a invertir en tecnología costosa para potabilizar el agua en lugar de solucionar el problema de raíz.

Desde AEOPAS señalan que falta coordinación entre las normas ambientales y la realidad del grifo. Reivindican que los perímetros de protección de las captaciones —las áreas de seguridad alrededor de donde se toma el agua— son una asignatura pendiente que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) debe desarrollar urgentemente.

«No debemos limitar la inversión a soluciones tecnológicas de tratamiento, sino reforzar la vigilancia, la ordenación territorial y la protección preventiva de las fuentes de suministro, evitando la generación de riesgos en origen», explica Babiano.

El objetivo es dejar de depender de tratamientos cada vez más complejos y caros para centrarse en que el agua no se ensucie. «Reivindicamos que se desarrollen con carácter prioritario los parámetros de calidad, los instrumentos de control y los marcos de coordinación asociados a las zonas de captación, con el objetivo de consolidar una protección efectiva y estable de las fuentes de suministro y garantizar la sostenibilidad técnica, sanitaria y económica de los servicios de abastecimiento», concluye el gerente de AEOPAS.

257.000 personas sin agua potable en sus casas por exceso de nitratos en 2024 y más de un millón en zonas críticas (datadista.com)

La OMS reconoce que la causa que produce la enfermedad “no es del todo entendida”, pero se vincula con la contaminación de la comida o con el consumo agua no tratada. En Gaza, las bombas israelíes han dinamitado las redes de agua y saneamiento desde el inicio de la ofensiva, construyendo un ecosistema insalubre en el mismo territorio donde conseguir agua para beber, cocinar, limpiarse o lavar resulta un reto diario, obligando al uso de agua residual.

Ahora, los especialistas advierten de que la enfermedad se propagará mientras Israel persista en sus ataques y en su bloqueo humanitario, lo que impide corregir la contaminación y la escasez sobre el terreno. En la mayoría de casos, esta condición permite una recuperación posterior, a menudo tras un período de atención en unidades de cuidados intensivos (UCI). La enfermedad no tiene una cura oficial, pero hay tratamientos que funcionan. Según la OMS, el principal de ellos no está disponible en la Franja.

El brote supone la proliferación de otra enfermedad infecciosa en los 23 meses de contienda en el enclave, después de que los hospitales gazatíes hayan detectado también estallidos de polio, de cólera, de hepatitis A y de sarna. Antes de la actual ofensiva en Gaza, los casos de esta enfermedad paralizante se podían contar con los dedos de una mano.

Síntomas y consecuencias

La diarrea es el primer síntoma de contagio. En pocos días, la enfermedad dificulta el movimiento de las piernas, y más tarde bloquea los músculos que ayudan el cuerpo a respirar. Ese impedimento puede resultar mortal. La propagación de la parálisis también puede afectar a la frecuencia cardíaca o el habla.

El surgimiento del GBS aumenta, además, la carga a la que se ven sometidos los hospitales gazatíes. Cuando la enfermedad progresa y el cuerpo presenta dificultades para respirar, el paciente requiere la intubación de una sonda por vía nasal. Los principales centros médicos en el enclave duplican o triplican su capacidad inicial, y ya se ven saturados por la llegada masiva de muertos y heridos tras los bombardeos. Muchos centros atienden pacientes en el suelo o en los pasillos. Según la OMS, el 30% de los casos requieren de UCI y el 5% de los afectados puede morir por complicaciones derivadas de la enfermedad incluso en las mejores condiciones e infraestructuras médicas. Unas circunstancias que no se dan en Gaza.

Los perfiles más vulnerables a la enfermedad son los bebés, los niños con enfermedades preexistentes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Todos ellos, como lamenta un doctor de emergencias del hospital gazatí Al Shifa en un reciente monográfico de Amnistía Internacional, se ven especialmente afectados por la carencia simultánea de alimentos, medicamentos, agua potable e higiene, un ecosistema que puede resultar letal cuando se suma al estado perpetuo de miedo y angustia por la ofensiva israelí.

El doctor alerta de que la propagación de esta condición se encuentra una población debilitada por la desnutrición. Las heridas, narra, tardan más de lo normal en cicatrizar, lo que aumenta las estancias hospitalarias. El médico citado por Amnistía denuncia, además, la “destrucción entrelazada de múltiples capas”, donde un hospital como Al Shifa, que ha sido invadido y destruido desde dentro en dos ocasiones por los soldados israelíes en esta guerra, debe afrontar las consecuencias de la hambruna, de los bombardeos constantes y de los desplazamientos masivos de población civil hacia lugares abarrotados e insalubres.

“Lo primero fueron las piernas”, dice Nujood Abu Ghalibeh, sentada en la cama de un hospital donde su hijo Waleed está postrado. “Luego perdió la capacidad de hablar, y después no podía tragar”, explica en un vídeo difundido por la OMS el viernes. Más tarde, recuerda, su hijo presentó dificultades para parpadear. Mantenía los ojos abiertos y derramaba lágrimas.

Tras 17 días de cuidados intensivos, Waleed ha recuperado la capacidad de respirar y algo de movimiento en las piernas, pero no se tiene en pie, come ni traga. Se alimenta a través de un tubo por la nariz, respira por un tubo en el cuello y se plantean establecerle otro en el abdomen. “La cosa que más deseo es que mi hijo hable, respire, beba y ame la vida”, dice la madre.

El 4 de agosto, el Ministerio de Sanidad gazatí confirmó las primeras tres muertes causadas por esta enfermedad. En un comunicado, el Ministerio advirtió del “peligroso aumento de los casos de parálisis flácida aguda y de GBS entre los niños de Gaza, como resultado de infecciones atípicas y del agravamiento de la desnutrición aguda”. Los análisis hechos hasta el momento, decían las autoridades médicas, confirmaban “la existencia de un entorno propicio para la propagación descontrolada de enfermedades infecciosas”. Las tres muertes anunciadas, concluía, “son una alerta de un potencial desastre infeccioso”.

“Desde el inicio de la guerra, Israel ha destruido de manera sistemática el sistema de agua y de residuos en Gaza”, denuncia desde Beirut el doctor palestino-británico Ghassan Abu Sitta en varios mensajes intercambiados con EL PAÍS. Este doctor, que ejerce como rector de la Universidad de Glasgow, ha trabajado en la Franja durante la guerra actual y durante casi todos los conflictos que han llevado Israel a actuar militarmente en el enclave en el siglo XXI. Recuerda, además, que “Israel ya bombardeó las plantas de tratamiento de aguas residuales en octubre y en noviembre de 2023”, al inicio de la ofensiva, y que las tropas ocupantes también han roto las tuberías que trasladan las aguas grises.

En paralelo, la destrucción de las casas de los palestinos los ha forzado a vivir en lugares hacinados e insalubres. Y la hambruna ha reforzado su debilitamiento, convirtiéndolos en inmunodeprimidos. “La gente que padece hambruna tiene una inmunidad menor”, explica Abu Sitta, “y todo ello ha construido un ecosistema social, físico y biológico en el que este síndrome ha estallado”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu, que desde 2024 es un fugitivo de la justicia internacional después de que el Tribunal Penal Internacional emitiera una orden de detención contra él por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, anunció el 1 de marzo el bloqueo total de comida y de todos los suministros básicos que entraban en la Franja. La decisión, que contravenía el derecho humanitario internacional, supone un castigo colectivo sobre más de dos millones de civiles desarmados.

El sitio medieval se mantuvo durante dos meses y medio. Desde mediados de mayo, Israel ha permitido la entrada intermitente y en cuentagotas de algunos productos alimentarios y de algunos suministros básicos. En cualquier caso, la suavización del bloqueo y la entrada de bienes en unas cantidades que la ONU define como irrisorias no ha impedido el avance del territorio hacia la hambruna, declarada la semana pasada por la ONU en partes de la Franja.

Tras meses de carencias, las consecuencias del bloqueo humanitario se multiplican durante las últimas semanas. Un periodo que concentra la práctica totalidad de los casos de GBS y la mayoría de las 303 muertes registradas por inanición. La gran mayoría de ellas, 238, en menos de dos meses: desde principios de julio.

El síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad paralizante que brota en Gaza por la contaminación de comida y agua | Internacional | EL PAÍS

El 90% de los habitantes de Gaza no tienen acceso al agua

No obstante, la población afectada en Castilla y León, que asciende a 52.057 personas según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por Ecologistas en Acción y a los que ha tenido acceso Ical, supone un porcentaje menor, del 23,6 por ciento, con respecto a las más de 220.000 personas que se vieron afectadas por esta realidad en el conjunto de España en 2023.

Eso sí, según refleja Ecologistas en Acción en declaraciones remitidas a Ical, las 144 localidades afectadas en Castilla y León suponen el 14 por ciento del total de los 1.028 municipios analizados en la Comunidad, pero “es probable que el panorama sea peor ya que los datos del Ministerio de Sanidad no son completos”, debido a que “hay poblaciones en las que no se analizó la cantidad de nitratos en el agua para consumo humano en 2023”. En concreto, se trata de aquellas zonas de abastecimiento con menos de 50 habitantes o que suministran menos de diez metros cúbicos de agua al día.

La organización recuerda que la contaminación de agua por nitratos “está producida por el uso masivo de abonos nitrogenados en la agricultura y ganadería intensiva”, por lo que Ecologistas en Acción señala directamente a las llamadas macrogranjas y su proliferación como responsables de la situación.

Por provincias, Soria es la que acumula más municipios de Castilla y León donde se superaron los niveles de contaminación por nitratos en el agua de consumo humano con 27. Se trata de Adradas, Alconaba, Aldealices, Almaluez, Almazul, Almenar de Soria, Arancón, Berlanga de Duero, Castillejo de Robledo, Centenera de Andaluz, Coscurita, Frechilla de Almazán, Fuentecantos, Golmayo, Hinojosa del Campo, Langa de Duero, Maján, Momblona, Nafría de Ucero, Renieblas, Reznos, San Esteban de Gormaz, Seón de Nágima, Tajueco, Velamazán, Viana de Duero y Soria capital.

En segundo lugar se encuentra Burgos, con 25 localidades entre las que se encuentran Baños de Valdearados, Barrios de Bureba, Busto de Burea, Castrojeriz, Cilleruelo de Abajo, Coruña del Conde, Fuentemolinos, Grisaleña, Iglesiarrubia, Mambrilla de Castrejón, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Nebreda, Olmedillo de Roa, Oña, Pedrosa de Río Urbel, Pineda Trasmonte, Revillarruz, San Martín de Rubiales, Sasamón, Tórtoles de Esgueva, Vileña, Villadiego, Villafruela y Villamayor de los Montes.

También en la veintena de municipios se sitúa Valladolid, con niveles de contaminación por nitratos en el agua en Wamba, Bocos de Duero, Castromonte, Corrales de Duero, Curiel de Duero, La Mudarra, Nueva Villa de las Torres, Olmos de Peñafiel, Pedrosa del Rey, Peñaflor de Hornija, Piñel de Arriba, Rábano, Salvador de Zapardiel, San Llorente, San Pelayo, San Salvador, Valdearcos de la Vega, Valdestillas, Vega de Valdetronco y Villanubla.

En Salamanca, los análisis arrojaron resultados por encima de los 50 miligramos de nitratos por litro de agua para el consumo humano en Aldeaseca de Alba, Aldeaseca de la Frontera, Cantalpino, El Campo de Peñaranda, Espino de la Orbada, Gajates, Galindo y Perahuy, La Maya, Mancera de Abajo, Matilla de los Caños del Río, Monterrubio de la Armuña, Pajares de la Laguna, Parada de Arriba, Parada de Rubiales, Rágama, Tardáguila, Villares de la Reina, Villoria y Villoruela.

En Segovia fueron 15 las localidades afectadas en 2023: Aldealcorvo, Ayllón, Bercial, Bercimuel, Cantalejo, Castro de Fuentidueña, Cuevas de Provanco, Lastras del Pozo, Marazoleja, Muñopedro, Navares de Ayuso, Ortigosa de Pestaño, Santa María la Real de Nieva, Tabanera la Luenga y Vallelado.

Mientras, en Ávila se contabilizaron 14 municipios con niveles de nitratos por encima del máximo permitido, con Bernuy-Zapardiel, Berrocalejo de Arona, Cabezas de Alambre, Constanzana, El Bohodón, Espinosa de los Caballeros, Mamblas, Mingorría, Pajares de Adaja, Pedro-Rodríguez, San Vicente de Arévalo, Sanchidrián, Tiñosillos y Villanueva de Gómez entre los afectados.

Todavía por encima de la decena se encuentra Zamora, con Cañizal, Castronuevo, Coreses, Cuelgamures, Molacillos, Montamarta, Pajares de la Lampreana, Piedrahita de Castro, San Cebrián de Castro, Valdefinjas, Villalube y Villaralbo; así como Palencia, donde las localidades afectadas fueron Antigüedad, Astudillo, Bustillo de la Vega, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Melgar de Yuso, Monzón de Campos, Perales, Santa Cecilia de Alcor, Villamuera de la Cueza y Villanueva del Rebollar. Por último, solo un municipio de León se vio perjudicado por la contaminación de nitratos en las aguas de consumo humano: Santa Elena de Jamuz.

Los ayuntamientos de la zona echan en falta más información mientras Ecologistas Zamora plantea un recurso de reposición al entender que el sondeo hipoteca el futuro de la zona

La lucha en defensa del Medio Ambiente en la provincia de Zamora suma una nueva batalla. La concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas del acuífero de Villafáfila para una planta de hidrógeno verde que se construirá en el término municipal de Granja de Moreruela empieza ya a movilizar a organizaciones ecologistas para intentar revocar una decisión que se hizo firme a pasados del año pasado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Más de 117.000 metros cúbicos anuales se extraerán de un acuífero subterráneo que tiene entre sus zonas de descarga, según la documentación de la propia CHD, las propias Lagunas de Villafáfila.

Los ayuntamientos del entorno consultados por este periódico aseguran que no han recibido ni consulta ni información (mucho menos petición de autorización, puesto que no es preceptiva) para la instalación del punto de extracción de agua. El único consistorio informado, al instalarse la planta de producción de hidrógeno en su término municipal, era el de Granja de Moreruela, pero la realidad es que el acuífero tiene presencia subterránea en un número muy importante de localidades. De hecho, el mapa oficial indica que llega hasta el mismo cauce del Duero en Zamora capital y se expande hacia el norte desde ahí llegando hasta el límite de la provincia.

Su centro y zona de más influencia está justamente entre Villarrín de Campos y Villafáfila. Ainhoa Aranguren, alcaldesa de Villarrín, asegura haberse enterado de la captación «por la prensa» y carecer de mayor información. Una situación similar hay en Villafáfila. También echa en falta más información el partido regionalista UPL, que anuncia que pedirá a la Junta de Castilla y León y al Estado que frenen la concesión y replanteen la situación. Ninguna de las partes entiende las razones por las cuales la captación no se hace en el río Esla en lugar de en el acuífero.

«Se vulnera el principio de precaución»

En guardia se ha puesto también Ecologistas Zamora, que anuncia recurso de reposición contra la decisión de la CHD. «Creemos que se está vulnerando el principio de precaución y que la evidencia demuestra que otras lagunas se han desecado por sobrexplotación de acuíferos. Aunque las Lagunas de Villafáfila son de carácter superficial, lo cierto es que no está demostrado que no dependan de los acuíferos», explica Julio Fernández, representante en Zamora del colectivo ecologista.

«Aunque las Lagunas de Villafáfila son de carácter superficial, lo cierto es que no está demostrado que no dependan de los acuíferos»

Julio Fernández. Ecologistas Zamora

La organización, por lo demás, incide en los mismos argumentos que fueron puestos sobre la mesa hace unos meses con la presentación de las alegaciones a la concesión. El caudal previsto, de 3,8 litros por segundo, «pone en peligro de viabilidad y la sostenibilidad del proyecto a corto, medio y largo plazo y ejerce una presión inaceptable sobre la obtención de agua para otros usos, entre los que se encuentra el consumo humano», bien de primera necesidad. Para Ecologistas Zamora la captación de aguas pone en riesgo «muy severo» la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, de manera que su aprobación «entra en conflicto con el nivel de protección que caracteriza a una Reserva Natural». La concesión del permiso, insisten las mismas fuentes, «no solo es un acto contrario a la ley» pues «es también un abuso de poder por parte de la CHD en contra de los intereses generales».

La finalidad última de la instalación, recuerdan desde Ecologistas Zamora, es producir hidrógeno por hidrólisis para su utilización como vector energético suministrado a consumidores industriales mediante camiones o mediante la introducción del hidrógeno en un hidroducto. «Pero la la viabilidad energética y ambiental de esta pretensión está condicionada al empleo de electricidad procedente de fuentes renovables, de lo cual se deduce una industrialización de la comarca en la que se instala el sondeo, con la consiguiente afectación al medio ambiente que ha de ser tenido en cuenta de modo sinérgico y no puntualmente», aseguran las mismas fuentes.

El agua, necesaria en el proceso de producción de hidrógeno

El agua es el principal elemento necesario para la producción de hidrógeno verde. El proceso de producción aprovecha alrededor de la mitad del líquido que llega a la planta y rechaza la otra parte, según la documentación que la propia empresa remitió en su día a la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León para su autorización. El agua se somete a un proceso denominado de osmosis inversa. En teoría, el agua que se deseche y no pueda ser aprovechada para el río se verterá al arroyo Valdecoso.

En plena crisis climática, el hidrógeno verde se promueve cada vez más como la panacea para la transición energética en diversos sectores y como un factor clave para alcanzar la neutralidad climática. La Unión Europea ha hecho del hidrógeno verde una prioridad dentro de sus estrategias y planes de inversión, planificando un consumo de 20 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030.

Como resultado, han surgido numerosos proyectos e iniciativas de hidrógeno verde que prevén la exportación de cantidades sustanciales de este recurso, como el proyecto H2Med, que unirá Portugal con Barcelona pasando, entre otros muchos lugares, por la provincia de Zamora, llegando desde Alcañices a la capital.

El operador de la central nuclear de Fukushima Daiichi, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), comenzó este jueves la segunda fase del vertido de agua procedente de la planta al océano, informa Kyodo News.

En el marco de esta, se prevé que TEPCO vierta 7.800 toneladas en el transcurso de 17 días. El procedimiento comenzará con el vertido de una tonelada de agua tratada, mientras que el volumen restante será vertido a alrededor de 1 kilómetro de la costa, a un ritmo de unas 460 toneladas cada día.

La primera etapa comenzó el pasado 24 de agosto y finalizó el 11 de septiembre. TEPCO afirma que un total de 7.788 toneladas de agua tratada almacenada en 10 tanques del complejo se diluyeron y vertieron sin problemas durante esos días.

Japón inicia la segunda etapa del vertido de agua de Fukushima – RT (esrt.press)

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reveló este viernes en una entrevista con Reuters que uno o dos de los miembros del equipo de expertos internacionales que elaboraron el informe que dio el visto bueno al vertido por parte de Japón de agua radiactiva tratada procedente de la averiada central de Fukushima podrían haber expresado preocupaciones al respecto.

«He oído decir eso […] Pero, de nuevo, lo que publicamos es científicamente impecable», afirmó Grossi al ser preguntado sobre si hubo desacuerdo entre los expertos que prepararon el informe. En ese orden, afirmó que ninguno de los expertos le llegó a plantear directamente tales preocupaciones.

Pesca y exportaciones de cosméticos en riesgo: opositores alertan sobre descargar el agua de Fukushima

Sin embargo, el director del OIEA admitió que el informe no suponía un respaldo al plan y que Tokio debía tomar la decisión final. «No respaldamos el plan ni recomendamos que se cumpliera. Dijimos que ese plan era coherente con las normas», declaró.

Según el alto funcionario, el organismo «no toma partido». «Las normas se aplican a todos por igual», afirmó.

Asimismo, reconoció que comprende las preocupaciones, porque «nada idéntico» a este vertido había ocurrido antes, pero añadió que también hay «ciertas agendas políticas» vinculadas a las críticas al plan.

El informe presentado este martes por Grossi concluye que el controvertido plan del Gobierno japonés «tendrá un impacto radiológico insignificante sobre la población y el medio ambiente«. «Basándose en su evaluación exhaustiva, el OIEA llegó a la conclusión de que el enfoque elegido para el vertido del agua […], así como las actividades relacionadas por parte de Japón, cumplen las normas internacionales de seguridad que son aplicables», subrayó el director general del organismo.

Grossi: Podría haber un desacuerdo entre los expertos que elaboraron el informe sobre Fukushima – RT (esrt.press)

Con esa dimensión, y según los datos aportados por el promotor, la macrogranja consumiría 115.000 litros de agua al día. Dicha cifra resulta del todo insuficiente para sostener un proyecto de esta envergadura pudiendo llegar a ser necesario el triple de esta cantidad según cálculos realizados con base en distintos materiales científicos y agronómicos (publicaciones, artículos científicos, guías de manejo zootécnico, guía de mejores técnicas disponibles) y en los datos manejados en otras explotaciones del mismo promotor equiparables a la proyectada. El agua que realmente consumiría al año esta explotación sería equiparable a la que consumirían casi 100 hectáreas de viñedo de regadío en esta misma zona.

«Esto es especialmente grave ya que el agua se extraerá de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos, declarada ya sobreexplotada y en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Según el proyecto, se pretenden extraer 41.900 m3/año de agua de tres sondeos existentes además de otra nueva concesión adicional solicitada, lo cual contraviene el Plan Hidrológico del Guadiana, que impide concesiones de aguas subterráneas en zonas sobreexplotadas y que además las limita a 15.000 m3 al año. Por ello la plataforma pide a la Confederación Hidrográfica del Guadiana «a que extreme la observancia en cuanto a la tramitación de nuevas concesiones de aguas y de las modificaciones de características de las ya existentes relativas a este proyecto».

En este caso, incide Pueblos Vivos Cuenca, «el uso industrial de los ya escasos recursos hídricos pondría en riesgo las explotaciones agrícolas de las que depende la zona». Este problema, sugieren, se añadiría al ocasionado por los residuos que pueden provocar la nitrificación de las aguas, llegando a convertirla en no apta para su consumo si su valor de nitratos llegará los 50 mg/l (cifra que ya superan algunas localidades de Castilla-La Mancha que cuentan con explotaciones de ganadería industrial). Por no hablar de los inconvenientes que conllevarán el mal olor, la proliferación de moscas, mosquitos y roedores, y el impacto que pueda tener en la salud la contaminación atmosférica por altas emisiones de amoníaco.

«Todo esto supone una amenaza para la vida rural y para las actividades económicas actuales, ya que el ambiente que generaría esta macrogranja sería incompatible con la vida en este entorno y cerraría el paso a posibles vías de desarrollo del pueblo (agricultura sostenible, enoturismo y turismo rural, gente que empezaba a volver de las ciudades para teletrabajar…)». Desde la Asociación Cultural de Las Ventas de Alcolea señalan que «esta macrogranja revertiría enormemente todos los esfuerzos que se están haciendo de cara a los objetivos del 2030 para intentar devolver vida a la España vaciada desde un verdadero respeto al entorno rural y al medioambiente».

Cabe destacar, además, apuntan «los incumplimientos de la normativa municipal en la propuesta con relación a las alturas de las naves que se pretenden construir».

La plataforma creada se opone firmemente a este plan porque «servirá para enriquecer a unos pocos a costa de la salud y el bienestar de todos los que vivimos y venimos a estos municipios». Además, añaden: «No nos dejemos engañar, lo que quieren construir es una fábrica de producción masiva de huevos, altamente mecanizada, por lo que generan pocos puestos de trabajo y que podría convertir esta tierra en un estercolero y zona a ser evitada por visitantes».

Por ello, la plataforma ha lanzado una recogida de firmas para frenar este proyecto, y que ya ha sido firmado por más de 4.000 personas.

Uno de los afectados cuya casa familiar está a menos de 500 metros dice que los vecinos «nos sentimos indefensos. No es justo que se someta a gente mayor como mis padres a tener que vivir en unas condiciones que son incompatibles con el bienestar, vulnerando su derecho a una vejez digna, al igual que muchas otras familias que residen en viviendas dispersas por la zona y que, indudablemente, tendrán que abandonar sus casas, ya que no será posible vivir al lado de una macrogranja de semejantes dimensiones».

También apuntan a la «evidencia científica y médica» sobre los efectos nocivos de los nitratos en la salud y los riesgos que conllevan para la salud pública este tipo de explotaciones. Un estudio publicado en el International Journal of Cancer relaciona la ingesta de nitrato en el agua con el riesgo de cáncer colorrectal, así como enfermedades respiratorias asociadas a la alta exposición de emisiones de amoniaco y a las partículas en suspensión que genera este tipo de actividad ganadera a esta gran escala. Ese riesgo para la salud puede ser especialmente grave para los grupos de población de mayor edad. Según el estudio de la doctora Ángela Prado Mira, médica intensivista del Hospital General de Albacete, las comunidades rurales localizadas a menos de dos kilómetros de este tipo de instalaciones podrían estar expuestas a niveles de amoniaco hasta 40 veces mayores que las concentraciones promedio en el medio ambiente.

Asimismo, mencionan que la pandemia actual por COVID-19 «pone en el punto de mira la susceptibilidad humana ante zoonosis, algo que podría haber sido subestimado en la aprobación medioambiental de este proyecto del 2019 al ser anterior a la pandemia por COVID-19, sin que la propuesta haya previsto medidas preventivas suficientes para considerar que estos riesgos puedan ser controlados». La industria aviar, entre otros factores, favorece el potencial de transmisión y propagación de muchos agentes infecciosos y las gallinas son consideradas potenciales reservorios para enfermedades emergentes humanas y han estado implicadas en la pandemia de gripe aviar H5N1 y recientemente en la H5N8, entre otros, concluyen.

https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/vecinos-cuenca-albacete-unen-plataforma-macrogranja-albergara-millon-medio-gallinas_1_8311197.html

Sabemos, sin embargo, que eso no es del todo así. No sólo por haberse cercenado sistemáticamente los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera (llegando incluso a la reciente sentencia del Tribunal Supremo), sino también por haber ignorado sistemáticamente otras demandas (recreativas, abastecimiento de Madrid que se ha cargado al río Alberche, desarrollo de regadíos previstos en la provincia de Toledo, etc.). Y, lo que es más preocupante de todo: porque no parece haber tenido en cuenta ni la reducción de aportaciones desde los años 80 ni la grave incidencia del cambio climático que está por venir, como tampoco la consideración en el Memorandum de las demandas aguas abajo de Aranjuez, de manera que ese famoso umbral de 400 hm³ en Entrepeñas y Buendía se muestra en realidad totalmente insuficiente.

Desde esta página hemos advertido en reiteradas ocasiones del fuerte ajuste que debemos llevar a cabo en la cuenca del Segura ante este difícil panorama, tantas veces negado por los adalides del trasvasismo. Pero puede que ese negacionismo desde el ‘lobby’ sea porque confían en doblegar, una vez más, las llamadas a la buena gestión del agua y seguir juntando en la carrera hacia el colapso hidráulico.

Si es de esperar que el grueso de la lucha se sustanciará entorno al establecimiento de un régimen ambiental de caudales, así como en la atención del abastecimiento de Madrid, parece abrirse un nuevo nuevo frente en esta batalla: la atención de las demandas del Tajo en tiempos de sequía, a fin de no elevar el umbral de 400 hm³ o incluso elevar artificialmente las existencias en Entrepeñas y Buendía para justificar trasvases adicionales.

Y es que, aunque lo razonable sería gestionar mejor la capacidad de regulación hiperanual de los embalses de Entrepeñas y Buendía, vienen escuchándose de un tiempo a esta parte llamamientos a “controlar las aguas subterráneas” de “los acuíferos carbonatados del Alto Tajo, como posible reserva estratégica de apoyo a los caudales a trasvasar al ATS [Acueducto Tajo-Segura] en períodos de sequía” (véase entrada de Acuademia.com del 12 de junio de 2018, relativo a la Memoria Anual 2017 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero que ya apareció en la Memoria Anual de 2014).

Ahora, poco a poco -en forma de fina lluvia, que cale en la opinión pública- van llegando nuevas informaciones como las aparecidas ayer sábado 2 de noviembre de 2019 el noticiario de Antena 3 TV:

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cientificos-buscan-lagunas-subterraneas-acabar-sequia-embalse-buendia-cuenca_201911025dbdf8280cf2cf75acb87f96.html

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Pese a la poca información hecha explícita en la noticia, que permitiría juzgar mejor las intenciones de los gestores del líquido elemento, el sentido de la noticia parece evidente: si no hay agua suficiente para trasvasar y atender las demandas del Tajo, podría recurrirse al acuífero que yace bajo el embalse de Buendía -perteneciente a la MASb Entrepeñas- o alguno de los existentes en la cabecera -como el acuífero de Priego (MASb Tajuña-Montes Universales)-.

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La “solución” en todo caso tendría las patas muy cortas, pues –como ya explicamos en otra entrada– la regulación de caudales con recursos subterráneos (mediante pozos de sequía) en realidad no es más que traerse al presente las aguas que drenarían al río en todo caso -pero un poco más tarde-: son una operación de “endeudamiento” hidráulico, de traerse agua del futuro.

La pregunta lógica es ¿realmente son tan cortoplacistas, o es que ven allí un filón -como ya hicieron en el Segura- de apropiarse de caudales que legalmente no les corresponden? La hidrogeología nos dará más pistas, y si se eligiera la MASb Entrepeñas (la cual tiene una posible relación con la cuenca del Guadiana) o algún nivel profundo no inventariado que drenase aguas abajo de los embalses de cabecera (y por tanto al margen de las reglas de explotación actuales), cabría sospechar que es lo segundo. De hecho, en cierta manera, incluso el uso de pozos de sequía ya existentes en las cuencas del Jarama y Guadarrama -para abastecer a la ciudad de Madrid- podría considerarse en esa línea, al servir en parte para desafectar a la cabecera del Tajo de dicho abastecimiento y seguir dejando en desuso la ETAP de Colmenar de Oreja -que nos costó a los contribuyentes la friolera de 63 millones de euros, y ahora languidece bajo el vandalismo-.

Todavía no se puede confirmar ni desmentir al 100% estos proyectos, pero en cualquier caso… ¡estaremos atentos a la jugada!