Después de pronunciar la condena, la jueza Tracey Lloyd-Clarke declaró que estaba claro que Edwards «no solo obtuvo gratificación sexual de su delito, sino también disfrutó del poder y el control que tenía sobre estas jóvenes».

La investigación sobre el caso comenzó en diciembre de 2022, cuando la Policía detectó una actividad bancaria en línea sospechosa, vinculada a la descarga de pornografía infantil en la web oscura. Los agentes relacionaron la dirección IP con Edwards, que en ese momento aún era un oficial en activo. Este fue suspendido inmediatamente de sus funciones y, tras una audiencia acelerada por mala conducta, fue despedido del cuerpo.

Después de un registro domiciliario, la Policía logró identificar a las víctimas a través de los nombres de usuario de Snapchat, a pesar de que Edwards se negó a facilitar los códigos pin de dos de sus dispositivos. Este utilizaba la foto de perfil de un adolescente para engañar a sus víctimas y hacerles enviar fotos desnudas y realizar actos sexuales. Cuando las niñas se negaban a sus exigencias, las amenazaba con compartir las imágenes que ya tenía en su poder o asegurando que haría daño a sus familias.

«Cualquier explotación sexual de jóvenes es detestable e ilegal y nuestros corazones están con las víctimas de este caso», declaró un portavoz de la red social Snapchat, asegurando que la compañía «trabaja de múltiples maneras para detectar y prevenir este tipo de abuso», incluyendo la reciente adición de advertencias emergentes para los adolescentes que son contactados por un desconocido.