La Comisión Europea publicará hoy las recomendaciones macroeconómicas para los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE). España escapará finalmente de la apertura de la vía correctiva -que podría concluir con sanciones- y recibirá simplemente un listado de recomendaciones.
Fuentes comunitarias aseguran que la preocupación de Bruselas gira en torno a tres grandes puntos: la sostenibilidad del sistema de pensiones, los impuestos y el mercado laboral. Para hacer más digeribles esas reformas, el Ejecutivo Comunitario recomendará también que España disponga de dos años más para cumplir con los objetivos de déficit. Si uno mira las recomendaciones que hizo la Comisión el año pasado por estas fechas, se encontrará que buena parte de esas preocupaciones ya fueron plasmadas por el Ejecutivo comunitario, se encontrará con una sensación de déjà vu. PENSIONES El 30 de mayo del año pasado ya se podía leer cómo la Comisión urgía a España a «acelerar la introducción del factor de sostenibilidad previsto en la reciente reforma de las pensiones [refiriéndose a la de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero]» Una redacción muy similar puede esperarse hoy. Precisamente esta semana el grupo de expertos al que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad debería haber terminado sus deliberaciones y haber presentado una propuesta. Sin embargo, todavía no han llegado a una posición de consenso. Entre algunas de las propuestas para hacer sostenibles las pensiones se encuentra el ajuste anual de las prestaciones por desempleo en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social, lo que obligaría a que las pensiones puedan verse reducidas en época de vacas flacas. FISCALIDAD Algo parecido podría ocurrir con la fiscalidad, donde Bruselas ve margen de mejora en dos frentes: el IVA y los impuestos especiales. Según la Comisión España todavía puede mejorar los ingresos por IVA reduciendo la lista de productos a los que se puede aplicar la modalidad reducida del impuesto. Pero el Gobierno se ha mostrado reticente a avanzar en esa línea. Ya el año pasado Bruselas pidió «un sistema impositivo coherente con los esfuerzos de consolidación fiscal y que contribuya más al crecimiento, reduciendo la carga en los impuestos laborales y extendiéndola hacia el consumo». En la práctica, esto se traduce en reducir el IRPF y/o las cotizaciones sociales y aumentar la recaudación vía IVA. Sin embargo, está por ver la redacción final de ese apartado, ya que fuentes comunitarias aseguran que la situación de las arcas públicas no permite en estos momentos una bajada directa del IRPF. Eso sí, reconocen que más no se puede subir «porque ya se está tocando hueso». En cuanto a impuestos especiales, estas fuentes consideran que hay margen para subir «impuestos verdes», que suelen estar asociados a los carburantes. Sin embargo el Gobierno ha descartado gravar los combustibles. MERCADO LABORAL El drama del paro, que en España supera el 27% de la población activa, es probablemente la principal preocupación de Bruselas y su desequilibrio más excesivo. Entre las medidas que propone para reducir el desempleo destacan dos: las políticas activas de empleo y un análisis de la reforma laboral (lo que abriría la puerta a una revisión, en el caso de que las conclusiones fueran negativas). Sobre el primer punto, el año pasado ya se pidieron «medidas adicionales para incrementar la efectividad de las políticas activas de empleo, mejorando sus objetivos, incrementando la formación, la asesoría y los servicios para cruzar ofertas y demandas laborales». Bruselas también pidió reforzar la coordinación entre los servicios públicos de empleo nacionales y autonómicos. Y en cuanto al análisis de los resultados de la reforma laboral, Bruselas ya indicó en el documento de trabajo de su Informe en Profundidad de la Economía Española, publicado en abril, que sería útil «llevar a cabo un análisis exhaustivo del impacto de la reforma laboral para ver si cumple con sus objetivos [mayor eficiencia, reducción de la dualidad, mayor flexibilidad interna, menor temporalidad…]». NUEVA RUTA PARA REDUCIR DÉFICIT PÚBLICO Ninguna de estas recomendaciones sonará de nuevas al Gobierno. Es por ello que fuentes sénior de la Comisión aseguran que el Programa Nacional de Reformas presentado por el Gobierno solo les satisface «parcialmente». Sin embargo, eso no impedirá que el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, recomiende hoy prorrogar dos años la consolidación fiscal española: el Gobierno dispondrá hasta 2016 para reducir el déficit al 3% del PIB. Para ello, se espera que Bruseals fije los objetivos para este año en el 6,3%; en el 5,5% para el 2014; en el 4,1% y en el 2015. Frente al calendario actual, esto supondrá un balón de oxígeno de 45.000 millones para el Gobierno entre este año y el siguiente. En cualquier caso, lo de hoy es un trámite más en los procedimientos de corrección de desequilibrios de la UE. Quien concederá oficialmente esos dos años extra y validará las recomendaciones definitivas, será el Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE), cuando se reúnan en julio. Si se repite el mismo patrón que el año pasado, el Ecofin aceptará la prórroga del déficit pero rebajará el tono y la concreción de las recomendaciones.