Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés irrumpió este lunes en la escena política. El documento, firmado por un perito de ese órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, advierte de “irregularidades” en esos trabajos encargados a Barrabés, un empresario al que se investiga en el caso Begoña Gómez por su relación con la esposa del presidente del Gobierno. Aunque el informe ha salido a la luz después de que se incorporara al sumario del caso que instruye el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, el análisis de esos dos contratos lo pidió la Fiscalía Europea, a quien el magistrado cedió en junio de 2024 la parte del caso que supuestamente afectaba a proyectos financiados con fondos europeos.
Los contratos públicos adjudicados a la empresa de Barrabés, Innova Next, están en el origen de la investigación abierta hace más de un año contra la mujer de Pedro Sánchez, pero han acabado siendo el núcleo central de otra investigación abierta en mayo de 2024 por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), un órgano independiente dentro de la UE encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión.
El órgano comunitario reclamó la investigación a Peinado en junio del año pasado tras recibir una denuncia de Manos Limpias, que pretendía que los fiscales europeos indagasen la supuesta colaboración de la esposa del presidente del Gobierno con empresarios que han recibido ayudas públicas. Tras analizar los hechos, la Fiscalía con sede en Luxemburgo asumió la instrucción de los contratos que implicaban fondos europeos, una decisión que el juez de Madrid acató (si se hubiera opuesto, el Tribual Supremo tendría que haber decidido quién se quedaba con el caso). En la resolución por la que se consumó esta cesión, Peinado recalcó que las pesquisas europeas debían ceñirse “exclusivamente (…) a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE [dela que formaba parte de la empresa de Barrabés].
Desde entonces, los contratos públicos adjudicados a Barrabés son objeto de investigación tanto en el Juzgado 41 de Madrid como en la Fiscalía comunitaria, que en junio de este año citó a declarar al empresario como investigado. En teoría, estas dos investigaciones discurren paralelas y afectan a hechos distintos, pero, tras aceptar la cesión de una parte, Peinado pidió a la Fiscalía Europea que le informara de los documentos o informes relevantes que recabara a lo largo de la instrucción. En cumplimiento de esta petición, el órgano comunitario ha remitido al magistrado el informe de la Intervención del Estado cuyo contenido se conoció este lunes.
Las dos investigaciones abiertas abarcan los ocho trabajos asignados a Barrabés que Peinado puso bajo sospecha desde el principio de la instrucción con el argumento de que el empresario participó como profesor en la Cátedra y el Máster que la esposa del presidente dirigía en la Universidad Complutense de Madrid y que esta firmó cartas de recomendación favorables a Barrabés que él presentó (junto a otra treintena de misivas similares) en el proceso de adjudicación de algunos de esos proyectos.
La investigación europea solo alcanza dos de esos ocho proyectos: uno denominado “Formación empleo juvenil para la economía digital” y otro, “Servicio de formación para personas desempleadas”. Se trata de dos trabajos adjudicados por Red.es por un importe total de 8,4 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next y The Valley Digital Business School. Según el informe elaborado por la Intervención General del Estado a petición de la Fiscalía Europea, Red.es pudo haber “adulterado” la valoración técnica de las ofertas presentadas por el empresario al tener en cuenta unas “cartas de apoyo” de empresa e instituciones, en perjuicio de otros licitadores. Entre esas misivas estarían, entre otras, las que envió la esposa del presidente del Gobierno, aunque el perito de la IGAE no las menciona expresamente.
Este no es el primer informe que la Intervención General del Estado realiza sobre los contratos públicos de la empresa de Barrabés. En la causa que instruye Peinado hay desde junio pasado otro documento similar, centrado en los trabajos de este empresario que sigue investigando el juez del caso Begoña Gómez, en el que se advierte de “un incumplimiento” de un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público en el expediente de concesión de un proyecto de Red.es a Innova Next.
La investigación de Peinado sobre Begoña Gómez ha evolucionado hacia una causa con varias ramificaciones en la que el juez atribuye a la mujer de Sánchez cinco delitos, de los cuales solo dos (corrupción en los negocios y tráfico de influencias) están supuestamente vinculados a su relación con Barrabés. La instrucción del titular del Juzgado 41 de Madrid afecta a seis trabajos adjudicados a este empresario, pero solo uno corresponde a Red.es. El resto son un proyecto asignado por el Consejo Superior de Deportes; y cuatro, por el Ayuntamiento de Madrid (tanto durante la alcaldía de Manuela Carmena como ya en la etapa de José Luis Martínez-Almeida).
La Audiencia Provincial avaló esta parte de la investigación de Peinado en octubre de 2024. En una resolución por la que el órgano provincial instó al magistrado a dejar fuera de la causa el rescate de Globalia, la Audiencia sí respaldó las pesquisas en torno a la relación de Barrabés con Gómez por la “la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la Administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra y despegue de los masters” que dirigió Gómez en la Universidad Complutense, en los que participó el empresario.