Una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento unicameral) acordó realizar una sesión este 29 de septiembre para analizar los hechos ocurridos en la provincia de Imbabura (norte), donde fue baleado un comunero en las manifestaciones para exigir la derogatoria del decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel.
Según la convocatoria, se prevé «iniciar un proceso de fiscalización por los posibles abusos de uso desproporcionado de la fuerza pública y del Bloque de Seguridad; las vulneraciones de los derechos humanos, en el marco de las movilizaciones y protestas en el país, en virtud al decreto ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel, en donde se han denunciado posibles y detenciones ilegales, desapariciones forzadas, uso de bombas caducadas y muertes».
La comisión permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad fijó el análisis para las 14:15 horas (19:00 GMT) para analizar la situación.
Tras confirmarse la muerte del comunero, la relatora especial de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, llamó al Gobierno de Daniel Noboa a un «alto el fuego» contra los manifestantes.
«¡Alto al fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida», aseveró Romero desde su cuenta en la red social X.
Romero señaló que las Fuerzas Armadas ecuatorianas están actuando en contextos de protesta, lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción.
La alta funcionaria instó al Gobierno de Ecuador a respetar la protección de los participantes en asambleas y reuniones, así como a evitar el uso de la fuerza y detenciones ilegales en el país.
El domingo también las Fuerzas Armadas de Ecuador informaron que 12 militares resultaron heridos y otros 17 retenidos tras ser atacados mientras cumplían la misión de custodiar un convoy de alimentos, en el contexto del paro nacional.