Libergia ha elegido Carbonero el Mayor por su actividad agrícola, «muy importante», que va más allá del término municipal. «Quizás sea una de las zonas con mayor concentración de granjas en España», subraya su jefe de desarrollo de negocio, Francisco Rosales, que esgrime el apoyo empresarial para lo que define como uno de los proyectos más grandes a nivel nacional.

«Hemos tenido siempre muy buena acogida. Muchos ganaderos han visto en este tipo de plantas una solución a un problema». El tratamiento de purines, un residuo por el que había que pagar para deshacerse y sacar un concentrado amoniacal. «En cuanto el gas empezó a subir el precio, dejó de tener sentido. Hay zonas vulnerables de nitratos muy quemadas. Ellos son conscientes de que la solución pasa por plantas de este tipo que gestionen estos residuos de manera eficaz».

Aquí entra el juego el biometano, que recoge el residuo sin coste para el ganadero. «A partir de ahí, nosotros valorizamos los purines de la mejor manera posible. Antes, se almacenaban en una balsa y todas esas emisiones de metano o CO2 iban a la atmósfera; ahora, todo esto ocurre en un ambiente controlado y capturamos el metano para convertirlo en gas natural». Rosales argumenta los objetivos nacionales en materia de emisiones y el presente de una empresa que ha dedicado el grueso de sus seis décadas de historia a combustibles fósiles.

Así, plantea una inversión de 85 millones de euros que considera proporcionada a la rentabilidad. «Todo está ligado a la disponibilidad de residuos en un determinado grado. Esto no se podría plantear en otras zonas que no fuera esta o alguna de Aragón. Tenemos suficiente materia orgánica para asegurarnos que, si falla un ganadero, puedas tirar de otro». Si el estándar oscila entre 100 y 150.000 toneladas y su estimación es de 423.000 al año.

Una propuesta que ha acogido de buen tono el Ayuntamiento de Carbonero y no ha levantado gran contestación popular. Quizás sea más sencillo llevar una planta a un lugar con tradición en la industria porcina que importarla a un pueblo con menos trasiego. «Podemos entender que haya un rechazo cuando esas localidades puedan sentir que no tienen un problema. Aquí, sí lo hay». El presupuesto será costeado por la empresa, sin subvenciones, de cara a empezar el movimiento de tierras en 2026 y ponerlo en marcha en verano de 2028.

Carmen Casimiro-Soriguer, una bióloga que ha terminado viviendo en Muñoveros, se pasó 15 años enseñando a sus alumnos de Formación Profesional estos procesos. «Les hacía visitar el vertedero de Sevilla porque el biogás se aprovecha en una planta eléctrica in situ, pero me he tenido que reciclar. Lo que para mí era una idea genial, me doy cuenta de que cuando la sobredimensionas solo en función de beneficio económico deja de serlo. Si lo aprovechas localmente, podemos estar hablando de energía circular, pero ese círculo se pierde por completo en el momento en el que tienes que transportar lo residuos porque vuelves a depender de los combustibles fósiles».

A eso se añade en su caso la concentración en dos kilómetros de tres plantas en unos 200 metros: una que ya existe para tratar el biogás, otra proyectada en Turégano —sin contestación vecinal— y la de su pueblo por el paso del gasoducto. «Nos van a juntar 490.000 toneladas de residuos a dos kilómetros del pueblo. Vamos a asumir los purines de toda la comarca».

Los primeros rumores llegaron a Muñoveros en enero del 2024 por una autorización para cambiar el suelo de rústico a industrial. «Nos enteramos un poco de casualidad, el problema de todos estos procesos es que no se consulta a los pueblos. Los de Carbonero están locos de contentos, pero no estoy de acuerdo porque no soluciona la contaminación de nitratos».

La plataforma vecinal de la provincia de Segovia a la que pertenece mantiene contactos con otras 80 afectadas por proyectos similares como Pinarejos o las burgalesas de Fuentelcésped o Milagros. «Hay muchos pueblos con los que no hemos podido contactar porque no hay oposición». El 27 de septiembre hay planeada una manifestación en Madrid con grupos de toda España.

Tras manifestarse en contra en julio, su plataforma espera ahora la respuesta a sus alegaciones por parte de la comisión territorial de la Junta para la solicitud de autorización ambiental, argumentadas en la legislación de residuos al entender que hay opciones con menos impacto que la valorización energética, así como la falta de transparencia y la huella en el transporte: calculan que podría pasar por Muñoveros un camión para 3,8 minutos durante doce horas al día de lunes a viernes. También piden incluir al pueblo como zona vulnerable a la contaminación de nitratos.

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Casimiro-Soriguer teme que el resultado sea el contrario del ideal ambiental. «Son plantas que tienen que trabajar 24 horas al día y 365 días al año. No puedes parar un proceso biológico sin coste adicional. El hambre de residuos que van a tener nos hace pensar que habrá que producir más. Y si no hubiera bastante, que pongan al lado una macrogranja. Aunque recogiéramos la última caquita de perro, no hay estiércol en la zona para alimentar a estos monstruos». Señala como agravante otros gases que se producen en el proceso. «Como en una digestión nuestra, aparte del metano que se escapa».

Es escéptica respecto al impacto económico. «Para los ayuntamientos es goloso porque el primer año les entra el dinero de la licencia de obras, pero hay pueblos que cobran 180 euros de IBI al año. Frente a los empleos que venden, son muchos más los que te quitan porque se fastidia el turismo rural o las segundas residencias. Como esto se ponga aquí, estoy pensando en vender mi casa y salir corriendo mientras pueda», advierte.