Medio Ambiente vuelve a utilizar esta figura para considerar el proyecto de San Justo de la Vega como de utilidad pública e interés social, permitiendo expropiaciones urgentes para su ejecución, a pesar de los durísimos informes oficiales en contra iniciales
Tan sólo una semana después de otorgar el visto bueno ambiental al proyecto para construir un macrovertedero con capacidad para albergar y enterrar hasta tres millones de toneladas de todo tipo de residuos, incluidos residuos peligrosos, casi en el centro geográfico de la provincia de León, la Junta de Castilla y León blinda ahora el polémico proyecto con su declaración como Proyecto Regional. Una figura que en concreto la Consejería de Medio Ambiente usa de manera creciente en León para garantizar que ni ayuntamientos ni asociaciones ni vecinos puedan intentar poner freno a los proyectos que, como este macrovetredero leonés, considera estratégicos y urgentes.
La última novedad, el otorgamiento de la figura de Proyecto Regional para el llamado Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos en el municipio de San Justo de la Vega, cerca de Astorga, promovido por la empresa Valorización Verde SA, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). El Ejecutivo autonómico otorga a la instalación la consideración de utilidad pública e interés social, lo que permitirá la ocupación urgente de terrenos para su ejecución junto al actual Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román.
El objetivo de esta infraestructura, que se extenderá sobre 69,6 hectáreas, más una zona de acopio de tierras de 14,8 hectáreas y un área arbolada de otras 50,6 hectáreas es, según lo publicado, dar servicio al “creciente desarrollo industrial en el noroeste de la Comunidad”, ofreciendo una “solución integral para residuos industriales peligrosos y no peligrosos, así como materiales de excavación”. El proyecto contempla vertederos específicos, planta de tratamiento y zonas de valorización, además de infraestructuras comunes conectadas mediante un eje viario.
Según la documentación del plan, el complejo permitirá tratar residuos industriales no peligrosos hasta un mínimo de 400.000 toneladas anuales, en línea con el Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL), y gestionará también residuos peligrosos bajo criterios de reciclaje y recuperación. Se estima que la instalación evitará el traslado de miles de toneladas fuera de Castilla y León.
En términos de empleo, el plan especifica que durante la fase de construcción se crearán 220 puestos (90 directos y 130 indirectos) y cuando ya funcione la cifra aumentará hasta 474 empleos (180 directos y 294 indirectos), vinculados a centros de reciclaje, depósitos, vigilancia, mantenimiento y gestión.
El procedimiento arrancó en julio de 2023 e incluyó dos periodos de información pública, con un total de 458 alegaciones (145 en el primero y 313 en el segundo), además de informes sectoriales. Tras un durísimo informe inicial desfavorable del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, el proyecto fue reformulado y sometido a una nueva evaluación, incorporando también ajustes solicitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Técnicos de la propia Consejería de Medio Ambiente consideraban que se trataba de una instalación no solo basada en datos inventados sino que resultaba innecesaria. Incluso recogían el temor de que podría servir para traer y enterrar en León residuos peligrosos de otras autonomías.
La Declaración de Impacto Ambiental favorable se emitió el 3 de julio de 2025, aunque se dio a conocer a finales de ese mes, en pleno verano, y el dictamen definitivo del Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo llegó el 23 de julio.
Un macrovertedero para al menos 20 años
Entre sus grandes cifras, desgranadas por ILEÓN en base al proyecto, la planta tendrá una vida útil de 20 años, durante la cual podrían enterrarse hasta tres millones de toneladas de residuos industriales peligrosos y no peligrosos. Su inversión prevista supera los 80 millones de euros, con fases progresivas de ejecución.
Se trata de dos vasos de vertido diferenciados, con una capacidad de 55.000 toneladas al año para enterrar residuos peligrosos, 825.000 en su vida útil estimada de 15 años, y de 104.000 toneladas para los residuos no peligrosos. Los residuos peligrosos que enterrará son fundamentalmente de dos tipos: residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (cenizas son sustancias peligrosas) y residuos de la construcción y demolición. Ambos no son reciclables ni valorizables y se enterrarán en el nuevo macrovertedero de forma directa según lleguen.
El proyecto es de la empresa Valorización Verde SA, sociedad vinculada al empresario leonés Macario Fernández, cabeza de un grupo empresarial que vive graves problemas financieros en su sociedad de cabecera, Asturiana de Laminados, y que ha protagonizado también el fallido proyecto de Latem Aluminium tanto en Villandangos del Páramo (León) como en Villabrázaro (Zamora).