Ecologistas en Acción ha informado de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “ha anulado la autorización ambiental otorgada por la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid para la ampliación de una explotación ganadera de cerdos en Cogeces del Monte”, como se puede consultar en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Una sentencia que se suma a la del pasado mes de junio que anuló otra ampliación similar en Bahabón, las dos en la comarca vallisoletana de La Churrería.
La sentencia estima que la Administración autonómica “no ha considerado la elevada contaminación por nitratos del acuífero del Páramo de Cuéllar”, por la que desde el año 2003 la veintena de pueblos de la comarca de La Churrería “se tiene que abastecer de agua potable desde un manantial de la provincia de Segovia”, habiéndose declarado por ello dicha comarca “como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero”.
“Las más de 20.000 toneladas de purines que producirían cada año ambas explotaciones agravarían el problema de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, al esparcirse por los terrenos de la comarca, y también emitirían al aire 100 toneladas anuales de amoniaco y de metano, contaminantes tóxicos que inciden en la formación de partículas y ozono, y en el caso del metano son responsables del cambio climático”, añaden los Ecologistas.
La sentencia cita un informe pericial que concluye que “una masa subterránea es una unidad en sí misma que no se puede acotar a la extensión de un término municipal, por lo que su buen estado debe prevalecer en su totalidad y es necesario considerar el impacto acumulativo de la veintena de explotaciones ganaderas intensivas con autorización ambiental en la comarca”, así como un informe similar del propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, no tenido en cuenta.
La Churrería es una de las seis zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero existentes en la provincia de Valladolid, junto a los páramos de Esgueva y de Torozos, el acuífero de los Arenales y las comarcas de Medina y Tordesillas, zonas que en conjunto afectan a 111 municipios sobre más de la mitad de la superficie provincial. La causa de esta elevada contaminación es el exceso de abonado de las fincas agrícolas.
En los últimos años, la contaminación por nitratos en La Churrería y en otras zonas vulnerables está aumentando por la implantación o ampliación de grandes granjas industriales porcinas y avícolas, cuyos residuos se están vertiendo en las tierras de su entorno.
En sus dieciséis municipios y sus 580 kilómetros cuadrados, sólo la Churrería alberga una veintena de explotaciones sujetas a autorización ambiental, por ser las más contaminantes, siete de las cuales se concentran en Cogeces del Monte.
Ecologistas en Acción denuncia que “la Junta de Castilla y León y los responsables provinciales y regionales del Partido Popular se han entregado completamente a los intereses de la ganadería industrial, sacrificando la salubridad del aire que respiramos y el agua que bebemos”.
“En 2024, el Tribunal Europeo de Justicia condenó a España por la insoportable situación de las aguas subterráneas entre otras regiones en Castilla y León, y la necesidad de revertiría”, han recordado.
Para ello, la organización ambiental considera imprescindible la “denegación de las autorizaciones para ampliaciones y nuevas macrogranjas ganaderas en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, en coherencia con la prohibición contenida en el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero de nuevas concesiones de agua para estas explotaciones, que la Junta se resiste a asumir”.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional que se “incorpore así con seriedad al debate sobre las macrogranjas y el modelo alimentario que representan, frente a la tradicional ganadería extensiva y a la agricultura y ganadería ecológicas, adoptando medidas que protejan el medio ambiente, la salud de la ciudadanía y de los consumidores y los pequeños ganaderos de Castilla y León, sacrificados por la Junta en su apuesta por las macrogranjas industriales”.