
Qué está pasando con los trabajadores del sector del metal y por qué continúan su lucha pese a alcanzar un preacuerdo
Cuatro trabajadores que se encontraban en huelga de hambre en Cartagena han tenido que ser ingresados de urgencia. Además, más de una veintena de personas que participaban en las protestas han sido detenidas. Se ha convocado una manifestación este viernes para exigir la liberación de los encausados.
Del cansancio a la lucha. Mientras que el país entero centra su mirada en Torre Pacheco, los trabajadores de la industria del metal continúan su protesta— que se ha extendido por varios puntos de España— para reivindicar sus derechos laborales, en una huelga que— curiosamente— lleva ya casi el doble de arrestados que en las concentraciones impulsadas por los ultras y grupos neonazis contra las minorías en la localidad murciana.
El sector del metal lleva cerca de un mes protestando desde rincones tan alejados como Cartagena (Murcia), Santander (Cantabria) o Cádiz, donde las reivindicaciones se han saldado, por ahora, con más de una veintena de detenidos— en la conocida como ‘Operación Fuego’— e incluso con varias personas trasladadas al hospital de urgencia después de nueve días en huelga de hambre, tal y como recoge el Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Las protestas del gremio giran en torno al fracaso de la negociación del nuevo convenio colectivo entre sindicatos y la Federación de Empresas del metal de la provincia de Cádiz (FEMCA). Este recogía cuestiones como la subida salarial acorde al IPC, un «protocolo de regulación» sobre los fijos discontinuos del sector o que se añada el plus de astillero, entre otras.
Las protestas, que se iniciaron en Cádiz, se han ido extendiendo al resto de ciudades, llegando incluso hasta la capital. Los manifestantes, que llevan desde el pasado 18 de junio concentrándose para exigir mejores condiciones en el sector, pertenecen a empresas auxiliares de Navantia, la sociedad pública española que se encarga de la construcción naval, civil y militar, por lo que su huelga impacta de forma directa en la industria nacional e incluso internacional.
La manifestación— que afecta a más de 30.000 trabajadores— tiene lugar tres años y medio después de que el mismo sector protagonizase una protesta que desembocó en la firma del convenio anterior. Desde los sindicatos, que han criticado el abuso policial contra los manifestantes, han exigido que los encausados por la huelga del metal sean absueltos urgentemente y han convocado este 18 de julio en la ciudad de Cádiz una protesta para ello. Algunos de ellos, además, han iniciado colectas para poder hacer frente a las fianzas de los trabajadores detenidos.
Según denuncian sindicatos como CGT y CTM, la actuación policial se ha traducido en un «acto bochornoso de represión» contra la clase obrera, en una operación en la que se incluyen registros domiciliarios, persecuciones y un amplio despliegue policial, que muchos tratan de desproporcionado. Cabe destacar que, mientras que en Torre Pacheco (donde grupos ultras comenzaron a perseguir a minorías tras la agresión de un anciano de 68 años) los altercados han dejado, por ahora, catorce detenidos, las protestas contra la precariedad laboral en el sector del metal ya lleva 24 detenidos.
Algunos trabajadores y medios han denunciado lo que consideran como una campaña de acoso y de criminalización contra el sector, no solo por las actuaciones policiales, sino también por ciertas filtraciones que se han realizado durante estos días sobre el historial delictivo de parte de los participantes que han estado presentes en estas protestas, en un intento por desprestigiar su lucha sindical y de «silenciar a la clase obrera».
Un preacuerdo que tachan de «verguenza»
El pasado 8 de julio, en pleno ecuador de las manifestaciones, la patronal FREMM y representantes de CCOO y UGT llegaron a un preacuerdo (después de varios intentos) en el que este último se comprometía a desconvocar la huelga indefinida a cambio de un calendario de negociación donde la patronal únicamente se comprometía a estudiar si incluir o no el plus de astilleros, que en el caso de ver luz verde se incorporaría el 31 de diciembre.
Dicho preacuerdo ha sido calificado por gran parte de los trabajadores y por otros sindicatos como una «verguenza» y como algo «inaceptable», por lo que han decidido continuar con la protesta, algunos incluso iniciando una huelga de hambre y acampando en pleno centro de la ciudad (en Cartagena), tal y como se ha mencionado anteriormente. Además, dicho preacuerdo estaría vigente hasta 2031, por lo que los trabajadores se verían condenados durante siete años a no poder hacer huelga frente a estas condiciones, que califican de «precarias».
Según denuncian los mismos, poseen sueldos inferiores al del resto de auxiliares de Navantia en otras ciudades del país— donde sí se encuentra reconocido el Plus de Astilleros que puede llegar a suponer entre 400 y 1000 euros al mes—, cobrando salarios medios de 1.200 euros por su trabajo (que en pleno rearme europeo se ha vuelto una cuestión aún más importante). «Hacemos submarinos por mil euros», afirmaba uno de ellos en declaraciones a Izquierda Diario.
«Es realmente indecente. Que un sindicato que se dice de los trabajadores sea capaz de firmar un primer acuerdo miserable, y que después de que los trabajadores hayamos dicho un rotundo NO y salido este miércoles en una manifestación multitudinaria pretendan hacernos tragar con un segundo acuerdo que es igual, es de juzgado de guardia», lamenta la organización política marxista Izquierda Revolucionaria en un artículo titulado ‘No al acuerdo de la vergüenza 2.0 ¡Ni un paso atrás en la lucha del metal!’.
La huelga ha dejado totalmente paralizada la producción de varios encargos, como es el caso del submarino militar S-82 Narciso Monturiol, lo que ha provocado el retraso de su entrega y pérdidas millonarias para Navantia. Sin embargo, los trabajadores, que se sienten traicionados por los propios sindicatos y que han criticado su actuación, ya han advertido que no piensan frenar la protesta hasta que no se consigan unas mejores condiciones para el gremio.