En estos últimos días, en relación con los incidentes ocurridos en el municipio de Torre-Pacheco, provincia de Murcia, ha vuelto a un espacio privilegiado de atención mediática la cuestión de la inmigración, de la marroquí en particular.
En general el tratamiento que se está dando al tema carece de rigor y se encuadra en la manipulación mediático-política tan habitual en el Estado español. Hay un trasfondo en esta cuestión que conviene resaltar, aunque a veces la apariencia sea la contraria: la importancia de que Vox incremente el número de sus votos para que el PP no alcance una mayoría suficiente para gobernar. En este asunto está especialmente interesado el PSOE y en general aquellos grupos políticos y mediáticos que apoyan la continuidad del actual Gobierno. Conviene no perderlo de vista. Es por ello que se le está dando a esa organización fascista, Vox, un trato mediático de privilegio y unas expectativas electorales que no parecen corresponderse con la realidad que se puede vivir a pie de calle.
El tema de la migración es una cuestión de gran complejidad, que no se puede resolver con simplificaciones simplistas, valga la aparente redundancia. Lo ideal sería que la gente no tuviera que emigrar; es decir, que tuviese la posibilidad de tener una vida digna a través de su trabajo en su país de origen. Evidentemente tal cosa dista mucho de la realidad. A partir de ahí, hemos de tener dos cosas claras: en primer lugar, y aunque para algunos sectores del poder esto cada vez tenga menos importancia, los migrantes pertenecen al género humano; y en segundo, que son en su mayoría trabajadores/as, y que normalmente la migración es uno de los caminos más significativos para la superexplotación capitalista, como ocurre en el Estado español en los sectores en los que en lo fundamental se desempeñan los inmigrantes en este país: tareas agrícolas, construcción, hostelería, trabajos domésticos… y por supuesto, en la prostitución, con la que según parece, la familia política del actual presidente del Gobierno tiene estrechos vínculos.
Los pueblos del Estado español estuvieron marcados por la emigración durante periodos prolongados, algo que se vio acentuado después de la derrota de la II República por el fascismo. Durante e inmediatamente después de finalizada la guerra, se produjo un exilio masivo fundamentalmente por motivos ideológico-políticos, sobre todo hacia países latinoamericanos (México, Argentina, Cuba…) y la URSS (menor desde el punto de vista cuantitativo, pero muy significativa en lo cualitativo), cuando muchos/as escaparon de una muerte segura o de largas permanencias en las cárceles o campos de concentración del Régimen fascista recién instaurado. Por cierto, es bueno recordar la especial relación que tenía el franquismo con lo que denominaban “los moros”, incorporados al Ejército insurrecto desde el que practicaron una crueldad bien conocida; bien sabido es cómo la escolta personal de Franco la conformaba la Guardia Mora.
Entre los 50 y los 70 aparece una emigración fundamentalmente de carácter socioeconómico, aunque sin perder su carácter político. Esos/as emigrantes, que buscaban una mejora en sus condiciones de vida, se dirigieron entonces a países europeos como Suiza, Francia, Alemania, Bélgica…, aunque siguió existiendo en menor medida una emigración a Latinoamérica. En esa época se inició el proceso de emigración desde Castilla, Andalucía, Galicia, Extremadura… hacia otros pueblos del Estado español, especialmente Cataluña y Euskal Herria, y por supuesto también Madrid. Ahí podemos situar el inicio del llamado proceso de “vaciamiento demográfico de España”. Hay que recordar que el Régimen franquista, desde el punto de vista económico, tuvo un trato de alta consideración hacia Euskal Herria y muy especialmente hacia Cataluña. Es importante recordar cómo los pueblos del Estado español han sorteado diversos avatares históricos a través de la emigración, pero tampoco aquellos movimientos de población son equiparables con el fenómeno migratorio que actualmente se está viviendo, al menos en sus términos generales.
En el Estado español, según información aparecida en un reciente estudio de El País, viven 9,3 millones de personas nacidas en otro país, es decir, casi un 20% sobre un total de 49 millones. Más de 3 millones han adquirido la nacionalidad española, mientras 6 millones conservan su nacionalidad de origen. En el Estado español hay alrededor de 1.100.000 marroquíes, la mayor comunidad extranjera por delante de colombianos (850.000), venezolanos (600.000) o rumanos (500.000). Los marroquíes, por tanto, representan el 12,5% de esos más de 9 millones de personas de origen extranjero. En la Comunidad de Madrid, a 1 de enero de 2024, residían 1.668.418 personas nacidas fuera del Estado español: Venezuela (184.387), Colombia (180.983), Perú (150.590) y Ecuador (136.309) son los principales lugares de origen de estas personas. Entre los países no latinoamericanos con una mayor presencia, destacan Rumanía (115.911), Marruecos (98.360, unos 20.000 en la ciudad de Madrid) y China (53.204). En Cataluña viven unos 250.000 marroquíes, 170.000 en Andalucía, unos 90.000 en Valencia y otros 90.000 en Murcia. Una primera consideración a partir de los datos expuestos es que el carácter de la inmigración en Madrid, y en general en Castilla, es sustancialmente diferente al carácter de la inmigración en el Arco Mediterráneo. En Castilla el origen de la población inmigrada es mayoritariamente latinoamericano, con quienes hay, con todos sus matices, una afinidad lingüística, cultural, religiosa, etc. que no existe con los/as inmigrantes magrebíes.
Los inmigrantes son personas que merecen todos y cada uno de los derechos humanos. Cualquier otra actitud ante esta cuestión es simplemente racismo o xenofobia. Eso no significa que se deban ignorar los problemas que, sobre todo a partir de determinados volúmenes y cuando no hay una atención responsable por parte de las instituciones, genera la inmigración, de una manera más evidente cuando ésta procede de países de cultura, lengua y religión muy diferente a la mayoritaria en el Estado español. En los años 90, cuando se hacían estudios sociológicos -por supuesto, no aquí- sobre qué grado de inmigración era “asumible” en una sociedad sin que creara distorsiones significativas, se establecía entre un 15 y un 20%.
Para no caer en planteamientos infantiles, es conveniente atender a las tasas de delitos entre la población inmigrante. Según información de Europa Press, más de 3.800 marroquíes están en prisión por actividades delictivas, lo que supone el 27% de la población reclusa extranjera; la población marroquí no representa el 27% de la población inmigrante en el Estado español, sino el 12,5%, como ya señalamos. Este dato tiene que tener algún significado, y no se puede interpretar de una forma simplista, porque no conduce a nada. No deja de ser curioso cómo en los informes publicados en El País no aparezcan recogidos los datos sobre Cataluña y Euskadi. Una cosa es que las competencias estén transferidas, lo que nos parece muy bien, y otra distinta que los datos que afectan a estas dos Comunidades Autónomas no se conozcan; sin información no se puede planificar, en caso de que haya voluntad para ello.
El planteamiento “buenista” de considerar que los/as migrantes son seres angelicales es totalmente absurdo, y facilita que de los problemas sociopolíticos que se derivan del impacto de esa migración mal organizada se beneficie la extrema derecha (en el caso del Estado español, Vox). Al Régimen esa cuestión no es que le preocupe mucho, al menos en comparación con el hecho de que se pueda desarrollar una opción trasformadora desde la izquierda que suponga a medio plazo la caída de este Sistema corrompido y criminal. Tenemos un claro ejemplo en la respuesta dada desde el Ministerio del Interior a los hechos ocurridos en Torre-Pacheco en estos últimos días. El despliegue de fuerzas policiales, incluyendo a las de la Guardia Civil, es ridículo si lo comparamos con los dispositivos organizados para otras situaciones potencialmente menos conflictivas, pero políticamente mucho más significadas. Nos podemos acordar de los despliegues de cientos de antidisturbios de la Policía Nacional en Pajarillos cuando los vecinos de este barrio vallisoletano se pusieron en pie de guerra contra del narcotráfico; o podríamos referirnos a los despliegues que se hacen en Villalar cada 23 de abril, aunque hace muchos años que no hay incidentes (en 2025 participaron más de 300 miembros de la Guardia Civil y de sus antidisturbios), o de los dispositivos para impedir los llamados «Rodea el Congreso» impulsados por la Coordinadora 25-S, en donde llegaron a participar varios miles de miembros de las Fuerzas del Estado. La autoridad política de este Régimen lo que pretende es impedir o entorpecer las movilizaciones que impliquen un desgaste o una crítica en profundidad del Sistema vigente.
Por otro lado, es curioso como se describen los acontecimientos ocurridos en la localidad señalada en algunas de las crónicas de los dos periódicos de amplia distribución y vinculación al Régimen, El País y La Vanguardia. Hablan de evitar enfrentamientos entre bandos, pero no explican en qué se materializan estos bandos. Hay que acudir a otros medios para interpretar con un mínimo rigor a qué se refieren. Como era previsible y legítimo, la población marroquí organizó su propia defensa ante las amenazas de los fascistas de salir de cacería contra ellos. Es más, seguramente si no hubiera habido una intervención de las fuerzas del orden público, los propios marroquíes hubieran expulsado con cierta facilidad a los fascistas. Las fotos de los altercados publicadas en los medios se corresponden fundamentalmente con la población marroquí. La orientación de la intervención policial no es casualidad, y se expresa en que las primeras detenciones fueron contra personas de origen magrebí, y solo después hubo detenciones entre los fascistas autóctonos.
En síntesis, la cuestión de la migración está muy mal planteada, como casi todo en el Estado español. Episodios como el de Torre Pacheco volverán a repetirse, entre otras cosas porque el Régimen está muy interesado en ellos, al distraer de los problemas que lo afectan con cada vez mayor intensidad. Si en algún momento se diera una intervención desde la izquierda real sobre estos conflictos, la intervención policial y mediática sería contundente en su contra porque lo que más temen es que se configure y consolide un auténtico bloque rupturista democrático en el Estado español.
Izquierda Castellana, 15 de julio de 2025