Flexibilización de las reglas fiscales, desviación de fondos europeos para la industria militar y la creación de eurobonos para invertir en defensa. Todas estas medidas son completamente excepcionales y, en algunos casos, no tienen casi precedentes. Sin embargo, la Unión Europea ya las está aplicando o la Comisión Europea de Ursula von der Leyen las ha puesto sobre la mesa para impulsar el gran rearme de Europa ante la guerra de Ucrania provocada por el régimen de Vladímir Putin y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para qué los países europeos incrementen a marchas forzadas sus capacidades militares.
Pero eso no es todo. Bruselas no deja de presentar nuevas medidas para facilitar aún más el gasto militar y este martes ha propuesto un nuevo paquete de reformas legales en este sentido, algunas de las cuales no tendrán que pasar por el Parlamento Europeo ni el Consejo de la UE. Así pues, la Comisión Europea ha planteado priorizar y acelerar los trámites administrativos para aprobar los proyectos armamentísticos, ampliar su acceso a financiación, y flexibilizar los controles ecologistas y del uso de los productos químicos.
Según fuentes comunitarias, a partir de ahora, las compañías armamentísticas que pidan permiso para tirar adelante un proyecto de industria bélica obtendrán una respuesta de las administraciones públicas en un margen de sesenta días. Y, además, en caso de que no reciban un pronunciamiento de las autoridades competentes, el proyecto se validará de manera automática, cosa que pone presión a las administraciones para que espabilen en tramitarlas. Hasta ahora, al tratarse de una industria extremadamente delicada, estos procesos se podían alargar unos cinco años.
De hecho, Bruselas recuerda que la legislación comunitaria actual ya contempla casos de urgencia o de crisis, como considera que es la guerra de Ucrania y Putin, para saltarse algunos controles ecologistas y del uso de productos químicos, así como que estos proyectos tengan un trato prioritario en los trámites administrativos. Por lo que hace a los requisitos medioambientales, pero, las mismas fuentes comunitarias evitan concretar exactamente qué normativas se pueden flexibilizar y hasta qué punto.
Sin embargo, la Comisión Europea es más clara en el caso del uso de los productos químicos. A pesar de que asegura que mantiene su compromiso en garantizar la seguridad pública, da más manga ancha a los estados miembros. Así, les propone que a partir de ahora designen qué productos químicos se pueden utilizar y cuáles no, pero que dejen de analizar su uso caso por caso de proyecto militar. De esta manera, Bruselas considera que se da más certeza a potenciales inversores para que financien la industria armamentística y se agiliza la validación de proyectos militares por parte de las autoridades competentes. En este sentido, las fuentes comunitarias ponen de ejemplo los productos químicos que se emplean para fabricar pólvora, ya que aseguran que en algunos países no está claro cuáles se pueden utilizar y cuáles no.
Blanquear proyectos
Más allá de la flexibilización de los controles, Bruselas también pretende blanquear algunos proyectos de la industria bélica y otorgarles la etiqueta ESG (Medio Ambiente, Responsabilidad Social, y Gobernanza, en sus siglas en inglés). Se trata de una clasificación que reciben iniciativas teóricamente sociales y comprometidas con la lucha contra el cambio climático, y que sirve para hacerlas más atractivas ante potenciales inversores. De esta manera, por ejemplo, ahora las entidades bancarias o los gobiernos podrán financiar proyectos militares, los cuales en general no cuentan con el apoyo popular, y lucir de todas maneras la etiqueta ESG.
Con el mismo objetivo de atraer más financiamiento en defensa, Bruselas también reducirá la burocracia y papeles que tienen que presentar las empresas armamentistas para beneficiarse de los fondos europeos de defensa. Además, potenciará la compra de armas conjuntas de todos los Estados miembros para firmar contratos de gran tamaño y conseguir mejores precios.
Cabe recordar que la propuesta de Bruselas de este martes llega después del gran plan de rearme presentado por Von der Leyen, que pretende movilizar unos 800.000 millones de euros en cuatro años. Uno de los puntos principales de esta hoja de ruta es flexibilizar el máximo de déficit que pueden registrar los Estados miembros, una medida que Bruselas no aplicó ni en los momentos más duros de la crisis económica y empujó especialmente a los países del sur de Europa a tirar adelante todo tipo de recortes. También ha puesto sobre la mesa la creación de unos nuevos eurobonos en forma de préstamo y aboga para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por Nadia Calviño, multiplique su financiamiento a proyectos militares, a pesar de ser una institución que históricamente ha tenido una función de invertir en proyectos medioambientales y sociales.