El consumo masivo de cocaína y prostitución reflejan una sociedad que ha perdido sus valores. La normalización de estas prácticas, especialmente entre los jóvenes, revela una falta de educación, perspectivas de futuro y conciencia sobre sus consecuencias.
España enfrenta una crisis social y moral sin precedentes debido al elevado consumo de cocaína y prostitución. Estos fenómenos, lejos de ser problemas aislados, son síntomas de una sociedad enferma que ha normalizado prácticas destructivas. Los datos son contundentes y exigen una respuesta inmediata del Gobierno: mano dura contra el consumo de drogas y la abolición del sistema prostitucional, persiguiendo a los consumidores y ofreciendo alternativas reales a las víctimas de la explotación sexual.
El consumo de cocaína: Una epidemia descontrolada
España lidera el consumo de cocaína en Europa, con cifras alarmantes que reflejan una adicción generalizada. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), en 2021, el 2,3% de la población de 15 a 64 años admitió haber consumido cocaína en el último año. En 2023, las autoridades incautaron 118 toneladas de esta sustancia, lo que evidencia la magnitud del tráfico. Desde finales del siglo pasado, el número de adictos ha crecido exponencialmente, representando el 44,7% de las admisiones a programas de desintoxicación en 2019. El problema es especialmente grave entre los jóvenes, con una edad media de inicio de consumo de 20,7 años, y un aumento notable entre las mujeres, cuya presencia en programas de rehabilitación ha pasado del 25% en 2018 al 35,5% en la actualidad.
La cocaína se ha infiltrado en todos los ámbitos sociales, desde el ocio nocturno hasta entornos laborales. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) señala que el 28,6% de los jóvenes de 16 a 29 años ha mantenido relaciones sexuales bajo los efectos de cocaína u otras sustancias, aumentando riesgos como infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. La percepción de bajo riesgo y la facilidad para acceder a la droga (el 59,4% de la población considera fácil obtener cannabis, y la cocaína sigue una tendencia similar) agravan esta crisis, que destruye vidas y desestabiliza el tejido social.
La prostitución: Un sistema de explotación intolerable
La prostitución en España, aunque alegal, genera un negocio para los proxenetas de unos 4.100 millones de euros al año, equivalente al 0,35% del PIB. La relación con el consumo de drogas es innegable: según la antropóloga Carmen Meneses Falcón, muchas mujeres en la prostitución consumen cocaína para soportar las condiciones del trabajo o por presión de los clientes, lo que frecuentemente deriva en adicciones y problemas de salud mental.
En zonas vulnerables como la Cañada Real o el polígono de Marconi, la prostitución está íntimamente ligada al consumo de drogas, con personas que recurren a esta actividad para financiar su adicción. Casos extremos, como el de menores drogadas para ser explotadas sexualmente (como el caso de 2013 en el que la Fiscalía pidió 155 años de cárcel para doce acusados), muestran la gravedad de esta lacra. La prostitución no es una elección libre, sino un sistema de explotación que perpetúa la vulnerabilidad de mujeres, muchas de ellas inmigrantes o en situación de precariedad.
Una sociedad enferma: La urgencia de actuar
El consumo masivo de cocaína y la persistencia de la prostitución reflejan una sociedad que ha perdido sus valores. La normalización de estas prácticas, especialmente entre los jóvenes, revela una falta de educación, perspectivas de futuro y conciencia sobre sus consecuencias. La cocaína y la prostitución se retroalimentan en un ciclo destructivo: la droga facilita la explotación sexual, y la prostitución financia el consumo de sustancias. Esta espiral de decadencia fomenta la desigualdad, la violencia y la deshumanización, evidenciando una crisis moral que no puede ignorarse.
Para erradicar estos problemas, el Gobierno debe adoptar medidas drásticas y efectivas. En el caso del consumo de cocaína, es imprescindible una política de mano dura que incluya:
Mayor penalización: Aumentar las sanciones penales para consumidores, distribuidores y traficantes, sin distinciones. El consumo en espacios públicos debe ser castigado con multas severas y, en casos reincidentes, con penas de cárcel.
Acción policial reforzada: Intensificar las operaciones contra el narcotráfico, con mayor presencia policial en puntos clave y controles exhaustivos en fronteras y puertos, principales puertas de entrada de la cocaína.
Programas de control y concienciación: Implementar campañas educativas en institutos y universidades, enfocadas en los riesgos de la cocaína y su impacto social. Estas iniciativas deben incluir talleres, charlas de exadictos y programas de prevención que lleguen a los jóvenes antes de que caigan en la adicción.
Respecto a la prostitución, la solución pasa por su abolición total, siguiendo el modelo de países como Suecia, que penaliza a los consumidores y protege a las víctimas:
Persecución de los consumidores: Penalizar a quienes recurren a la prostitución con multas elevadas y, en casos reincidentes, penas de prisión. Esto desincentivará la demanda, principal motor del sistema.
Ayudas para las víctimas: Establecer programas integrales de apoyo a las mujeres en situación de prostitución, ofreciendo formación profesional, acceso a empleo digno, asistencia psicológica y alojamiento seguro para facilitar su salida de la explotación.
Lucha contra la trata: Reforzar las acciones policiales y judiciales contra las redes de proxenetismo y trata de personas, con penas más severas y cooperación internacional para desmantelar estas mafias.
Un compromiso inaplazable
El consumo de cocaína y la prostitución son dos caras de una misma crisis que amenaza la salud moral y social de España. La permisividad ha permitido que estas prácticas se arraiguen, destruyendo vidas y perpetuando la desigualdad. Es hora de que el Gobierno actúe con determinación, aplicando mano dura contra las drogas mediante mayores sanciones, acción policial y campañas educativas, y la abolición de la prostitución persiguiendo a los consumidores y ofreciendo alternativas reales a las víctimas. Solo con estas medidas podremos sanar una sociedad enferma y construir un futuro basado en la dignidad y el respeto.