La moda del ESG lleva años de capa caída y ahora parece que la querencia por formar parte de la enorme ola de inversión en el sector de la defensa podría terminar de sentenciarla. Las grandes gestoras europeas, con billones de euros en activos bajo gestión, han decidido readaptar algunas de las limitaciones a las que sometían a sus fondos de inversión para poder acceder a compañías vinculadas al mundo de la defensa, aunque siguen delimitando algunas líneas rojas que tienen que ver, generalmente, con las armas ‘controvertidas’ como las bombas de racimo, minas antipersona, o armas biológicas, químicas o nucleares.
Este es el caso de UBS, la mayor gestora europea por volumen de activos bajo gestión, con más de 6 billones de euros. En marzo de este mismo año decidió actualizar su política de exclusión por motivos de sostenibilidad con el fin de poder incluir en la lista aquellas empresas que, entre sus líneas de negocio, esté también la de fabricar armas convencionales. Pero no es la única. La lista no para de crecer. La alemana Allianz, con más de 2 billones de euros en activos (esto es más que toda la economía española en conjunto), también ha levantado las limitaciones para sus fondos ESG y cree que de cara a septiembre ya se conocerán las primeras compañías en las que invierte. Su compatriota alemana, Deutsche Bank, quinta por volumen de activos, también rebajó sus requisitos esta primavera. «¿Es ahora el momento de considerar si se deberían flexibilizar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para permitir la financiación de las compañías de defensa?», se replantean en la gestora francesa Natixis, que cree que el sector sigue dividido por esta cuestión, después de años de apostar por la inversión ‘sostenible’.
Para evitar el greenwashing y separar el grano de quienes decían ser verdes sin ejercerlo, la industria de fondos respaldó en 2019 una regulación (la SFDR) por la que los fondos ESG se dividían en categorías, como los ‘artículo 8’ y ‘artículo 9’, que consistía en promover con la inversión objetivos sostenibles y, en el segundo caso, en participar activamente en actividades que fueran enfocadas a ello. Pero también limitaban la entrada en compañías vinculadas a la guerra, al tabaco, a quienes utilizan en sus procesos aceite de palma, están vinculados a la deforestación de los bosques o a actividades ilegales, a la producción de contenido para adultos o a actitudes reprobables desde el punto de vista ético.
Pero la guerra de Ucrania supuso un punto de inflexión en este planteamiento y ahora la tesis, con tanto dinero público detrás, sale reforzada. Desde el verano de 2023, un año después del inicio de la invasión, los fondos clasificados como Artículo 8 y Artículo 9 que tienen, al menos, una empresa de este sector han aumentado desde el 23,6% al 33% de febrero de este año; y del 6,7% al 12%, el doble, entre los fondos más ‘estrictos’.
Una mayor tenencia de compañías de defensa en cartera podría repercutir en flujos de capital de entre 5.000 y 27.000 millones de dólares, lo que equivale a entre el 1% y el 4% de toda la capitalización de mercado actual, según calculan los analistas de Goldman Sachs. «Históricamente, las compañías de defensa y aeroespacial han sido las más infraponderadas en las carteras de los inversores ESG solo por detrás de las firmas de tabaco» y lo eran con una gran diferencia. Según datos recopilados por el banco de inversión, el peso que representaban estos dos sectores era hasta un 95% inferior para las empresas de defensa y un 64% en el caso de las aeroespaciales. Pero, ahora, de algún modo han sentido la llamada de las autoridades europeas para participar en este proceso de reconstrucción y rearme acelerado que se avecina.
INVERSIONES PÚBLICAS MILMILLONARIAS
Los reguladores han hecho su parte. La Autoridad Financiera británica (FCA) publicó el pasado mes de marzo un documento aclaratorio en el que confirmaba que ninguna norma relativa a la sostenibilidad prohíbe la inversión en compañías de defensa. En diciembre del año pasado, el Gobierno alemán dio a conocer otro informe en el que advertía a la industria que ninguna regulación sobre ESG debía restringir o impactar negativamente en la financiación del sector.
Todo ello en un contexto muy favorable. El plan de rearme europeo contempla levantar 800 millones de euros de inversión de financiación hasta 2030, con una parte importante que recaerá en las empresas privadas, y otros 150 millones de euros en préstamos para la financiación pública conjunta entre estados. Alemania, por su parte, aprobó a finales de marzo otro megaplan centrado en infraestructuras de 500 millones de euros, donde se contempla también el refuerzo de su industria de defensa y de transición energética, que es ampliable hasta los 800.000 millones de euros. Y a esto se suma el compromiso de las principales economías europeas de aumentar su gasto en defensa. España llegará al 2% del PIB este año, con un desembolso adicional de 10.500 millones de euros; aunque el objetivo por el imploran desde la OTAN y desde EEUU es el del 5% de la economía, un desembolso tres veces superior al actual.
Euronext, el mayor operador de bolsas europeo, decidió en mayo lanzar una serie de índices aprovechando la coyuntura relacionados con lo que rebautizó como ESG: Energía, Seguridad y Geoestrategia, siguiendo sus siglas. «Europa debe defender sus propios valores, intereses y estilo de vida (…) Y todos debemos actuar ya. Los inversores están cada vez más interesados en aumentar su exposición a las crecientes oportunidades» relacionadas con estos sectores, afirmaba Stéphane Boujnah, consejero delegado de Euronext. El gigante de la gestión pasiva, BlackRock, lanzó hace dos semanas en Europa un ETF específico de defensa también para canalizar todo el dinero que hay detrás.
En lo que va de año, el sector de defensa y aeroespacial europeo se ha disparado un 43%, esto es cinco veces más que la revalorización del Stoxx 600. En España, la problemática es que no existen compañías cotizadas donde invertir con tamaño, más allá de Indra, cuya acción vive en máximos históricos después de subir un 104% solo desde el 1 de enero.