Las cartas certificadas empezaron a llegar como un mazazo en abril del año pasado: «Ponemos en su conocimiento que el contrato formalizado por ustedes con la Sociedad Pública de Alquiler S. A. en 2011 ha finalizado y se encuentra en tácita reconducción, haciendo constar que es voluntad de esta Tesorería General de la Seguridad Social poner término al mismo».
Máximo Peña y su pareja María Montes entraron en shock cuando, después de llevar 18 años residiendo de alquiler en viviendas de la Tesorería de la Seguridad Social, este organismo les anunció que no les iba a renovar el contrato y les instaba a abandonar sus residencias.
Como ellos, cerca de 30 familias afectadas no daban crédito a que les desalojasen, porque a diferencia de las cientos de personas desahuciadas en este país, en este caso su casero era el Gobierno y pagan religiosamente sus alquileres de unos 900 euros al mes para un piso de dos dormitorios o 1.200 euros con tres habitaciones.
«Si te amenaza con desahuciarte un fondo buitre entra dentro de lo previsible, pero cuando el Estado actúa como un fondo buitre es una aberración. El que nos echa a la calle es el Ejecutivo de Pedro Sánchez», declara Peña, portavoz de la Plataforma de Familias Desahuciadas por la Seguridad Social.
La medida estrella de Zapatero
Peña se lamenta además de que precisamente sea un Gobierno socialista el que vaya a dar la última puntilla a una de las iniciativas estrellas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ex presidente socialista creó en 2005 la Sociedad Pública del Alquiler, una idea que ahora pretende rescatar Sánchez, quien a su vez ha anunciado la creación de una empresa pública para gestionar y construir casas.
La idea de Zapatero era dinamizar el mercado del alquiler y facilitar el acceso de la vivienda a los jóvenes. Las familias que ahora van a ser desalojadas fueron las beneficiarias de ese programa y lograron pisos de alquiler a precios a asequibles en barrios céntricos de Madrid, como Lavapiés, Argüelles, Ventas o Pacífico.
«Lo más sangrante es que van a acabar con algo que funciona y que fue de su propia creación. Somos el ejemplo de que con políticas sociales, personas trabajadoras normales pueden vivir en el centro y ahora quieren que nos convirtamos en parte del problema en medio de una crisis de la vivienda sangrante. Nos sentimos maltratados como ciudadanos que pagamos impuestos y creemos en la política», se queja Óscar Amores, en su piso de Lavapiés.
Por eso, critica la «hipocresía del Gobierno» que de cara a la galería mantiene el discurso de fomentar el alquiler asequible y luego hace justo lo contrario con sus propios inmuebles. «¿Cómo es posible que la Seguridad Social dé por finalizados nuestros contratos sin ofrecernos ninguna otra alternativa, salvo adquirir la vivienda a precios abusivos?», se preguntan los perjudicados.
A su juicio, esta medida contribuye a fomentar la especulación inmobiliaria que tanto critica el Ejecutivo de Sánchez. «Cuando estas casas salen a subasta o la puja queda desierta o se las quedan las grandes promotoras inmobiliarias, que luego las venden a precios astronómicos o las trocean en habitaciones para el alquiler turístico. Nuestros pisos van a acabar alimentando esa rueda diabólica que el Gobierno denuncia», censura Montes.
874 casas vacías
Los afectados denuncian además que la Seguridad Social tiene cientos de pisos vacíos en toda España, pero justo se plantea enajenar aquellos en los que residen inquilinos y que son los únicos que no generan pérdidas.
Según un informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, la Tesorería de la Seguridad Social contaba en 2019 con 4.115 inmuebles en toda España, de los que el 21% (874) estaban totalmente vacíos, mientras que el 4% (179) lo estaban parcialmente.
En este informe del año 2022, el Tribunal de Cuentas dio un tirón de orejas a la Seguridad Social por no tener el inventario de bienes inmuebles actualizado y criticó su actuación «poco eficiente», ya que la existencia de todas esas viviendas vacías supone un coste 143 millones de euros a las arcas del Estado.
También reprobó que no cumpliese el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración, cuyo objetivo es «la movilización de los inmuebles ociosos a través de su utilización o de su enajenación».
Según destacan los vecinos, este plan priorizaba la movilización de las casas ociosas, es decir, las que no estaban habitadas y no entienden por qué si hay tantas viviendas vacías empiecen a desalojar las suyas.
Por ejemplo, en el edificio de la calle Mallorca del barrio de Lavapiés, había alquiladas 20 viviendas de la Seguridad Social y ahora sólo quedan tres familias. Los otros 17 pisos permanecen cerrados y en estado de abandono.
Las familias damnificadas han pedido en varias ocasiones reuniones con los responsables del ramo para buscar una solución colectiva sin tener ningún éxito.
Contratos vencidos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones argumenta que desde 2022 está tomando medidas para lograr una mejor gestión de su patrimonio, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Además, alega que un informe del Servicio Jurídico de la Seguridad Social dictaminó que los contratos suscritos con la Sociedad Pública del Alquiler están vencidos.
En su opinión, la única solución es ofrecer a los inquilinos la opción de venderles las casas, una posibilidad que la mayoría ha rechazado debido a que los pisos se han tasado en precios de mercado, que oscilan entre 500.000 y un millón de euros.
Los contratos de las personas damnificadas se firmaron en 2006 y tenían la duración de un año, que se prorrogaba obligatoriamente durante cinco años.
Transcurrido ese lapso de tiempo, la Sociedad Pública del Alquiler notificó por burofax a 100 familias la finalización de los contratos y que si querían renovar tenían que aceptar una subida de entre el 19% y el 30%, según el caso. Ante este aumento del alquiler, muchos inquilinos abandonaran sus hogares, por lo que se quedaron vacíos durante una década, hasta que comenzó el proceso de subasta.
Siete años después de su creación, la Sociedad Pública del Alquiler inició su proceso de disolución, tras una gestión ineficaz e incluso «negligente», según denunció el Tribunal de Cuentas, que generó unas pérdidas de 53 millones de euros.
Los afectados tuvieron que cambiar de casero, ya que en marzo de 2013, la Tesorería General de la Seguridad Social se subrogó a los contratos de arrendamiento de esas viviendas, que en su día habían sido cedidas a la Sociedad Pública del Alquiler. La Tesorería fue revisando la renta cada año hasta que en abril de 2024 decidió poner término a los contratos.
Los afectados viven en vilo desde entonces porque ya les han llegado nuevas cartas que les emplazan a abandonar sus casas el 31 de julio o el 30 de noviembre: «Tenemos los días contados y no podemos entender la incoherencia del Gobierno, que contradice de manera brutal su propio discurso. Cuando vas a perder tu vivienda, pierdes tu vida», concluyen.