Los conservadores, durante los catorce años que permanecieron en el poder, presumieron de someter al país a la austeridad en contraste con el “despilfarro” del Labour. Los laboristas, después de haber criticado duramente la gestión económica de sus predecesores, se niegan a utilizar esa palabra, y se refieren a los recortes con el eufemismo de “la renovación necesaria del Estado”.
En inglés hay el dicho de que si se camina como un pato, se nada como un pato y se grazna como un pato, entonces está claro que se trata de un pato. Pues lo mismo ocurre con la austeridad. Si se recortan las ayudas sociales, se reducen los presupuestos de los departamentos considerados no esenciales y se despide a diez mil funcionarios para aligerar la Administración -que es lo que anunció ayer la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves-, está claro que es austeridad, por mucho que resulte incómodo.
El Gobierno Starmer se ha encontrado simultáneamente con varios problemas con los que no contaba: que no hay manera de que la economía crezca, el impacto de las tarifas de Trump y el aislacionismo de Estados Unidos, que plantea la necesidad de un rearme europeo. La consecuencia es un encogimiento del Estado de bienestar a pesar de que ello va a significar un incremento de la pobreza y va en contra del alma misma del Labour.
El ala más progresista del laborismo está que trina, visceralmente opuesta a la reducción de la ayuda exterior y de los subsidios sociales para aumentar el gasto militar en 2.630 millones de euros este año (un 2.5% del PIB, con la idea de que llegue antes del fin de la década al 3%). El Reino Unido tiene una absoluta dependencia de Washington en temas de seguridad e inteligencia (todos sus sistemas de armamento pueden ser desconectados por el Pentágono apretando un botón), y ello ha llevado a Downing Street a pelotear de la manera más descarada al titular de la Casa Blanca (“Trump me cae muy bien, lo admiro y entiendo lo que pretende hacer”, ha afirmado el primer ministro en una entrevista al New York Times). Su gran objetivo es conseguir una exención de las tarifas, a cambio de suprimir la tasa digital a las empresas tecnológicas como Google y Amazon. Y convencer a Bruselas de que le otorgue los beneficios del mercado único a cambio de la contribución británica a la defensa del continente. Sería una carambola espectacular, pero no es fácil.
De entrada, Starmer se enfrenta a una rebelión interna, porque 3.2 millones de familias van a ver reducidas las ayudas sociales un promedio de dos mil euros anuales, diez mil funcionarios se van a quedar sin trabajo, y la mayoría de ministerios (entre ellos Interior, Justicia y Educación) van a ver menguado su presupuesto entre un 5.7% y un 11.3% en términos reales. Adiós a la promesa de más policías en las calles, juicios más rápidos y construcción de más prisiones, entre otras cosas. Los ahorros serán de unos 8.000 millones de euros.
En un país donde desde la pandemia ha dejado de trabajar y buscar trabajo un millón adicional de personas, y 22 millones perciben algún tipo de subsidio, el Gobierno ha decidido imponer criterios mucho más rígidos para recibir ayudas y reducir al mismo tiempo su cuantía. “El mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos”, dijo Reeves en su declaración a los Comunes.
El Gobierno ha tenido que recurrir a una austeridad a la que no llama así tras la reducción del pronóstico de crecimiento para este año del 2% al 1%, y una inflación del 2.8% todavía superior al objetivo del Banco de Inglaterra (2%), con la perspectiva de subidas inminentes del gas, el agua y la electricidad. Starmer ha pedido que se le juzgue dentro de cuatro años por si ha mejorado o no el nivel de vida de la gente, y las cosas en ese sentido no van bien por el momento. Los conservadores señalan que es su culpa, por haber subido los impuestos 50.000 millones de euros y atemorizado a los empresarios.