Los propietarios de Las Cortas de Blas denuncian que uno de los sectores colindantes con su propiedad no respeta la normativa urbanística
«Solo pedimos que cumplan con la legalidad», asegura la familia, que quiere frenar el planteamiento actual para separarlo de su finca. Entre ambas propiedades se interpone un camino en la zona más próxima. Una distancia insuficiente que «no respeta la normativa urbanística de la comunidad», al estar la instalación prevista a menos de 500 metros de su terreno. Lo que consideran que les genera un perjuicio económico, dada su condición de centro de educación ambiental, por el impacto paisajístico de las placas solares y de un vallado que «corta el paso natural de la fauna en una zona de especies protegidas».
«No podemos estar enseñando a los niños que hay que cuidar el medio ambiente, cuando la propia Junta se salta a la torera sus propias normas para implantar algo que en teoría es para cuidar el medio ambiente, pero que lo están haciendo de tal manera que lo están destruyendo», asegura Ricardo Miranda hijo, al frente a la asociación SOS Montes Torozos, que lucha contra los proyectos de macroplantas de renovables en la zona.
La comarca se ha convertido en un lugar estratégico para los gigantes de esta industria debido a su cercanía con la subestación eléctrica de La Mudarra, encargada de distribuir energía a todo el norte y el centro de España. Una vista rápida al paisaje evidencia que donde antes nacían girasoles, maíz o trigo, ahora se elevan placas y molinos que asoman sobre los árboles de las zonas boscosas.
Defienden su postura con la ley en la mano. En concreto, con el decreto de la Junta 2/2022 por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. El artículo 13 del texto establece que las plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares deberán respetar una distancia mínima de 500 metros respecto a núcleos urbanos, centros sanitarios y centros educativos. Algo que, aseguran, no se cumple en este caso, ya que, además, la finca alberga casas donde viven la familia y algunos trabajadores. «Lo mínimo que pedimos es que se reduzca la superficie para que se cumpla con el régimen de distancias de la normativa de Castilla y León», exigen.
El gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha defendido la legalidad del proyecto, dado que el Ayuntamiento de Villalba «no manifestó oposición por razones urbanísticas» al no detectar incompatibilidades «entre la instalación de energías renovables y las actividades que se desarrollan en su entorno». Tampoco lo hizo la Junta, sin que conste en el expediente que se pronunciara al respecto del decreto ley que limita este tipo de instalaciones.
Defienden su postura con la ley en la mano, en concreto con el decreto de la Junta 2/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica. El artículo 13 del texto establece que las plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares deberán respetar una distancia mínima de 500 metros respecto a núcleos urbanos, centros sanitarios y centros educativos. Algo que, aseguran, no se cumple en este caso. «Lo mínimo que pedimos es que se reduzca la superficie para que se cumpla con el régimen de distancias de la normativa de Castilla y León», exigen.
El gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, a preguntas de este periódico, ha defendido la legalidad del proyecto, dado que el Ayuntamiento de Villalba «no manifestó oposición por razones urbanísticas» al no detectar incompatibilidades «entre la instalación de energías renovables y las actividades que se desarrollan en su entorno». Tampoco lo hizo la Junta, sin que conste en el expediente que se pronunciara al respecto del decreto ley que limita este tipo de instalaciones.
Sí lo han hecho los propietarios, que han presentado frente al MITECO un recurso de inconstitucionalidad y otro de alzada, sin recibir respuesta. Sobre esta cuestión, desde el Ministerio, que no se pronuncia sobre si se ha dado contestación a estos escritos, remiten a la Declaración de Impacto Ambiental, publicada en el BOE, donde constan todas las consultas realizadas por los interesados durante el proceso y entre las que no figura ninguna de Las Cortas de Blas. Algo que se explica por el conocimiento tardío que los propietarios tuvieron del proyecto.
«En el momento en que entra en vigor ese decreto ya estaba aprobada la DIA», explican desde el Consistorio. Sin embargo, según obra en el expediente, la autorización ambiental se concedió el 22 de noviembre de 2022, aprobándose el decreto ley que regula las distancias en junio de ese mismo año, cinco meses antes. Si consta que el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental sea previo a la legislación que acota las zonas para los proyectos de renovables, de enero del mismo año.
Desde el MITECO no se pronuncian sobre si se han resuelto estos recursos y remiten nuevamente a la DIA publicada en el BOE, donde constan todas las consultas realizadas por los interesados durante el proceso y entre las que no figura ninguna de ‘Las Cortas de Blas’. Algo que se explica por el conocimiento tardío que la familia tuvo del proyecto. «No nos lo comunicó nadie, nos enteramos por un particular», se quejan, sobre una noticia que les llegaba con el trámite ambiental finalizado y sin margen para presentar alegaciones formales.
En febrero de 2023 solicitaron el acceso al expediente como parte interesada, que les fue concedido tres meses más tarde. Fue entonces cuando pudieron interponer el recurso de alzada contra la autorización administrativa y la declaración ambiental que habían concedido, a su juicio, sin cumplir una serie de normativas. No consta tampoco en la DIA que se les consultara sobre el proyecto, como sí se hizo con otras entidades privadas, a pesar de que en el estudio de impacto ambiental constaran posibles afecciones a su centro educativo.
«En sus proximidades no hay ningún centro educativo identificado como tal por su código CNAE», alegan desde el MITECO. No obstante si está considerada como tal por la Junta de Castilla y León y así figura en el visor cartográfico de la comunidad, donde se puede visualizar que parte del terreno donde se instalarán las placas solares es zona de exclusión. La Junta no hizo alegaciones al respecto y devolvió el expediente al Consistorio sin emitir autorización excepcional de uso en suelo rústico, motivo por el cual la familia ha interpuesto también un recurso de alzada contra esta administración.
Consultados sobre esta cuestión, en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital se acogen a la ley 4/2024, que modificó la norma urbanística de 1999 eliminando la necesidad de emitir dicha autorización cuando estos proyectos «cuenten con declaración de impacto ambiental favorable». Algo que rechazan los afectados, que, asesorados por su equipo legal, señalan la falta de retroactividad del texto al ser previa la tramitación de la autorización respecto a la normativa aludida. Insisten en la falta de eficacia de la DIA, que además está «incompleta» al no figurar la legislación que regula las distancias, sin que Ayuntamiento y Junta se pronunciaran al respecto.
Consultada por esta última cuestión, la Consejería de Medio Ambiente, no ha dado respuesta a fecha de la publicación de esta información. Este periódico ha tratado también de ponerse en contacto con la empresa responsable del proyecto, Grupo Cobra, sin éxito.
Por el momento el sector seis de ‘Navabuena Solar’ se encuentra en un limbo, con todos los trámites aprobados pero con varios recursos presentados frente a las tres administraciones, pendientes de resolución. El último de ellos frente al Consistorio, que otorgó la licencia urbanística el 15 de julio de 2024, el mismo día que entró la solicitud el Ayuntamiento, aunque desde el Gobierno local aseguran que «es un trámite que se inició en 2021». La familia mantiene la esperanza de que se pueda encontrar una solución por la vía administrativa, pero de no ser así no descartan acudir a los tribunales: «Estamos dispuestos a ir a por todas para que separen este sector de nuestras instalaciones». Mientras tanto las máquinas ya trabajan en otra zona cercana y excavan un terreno que acogerá una nueva planta solar de 100 hectáreas bautizada como ‘La Mudarra 1’, próxima a Mucientes.