La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, planea conseguir para su país la prometida autosuficiencia alimentaria, pero no será fácil: hay en curso una batalla legal con EEUU en la que México podría perder, ya que alejarse del maíz transgénico parece una tarea complicada porque hay intereses desde Washington difíciles de eludir.
Actualmente existe una alta probabilidad de que México pierda la batalla legal contra Estados Unidos para demostrar que el maíz genéticamente modificado daña la salud de las personas, considera en entrevista con Sputnik Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para Cambio en el Campo Mexicano, una organización en defensa de la soberanía alimentaria.
Históricamente, México ha sido el principal comprador de maíz de Estados Unidos. Solo en 2021, China se convirtió en el mayor importador, pero el país latinoamericano ha seguido aumentando sus importaciones de maíz a niveles récord, con más de 17 millones de toneladas al año. El 90% de este maíz es genéticamente modificado, aunque sólo un 30% se usa para consumo humano, el llamado grano blanco, utilizado en productos alimenticios como las tortillas.
Ante esa situación, el 1 de julio, el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué Sacristán, resumió en cinco puntos la política sobre el maíz del eventual Gobierno de Claudia Sheinbaum:
No se permitirá el cultivo en México de maíz transgénico, de ningún tipo, y para ningún uso.
Seremos autosuficientes en maíz blanco no transgénico para el consumo humano. No necesitamos importar el maíz que es la base de nuestra dieta.
Promoveremos la producción en México de maíz amarillo no transgénico. Si producimos más, importaremos menos maíz amarillo.
Adherimos al decreto del presidente López Obrador, donde dice que «se podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial».
Por ser de interés nacional y mundial, promoveremos la conservación, producción y utilización de nuestros maíces nativos, así como el bienestar de las comunidades campesinas e indígenas que los cuidan, conservan y cultivan.
Luis Fernando de Haro, director de Consejo Nacional Agropecuario, un organismo que, según sus propias cifras, aglutina a 1,8 millones de productores agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, porcicultores y otros, entre los cuales están varios de los consumidores de las más de 19 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico que se importaron al país en 2023, pidió más claridad al próximo secretario de Agricultura.
Berdegué Sacristán contestó días después. «Reitero, para que se entienda: seguiremos siendo autosuficientes en maíz blanco no transgénico e impulsaremos todo lo posible la producción nacional de maíz amarillo no transgénico».
El intercambio de posturas podría ser considerado anecdótico, pero refleja las tensiones al interior del país en torno a la política sobre el maíz, donde confluyen decenas de poderosos intereses que buscan influir en las decisiones de un gobierno que ni siquiera ha asumido el poder.
Soberanía vs. importaciones
En otros foros, Berdegué Sacristán ha reiterado que una de las prioridades en el nuevo Gobierno de Sheinbaum será la soberanía alimentaria.
«La primera cosa que es importante decir es que nuestro norte, nuestra brújula, nuestra guía, es la búsqueda permanente de la soberanía alimentaria de México», dijo en un encuentro virtual con 80 representantes de organizaciones campesinas.
Sin embargo, el planteamiento del próximo secretario sobre impulso a la producción de maíz amarillo no transgénico enfrenta retos formidables si se revisan las cifras de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) sobre importación del grano genéticamente modificado y cómo se han disparado en los últimos años.
De acuerdo con un reporte del 15 de abril del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER, en 2023 las importaciones mexicanas de maíz amarillo totalizaron 19 millones 142.000 toneladas; es decir, 15,6% más en relación con 2022.
Según estos datos, el fenómeno al alza es atribuible a varios factores, entre ellos los beneficios del llamado APECIC: el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, firmado el 3 de octubre de 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y una veintena de empresarios.
Mediante el acuerdo, el Gobierno de México otorgó a varias grandes empresas una licencia universal para importación y distribución de alimentos, a cambio de mantener precios bajos y combatir la inflación que se había convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para la Administración de López Obrador.
Según cifras del SIAP, en 2024 se espera un volumen total de compra similar o mayor al del año precedente. Ya en enero de 2024, se registró un nuevo récord de compra mensual por 2.063.000 toneladas, cantidad que disminuyó en febrero a 1.839.000 toneladas, acumulando en el bimestre: 3.902.000 toneladas, lo que representa un alza de 14.4% en relación al mismo lapso de 2023.
Estados Unidos ha aportado 99,3% del volumen en el bimestre y el resto Brasil, señaló el SIAP en su Escenario Mensual de Productos Agropecuarios.
Para Washington, las exportaciones de maíz a México representaron en 2023 alrededor de 5.300 millones de dólares, según cifras del Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA), un jugoso negocio que Estados Unidos pelea con uñas y dientes en un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC, del que se espera que emita un fallo en noviembre próximo.
«Si vas contra el tratado, ya perdiste»
«Si realmente [las autoridades mexicanas] querían proteger del maíz transgénico, debieron buscar una alternativa que no fuera enfrentarse al Tratado, porque si te enfrentas al T-MEC, ya perdiste«, estima De Ita, quien ha dedicado gran parte de su trabajo a la defensa del maíz en México.
Para la especialista, la batalla que libra México es un enfrentamiento «sin bases», porque mientras que la idea original del Gobierno mexicano en 2020 era no permitir la entrada del grano genéticamente modificado, las importaciones de este producto no han hecho más que crecer desde esa fecha, rompiendo todos los récords, además de que se espera que sigan creciendo porque «viene muy mal la cosecha».
«¿Por qué enfrentarse con un enemigo tan grande si realmente lo que se quería era prohibir que se use el maíz transgénico para la fabricación de tortillas?», cuestiona la experta, para quien hubiese sido más práctico emitir una norma oficial interna que ordenara que la masa y la tortilla tiene que hacerse con maíz no transgénico.
Ahora, México no solo está en riesgo de perder el caso en el panel del T-MEC, advierte la especialista, sino que podría ser objeto de sanciones como la imposición de aranceles a cualquier tipo de exportación.
Olvido a productores, ventajas a empresarios
La Administración de López Obrador ha cometido errores en su política agraria y en su intento de querer proteger a México del maíz transgénico, observa la directora del Centro de Estudios para Cambio en el Campo Mexicano.
Por ejemplo, dejó sin pago a cientos de productores de maíz de Sinaloa, que ya cayeron en cartera vencida y a los que les va a costar mucho trabajo recuperar sus niveles de producción.
Peor aún, con el APACIC, se permitió a las más grandes empresas de México que utilizan maíz como insumo importar el grano de cualquier lugar del mundo, sin pagar ningún arancel —aunque los países exportadores no tengan tratados de libre comercio con México— y sin que eso implicara una revisión de cuestiones de calidad y sanidad de las mercancías.
En el marco de este acuerdo, dice De Ita, Maseca firmó un convenio para importar 400.000 toneladas de maíz blanco de Sudáfrica «que todo el mundo sabe que es transgénico» y del que presume que somos nosotros autosuficientes, con el propósito de bajar el precio de los maiceros de la región del Bajío.
«Si realmente querían proteger el maíz mexicano, eso es una manera directa de desprotegerlo, y por eso en 2023 se quedaron muchísimas toneladas de maíz de Sinaloa y del Bajío sin poderse vender, porque empezaron a importar de Brasil cuando no estábamos importando nada», afirma.
En el marco de este tipo de medidas inexplicables, México no ha podido aumentar la producción nacional de maíz. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, dijo al diario El Economista que el año pasado se produjeron en México alrededor de 26,7 millones de toneladas, mientras que el consumo sigue incrementando principalmente en el sector pecuario y se calcula en 46,3 millones.
Es decir, para cubrir la demanda de maíz amarillo, los agricultores nacionales tendrían que aumentar su producción hasta en 20 millones de toneladas de maíz, prácticamente el doble de lo que producen actualmente.
Pierden campesinos, gana EEUU
De Ita señala que se tiene que trabajar no solo con los pequeños y medianos productores, sino con los grandes, porque «lo que pierdan los agricultores grandes de Sinaloa no lo ganan los pequeños, lo gana Estados Unidos; entonces, seguiremos perdiendo soberanía, alimentaria o independencia alimentaria».
Pero aumentar la producción nacional de este grano es una tarea complicada, explica. En primer lugar, afirma, hay que ver dónde podría sembrarse en un contexto en el que México ya no puede ampliar más su superficie cultivable o mover su frontera agrícola.
Además, dice, habría que considerar otros factores como la disponibilidad de agua, el transporte o el hecho de que el maíz amarillo requiere de otro tipo de producción, con maquinaria, fertilizantes, agroquímicos, y cierta tecnología de riego, o la negativa de los productores de maíz blanco a cambiar al amarillo.
En un país con un consumo de entre 50 y 85 kilos de maíz por persona por año, la política del próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum respecto al maíz será fundamental para el bienestar de la mayoría de la población, sobre todo ante los reportes de académicos sobre el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de la masa y las tortillas.
Por ahora, las intenciones del próximo secretario de Agricultura de México parecen enfrentarse a un inmenso muro compuesto por todo tipo de intereses, nacionales y extranjeros, en el que se requerirá de una habilidad política para salir bien librado y avanzar en la ruta hacia un país soberanía alimentaria y libre de transgénicos.