El juez mantiene la orden de desalojo a pesar de haber presentado toda la documentación que acredita que son una familia vulnerable y estar supuestamente bajo el amparo del Real Decreto vigente contra este tipo de expulsiones.
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Zohra teme que el ruido de un ariete policial golpeando contra la puerta de su casa le despierte la madrugada del próximo 24 de julio. Tras haber logrado paralizar dos veces la orden de desahucio emitida por el juez, presume que, esta vez, frenarlo será mucho más costoso. Su única certeza es que, sea cual sea el desenlace, estará acompañada de las compañeras del Sindicato de Inquilinas, que desde que todo este «infierno» comenzó, no la han dejado sola ni un momento.
Su casero −con más de 27 viviendas en propiedad− les quiere fuera a ella, a su marido y a su hijo de ocho años y, pese a estar administrativamente reconocidos como familia vulnerable, sin alternativa habitacional, el juzgado le respalda. De nada sirve el real decreto aprobado por el Gobierno de coalición hasta 2028 contra este tipo de expulsiones. Tampoco el hecho de que se ponga en riesgo la integridad del menor, ni todas las pruebas donde se demuestran las condiciones de insolubilidad e inhabitabilidad en las que llevan años viviendo por la inacción de este gran tenedor.
A cinco días de enfrentarse de nuevo al desalojo, Zohra recibe a Público en el que es su hogar desde hace ya diez años. El pequeño piso integrado por dos habitáculos se encuentra en la calle Zurita, ubicada en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés. Es una construcción antigua. Nada más entrar, se aprecia cómo el olor a humedad invade un portal que es viejo, cuyas escaleras de madera se observan visiblemente desgastadas. Las paredes parece mejor no rozarlas. Zohra sube hasta la tercera planta todo lo rápido que sus rodillas le permiten. Desde hace ya un tiempo arrastra una discapacidad y tiene ambas piernas operadas. El suelo abultado por las filtraciones atasca la puerta, también inflada. A estas alturas, apenas tienen objetos suyos en el piso, viven con las maletas hechas y repartidas, temerosos de ser expulsados.
Cuando llegaron, recuerda Zohra, todo parecía prometedor: las paredes estaban pintadas, el techo igual y el baño aparentaba buen estado. «La casa estaba bien en junio (cuando entraron), pero en diciembre era inaguantable. El techo se llenaba de moho y agua por las filtraciones», relata. Esta situación ha afectado gravemente a la salud de la familia, especialmente la suya y la de su hijo, quienes tienen que usar inhaladores constantemente para no ahogarse. El casero es consciente de ello y, aunque Zohra y su marido han insistido una infinidad de veces en que le ponga solución, siempre se ha negado.
Zohra en su casa. — Jaime García-Morato Las malas condiciones de la propiedad, sin embargo, no se han limitado a eso. «Estuvimos varios meses sin agua caliente, plagas, nos ha quitado la conexión por antena y ni siquiera nos ayudó cuando el techo se nos vino abajo», expresa. Fue una noche, a las 5.30 horas, cuando sucedió lo que podría recordarse ahora como una gran desgracia. La mitad del techo de la sala donde duermen Zohra y su familia se desprendió, llegando a provocar heridas al pequeño de ocho años. El susto fue «tremendo». Desde entonces, explica a Público, el niño «vive con miedo y duerme agarrado al brazo» de su madre todas las noches. No hay lugar ni tiempo para el descanso en su día a día, menos a las puertas de un nuevo intento de desahucio.
Fueron Zohra y su marido quieres sacaron todos los escombros del techo caído y, con ayuda de los bomberos, apuntalaron la estancia como pudieron para contener una nueva caída. Tanto ellos, como el Samur Social y Madrid Salud (todos servicios oficiales municipales) han emitido informes donde se recoge la alta peligrosidad de la vivienda, debido al deterioro de la infraestructura. Pero el casero no mueve ficha y, aunque a la familia le gustaría dormir cada noche en un entorno seguro, no tiene alternativa. «Todo esto, el no ayudarnos, no arreglar nada, es para que nos marchemos. A mí tampoco me gusta vivir con este temor», dice Zohra.
Sentada en la misma sala que se derrumbó entonces, confiesa que para poder mantener la calma tanto ella como su marido toman tranquilizantes y diferentes medicamentos para la tensión, también para la diabetes. La situación material y psicológica que están sufriendo ha hecho que el desgaste sea ahora físico. Miedo, tristeza y cansancio son las tres palabras que más les describen en estos momentos. Ya no por ellos, como adultos, sino por el futuro que le pueda deparar a su hijo. «En los servicios sociales me dijeron que me le iban a quitar, que nos iban a separar si yo no me iba de esa casa y buscaba otro sitio donde vivir», expresa. «Imagino que fue para asustarme, para presionarme», reconoce.
Lo que «no entienden en ninguna Administración», valora Zohra, es que lleva varios meses intentando encontrar un sitio en el que vivir con unos ingresos que apenas superan los 900 euros al mes, si sumamos el Ingreso Mínimo Vital (IVM) y la pensión por discapacidad que cobran.
«Él (su casero) lo que quiere es echarnos para reformarlo y subir el precio del alquiler. En este mismo bloque tiene viviendas vacías y no quiere alquilárnoslas. Nos lo dijo muy claro: quiere que todas las familias marroquís nos vayamos. Mis vecinas también tienen mucho miedo», señala. Con esos ingresos, por muchos esfuerzos que ha hecho, incluso asesorada por especialistas, «es imposible encontrar nada en Madrid». Entre tanto, ha presentado toda la documentación pertinente para poder acceder a un alquiler social, pero no ha recibido respuesta alguna.
Tal y como explica Óscar −miembro del Sindicato de Inquilinas que acompaña a Zohra durante la entrevista−, si el desahucio prospera, la familia tendrá que afrontar varios frentes: por un lado, «se quedaría sin padrón y perdería el derecho al IMV. A su vez, les sacarían de la lista de solicitud de vivienda pública por este mismo motivo». Por otra parte, está la cuestión del niño. «El problema es que les llevarían a un albergue, desde donde tienen un margen de dos semanas para encontrar algo, lo cual va a ser muy improbable. Quedarse en la calle podría provocar que los servicios sociales intervinieran y les separaran de su hijo», lamenta el sindicalista.
«No sé qué va a pasar con el colegio de mi hijo», dice seria. «Ahora va a uno cerca de casa, pero no sabemos dónde podremos llevarle después. No hay seguridad para nuestro hijo«, continúa. Por si no es suficiente con el propietario, Zohra tiene un vecino que «trabaja para él» y «se ocupa de cobrarles las mensualidades». O así ocurría, al menos, antes de que el casero decidiera echarles. «Después, incluso aunque pagábamos las mensualidades sin tener ya contrato, se ha dedicado a venir a intimidarnos. Una noche apareció borracho cuando estaba yo sola con el niño (mi marido estaba en Marruecos). Entró a la casa y me tocó la cara, cuando sabe que es algo que no puede hacer, yo no lo di permiso», narra.
«No es el único caso, por desgracia. El conjunto de las administraciones no defienden el derecho a la vivienda, actúan a favor de los rentistas. Vemos a un juez que no cumple la suspensión de los desahucios del Gobierno y a unos servicios sociales deficientes que no se quieren hacer cargo de la situación. Por todo esto es importante que existan organizaciones y que nos organicemos desde la base para defender nuestros derechos. Para eso existimos», reivindica Óscar.
