Como parte de un plan previo o condicionado por la necesidad, o lo más probable, como una mezcla de ambas cosas, el proyecto de Pedro Sánchez pasa actualmente y en lo fundamental por forzar las costuras del Régimen del 78 para que dentro de éste quepan algunas iniciativas y reformas que parecen inevitables para su supervivencia. No debe perderse de vista cuál es el objetivo primordial: el mantenimiento del Régimen monárquico.
En la etapa anterior, Pedro Sánchez y su equipo se dedicaron a vaciar total o parcialmente a las izquierdas soberanistas de sus planteamientos rupturistas, tarea que hicieron con bastante éxito. Junts, que no forma parte de las izquierdas soberanistas, sino que es la representación política de un sector significativo de la burguesía catalana, a sabiendas de que no podía ni puede dar satisfacción a su base social simplemente con humo, obligó al “Gobierno de Progreso”, con Pedro Sánchez a la cabeza, a llevar una operación más significativa en la dirección anunciada al inicio de este editorial, que en la actual coyuntura pasa por la obtención de una amnistía para los implicados en el Procés, y muy especialmente para que Puigdemont pueda regresar y presentarse a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, lo que facilitaría en gran manera su regreso a la presidencia de la Generalitat. Eso sí, a la presidencia de una Comunidad Autónoma, no a la de la República catalana.
Como decíamos en un anterior editorial, Pedro Sánchez se ha topado con el Régimen del 78 en la implementación de este proyecto de “reforma de la Reforma”; y en ese pulso no lo tiene fácil el “Gobierno de Progreso”, excepto que llegue a un acuerdo con la pata derecha del Régimen, algo de lo que hay indicios: ahí se debe enmarcar la llamada del PP a la reconciliación en Cataluña y a aceptar algún tipo de indulto o amnistía bajo ciertas condiciones. El conflicto con el poder judicial y el posicionamiento de Felipe VI a favor de éste es también significativo de la dificultad de la “tarea” que Pedro Sánchez y sus aliados pretenden asumir. Su discurso durante el acto de promoción de jueces celebrado en Barcelona y del que La Vanguardia se hace eco, pero que PRISA obvia, supone una clara manifestación de ello.
En Galicia, el PSOE, la parte esencial del Gobierno, está impulsando una creativa maniobra consistente en apostar por el BNG como eje de la oposición al PP en esa nación, generando desde sus ámbitos mediáticos y políticos la impresión de que con una fuerte subida del BNG y unos aceptables resultados del PSOE habrá apoyos suficientes para desalojar al PP de la Xunta de Galicia, aun a costa de perder una buena parte de sus posiciones y dejar fuera de juego a Sumar. En la doctrina política de la UPG, partido hegemónico en el BNG, siempre se consideró que el nacionalismo popular y el PP eran los elementos esenciales de la contradicción política y social en Galicia, pero tenemos dudas de que lo que está ocurriendo ahora se corresponda realmente en sus contenidos con esa doctrina teórico-política.
El proyecto de Pedro Sánchez sobre el que estamos hablando en este editorial tiene un cierto interés e inteligencia, pero su materialización es francamente difícil, por no decir imposible. La imagen de Pedro Sánchez y de su Gobierno y la desmovilización que han imprimido al conjunto de la sociedad no facilitan que en las calles haya un movimiento significativo de apoyo a tal cuestión. No vamos a prefijar nuestra posición ante la eventualidad de que en las calles se dé una confrontación entre la derecha del Régimen y las posiciones del “Gobierno de Progreso”. Nuestra línea, con argumentos más que fundamentados para ello, es crítica en su globalidad con la política del Gobierno, muy especialmente con su política internacional. Solo llegado el momento evaluaríamos si tiene interés participar en esas hipotéticas movilizaciones.
El “Gobierno de Progreso” ajusta día a día algunos aspectos de sus políticas buscando sufrir el menor desgaste social, sobre todo en política exterior. Se pueden apreciar estos ajustes ante el genocidio imperialista y sionista en Gaza, aunque por supuesto no exentos de superficialidad e hipocresía. Hay que constatar que esa política no está trayendo más que problemas al bloque imperialista occidental, y que son muchas las voces, comenzando por Biden, que exigen más moderación y menos carnicería en esa guerra genocida.
Es también significativa la política de “nadar y guardar la ropa” que llevan adelante en relación con la cuestión trans y la filosofía queer, y la recuperación de Carmen Calvo, primero como diputada y actualmente como nueva presidenta del Consejo de Estado.
Todas estas actividades tienen como objetivo impedir que se desarrolle un movimiento rupturista en Castilla y en el conjunto del Estado español. Esta línea de trabajo orientada a tal finalidad la vienen desarrollando desde el inicio de la Transición, utilizando todos los recursos mediáticos y judiciales, legales o ilegales, para conseguirlo. No hay más que recordar a los GAL o el denominado “lawfare”, que no ha sido una excepción contra el Procés en Cataluña, sino una constante contra el conjunto de luchas en los diversos pueblos del Estado, incluyendo Castilla y a nuestra propia organización.
El Gobierno ha adquirido una especial habilidad para poner parches en las vías de agua que se le han abierto a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos meses. Para ello han contado con la colaboración imprescindible de los medios de comunicación (especialmente PRISA y RTVE, sin olvidar a la mayoría del resto de medios) y de las redes sociales, aunque en este último caso con menor éxito. La actitud de estas terminales en relación con la movilización del campesinado en los diversos pueblos del Estado español es elocuente. Las campañas de intoxicación sobre el movimiento de agricultores/as y ganaderos/as empezó realmente antes de que éste se iniciase, sobre todo con la acusación de estar manejados por Vox. Los hechos demuestran que eso es falso, pero el Gobierno aplica aquella política del “calumnia, que algo queda”.
Agricultores protestan ante la Asamblea Regional de Murcia
La lucha del mundo rural es un auténtico combate contra el vaciado de las provincias castellanas y de otros pueblos, así como contra las posiciones neoliberales de la Unión Europea que tan concienzudamente aplica el Gobierno español. Una vez que el movimiento consiguió superar esas maniobras de intoxicación, manteniéndose con gran fuerza en la calle, los medios de comunicación han optado por borrar la información sobre las movilizaciones. Por supuesto, también se encargan de ocultar la conexión entre el movimiento en defensa del mundo rural con otros movimientos similares que están desarrollándose en Europa y que tienen como uno de sus lemas principales, además de la denuncia de la Agenda 2030, la paralización inmediata del trato discriminatorio favorable a la agricultura y ganadería ucraniana bajo argumentos falsarios, y con ello el apoyo a la finalización de la guerra de la OTAN contra Rusia que se desarrolla en territorio ucraniano.
Cargas de la Guardia Civil contra agricultores/as en la Ribera del Duero, Burgos
Es posible que las maniobras de Pedro Sánchez y sus cómplices en el Gobierno obtengan resultados a corto plazo, pero se acabarán convirtiendo en una derrota. El movimiento en defensa del mundo rural es un ejemplo, hoy por hoy el fundamental, de cómo las gentes no están dispuestas a que les machaquen sin resistencia, poniendo sobre la mesa que hay otras opciones más favorables a las clases populares que las que se nos imponen desde el bloque dominante occidental.
Izquierda Castellana, 16 de febrero de 2024